Un grupo muy reducido de profesores universitarios de la Universidad de Albacete se encuentra detrás de las dos sentencias judiciales más perjudiciales contra los intereses estratégicos valencianos que se recuerdan en los últimos años: la de 20 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo por la que se anulan varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar-incluido el que posibilita el trasvase Júcar-Vinalopó- y la de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declara no conforme a derecho la tramitación de impacto ambiental del tramo del AVE entre Motilla y Valencia.

Aparentemente, la Fundación para el Progreso de Albacete que logró anular el PHJ y la Iniciativa Cívica por Albacete que pide la paralización del ave Motilla-Valencia no son la misma organización, aunque mantienen muchos elementos comunes que apuntan en dirección contraria: ambas carecen de una sede física, han mantenido siempre buenas relaciones con el poder político en Castilla-La Mancha y comparten el mismo asesor legal y los mismos portavoces.

Desde el «Decreto Romero»

En ambos casos, el artífice de los recursos legales que cuestionan dos infraestructuras básicas para el desarrollo de la Comunitat Valenciana es el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Albacete Francisco Delgado Piqueras, experto en legislación de aguas y de medio ambiente que figuró entre el selecto grupo de investigadores a los que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, pidió opinión sobre el Plan Hidrológico Nacional. La Fundación para el Progreso de Albacete, a la que Delgado Piqueras asesora legalmente, nació en en el lejano 1988 cuando se inició el conflicto por el agua del Júcar suscitado por el conocido Decreto Romero, que proyectaba convertir en regadío con aguas superficiales del Júcar casi 100.000 hectáreas en la Manchuela.
El proyecto no prospero, pero en la Mancha siguieron haciendo pozos hasta alcanzar las 100.000 hectáreas con la complicidad de todas las administraciones. Incluso el ex presidente castellano-manchego José Bono llegó a celebrar el Día del Agua participando en actos convocados por la Fundación en los que «colaboraba» económicamentela Junta de Comunidades
Posteriormente, la Fundación fue especialmente activa durante la negociación del PHJ, cuyo texto final fue pactado por el propio Bono, Eduardo Zaplana y los responsables de Medio Ambiente Isabel Tocino y Jaume Matas.
Después de apoyarse en la Fundación, Bono consiguió un acuerdo político muy ventajoso para Castilla-la Mancha, que este año ya ha consumido más recursos del Júcar que sus usuarios tradicionales valencianos, pero no impidió que la Fundación presentara el recurso que ha derivado en sentencia firme contra el PHJ.

Mismo portavoz, misma estrategia

El último portavoz conocido de la Fundación, que explicó a Levante-EMV las consecuencias de la sentencia, fue otro profesor, catedrático de la Escuela Técnica Universitaria de Ingenieros Agrónomos y experto en teledetección aplicada los regadíos de la Universidad de Albacete: Alfonso Calera Belmonte, que hace unos días reaparecía en Alcázar de San Juan, pero esta vez como portavoz-miembro de Iniciativa Cívica por Albacete y no para hablar del agua, sino del AVE.
Sin embargo, la portavoz oficial de este colectivo es Nuria Garrido, profesora universitaria experta también en derecho ambiental y adscrita al mismo departamento que Francisco Delgado, con el que está casada
Iniciativa y Fundación alegaron inicialmente contra el trazado del AVE pidiendo siempre la opción más al sur, al igual que el Gobierno de José Bono. Sin embargo, una vez que el ex presidente castellano-manchego alcanzó un pacto con Gallardón, Zaplana y Valcárcel, con el beneplácito de Álvarez Cascos, en el que arrancó que el AVE pasara por Cuenca y se hiciera un ramal a Toledo, Bono se retiró formalmente de la pelea mientras la Iniciativa, con los mismos protagonistas que en el caso del Júcar, seguía adelante con el resultado conocido.

«Más ruido que nueces». Así definía las consecuencias del último temporal de lluvia y nieve el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues a medio día de ayer, cuando una parte de las lluvias y nevadas de los últimos días comenzaba a llegar a los embalses.

La media en el conjunto de la Comunitat Valenciana ha sido de 22 litros por metro cuadrado, aunque «muy mal repartidos» al concentrarse en la zona del Serpis y el Sur de Alicante mientras eran mucho más débiles en el resto Juan José Moragues sostiene que mediciones como los 169 litros registrados en Pinet o 135 en el marco del Sellent o la aparente magnitud de la nevada no deben esconder la escasa incidencia de las últimas lluvias y nieves en el proceso de sequía. «En la cabecera de los ríos ha llovido muy poco: entre 3 y 19 litros e incluso si se considera el agua acumulada en forma de nieve que derretirá en los próximos días estamos hablando de entre 10 y 15 litros de nieve que no va a solucionar los problemas de la sequía». No obstante, en la última semana ha habido un aumento de casi 11 hectómetros cúbicos el volumen de la reserva de agua embalsada que probablemente se incremente en los próximos días. Destaca el aumento de 4,15 hectómetros en Tous.
Muy importante también-subrayó Moragues- es la cantidad de agua caída en el entorno de La Albufera -entre sesenta y 90 litros-que ha permitido la inundación casi completa del arrozal y humedecer el terreno de una manera que facilitará la inundación artificial que tiene lugar en primavera coincidiendo con la plantación.
Moragues recordó que hasta hace unos días las altas temperaturas y la extrema sequedad hacían previsible un adelanto en el inicio de la campaña de riegos a mediados de febrero. Ahora, con valores más «normales» existe un plazo de varias semanas en los que es posible todavía recuperar parte del déficit de los grandes embalses.

Mejora el Vinalopó

Las organizaciones agrarias de la provincia de Alicante calificaron hoy de «beneficiosas» las lluvias registradas en los últimos días en dos de las comarcas que más sufren la actual sequía, la Vega Baja del Segura y el Vinalopó.
En declaraciones a EFE, el responsable sindical en las comarcas alicantinas de La Unió-COAG, Juan Pastor, explicó que la lluvia supone «un gran riego» ya que se ha contabilizado una media de 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja, y entre 35 y 45 en el Vinalopó. Dijo que han salido especialmente beneficiados los cítricos, que están en plena campaña, así como las hortalizas y también todos los cultivos de interior, como la almendra, cereza, olivo y uva. El secretario de Asaja en Alicante, Ramón Espinosa, coincidió en que las recientes lluvias han sido «beneficiosas» aunque, por su parte, opinó que no se ha llegado a la cifra de litros adecuada para que suponga el ahorro de un riego.
Argumentó que la borrasca ha dejado alrededor de 30 litros como media en la Vega Baja ya que en unas zonas ha llovido más pero en otros municipios apenas ha habido precipitaciones, y por ello afirmó que la situación del campo en Alicante sigue siendo «crítica y extrema».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en Benidorm que la legislación vigente «no contempla ninguna fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura», al ser preguntada en relación con un hipotético final de este trasvase planteado desde Castilla-La Mancha para 2015.

Narbona hizo estas declaraciones a los periodistas tras inaugurar la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm, junto al conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, y el candidato del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat, Joan Ignasi Pla.
Con anterioridad, la titular de Medio Ambiente reiteró el compromiso del Gobierno con el trasvase Júcar-Vinalopó, del que dijo que estará terminado a finales de 2008, después de la modificación del último tramo del trazado cuyas obras comenzarán a finales de febrero.
Narbona, durante su visita a las obras de la depuradora de Novelda (Alicante), ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, dijo que las obras del trasvase «están muy avanzadas» y hay varios tramos a punto de concluir. Explicó que con el trazado nuevo «hay una aportación de agua más importante que con el anterior» y destacó que «los regantes no tendrán que poner un euro hasta que reciban el agua». Por ese motivo, confió en que se «superen los desencuentros que se han producido y que se pueda aprovechar esta enorme inversión del Estado en beneficio de los ayuntamientos y de las comunidades de regantes».

Llamamiento a la Generalitat

En ese sentido, pidió a la Generalitat que, «más allá de las tensiones preelectorales que, en ocasiones, hacen decir cosas que no benefician a los ciudadanos», piense «en los regantes y los ayuntamientos». La ministra señaló que algunos usuarios y ayuntamientos ya han mostrado su interés por recibir el agua de este trasvase y se mostró convencida de que tras los comicios de mayo se abrirá «un periodo de calma para cerrar acuerdos», como el que ya se ha firmado con una comunidad de regantes.
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, consideró que el agua del actual trazado del trasvase del Júcar-Vinalopó «sólo será para regar las calles porque no puede utilizarse para otra cosa», al tiempo que insistió en que no tiene ningún sentido tal como se plantea, «sin ningún consenso, sin usuarios y presionando a ayuntamientos para que digan que sí».
El conseller, que hizo estas declaraciones en su visita a la estación depuradora de aguas residuales de Novelda, reiteró que los regantes no quieren este trasvase y «lo han demostrado de todas las maneras posibles».

La ministra de Medio Ambiente no ha mostrado interés alguno en tender una mano negociadora el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, quien ha solicitado públicamente a Cristina Narbona una reunión para encontrar una «solución consensuada». La ministra recordó que «hasta ahora este señor nos ha llevado a varios tribunales y creo que lo que tiene que hacer, al igual que están haciendo otras comunidades de regantes, es manifestar su disposición para utilizar este agua».

Para Narbona los desencuentros respecto a este proyecto han sido «dificultades» concretas con Martínez quien, al no recurrir la decisión del juez que avala el trasvase desde Cullera, ha dado una señal de aceptación de algo que hoy es una realidad. «Ya hay comunidades de regantes y ayuntamientos que han manifestado su interés por ser usuarios de este agua y confío en que con serenidad, y no pensando en réditos electorales ni en confrontación política, se pueda aprovechar una obra extraordinariamente importante», comentó la dirigente socialista. Para la ministra sería «del todo surrealista y no tendría ningún sentido que habiendo agua y necesidades de agua, no se utilicen los recursos hídricos procedentes de Cullera» y que aportarán hasta 80 hectómetros cúbicos a los campos del Alt y Mig Vinalopó. Narbona cree que los acuerdos entre Gobierno y regantes se cerrarán tarde o temprano. Del trasvase dijo que estará terminado a finales de 2008, después de la modificación del último tramo del trazado.

El PSOE y el PP cerraron hoy el acuerdo definitivo sobre las enmiendas presentadas a la proposición de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que será aprobado por las Cortes regionales el lunes 29 de enero. Así lo anunció hoy en una rueda de prensa el portavoz socialista, José Molina

El Estatuto, que mantiene la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y la prioridad de Castilla-La Mancha para aprovechar los recursos hídricos que se generan en su territorio. Molina reconoció que el acuerdo en lo que afecta al trasvase será «difícil» cuando el texto consensuado llegue al parlamento español.

El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado una inversión de casi 10 millones de euros para incorporar 194 nuevos puntos de control en la red que controla los niveles del agua subterránea en los distintos acuíferos que administra la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El objetivo de esta inversión, según fuentes de la CHJ, es ejercer un control real de la evolución cuantitativa de las reservas de agua para actuar preventivamente en caso de descensos que puedan generar problemas de sobreexplotación o pérdida de calidad.
Aunque se trata de un control indirecto que no puede sustituir los contadores individuales en cada sondeo, la red piezométrica resultante si será capaz en algunos casos de detectar cualquier desviación sobre los volúmenes asignados a cada comunidad de usuarios.
Los sensores se instalarán en pozos de titularidad pública representativos de cada acuífero o en perforaciones ad-hoc cuando así se requiera para ejercer un control más eficaz.
Cabe recordar que las aguas subterráneas representan ya, con un volumen anual de 1.425 hm3 año, el 48% de los recursos utilizados en la Confederación Hidrográfica del Júcar en un año «normal». Sin embargo, la sequía acumulada en los últimos tres años ha incrementado estos porcentajes en una tendencia que podría consolidarse en el futuro. Solo el pasado año, la sustitución de caudales en la Acequia Real del Júcar y el Canal Júcar-Turia obligó a extraer más de 39 hectómetros cúbicos para impedir el colapso de la agricultura de regadío en Valencia Los nuevos 194 puntos de control se sumarán a los 171 ya existentes en la red piezométrica actual, aunque debido a la extensión del territorio a controlar, la red que salga finalmente tras esta inversión solo representa estadísticamente un punto de control cada 100 kilómetros cuadrados.

La ministra Narbona viaja al Vinalopó

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inaugurará hoy la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Benidorm y las obras de los colectores de esta ciudad y de la Vila Joiosa, que han supuesto una inversión total de 47,7 millones de euros.
Posteriormente la ministra visitará las obras de la depuradora de Novelda, situada en Monforte del Cid y se trasladará a Alcoi para dar una conferencia sobre «Los retos del cambio climático». Por último, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) de la Meseta Sur adjudicó ayer a la empresa Renos el contrato para la ejecución de las obras de modernización de regadíos de apoyo al olivar y otros frutales de la Comunidad de Regantes de Azuébar, por un importe de 892.281 euros.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, aplaudió ayer el acuerdo alcanzado entre las direcciones nacionales de PP y PSOE para incluir la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos en la reforma del Estatuto de Autonomía, mientras Javier Allué (PAR) pidió negociar, Chesús Bernal (CHA) rechazó este acuerdo y Adolfo Barrena (IU) arremetió contra cualquier concierto entre los dos grandes partidos.

Respecto a la reserva estratégica, Suárez señaló que «desde el Gobierno de la nación han planteado muchos problemas a esta cláusula adicional, donde se establecen los 6.550 hectómetros cúbicos», aunque «a día de hoy parece que el PSOE reconoce la cifra, ese reconocimiento está desde hace unos días». De confirmarse la inclusión de esta reserva en el estatuto, el río Ebro quedaría «blindado» para cualquier otro trasvase.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, admitió ayer una situación «complicada» en la cuenca del Júcar en la que «se trabaja» para evitar restricciones al consumo humano que están descartadas, según confirmó ayer el director general del Agua Jaime Palop y la propia Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
Moragues confía en que pese a que se trata de un año «muy difícil» y «tremendamente seco», las reservas de los embalses de la cuenca del Júcar mejoren.
Juan José Moragues admitió que el río Júcar está aportando muy poca agua aunque cree que se recuperará «lentamente».
El director general del Agua, Jaime Palop, aseguró que no se van a poder atender todas las demandas de agua, pero que las restricciones se limitaran al regadío.
El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, calificó de «irresponsable» la política del Gobierno Central, al «anunciar restricciones de agua cuando la situación de la cabecera del Tajo y del Segura, pese a la sequíMoragues hizo estas declaraciones a los periodistas en Villena (Alicante), donde visitó las obras de la balsa de San Diego, que conforma el tramo VII de la conducción Júcar-Vinalopó.

Detalló que la reserva de agua en los embalses de la demarcación hidrográfica del Júcar está al quince por ciento de su capacidad, aunque precisó que el río Júcar, que es una parte de esa demarcación, se halla al cinco por ciento de su capacidad de embalse.

Según Moragues, esta situación ‘seguro que mejorará’, aunque ‘lentamente’ porque el río está aportando muy poca agua y éste es un ‘año tremendamente seco’.

‘Entendemos que, aunque es un año difícil, muy difícil, la situación irá mejorando’ en lo que queda de invierno y la próxima primavera, señaló el presidente de la CHJ.

‘Estamos reduciendo mucho el consumo agrícola en el Júcar y vamos a reducir también el consumo en Castilla-La Mancha’, añadió.

Por otra parte, remarcó que, a pesar de que la situación hídrica es ‘complicada’, se trabaja para garantizar que este año no haya restricciones en el abastecimiento público, lo que supondrá ‘un esfuerzo duro’, y recordó que España afronta su tercer año de sequía, que ‘es el mayor de la historia’.

‘Llevamos tres años resolviendo la situación sin restricciones en el abastecimiento público -dijo- y este año se trabaja’, igualmente, para garantizar el suministro.
a, es mejor que el pasado año».

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la demanda presentada por Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica para que anulara y dejara sin efecto una resolución de la Conselleria de Cultura que rechazaba iniciar la declaración de la huerta de Valencia como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de parque cultural. Si el TSJ hubiera aceptado los argumentos de los demandantes Cultura debería haber iniciado el expediente de declaración de BIC y se deberían haber acordado «la suspensión de licencias e instrumentos de ordenación». Se habrían visto afectadas «las parcelas o campos regados por las ocho acequias del Turia en los que extiende su jurisdicción el Tribunal de las Aguas de Valencia y las comunidades de regantes que administran el agua de las acequias de Tormos, Mestalla, Rascanya, Favara, Quart, Benàger, Faitanar, Rovella y Mislata».

El TSJ considera considera en la sentencia que todo este ámbito no merece protección porque «el ámbito territorial al que se pretende extender [la figura de parque cultural] es excesivo», en línea con los mismos argumentos que planteaba la Conselleria de Cultura. El tribunal añade que «aunque originariamente su elemento configurador fuera la huerta, en la actualidad se ha transformado en centros urbanos con importante implantación poblacional que no permite su declaración como parque cultural». Ésta última es, además, una figura legal que tiene una «limitación espacial que, en modo alguno, cabe considerar extensible a un ámbito territorial tan amplio como el pretendido» por los demandantes.
El TSJ concluye así que la huerta no puede ser parque cultural «por las posibles dificultades que, sin duda, comportaría su protección y conservación efectiva». Y por la transformación que ha sufrido. «La realidad urbana de los municipios afectados con el correspondiente asentamiento poblaciones y la transformación del suelo agrícola con destino a otros usos ponen de manifiesto la imposibilidad real de acogerse a la categoría» de parque cultural. Curiosamente, esta misma sección utilizó similares argumentos para desestimar un recurso contra la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en La Punta, ya que consideró que no destruiría un paisaje valioso ya que la huerta ya estaba degradada.
Por último, el TSJ evita dejar algún cabo suelto y concluye que no debe iniciarse el expediente de BIC ya que «como es sabido su iniciación comporta la inmediata adopción de unas medidas limitativas del uso del suelo que no estarían justificadas en este caso por la imposibilidad del objeto final del expediente».
La sentencia es firme y no cabe recurso ya que se resuelve en aplicación del derecho autonómico cuyo máximo interprete es el TSJ. Como no existe un órgano superior al TSJ no se permite alegar. En el caso de que la legislación aplicable fuera estatal si cabría un recurso ante el Tribunal Supremo.
Por último, la Generalitat pretendía que no se admitiera a trámite el recurso «porque aún cabía recurso de alzada» ante la secretaria autonómica. Sin embargo, el TSJ recuerda a Cultura que fue la misma conselleria quien indicó a Ecologistas en Acción que acudieran directamente al contencioso-administrativo. «Una indicación errónea por lo que carece de fundamento la inadmisión del recurso».