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Alrededor de un tercio del regadío o, lo que es lo mismo, cerca de un millón de hectáreas agrupadas en 200 comunidades de regantes comprarán la energía de forma conjunta en un plazo de poco más de un año, lo que permitirá rebajar unos cinco millones de euros su coste energético anual, según las estimaciones de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Esta cantidad representa aproximadamente el 10% del total de los costes variables de la energía que deben asumir estas comunidades de regantes al año.

Se trata de los costes de la energía no regulada por el Gobierno, pues sobre los costes fijos regulados no cabe posibilidad de negociación alguna.

Actualmente, más de una veintena de comunidades de regantes se encuentran ya agrupadas en esta central de compras sumando cerca de 100.000 hectáreas y sólo durante la última campaña de riego comprendida entre los meses de abril y octubre consiguieron unos ahorros por encima de los 150.000 euros.

Esta compra conjunta de electricidad supone una solución para hacer más llevadero el incremento de más de un 100% experimentado por la factura eléctrica desde que en 2008 desaparecieran las tarifas especiales para riego y a la espera de que vea luz el paquete de medidas planteado al Ejecutivo para levantar un escenario energético más competitivo.

Si bien es cierto, según Fenacore, que recientemente los regantes consiguieron una fiscalidad eléctrica más ventajosa, con una exención del 85% en el impuesto de la electricidad y una reducción de módulos, que supondrá un ahorro anual de 54 millones de euros, se necesitan soluciones definitivas como el pago de la potencia real registrada y no la teórica contratada o la aplicación de un IVA reducido para compensar realmente los más de 300 millones de euros extras que pagan a las eléctricas con respecto a hace seis años.

Por lo pronto, la suma de fuerzas en la compra de energía es lo que permitirá realmente obtener unos costes energéticos cada vez más reducidos, apuntan los regantes.

«El tener que asumir unos costes energéticos desproporcionados producto de la herencia de una política energética nacional mal encaminada está haciendo casi imposible amortizar los más de 5.000 millones de euros invertidos en la modernización del regadío», ha subrayado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo.

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UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para la agricultura de regadío

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

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Compromís califica de «golpe de Estado» la elaboración del plan del Júcar y pide la comparecencia de Cañete

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que explique «en qué términos se ha negociado el nuevo borrador del Plan Hidrológico del Júcar» que se aprobará, previsiblemente, el próximo viernes en el Consejo territorial del agua. A su juicio, supone «una nueva agresión al río puesto que los cambios en el Plan Hidrológico del Júcar, se han hecho con nocturnidad y sin consultar con nadie».

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha tildado de «golpe de estado» la manera en el que se ha confeccionado el borrador del plan que «sólo tiene dos días para ser estudiado» y que supondrá, entre otras cosas, «agravar la situación de indefensión de la Albufera, puesto que las mejoras que incluye el documento son sólo sobre el papel porque no se establecen ni calendarios ni presupuesto». Para el diputado de Compromís, se trata de «una declaración vacía de contenido».

Asimismo, ha indicado que los regantes valencianos también consideran «un abuso» el nuevo Plan Hidrológico del Júcar que incrementa en 35 hectómetros cúbicos el volumen de agua para nuevas superficies de regadíos en Castilla la Mancha.

Por este motivo, el portavoz adjunto de Compromís en las Cortes Valencianas Juan Ponce ha preguntado en el pleno de este jueves si la Generalitat «realmente va a defender las necesidades de agua de nuestro territorio con el mismo interés con el que lo han hecho otras administraciones», y ha anunciado que pedirá la comparecencia del vicepresidente y consejero de Presidencia y Agricultura, José Císcar.

Además, ha señalado que los cambios introducidos en el documento «agravan la situación de la Ribera donde el coste energético de extraer agua de los pozos encarece notablemente el precio final del agua, mientras que en Castilla-La Mancha los gastos de extracción los cubre el Estado a través de los Presupuestos Generales».

LA RIBERA

Para Joan Baldoví, esto demuestra «la marginación de las peticiones históricas de la Ribera», puesto que, «dejaría sin cobertura legal a una comarca en la que usuarios y regantes intercambian el agua desde la inauguración de la potabilizadora en enero».

Compromís ha denunciado «reiteradamente» que «la falta de recursos hídricos de calidad en esta comarca hace necesario la mezcla de aguas que, por otro lado, supone tener el agua más cara y con altos niveles de nitratos».

Por este motivo, la coalición ha anunciado que presentará iniciativas, tanto en Madrid como en la Comunidad, para «defender los intereses de los valencianos» en materia de agua, ya que entiende que «bajo la concesión justa de agua de boca para los 13 pueblos de la Ribera, se esconde un trasvase de agua hacia el lobby especulador del sur y una nueva concesión de 35 hectómetros cúbicos al lobby de Castilla-La Mancha».

Leer más:  Compromís califica de «golpe de Estado» la elaboración del plan del Júcar y pide la comparecencia de Cañete – EcoDiario.es  http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acimar/politica/noticias/5618304/03/14/Compromis-califica-de-golpe-de-Estado-la-elaboracion-del-plan-del-Jucar-y-pide-la-comparecencia-de-Canete.html#Kku88qh7SShVQBDP

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que explique «en qué términos se ha negociado el nuevo borrador del Plan Hidrológico del Júcar» que se aprobará, previsiblemente, el próximo viernes en el Consejo territorial del agua. A su juicio, supone «una nueva agresión al río puesto que los cambios en el Plan Hidrológico del Júcar, se han hecho con nocturnidad y sin consultar con nadie».

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha tildado de «golpe de estado» la manera en el que se ha confeccionado el borrador del plan que «sólo tiene dos días para ser estudiado» y que supondrá, entre otras cosas, «agravar la situación de indefensión de la Albufera, puesto que las mejoras que incluye el documento son sólo sobre el papel porque no se establecen ni calendarios ni presupuesto». Para el diputado de Compromís, se trata de «una declaración vacía de contenido».

Asimismo, ha indicado que los regantes valencianos también consideran «un abuso» el nuevo Plan Hidrológico del Júcar que incrementa en 35 hectómetros cúbicos el volumen de agua para nuevas superficies de regadíos en Castilla la Mancha.

Por este motivo, el portavoz adjunto de Compromís en las Cortes Valencianas Juan Ponce ha preguntado en el pleno de este jueves si la Generalitat «realmente va a defender las necesidades de agua de nuestro territorio con el mismo interés con el que lo han hecho otras administraciones», y ha anunciado que pedirá la comparecencia del vicepresidente y consejero de Presidencia y Agricultura, José Císcar.

Además, ha señalado que los cambios introducidos en el documento «agravan la situación de la Ribera donde el coste energético de extraer agua de los pozos encarece notablemente el precio final del agua, mientras que en Castilla-La Mancha los gastos de extracción los cubre el Estado a través de los Presupuestos Generales».

LA RIBERA

Para Joan Baldoví, esto demuestra «la marginación de las peticiones históricas de la Ribera», puesto que, «dejaría sin cobertura legal a una comarca en la que usuarios y regantes intercambian el agua desde la inauguración de la potabilizadora en enero».

Compromís ha denunciado «reiteradamente» que «la falta de recursos hídricos de calidad en esta comarca hace necesario la mezcla de aguas que, por otro lado, supone tener el agua más cara y con altos niveles de nitratos».

Por este motivo, la coalición ha anunciado que presentará iniciativas, tanto en Madrid como en la Comunidad, para «defender los intereses de los valencianos» en materia de agua, ya que entiende que «bajo la concesión justa de agua de boca para los 13 pueblos de la Ribera, se esconde un trasvase de agua hacia el lobby especulador del sur y una nueva concesión de 35 hectómetros cúbicos al lobby de Castilla-La Mancha».

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El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que explique «en qué términos se ha negociado el nuevo borrador del Plan Hidrológico del Júcar» que se aprobará, previsiblemente, el próximo viernes en el Consejo territorial del agua. A su juicio, supone «una nueva agresión al río puesto que los cambios en el Plan Hidrológico del Júcar, se han hecho con nocturnidad y sin consultar con nadie».

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha tildado de «golpe de estado» la manera en el que se ha confeccionado el borrador del plan que «sólo tiene dos días para ser estudiado» y que supondrá, entre otras cosas, «agravar la situación de indefensión de la Albufera, puesto que las mejoras que incluye el documento son sólo sobre el papel porque no se establecen ni calendarios ni presupuesto». Para el diputado de Compromís, se trata de «una declaración vacía de contenido».

Asimismo, ha indicado que los regantes valencianos también consideran «un abuso» el nuevo Plan Hidrológico del Júcar que incrementa en 35 hectómetros cúbicos el volumen de agua para nuevas superficies de regadíos en Castilla la Mancha.

Por este motivo, el portavoz adjunto de Compromís en las Cortes Valencianas Juan Ponce ha preguntado en el pleno de este jueves si la Generalitat «realmente va a defender las necesidades de agua de nuestro territorio con el mismo interés con el que lo han hecho otras administraciones», y ha anunciado que pedirá la comparecencia del vicepresidente y consejero de Presidencia y Agricultura, José Císcar.

Además, ha señalado que los cambios introducidos en el documento «agravan la situación de la Ribera donde el coste energético de extraer agua de los pozos encarece notablemente el precio final del agua, mientras que en Castilla-La Mancha los gastos de extracción los cubre el Estado a través de los Presupuestos Generales».

LA RIBERA

Para Joan Baldoví, esto demuestra «la marginación de las peticiones históricas de la Ribera», puesto que, «dejaría sin cobertura legal a una comarca en la que usuarios y regantes intercambian el agua desde la inauguración de la potabilizadora en enero».

Compromís ha denunciado «reiteradamente» que «la falta de recursos hídricos de calidad en esta comarca hace necesario la mezcla de aguas que, por otro lado, supone tener el agua más cara y con altos niveles de nitratos».

Por este motivo, la coalición ha anunciado que presentará iniciativas, tanto en Madrid como en la Comunidad, para «defender los intereses de los valencianos» en materia de agua, ya que entiende que «bajo la concesión justa de agua de boca para los 13 pueblos de la Ribera, se esconde un trasvase de agua hacia el lobby especulador del sur y una nueva concesión de 35 hectómetros cúbicos al lobby de Castilla-La Mancha».

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C-LM reconoce que el problema del agua «está sin solucionar» tras derogarse el PHN y eso «perjudica» a todos

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha reconocido que la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha dejado «sin solucionar» el problema del agua y que de esa situación «salimos todos perjudicados».

TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

Soriano ha respondido así en una rueda de prensa, preguntada por la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de autorizar la disponibilidad de agua para el próximo trimestre en la cabecera del Tajo de hasta un máximo de 114 hectómetros cúbicos.

A su juicio, con esa derogación «se ha hecho un gran daño a Castilla-La Mancha y a toda España por parte del anterior Gobierno socialista, que derogó un PHN consensuado y que iba a significar que tuviéramos garantizado el agua en Castilla-La Mancha y otros territorios».

La titular de Agricultura, que ha insistido en que –a consecuencia de aquella derogación– también se han paralizado infraestructuras hídricas, ha recalcado que «en estos momentos lo único que ha traído el PSOE es el enfrentamiento entre territorios y no ha solucionado para nada el déficit hídrico que tenemos».

Dicho esto, ha lamentado la situación que se encontró a su llegada a la Consejería de Agricultura hace un año, ya que después de 30 años de gobierno socialista «una de las regiones con menor superficie de regadío, por debajo media nacional y las comunidades autónomas del entorno» es Castilla-La Mancha.

María Luisa Soriano ha explicado, además, que el Gobierno regional está colaborando con el Ministerio en la elaboración de los planes hidrológicos y, con este fin, ya se han mantenido reuniones con los responsables de las confederaciones hidrográficas del Tajo, el Guadiana y el Segura y pronto se sustanciará con el del Júcar, para plasmar las necesidades de agua que la región tiene.

Sobre este particular ha destacado el «retraso» que lleva la elaboración de los planes, «que tenían que estar terminados en diciembre de 2009», algo por lo que «posiblemente nos sancione» la Unión Europea.

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Las eléctricas demandarán a Industria por prevaricación

A las eléctricas se les hace inviable ya continuar soportando en sus balances el déficit de tarifa -cantidad que se debe a estas compañías por retrasar las subidas tarifarias necesarias-.

Pero el Gobierno, lejos de solucionar el problema ha fijado la congelación de la única parte del recibo de la luz que regula y se limitará a trasladar a la tarifa un alza del 4,8% por el encarecimiento de la energía, a sabiendas de que con esta maniobra el desajuste eléctrico se disparará hasta en 2.000 millones más. Por ello, el sector se ha puesto en pie de guerra y estudia denunciar ante el Tribunal Supremo la política tarifaria.

Fuentes del sector explicaron a elEconomista que Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON analizan todas las posibilidades sobre plantear un recurso contra el Gobierno, de forma individual e incluso a través de la patronal Unesa, como se ha hecho en otras ocasiones.

Pero lo relevante en esta ocasión es que estas compañías podrían llegar a denunciar al Ministerio de Industria por prevaricación, en tanto que el departamento que dirige Miguel Sebastián está perjudicando al sector e incluso ha hecho un cálculo del daño a las empresas, en un momento donde se intenta solucionar el déficit de tarifa, que asciende ya a 17.624 millones de euros.

Estas compañías utilizarán, si finalmente formulan la denuncia, la nota informativa que envió Industria por error a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para solicitar un informe sobre el borrador de tarifas donde se incluía la congelación de los peajes y que todavía está siendo valorado por este organismo.

En este documento adjunto al mencionado borrador, Industria especificaba que esta medida provocaría un nuevo desajuste de entre 1.247 y 1.905 millones de euros en la cuenta del déficit tarifario para el año 2010 si se contabilizan los extracostes de las energías renovables y de la distribución.

Con todo, las eléctricas entienden que el Ejecutivo está incumpliendo la ley y los compromisos acordados con el sector, ya que se promulgó un decreto que fijaba unos límites para el déficit de tarifa de forma que este año se cerrara a 3.000 millones de euros y el próximo en 2.000 millones, de tal forma que en 2011 el desajuste tan sólo fuera de 1.000 millones.

Sin embargo, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) denunció ayer que la subida en un 4,8 por ciento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en octubre no es suficiente para contener el déficit de tarifa, que este año podría situarse en entre 4.500 millones y 5.000 millones de euros, informa Ep.

Según estos datos, se rebasaría el límite de los 3.000 millones de este año y se dispararía en hasta 2.000 millones más, tal y como adelanto elEconomista. Estas cantidades han hecho que el Ministerio de Economía haya sido previsor y haya propuesto la emisión de 25.000 millones en el folleto para la colocación del déficit en los mercados financieros. Esta cantidad supone 5.000 millones más de lo previsto.

Según Industria, la ampliación de la cobertura no es consecuencia de que se vayan a subir los límites fijados para el déficit de tarifa, sino a las posibles refinanciaciones.

Daño a los consumidores

En el otro lado, se encuentran los consumidores que tendrán que pagar ahora los retrasos del Gobierno a la hora de actuar. El Ejecutivo continúa aplazando las subidas necesarias hasta que la bola de nieve se ha hecho inabarcable. ¿Cuál es el resultado? En las próximas revisiones, el Gobierno tendrá que sumar una parte para financiar el desajuste eléctrico, además de las alzas que correspondan por el precio de la energía.

De momento, para la revisión de octubre el recibo subirá un 4,8%, como consecuencia de los resultados de la subasta celebrada el pasado martes. Para realizar este cálculo, el Ministerio toma el precio del producto base y el de producto punta (incrementos del 4,9 y 5,4%, respectivamente) y, al aplicar las curvas de demanda del cuatrimestre para las tarifas con y sin discriminación horaria, resulta el componente de energía de las mismas.

A estos se le suman los servicios complementarios, garantía de potencia y margen comercial. Por último, se incorporan los peajes (que se han congelado). Con todo, la subasta se disparó un 11% y, teniendo en cuenta que este índice supone la mitad del recibo eléctrico, la luz debería haber subido un 5,6%, pero Industria lo rebajó hasta el 4,8% y esto tampoco ha gustado a las eléctricas.

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Más de 40.000 regantes se sumarán a la manifestación agraria del sábado en madrid

Más de 40.000 regantes procedentes de toda España se sumarán el próximo sábado, 21 de noviembre, a la manifestación agraria convocada por Asaja, COAG y UPA en Madrid para denunciar la situación dramática del sector agrario español.

Según explica la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), su adhesión a esta movilización persigue solicitar al Gobierno la puesta en marcha de un paquete de medidas destinadas a aliviar el fuerte encarecimiento de las tarifas eléctricas para el regadío.

Fenacore explica en una nota de prensa que en los últimos tres años la factura eléctrica de los regantes ha experimentado un incremento medio cercano al 70% llegando a superar en algunos casos el 100%.

En este sentido, advierte que este encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar la transformación de las más de un millón de hectáreas previstas en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2015, además de hacer inviable la modernización ya realizada en más del 65% de la superficie de regadío español y que se diseñó bajo unos parámetros de coste energético inferiores a los actuales.

En los últimos ocho años, el riego de superficie (sin modernizar) –de mayor consumo de agua pero coste energético ínfimo- ha pasado de representar el 59% del regadío español en el año 2000 al 33% en 2008.

Por el contrario, el riego por goteo –de menor consumo de agua y mayor demanda energética- ha pasado del 17% al 46% en idéntico periodo, multiplicando exponencialmente los costes derivados del uso de la electricidad, denuncian los regantes.

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Los embalses tienen 535 hm3 más que hace un año

Los embalses españoles cuentan actualmente con 32.722 hectómetros cúbicos de agua (hm3), lo que supone que están al 60,2% y una diferencia de 535 hm3 más que el año pasado.

Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la reserva hídrica española ha disminuido en 384 hm3 (0,7%) respecto a los niveles de la semana anterior.

Los mayores niveles de agua corresponden a las cuencas internas del País Vasco, que están al 95,2%; a la del Cantábrico, que se sitúa en el 92,3%, y a la del Ebro, que se encuentra al 84,8% de su capacidad total.

En el otro extremo se sitúan las cuencas del Tajo (49,5%), Júcar (37,7%) y la del Segura (34,7%).

En la última semana se registraron precipitaciones en la vertiente atlántica. La máxima se produjo en Santiago de Compostela, donde se registraron 60 litros por metro cuadrado.

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El PSOE propone crear en el congreso una subcomisión que estudie el modelo de gestión del agua

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció hoy que su Grupo pedirá la creación de una subcomisión que estudie el modelo de gestión del agua para evitar disputas «partidarias o territoriales».

Según explicó en rueda de prensa, el objetivo es consensuar un MODELO (XGMD.MCMODELO

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Última noticiaIU Ávila cree que el Guisasola «tiene en mente» el modelo sanitario de Esperanza Aguirre, lo que sería «desesperanzador» Ver más resumen  noticias  perfil  gráficos  histórico  )de gestión del agua que supere esas discusiones, «que existen de hecho» entre algunos territorios y formaciones políticas, y que recoja la cooperación de las comunidades autónomas en la gestión de las cuencas.

Los socialistas tienen intención de someter esa propuesta a los demás partidos, por lo que Alonso no quiso avanzar el plazo de tiempo en el que podría trabajar la subcomisión o el tipo de comparecencias que acogería.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó en rueda de prensa posterior que el PSOE no había contactado aún con ellos para exponer esa iniciativa. No avanzó si la respaldarán o no, aunque sí reiteró que su objetivo es «poner remedio» a los problemas relacionados con el agua.

Para la portavoz del PP, esa iniciativa del PSOE certifica «el desastre» de política de agua emprendida por el Gobierno en los últimos años, y comporta toda una «declaración de culpas».

Acusó a los socialistas de haber generado «un lío monumental» al suscitar enfrentamientos entre territorios sin haber resuelto las carencias de suministro de un bien esencial que debe ser distribuido de acuerdo con el principio de solidaridad.

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La sequía persiste en las cuencas del tajo, guadiana, guadalquivir, segura y júcar

Algunas zonas de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar siguen sufriendo los embates de la sequía y registran problemas para el suministro de agua, pese a las abundantes lluvias caídas en el país recientemente.

Los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sitúan en el 43,9% el nivel medio de la reserva hídrica del país, con 23.843 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada.

Pese a que cuencas como las internas del País Vasco, la Norte III (País Vasco, excepto cuencas internas) y Norte II (Asturias y Cantabria) están al 81%, 74,6% y 68,1%, respectivamente, las del Segura, Júcar y la Mediterránea Andaluza alcanzan tan sólo el 17,3%, 24,1% y 27,3% de su capacidad.

Por esta razón, el pasado 24 de octubre entró en vigor un real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de este cuarto año de sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.

En la exposición de motivos, el texto señala que estas cuencas sufren «acusados problemas» para el suministro de agua, tanto para abastecimientos a poblaciones como para explotaciones agrícolas y ganaderas.

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Los regantes, mÁs preocupados por la subida de la tarifa elÉctrica que de la falta de agua

La federación de regantes plantea a Sebastián un paquete de medidas para «aliviar» la factura al regadío MADRID, 5 (SERVIMEDIA) La subida de las tarifas eléctricas del regadío preocupa más a los regantes que la falta de agua y los costes que la sequía genera, según reconoció hoy el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo.

El presidente de los regantes convocó hoy una comida de prensa en Madrid para quejarse de los costes «desorbitados» que la desaparición el próximo mes de julio de las tarifas especiales para el regadío tendrá para estos profesionales.

Según advirtió Del Campo, esta subida tarifaria puede obligar a los agricultores a sustituir el regadío por el secano; provocar la pérdida del 20% del PIB que genera la industria agroalimentaria del país; frenar la modernización del sector, el ahorro de agua e, incluso, «paralizar muchos de los regadíos» de España.

«Las nuevas tarifas son abusivas, pueden suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego. Para nosotros es un elemento limitante, peor incluso que la falta de agua y sus costes», subrayó.

SOLUCIONES Ante esta situación, las comunidades de regantes de todo el país convocaron en Madrid esta semana una Junta general para estudiar un paquete de medidas «urgentes» con el que el Ejecutivo les podrá «aliviar» la factura eléctrica.

Fenacore ha presentado este paquete de medidas al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; al vicepresidente Económico, Pedro Solbes, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

En primer lugar, solicitan una nueva prórroga de seis meses de la tarifa especial de riego, hasta la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas. Con este aplazamiento, los regantes persiguen que el Ejecutivo «disponga del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo que planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado».

Una alternativa a la prórroga de la tarifa especial agraria sería la aprobación de una tarifa de último recurso a la que se puedan acoger los regadíos.

Modificar el nuevo periodo tarifario de los meses de junio y julio, «los de mayor coste» y «justo aquellos en los que se riega», para aplicar en esos «meses punta» tarifas más bajas; facilitar el acceso de los regantes a las energías renovables y aplicar a estas comunidades un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regadíos, son otras de sus propuestas.

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