El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar -USUJ-, Juan Valero de Palma, advirtió ayer de que el Júcar no tiene caudal suficiente para trasvasar agua a Murcia y solucionar los problemas de los regantes del Altiplano Murciano -Yecla y Jumilla- tal como prevé el Ministerio de Medio Ambiente una vez esté operativo el trasvase Júcar-Vinalopó. Valero de Palma afirmó, tras conocer las intenciones de regantes murcianos y Ministerio, que «la iniciativa no tiene mucho sentido porque hay que recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó es de sobrantes y ahora mismo lo que no sobra en el Júcar el agua» . El sistema Vinalopó-l’Alacantí tiene un déficit hídrico total de 160 hm 3 al año, ateniéndose a la sobreexplotación de los acuíferos y la infradotación de los regadíos.

Para el secretario general de la USUJ, «el agua que sobre en el Júcar debe ir al Vinalopó cuando estén atendidas todas las demandas de la cuenca. En Alicante existe un déficit muy grande y en el Júcar también, por lo que, además de que será difícil que en el Vinalopó pueda resolverse ese déficit, lo normal sería que si sobrase agua se quedara en nuestra cuenca. Por supuesto que si se puede habría que enviar caudales a Murcia pero lo veo muy complicado porque, insisto, el trasvase se debe hacer con el que agua que sobre y el sistema Júcar es deficitario». Por otro lado, la propuesta de la sociedad estatal AcuaJúcar a los agricultores murcianos cayó como una bomba entre los agricultores alicantinos que anunciaron, a través del portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes, Ángel Urbina, la convocatoria de una manifestación cuyo lema será «Por la dignidad hídrica de la provincia de Alicante». Para Urbina «esto ha sido la gota que colma el vaso. No nos reciben desde octubre de 2005 y ahora nos enteramos que quieren darle el agua del trasvase del Júcar a Murcia. Un insulto para la provincia de Alicante que una vez más se queda en tierra de nadie, y que quede claro que no tenemos nada contra nuestros compañeros de Murcia que están en su derecho de buscar agua donde puedan», subrayó Urbina.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a ejercer las acciones oportunas ante el Tribunal Supremo para impugnar el artículo 2 de la disposición transitoria única y la disposición final primera del real decreto de 2 de febrero de 2007 que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, el ejecutivo considera que este real decreto perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que implica una mayor representación en los órganos de gestión del agua de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva sobre las cuencas intracomunitarias incluidas en las demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha.

Desvincular La Albufera

Además, el Gobierno regional afirma que esa norma vulnera el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ. En realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestiona tanto la representación como el reparto geográfico de las distintas cuencas, apartado en el que pretende desvincular La Albufera del sistema Júcar para hacerse con el control de este río en cuyos órganos de dirección, de aceptarse la tesis castellano-manchega, apenas tendrían peso los usuarios valencianos.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».
Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

Las reservas de agua almacenadas en los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar aumentaron en 10,42 hectómetros en la última semana y se sitúan en torno al 17,18%.

El embalse que más se ha beneficiado en la última semana ha sido el de Alarcón, que ha recibido 5,02 hectómetros cúbicos. A destacar también los los incrementos en el embalse de Tous-La Ribera, con un aumento de 4,43 hm 3 .
En el lado negativo hay que subrayar que el embalse de Contreras sigue sin recuperar el volumen de entradas que debería considerarse « normal» para esta época del año y que los pantanos del Turia, Benagéber y Loriguilla, han empezado a perder reservas.
Mientras tanto, los embalses de la cabecera del Tajo aumentaba a 18 hectómetros cúbicos y se situaban en 354 hm 3 , un 14,30% de su capacidad total.

Meses cálidos

Ayer, el Instituto Nacional de Meteorología constaba en un informe de ámbito nacional que febrero ha sido un mes «muy cálido» y seco, especialmente en Alicante -donde se superado los récord de temperatura media (1971-2007) y todo el sureste español.

Durante los últimos días hemos visto cómo el señor Camps, nervioso an­te la más que probable pérdida de las próximas elecciones de mayo, se escuda en formalismos para no hacer pública la documentación administrativa por la que con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana está financiando la guerra del agua.

El objetivo del Partido Popu­lar se concreta en impedir a to­da costa que las actuaciones del programa Agua sean una realidad, torpedeando al máximo su ejecución. Su estrategia de que cuanto peor le vaya a la Comunitat Valenciana en materia de agua, mejor le podrá ir electoralmente al PP, se ha concretado recientemente en dos accio­nes: la impugnación judicial del Júcar-Vinalopó y la denuncia ante Bruselas de la desaladora de Torrevieja, además de la orden de paralización de las obras.

Poco le importa al señor Camps que ambas actuaciones hayan sido evaluadas por la Unión Europea y cuenten con decisión firme de cofinanciación por un importe superior a los 200 millones de euros. Si se pierden los dineros europeos, para el PP, mejor. Poco le impor­ta al señor Camps que estas dos actuaciones por sí solas consigan un aporte de recursos hídri­cos igual a la mitad de lo que allá por el 2017 iba a traer el Ebro. Que se pierden 160 hm3/año de nuevos aportes de agua para la provincia de Alicante, pues mejor para el PP.

El cinismo del PP llega a extremos insospechados cuando se jactan de no ejecutar sus propios compromisos escritos y firmados. «Que se entere todo el mundo que no pensamos hacer las obras del postrasvase Júcar-Vi­nalopó», se quedaba tan pancho un conseller del ramo pontificando su ineficiencia. Pero es que el conseller de al lado tampoco se quedaba rezagado: «No pensamos hacer la moderni­zación de los regadíos tradicio­nales porque los propios agricul­tores no quieren», reconociendo implícitamente su incompetencia para poner en valor de mercado nuestros productos.

A estas alturas de la fiesta del endeudamiento astronómico al que el PP ha llevado las arcas de la Generalitat Valenciana, comprendemos que no tienen más remedio que hacer de la necesidad virtud. Como hemos llevado a la quiebra financie­ra a la Generalitat Valenciana, no hacemos las obras que teníamos comprometidas, ¿pa­sa algo? Pues sí que pasa. Cuatro años más, perdidos con el PP para modernizar nuestras infraestructuras hidráulicas, con grave perjuicio para los intereses del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunitat.

Para lo que interesa, sin embargo, sí que hay todo el dinero público que sea menester. Des­de el año 2004, la Fundación Agua y Progreso ha recibido más de 5 millones de euros de todos los valencianos, exclusivamente para hacer agitación y propaganda contra el programa Agua. Además de pagar 4.000 euros por charla a esos ponentes tan científicos que niegan el cambio climático, esta fundación se dedica a subvencionar a todas aquellas entidades que le están haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Ésta es la manera que tienen de escapar al control públi­co de los legítimos representan­tes de los ciudadanos. Me monto una fundación pública de la Generalitat, a la que no es de aplicación ni la Ley de Proce­dimiento Administrativo ni la Ley de Contratos de las Adminis­traciones Públicas, y a través de ella le encargo toda la faena gruesa de comprar volun­tades, sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia com­petitiva alguna. Igual me da la campaña de los vasos de agua que las paellas con vino pa­ra todos.

El PP no va a salirse de rositas de este turbio asunto. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat tienen dere­cho a saber dónde van cada uno de los euros que sus representantes públicos administran. Pa­rapetarse detrás del formalis­mo para esconder la dilapidación en propaganda de los recursos de todos tiene dos fechas de caducidad. La primera la pondrán los jueces cuando obliguen al señor Camps a considerar legitimidad e interés a quienes ellos se la niegan. Y la segunda fecha de caducidad se la pondrán el próximo 27 de ma­yo las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat, cuando, también por higiene democrática, envíen al banquillo de la oposición la manipulación que representan.

*Consejero delegado de Acua­júcar. (José Mª Marugan)

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, desmontó ayer las críticas del conseller de Territorio y Vivienda al emplazamiento de la desaladora de Torrevieja al recordar que el Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado en el mismo emplazamiento la ampliación de la depuradora de Torrevieja y una subestación eléctrica de Iberdrola.
La ministra, que asistió ayer a la presentación de una guía para la realización de estudios de viabilidad en proyectos de aguas depuradas, criticó también que la Generalitat «no siga los cauces institucionales» y dijo que su ministerio no ha recibido ni la orden de paralización de las obras ni la comunicación de apertura de expediente sancionador que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha anunciado coincidiendo con el inicio de las obras.
González Pons pidió ayer a la ministra de Medio Ambiente, que «empiece a aplicar el modelo de urbanismo sostenible del que tanto alardea» paralizando la desaladora de Torrevieja, «un ejemplo de agresión medioambiental y de atentado contra un Parque Natural»,
Por su parte, la ministra recordó que la ubicación de la desaladora «es la misma que tiene ya la ampliación de una depuradora aprobada por la Generalitat y una subestación eléctrica de Iberdrola que ya tiene autorización, por lo que nos encontramos con obras que, como mínimo, tienen la misma importancia que la que se critica y para las que no ha habido objeciones».
Cristina Narbona dijo que su ministerio está en disposición de entregar la documentación que reclama la Generalitat. «El problema es que se acude primero a los medios de comunicación y no a través de los cauces normales de comunicación por los que todavía hasta ahora no hemos recibido esa carta que anuncia la Generalitat».
Sin cortes de agua
La ministra destacó que gracias a las desaladoras y a las inversiones realizadas por el Ejecutivo «Alicante y Murcia no han sufrido ningún corte en el suministro de agua» pese a que el Júcar, el Segura y el Tajo alto sufren por tercer año consecutivo un déficit «histórico» de precipitaciones. «En la última sequía que sufrió España, de la que ahora se cumplen 14 años un total de 12 millones de españoles padecieron cortes de agua».
En esta linea reivindicó el papel del Gobierno y dijo que el 2006 terminó con una inversión que fue «cuatro veces más elevada que la inversión en materia de política de agua en 2003», destacó.
Por su parte, Francesc Hernández, autor de la guía sobre aguas residuales dijo que el incremento de la depuración y la desalación son instrumentos capaces de paliar el déficit hídrico en la Comunitat Valenciana.
La ministra subrayó el potencial de reutilización de aguas residuales que todavía tiene la Comunitat y dijo que el uso de nuevas tecnologías va a permitir el aprovechamiento de acuíferos en Castelló que «triplican la demanda que se pedía al trasvase», confirmando la información adelantada por Levante-EMV sobre el uso de satélites y de tecnología de origen ruso en el conocimiento de las aguas subterráneas castellonenses.

La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se declaró ayer partidaria de incorporar todos los costes al precio del agua, aunque habrá excepciones en agricultura, según declaró en la presentación del informe «Precios y costes de los servicios de agua en España».

En el caso de los regadíos el pago medio por los servicios del agua es de 263 euros por hectárea y año, lo que supone una media de un 15 por ciento de los márgenes netos de los regantes y un 18 por ciento de los costes medios ponderados de los diferente cultivos.
Cristina Narbona, señaló que de acuerdo a la directiva europea los precios del agua deberán ir incorporando el principio de recuperación de costes en 2010, incluyendo los costes de depuración y tratamiento, por ejemplo. «Hay que implantar la racionalidad económica, sostenibilidad ambiental y participación pública de acuerdo a la directiva europea», dijo.
No obstante, la ministra adelantó que habrá excepciones en la agricultura, donde se realizará un estudio por tipos de cultivo para determinar lo que deben pagar. «Se determinará la capacidad de cada cultivo sin precio subvencionados», añadió.

El uso de una tecnología rusa de uso militar y adaptada después a la exploración petrolífera ha permitido al Ministerio de Medio Ambiente aproximarse al conocimiento de uno de los secretos mejor guardados por la naturaleza en la Comunitat Valenciana: la localización de bolsas de agua subterránea existentes en el norte de Castelló, entre Benicàssim y el límite con Cataluña.
Y es que, pese a que Castelló no tiene problemas de agua para uso de boca sí tiene recursos muy limitados que han impedido la expansión del regadío y condicionan el desarrollo industrial, urbanístico y turístico. Paradójicamente, existe el convencimiento, incluso la certeza, de que hay agua suficiente bajo la superficie y hasta el ciudadano de a pie asiste, estupefacto, al brote incesante de agua dulce junto a las playas de Alcossebre o en el interior de la dársena del puerto sin que pueda aprovecharse.
Un recurso de difícil acceso
En el norte de Castelló es conocida la existencia de once importantes masas de agua cuya caracterización y funcionamiento hidrogeológico presenta «una gran complejidad, debido, fundamentalmente, a sus complicadas estructuras profundas y a sus relaciones entre masas de agua y entre éstas y el mar», aseguran fuentes del ministerio.
Existe también un cierto consenso científico sobre la existencia de unos «importantes recursos renovables» -aquellos que pueden ser utilizados sin que los acuíferos se resientan-de hasta 800 hectómetros cúbicos anuales de los que apenas se dispone de información.
Si se suman las salidas naturales en fuentes y manantiales, los bombeos, las transferencias a otras masas de agua y las numerosas descargas al mar el volumen conocido asciende a 370 Hm3. Quedan pues, en el plano teórico, 430 Hm3 de recursos disponibles, mucho más de los modestos 100 Hm3 que pedía esta zona al cancelado trasvase del Ebro o los 350 Hm3 que se iban a derivar a la Comunitat Valenciana desde el río catalán. Romper con estas incertidumbres, relacionadas con el almacenamiento, funcionamiento hidrogeológico y explotación de las aguas subterráneas, se convirtió, cancelado el trasvase del Ebro, en un objetivo prioritario del ministerio. Pudo aprobarse entonces una campaña masiva de sondeos: cara, de fuerte impacto ambiental y de resultados inciertos, o acudir a nuevas tecnologías que en unión de otras más tradicionales debían permitir adquirir suficientes conocimientos para explotar los recursos existentes.
Por la magnitud de la tarea y por sus dificultades, el Estudio sobre disponibilidad de agua subterránea en el norte de Castelló requería literalmente «ver» no solo «qué hay» sino también «qué ocurre» bajo la superficie terrestre y la del mar, una tarea aparentemente imposible, aunque no para los expertos rusos y un grupo de ingenieros españoles que han formado un joint venture en la empresa Tihgsa para la explotación comercial de Termografía Remota Térmica.
El ojo que todo lo ve
La Termografía Remota Térmica (TRT) utiliza las imágenes de los sensores infrarrojos situados en los satélites para realizar, tras un análisis adecuado de los datos, un verdadero «sondeo geofísico virtual de la tierra».
La tecnología, aplicable también desde helicópteros o aviones para trabajos de mayor detalle, permite detectar mediante el uso de visores infrarrojos las variaciones de temperatura desde satélites situados a 705 kilómetros de la tierra de los que se obtienen, una vez procesados, datos de lo que ocurre hasta 4.700 metros de profundidad.
La pequeña diferencia de temperatura apreciable en materiales y todo tipo de fluidos -hasta 0,001 grados Kelvin de precisión- se convierte, una vez procesada, en valiosa información que «ve» movimientos de tierras antes de que se perciban, desplazamientos de estructuras, cuevas, defectos constructivos, agua o fluidos cuyo comportamiento podría asemejarse al petróleo.
En el caso concreto de Castelló, el trabajo desarrollado por Tihgsa ha permitido, según fuentes de Acuamed, la empresa estatal responsable de aportar nuevos recursos hídricos a la Comunitat Valenciana, identificar y establecer el perímetro de las zonas donde se está produciendo la temida intrusión salina; localizar áreas submarinas donde descargan grandes volúmenes de agua dulce y por dónde discurren el flujo que las alimenta -estudios de detalle dirán si es posible atajarlos y aprovecharlos- y localizar todas las masa de agua, sus posibilidades de explotación y el volumen de recursos disponible y el lugar en el que la perforación de la superficie terrestre tiene más posibilidades de éxito. El análisis de los datos aportados por el satélite ha identificado hasta seis zonas en las que existen recursos hidrotermales que pueden tener algún tipo de aprovechamiento energético o de ocio.

Si la Albufera no dependiese del Júcar, en sus aguas aún se criarían sepias y mejillones. A lo largo de los siglos, la Albufera se endulzó con aguas fluviales: del Turia, de los barrancos y, sobre todo, del Júcar. El Gobierno manchego de Barreda prefiere ignorar este sencillo hecho histórico porque le conviene: si logra imponer el criterio técnico de que la Albufera no es parte de la cuenca del Júcar, él puede quedarse, aguas arriba, con los recursos destinados al mantenimiento del lago.

La verdad es que los castellano-manchegos parecen tener más aptitud para la acción comunitaria concertada que nosotros. Pepe Bono fue capaz de pararle una autovía a otro Pepe, el ministro Borrell. Ahora Barreda detiene el AVE mediterráneo y el PP y el PSOE manchegos -como el PP y el PSOE aragoneses- votan juntos por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, en un caso, o contra cualquier forma de trasvase del Ebro, en el otro. Por suerte, los estatutos pueden decir lo que les venga en gana: gracias a todos los santos, las aguas de los grandes ríos son competencia exclusiva del Estado y a Europa le gusta la Albufera, que sólo puede sobrevivir con aguas del Júcar.

Así pues, no hace falta que abandonemos la política de los trasvases: ella nos abandonó antes a nosotros y, por un quiebro irónico en el curso de la historia, ahora resulta que el primer y mejor garante de nuestros intereses puede ser Zapatero, incluso Cataluña, quién me lo iba a decir: por lo menos Jordi Pujol no se cerraba en banda a ciertos trasvases como sí han hecho Castilla y Aragón. El día que Castilla votó, en bloque, contra el acueducto Tajo-Segura, a nuestro president se le quedó, dicho sea con todos los respetos, cara de doncella a la que acaban de arrebatarle la flor en un descuido. Con los ríos se hace política desde que los jerifaltes de antaño iban prometiendo acequias y huertas y a los rústicos se les ponía cara de Tío Gilito. A ver si nos lamentamos menos y actuamos más.

El colectivo Xúquer Viu ha hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente su malestar por lo que califica de « insuficientes » recortes al regadío en La Mancha Oriental, que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha situado en el 20%.

Los ecologistas valoran que se haya producido un aumento de las reducciones respecto al año pasado aunque recuerdan que se han autorizado extracciones de entre 260 y 270 hectómetros cúbicos que suponen «el doble de lo que desde el punto de vista de Xúquer Viu habrían de realizarse para mantener el equilibrio en el propio acuífero y en el río». En este sentido apuntan que la extracción máxima sostenible del acuífero debe determinarse de acuerdo a los criterios de la Directiva Marco del Agua y no puede limitarse a situaciones de sequía.
Además, añaden que las restricciones aprobadas y las previsiones respecto a las que se dictarán para el regadío de la Ribera del Júcar consolidan un trato más favorable al regadío manchego. «Si se consideran las medidas aprobadas en los dos últimos años, se observa que las restricciones sobre las extracciones en la Mancha Oriental son del 35% mientras que las anunciadas sobre el regadío de la Ribera estarían entre un 70 y un 75%, de manera que por segundo año consecutivo los regadíos de La Mancha consumirán más agua que los regadíos tradicionales valencianos» , recuerdan.
Además, creen que el Gobierno debería haber optado directamente por la expropiación, justificada en la situación de sequía, sin tener que indemnizar a los regantes de la Mancha por dejar de utilizar las aguas subterráneas. En ese sentido recuerdan que las restricciones establecidas para el riego con aguas superficiales no han generado indemnizaciones ni en tierras manchegas ni en Valencia.

La plataforma Xúquer Viu mostró ayer su preocupación por la pretensión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de demostrar la supuesta desvinculación entre el Júcar y la Albufera para poder aumentar su representación en los órganos de decisión de la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar. Como publicó ayer este diario, el incremento de la representación del gobierno castellanomanchego le permitiría aumentar las aportaciones de agua a su territorio en perjuicio de los regantes de la Comunitat Valenciana. El portavoz de la plataforma, Francisco Sanz, consideró ayer que la pretensión del Ejecutivo autonómico presidido por el socialista José María Barreda «es una aberración desde todos los puntos de vista» , pues «la lógica, la cordura y la realidad científica y natural apuntan que es inaceptable separar el Júcar de la Albufera» ya que «está demostrado que un 80% del agua del lago proviene del río» . Xúquer Viu se plantea incluso convocar manifestaciones para impedir que triunfen las tesis de la Junta. «No dudaremos en movilizar a la sociedad valenciana en defensa de la Albufera» , anunció.

«La pretensión de Castilla-La Mancha no va a salir adelante porque la sociedad valenciana no lo permitirá y porque va en contra de la nueva cultura del agua» , aseguró Sanz. El portavoz de la plataforma explicó, además, que «los problemas del Júcar no están causados por la Albufera, sino por las extracciones de agua en la Mancha oriental» . Asimismo, Sanz recordó que «por segundo año consecutivo, la Mancha oriental va a recibir más hectómetros cúbicos que los regadíos valencianos» , por lo que consideró que «en vez de poner el ojo en la Albufera, habría que ponerlo en la comunidad vecina» .

Manifestaciones de usuarios

El concejal de la Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Vicente Aleixandre, se manifestó en términos similares. El edil aseguró que desvincular el río del lago «supondría la muerte de la Albufera». «Las aportaciones del Júcar no pueden dejar de venir porque supondría la muerte del lago» , explicó Aleixandre, quien adelantó que «si los usuarios tienen que salir a la calle, saldrán; ya se ha comentado en una reunión de regantes».