Seis meses después de que se firmara el histórico acuerdo del Plan de Cuenca del Júcar que dotó de legalidad al trasvase Júcar-Vinalopó con una solución intermedia entre la propuesta de los regantes valencianos y los alicantinos, el precario consenso ha vuelto a romperse. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña (un cargo que depende del Ministerio), se mostró muy escéptica ayer sobre la posibilidad de que llegue agua del Júcar a la provincia de Alicante antes de que se apruebe el Plan Hidrológico Nacional durante su intervención en el Congreso Internacional de Derecho de Agua celebrado en el Adda en Alicante. Según dijo, por la situación de falta de recursos en la cuenca. Éstas palabras desataron el malestar de los regantes y del PSPV-PSOE alicantino, que no tardó en emitir un comunicado en el que acusaba al PP de haber «engañado» a los alicantinos.

Ureña realizaba estas declaraciones en el transcurso de la mesa redonda «Implicación de los planes de cuenca en el desarrollo de la ciudad» ante un auditorio de cerca de 500 personas. Era la primera vez en la que se abordaba el asunto después de un tenso verano por parte de los regantes valencianos de la Ribera, muy beligerantes con el trasvase hacia Alicante.

El PSOE exige que se reúna cuanto antes la Mesa Provincial del Agua

Los agricultores alicantinos dijeron sentirse «defraudados» al término de la mesa redonda porque no comparten en absoluto el diagnóstico de Ureña. «Cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. No es cierto que no haya recursos. Hay como mínimo 12 hectómetros cúbicos disponibles en el Azud de la Marquesa (Cullera) y se pueden permutar con caudales del embalse de Alarcón como medida transitoria hasta que se conecte la segunda toma del trasvase en Cortes de Pallás. Eso es lo que pone negro sobre blanco en el BOE. Y el embalse de Alarcón está en uno de los mejores momentos de su historia», manifestó el presidente de los Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, al conocer las declaraciones de Ureña.

Martínez se mostró defraudado no sólo con Ureña, sino con el PP en general. «Nos hubiera gustado que el PP hubiese conectado la toma de Cortes de Pallás nada más llegar al poder como había prometido y no lo hizo. Pero es que más allá de eso, se ha desentendido del trasvase del Ebro que es la mejor solución para solucionar los problemas hídricos de la cornisa Mediterránea».

Luisa Pastor apuesta por el desembalse al Vinalopó de al menos 12 hectómetros

El líder provincial del PSOE, David Cerdán, afirmó que «después de tantos años, tanta inversión y de pelearnos unos con otros, el PP se saca de la manga que el Júcar no aportará nada al Vinalopó». También acusó al PP de haber «engañado de forma masiva a los ciudadanos» porque «se ha constatado que todo es una mentira de quienes no quieren hacerlo viable: el PP».

Respecto a dejar el asunto sobre la mesa hasta la aprobación del PHN, Cerdán aseguró «eso es ganar tiempo, no aporta soluciones, y construye un marco jurídico perfecto pero vacío de agua». Por eso exigió que el trasvase que está finalizado desde el Azud de la Marquesa sea operativo y estable y que se ponga en marcha la segunda toma, ya sea desde Alarcón o desde Corte de Pallás.

Cerdán también exigió a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor (PP), que convoque una nueva sesión de la Mesa Provincial del Agua que al parecer ya pidió el 16 de octubre y de la que todavía no ha tenido contestación.

Al parecer Pastor conoce de primera mano y desde la semana pasada las reticencias de Ureña y tampoco está de acuerdo con la paralización del trasvase porque no son los datos que ha proporcionado el propio Ministerio. Por eso tiene la intención de oponerse frontalmente al frenazo.

Entre tanto, el director general del Agua de la Comunidad Valenciana, José Alberto Comos, que participaba ayer en al misma mesa redonda aseguró que no le «constaba» que Ureña hubiese sido tan explícita aunque sí habló de déficit en la cuenca. En este sentido dijo que el Consell trabaja en la «búsqueda de equilibrios para que no haya vencedores ni vencidos». En su opinión, sí es viable un trasvase mediante los 12 hectómetros de Alarcón. Algo que puede producirse esta misma legislatura.

Por su parte el experto Joaquín Melgarejo, que moderaba la mesa redonda, aseguró a este diario que «si es viable hidrológicamente el trasvase, el agua debe venir».

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El desembarco ayer en Alicante del ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias-Cañete, y su secretario de Estado de Agua, Federico Ramos, fue valorado este jueves por juntas de usuarios y las organización agrarias de la provincia como la reafirmación de los compromisos del Gobierno con las necesidades hídricas de Alicante. Sobre todo, en relación a reiterar la vigencia del trasvase del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó, y sistemas públicos como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla del que dependen abastecimientos urbanos y los regadíos en la mayor parte de comarcas.

No obstante, Arias Cañete vino con un mensaje claro. Los planes de cuenca solo han «desbrozado» parte del camino que falta por recorrer. El Plan Hidrológico Nacional no se hará hasta la próxima legislatura y en el nuevo sistema se dará entrada a la iniciativa privada en la gestión.

El compromiso del PP en materia hídrica y, más particularmente de Arias Cañete que ha logrado importantes pactos territoriales, pasa por llegar a una «planificación integral» que sea «sólida, eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico». «No sujeta a las alternancias de Gobierno», dijo. Pero el ministro no ocultó que el punto en el que más dificultades está encontrando el Gobierno es el económico. De ahí que ya se haya puesto en marcha un «grupo de trabajo para estudiar las necesidades de financiación». En este sentido anunció que «será necesario promover cambios en el régimen económico-financiero del agua, que permitan cumplir con el principio de recuperación de costes estableciendo incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos».

En el aire queda cómo se traducirán estas palabras y el anunciado proyecto de unificar toda la gestión del agua en una única sociedad, lo que se vino en llamar el «Adif del agua» durante el pasado verano cuando se deslizó la idea. Cañete, por el momento, sólo apuntó que «se van a introducir reformas organizativas para mejorar la gestión y la administración del agua, y evitar así duplicidades» y que «estamos preparando un anteproyecto de ley que permita una regulación específica del ciclo del agua de uso urbano, porque es imprescindible contar con una normativa básica que regule en conjunto el abastecimiento, la distribución, el saneamiento y la depuración».

En este sentido, y preguntado explícitamente por las desaladoras, explicó que los gobiernos anteriores de José Luis Rodríguez Zapatero gastaron 2.000 millones (de fondos europeos) en estas obras sin valorar la demanda y que cuando el PP llegó a la Moncloa de las 15 desaladoras prometidas solo funcionaba una, la de Marbella. En este sentido, aseguró que el reto es integrar estas infraestructuras así como otras realizadas por el PSOE, como la toma del Azud de la Marquesa del Júcar-Vinalopó

Malestar en el Júcar tradicional

Los regantes tradicionales del Júcar se reunieron ayer con el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Agua, José Císcar, para trasmitirle su «malestar» por el protocolo firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalidad Valenciana. Los regantes explicaron al vicepresidente que los usuarios del Júcar han demostrado «siempre su solidaridad no sólo con palabras sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y al Vinalopó». Sin embargo, han recordado que actualmente el Júcar es un río «deficitario». USUJ, en un comunicado, indicó que «no se pueden atender todas las concesiones existentes».

144 HECTÓMETROS PARA EL SEGURA

El director general del Agua, José Alberto Comos, que asistió ayer a la conferencia de Arias Cañete organizada por la Casa del Mediterráneo, anunció ayer que los regantes de la cuenca del Segura recibirán 144 hectómetros cúbicos de agua del Tajo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Comos destacó que se trata de una excelente noticia para los agricultores alicantinos y subrayó la voluntad y el consenso alcanzado por todos los representantes de las entidades que componen la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para autorizar el envío. La Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura, que se reunió ayer en Madrid, aprobó realizar un trasvase de 144 hectómetros, el 75% (108 hectómetros) se destinarán a riego y el 25% restante (36) serán para abastecimiento humano. Dado que en la cabecera del Tajo existen mayores reservas acumuladas durante marzo que las previstas inicialmente, a los 114 hectómetros correspondientes por la normativa del trasvase, se le añaden otros 30 hectómetros, por lo que el total de hectómetros que se enviarán a la cuenca del Segura ascenderán a 144 para los meses de abril, mayo y junio de 2014, a razón de 38 hectómetros por cada mes. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura está integrada por representantes de la Dirección General del Agua, de las Confederaciones del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. También están presentes el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y de las Direcciones de Agua de las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Andalucía y Extremadura.

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El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presidió este jueves la inauguración de la infraestructura hidráulica de riego de Riba-roja del Túria, donde aseguró que el Consell «va a defender siempre la llegada del agua en la cantidad suficiente y a un precio asequible para poder ser competitivos en nuestros productos«, según informó el Gobierno valenciano en un comunicado.

Durante su intervención, Fabra valoró el esfuerzo del sector agrario en la Comunidad, que en momentos como el actual, está «generando empleo» y ha «contribuido a dinamizar la economía» con un nivel de exportaciones que asciende a 5.000 millones de euros en el último año, así como más de 100.000 puestos de trabajo generados.

Asimismo, se refirió a la modernización de las infraestrucutras hidráulicas realizada conjuntamente entre administraciones y agricultores, que ha supuesto una inversión superior a los 1.100 millones de euros. «Un esfuerzo necesario que ahora nos legitima para reclamar el agua que necesita nuestra tierra y que, además, nos permite depurar 500 hm3 al año y triplicar la media estatal, liderando también la reutilización en España«, agregó.

El jefe del Consell destacó que el Gobierno de España está realizando la planificación hidrológica de nuestras cuencas, y ello es «determinante para la defensa del agua». Al respecto, reiteró que el Consell va a defender siempre la llegada del agua «en la cantidad suficiente y a un precio asequible para poder ser competitivos en nuestros productos».

Así, brindó «todo el respaldo del Consell» a los agricultores y puso como ejemplo el recurso que se ha presentado conjuntamente, entre la Generalitat y los agricultores, y que hace referencia a la demarcación de la delimitación de la Cuenca del Júcar, «donde defendemos los intereses y los derechos de los agricultores, que son fundamentales para la economía de nuestra Comunidad», concluyó.

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La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, ha asegurado este miércoles que el agua no será moneda de cambio en negociaciones políticas, en alusión al conflicto sobre la unidad o dispersión de la cuenca del Júcar entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Durante un encuentro con periodistas, Ureña ha considerado que cada parte puede defender sus intereses pero «todos deben ceder» en pro de un objetivo final, que es el suministro en «cantidad y calidad» para todo el Estado.

«Cuanto más alejadas sean las posturas de inicio, más esfuerzos habrá que hacer para llegar a consensos. Es cierto que el tema del agua hace aflorar sentimientos, pero el ministro dejó claro que el objetivo final es que haya agua de calidad y en cantidad«, ha añadido.

En referencia al plan de cuenca, que deberá estar listo antes de final de 2013, Ureña ha explicado que pretende convocar una reunión del Consejo del Agua antes de agosto en el que se abordarán las cuestiones más importantes.

Así, aunque no esté fijada la demarcación de la cuenca, «competencia del Ministerio», según ha explicado Ureña, «se puede seguir trabajando dando pasos previos, analizar cómo está el río, problemas y posibles soluciones». «Confiamos en que el Ministerio lo resuelva pronto y sacar a información pública cuanto antes el plan hidrológico del Júcar», ha agregado.

Preguntada por las plantas desalinizadoras, Ureña ha explicado que si bien «hay pocas en todo el Estado, 17, y falta una inversión de más de 700 millones de euros, las existentes en la cuenca del Júcar aportaráN recursos que se incorporarán al sistema» en una fecha que no ha sido determinada.

Según ha explicado, en la cuenca del Júcar están muy avanzadas las desalinizadoras de Oropesa, Moncofa y Sagunto, con una capacidad de 16 hectómetros cúbicos por año las dos primeras y ocho la última; y en construcción la de Muchamiel, que tendrá una capacidad de dieciocho hectómetros cúbicos anuales, siempre en condiciones óptimas.

En referencia a las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, la presidenta de la CHJ ha explicado que esta infraestructura ya está construida aunque no finalizada, ya que está pendiente la conexión de la obra que realizaron Aquamed (del Ejecutivo central) y la Generalitat. De esta conexión depende que se pueda empezar a usar el agua retenida en la balsa de San Diego, que está en fase de pruebas.

«El diálogo con los regantes del Vinalopó estaba roto hasta hace poco, pero les he pedido que piensen que les hace falta el agua y que debemos ser capaces de aprovechar la infraestructura. Es razonable que se use esa agua al menos para regar. Es un reto que se pueda empezar a usar en septiembre y octubre», ha añadido.

Según Ureña, las reservas hídricas de la cuenca del Júcar acumulan unos 1.500 hectómetros cúbicos, un 51% del total, y un 43% por encima de la media de los últimos diez años.

«Estamos en un año seco, las precipitaciones se encuentran un 17% por debajo de la media de los últimos 20 años, pero afortunadamente en los últimos dos ha habido buenas precipitaciones y las campañas de riego se van a desarrollar con normalidad. Ahora bien, pido a los regantes que sean extremadamente rigurosos con el uso del agua», ha señalado.

Preguntada por el trasvase del Ebro, Ureña ha reconocido que, pese a que no es su responsabilidad, «el actual escenario presupuestario no permite grandes obras». Esta carencia presupuestaria afectará también a la presa valenciana del Algar, que carece de compuertas.

Según el comisario de aguas de la CHJ, Javier Ferrer, pese a carecer de compuertas, la presa del Algar «cumple con la función de retención y laminación de avenidas».

Los sistemas hidrográficos del Duero y el Ebro, excepto en Galicia y el área del Cantábrico, así como en el resto de las demarcaciones hidrográficas se ha declarado la fase de prealerta o alerta, según el informe de seguimiento de la sequía del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Así, el documento reconoce que «España está entrando en un periodo de sequía meteorológica» a pesar de que el nivel hidrológico de los embalses mantiene «buenas reservas de agua», excepto en algunos de la mitad norte del país, debido a las precipitaciones acumuladas desde el invierno de 2009.

Además, apunta que desde que comenzó el presente año hidrológico (1 de octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2012), la precipitación media nacional ha sido de 201,2 litros por metro cuadrado hasta el 6 de marzo, un valor «inferior» a la precipitación media nacional normal para este periodo, que es de 357,9 litros por metro cuadrado.

El informe del MAGRAMA, al que ha tenido acceso Europa Press, añade que el presente año hidrológico 2011-2012 ya partía de una situación «ligeramente peor» que el anterior, por lo que considera preciso observar la evolución durante este ejercicio, principalmente en las zonas del territorio con mayores problemas de regulación hídrica.

Asimismo, de acuerdo a los mapas de la situación a 29 de febrero de 2012, los valores de porcentaje de humedad del suelo son muy secos en la zona centro, sudeste y valle del Ebro, muy húmedos en la cornisa cantábrica, en el resto de la península niveles medios y en Canarias niveles muy secos.

Finalmente, revela que en lo que va de año hidrológico, no se han aprobado hasta la fecha nuevas obras de emergencia para paliar la sequía, frente al ejercicio anterior (2010-2011), cuando se destinaron un total de 7.365 millones de euros.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que convocará la Mesa de la Sequía antes del próximo 26 de marzo para evaluar el impacto que está provocando en el campo la prolongada falta de precipitaciones, informa Efe.

Durante su comparecencia en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Senado, Arias Cañete ha destacado que ante la incertidumbre de lo que ocurra en los próximos días su Departamento está trabajando en previsión de «todos los escenarios posibles».

MEDIO AMBIENTE | Plan hidrológico

Bruselas llevará a España ante el Tribunal por no aplicar la directiva de aguas

Javier G. Gallego (Corresponsal) | Bruselas

Actualizado jueves 29/09/2011

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La Comisión Europea ha anunciado en la mañana del jueves que tomará medidas sancionadoras contra España debido a sus deficiencias para incorporar a su legislación nacional la directiva europea sobre aguas. Estas deficiencias tienen que ver especialmente con los planes hidrológicos de cuenca.

La legislación española sólo contempla algunas de las obligaciones dispuestas en la directiva para ríos que discurren por más de una región y no a los situados enteramente en un único territorio. Estas obligaciones se refieren a cuestiones como la extracción de agua potable y el control del estado químico y ecológico de las aguas superficiales España ya recibió una comunicación pero no ha adoptado ninguna medida en este asunto, por lo que será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE tras recibir la recomendación de Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente.

Según explican en Bruselas, «la Directiva Marco del agua obligaba a los Estados miembros a presentar un plan hidrológico para cada cuenca fluvial para diciembre de 2009″. Estos planes aportan un panorama completo de los problemas principales de cada cuenca y deben incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar una serie de objetivos de calidad medioambiental. De aplicarse excepciones, deben motivarse convenientemente.

Los Estados miembros o regiones que compartan ríos internacionales deben colaborar para presentar un único plan hidrológico de cuenca internacional. El retraso en la presentación de los planes podría suponer que no se consiga la calidad del agua necesaria.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal reivindicará un cambio del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2005, que modificó el de 2001, y que elaborará una nueva estrategia para la cuenca del Tajo.

Durante su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta de la política que seguirá su departamento durante los próximos cuatro años, la consejera ha anunciado su compromiso con una nueva forma de entender la política de aguas en Castilla-La Mancha «ajena a la demagogia y al continuo enfrentamiento estéril».

Es por ello que ha aprovechado su presencia en el Parlamento regional para pedir el apoyo «presente y futuro» con el objetivo de trabajar para que la región tenga agua de calidad y en cantidad suficiente.

Según ha aseverado, para este Gobierno la defensa del agua es una «prioridad» y «lo haremos con firmeza, pero bajo la estrategia del acuerdo, y no de la confrontación».

Dicho esto, ha manifestado que es necesario restituir el espíritu del PHN del año 2001, que fue objeto de un «gran consenso» y logró la «casi total» adhesión de las comunidades autónomas. Ese plan, ha dicho, demostró que era posible el reparto de recursos hídricos, de modo que toda España y, muy particular, Castilla-La Mancha, tuviera garantizada sus necesidades hídricas actuales y futuras.

Por lo tanto, ha adelantado que la Consejería reivindicará un cambio del PHN de 2005, una reforma del Gobierno de Zapatero que «dejó nuevamente al Tajo como único río cedente de agua en España», y que ha demostrado ser un «fracaso», porque «no ha contribuido a establecer una paz hidráulica» sino que, «ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y usuarios».

Aprovechando que los planes hidrológicos de demarcación están en pleno proceso de tramitación, en muchos casos, en fase inicial, la consejera ha dejado claro que la Consejería sabrá negociar siendo «firmes» en la negociación. «Esperamos que Gobierno de España que salga de las urnas después del 20 de noviembre muestre ese talante dialogante y tenga espíritu de resolver -de una vez por todas- los conflictos en materia de aguas».

Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha aseverado que esta cuestión no puede centrarse únicamente en fijar una «línea roja» en los embalses de cabecera, «a cuya elevación no se renunciará», sino en establecer unas nuevas reglas de explotación -«que han aportado seguridad a la caótica situación anterior-, proponiendo la elevación de su rango, para dotar a las decisiones de mayor seguridad jurídica, satisfaciendo así las necesidades de abastecimiento a la población como al resto de usos que precise la región.

El Gobierno de Cospedal requerirá a la Confederación para que se respeten los caudales ambientales de los ríos de la demarcación y, muy concretamente, los del caude principal, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera; «pero no de cualquier modo, sino con aguas de calidad».

En este contexto, ha avanzado que su Consejería iniciará un proceso negociador con los municipios afectados de cara a garantizar tanto el abastecimiento como la sostenibilidad financiera de las infraestructuras.

Respecto al Júcar, el Gobierno reivindicará la puesta en marcha de las infraestructuras que se encuentran paralizadas y en cuanto al Segura, hará especial hincapié en el desarrollo de las concesiones e infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura, en la región, para reparar una histórica situación «discriminatoria» para con esta zona.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regula la competencia sobre la cuenca del río Guadalquivir, al considerar que es inconstitucional.

El pleno del TC, que ha adoptado esta decisión por unanimidad, ha avanzado este miércoles el fallo en un comunicado mientras que la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado Barrio, será notificada en los próximos días.

El TC ha admitido así parcialmente el recurso presentado por la Junta de Extremadura en junio de 2007 contra el Estatuto andaluz al considerar que, al afectar la cuenca del Guadalquivir a varias regiones, su competencia es estatal.

El citado artículo establece que «la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma».

La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía inspiró a otras comunidades para pretender reclamaciones parecidas a la de Andalucía, como Castilla y León.

Nada más conocerse la decisión del TC, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, ha afirmado que el Gobierno que preside «respeta y acata la sentencia», al tiempo que anunciaba una próxima reunión con Zapatero para «buscar soluciones» y un encuentro con el resto de grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura presentó el recurso en junio de 2007 contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Se fundamentó en un informe del Consejo Consultivo extremeño que consideraba que el artículo 51 establecía las competencias exclusivas de Andalucía sobre la cuenca del Guadalquivir a pesar de que la Constitución determina las competencias exclusivas del Estado en las cuencas ubicadas en varias comunidades.

Según la Junta extremeña, el citado artículo «altera el régimen constitucional de distribución de competencias, por lo que rompe el bloque de constitucionalidad. Se produce una alteración constitucional al redefinir el reparto de poder en materia de agua, se limita el ámbito de decisión del legislador estatal y se ataca el principio de la unidad de cuenca hidrográfica y del ciclo hidrológico».

El TC ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 51 pero rechaza la pretensión de la Junta de Extremadura respecto a los otros artículos recurridos.

Entre ellos, desestima el recurso contra al artículo 43 del Estatuto andaluz, que hace referencia al alcance territorial y a los efectos de las competencias.

La Junta de Extremadura también recurrió el artículo 50.1.a), por eliminar la expresión «cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía» en referencia al desempeño de competencias y el 50.2, por considerar que incluía competencias ejecutivas andaluzas sobre facultades de policía de dominio público hidráulico establecidas en la legislación estatal.

El recibo de la luz subirá en España el próximo día 1, según confirna el informe enviado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El Ministerio informa que no subirá los peajes de acceso, con lo que no repetirá la operación del pasado julio de bajarlos para neutralizar así la subida de lo que no controla, la llamada Tarifa de Ultimo Recurso (TUR). Al no hacerlo, el incremento será, de al menos, un 3%, según las estimaciones técnicas basadas en la reciente evolución del mercado eléctrico.

En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (CESUR).

Está previsto que la próxima subasta CESUR, que se celebra el 21 de septiembre, recoja precios al alza. El Gobierno podría haber decidido una bajada de esos peajes para compensar el incremento que se registre en las subastas y que de ese modo la tarifa de la luz no sufriría variaciones pero no ha sido así.

Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad.

Acceso al precio de julio

En el documento remitido a la CNE, Industria propone mantener las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución que entraron en vigor el 1 de julio, tanto para los grandes consumidores como para los usuarios domésticos.

Días antes de esa fecha, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaron que habían acordado no aplicar la subida de la luz prevista para julio, lo que obligó al Ejecutivo a mantener o incluso bajar los peajes en contra de su propuesta inicial.

Desde julio de 2009, la única herramienta que permite a Gobierno jugar con el precio de la luz son los peajes, pues la otra parte del recibo depende del coste de la energía en el mercado mayorista eléctrico (pool) o del resultado de las CESUR.

El Gobierno y el PP acordaron congelar la tarifa eléctrica para buscar un pacto de Estado en materia energética que, entre otras actuaciones, conllevará la revisión de todos los costes que soporta el sistema eléctrico.

Respecto a la repercusión que tendrá sobre el déficit de tarifa la congelación de los peajes en octubre, Industria considera que, si los precios aprobados en julio se aplican en los dos últimos trimestres del año, no se superará el limite de 3.000 millones de euros fijado para 2010.

No obstante, añade el texto, si se recogieran los extracostes del régimen especial (renovables y cogeneración) o se reconociera el coste de distribución sí podría superarse dicho umbral de déficit (que surge porque los ingresos obtenidos por el recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema).

Esto conllevaría una subida de peajes de entre el 55 y el 77% para la alta tensión (grandes consumidores) y de entre el 82 y el 115% para los pequeños usuarios (hogares y pymes), dependiendo de los escenarios.

En el caso de la TUR, este incremento de los peajes supondría un repunte de entre el 44 y el 56%.

Hasta ahora, la revisión de los peajes de acceso se realizaba semestralmente, pero antes del verano el Ejecutivo modificó la normativa para permitir que el ajuste se haga trimestralmente.