El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, manifestó hoy, ante las reformas estatutarias que dice pretenden «blindar» el agua de los ríos que pasan por sus territorios, que la planificación hidrológica nacional es competencia «única» y «exclusiva» del Estado central.

Del Campo se pronunciaba así en un comunicado sobre las propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que dice reconoce en su texto el derecho del Estado y de la comunidad a velar para que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente hasta su definitiva extinción en 2015.

El presidente de FENACORE afirmó que es un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

En este sentido, Del Campo señaló en que «los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas, con independencia del color y signo del partido que las gobierne, deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la instrumentalización del uso del agua, que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar guerras del agua».

Según Andrés del Campo, «las obras de regulación y los trasvases intercuencas, así como otras medidas relacionadas con la gestión de la demanda, como la modernización de regadíos, la reutilización de aguas depuradas, la explotación de acuíferos o la desalación, son necesarias ahora más que nunca para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía».

Según Del Campo, los problemas de sequía «se agudizarán aún más ante la posibilidad de un cambio climático, con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo que hagan inviable el suministro de agua para los distintos usos, si no se encuentra almacenada».

El presidente de FENACORE afirmó que «la contaminación política del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional».

Agregó que «el agua es una cuestión de estado que debe quedar fuera del debate partidario», al tiempo que señaló que «las obras hidráulicas (embalses, trasvases, desaladoras) tienen un periodo de maduración muy largo, superior a una legislatura, y su explotación debe tener una continuidad».

«El agua es un problema que nos afecta a todos y, por ello, no podemos permitirnos que el agua genere discrepancias entre comunidades», según Del Campo, que consideró que «entre todos debemos esforzarnos por conocer los problemas particulares del agua de las regiones y cuencas vecinas, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad».