El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, ha dicho hoy que la sequía que sufre España este año es similar a la que afectó al país en 2005, excepto en la cuenca del Guadalquivir, «donde es peor».

El año 2005 fue el peor año de sequía de la historia de nuestro país, que tiene datos registrados desde principios del siglo XX. Ese año fue el primero de la larga sequía que atraviesa España hasta este momento, cuando acaba de comenzar el nuevo año hidrológico.

Palop, que ha participado en Barcelona en la jornada ‘El agua en España: hechos’, en la que se ha debatido sobre los retos futuros en la gestión del agua a escala autonómica, nacional y supranacional, ha lamentado que éste sea «un otoño seco y complejo» y no estén previstas precipitaciones «en los próximos quince días».

«Desgraciadamente, los embalses no se han podido recuperar totalmente y falta agua», ha apuntado Palop en una rueda de prensa tras la jornada, que en Cataluña ha organizado la Federación Española de Asociaciones del Medio Ambiente (FEAMA) y la Asociación Catalana de Ingenierías y Consultorías Medioambientales (ACECMA), con el patrocinio de la multinacional española Fluidra.

«En el territorio que gestiona el Ministerio, las cuencas del Júcar y Segura, a pesar de las últimas lluvias, están en la misma situación, y en el Guadalquivir, peor, a pesar de más de un año de esfuerzo», ha explicado el director general del Agua, en referencia a la prolongada restricción del agua destinada a uso agrícola que se aplica en estas cuencas.

Aunque ha señalado que «no se puede hablar de normalidad con un 50% de reducción de la dotación en el regadío», ha destacado que al final de la legislatura los planes de gestión de sequía, que en 2003 ni existían, «están funcionando sin ni un solo corte en el abastecimiento para el uso turístico, industrial y de las personas», lo que ha calificado de «magnífica noticia».

Preguntado por el lento desarrollo del programa de reorientación de la política del agua, conocido como Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua), Jaime Palop lo ha justificado alegando que «no es un programa de imposición, sino de acuerdo con administraciones y usuarios», y ha reconocido «cierto problema de falta de sintonía con alguno de los gobiernos regionales».

Respecto a la instalación de desalinizadoras, Palop ha apuntado que sólo deben ser consideradas como «una garantía de estabilidad» y ha apoyado el uso que se está ya haciendo del agua procedente de Carboneras en el Campo de Níjar o de las desalinizadoras canarias.

El pleno del Senado ha aprobado sin ningún voto en contra y con cinco abstenciones -cuatro senadores de ERC y uno de ICV- la reforma del Estatuto de Aragón, en un texto que presta especial atención a los recursos hídricos de la región.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cámara alta, al igual que hiciera con el trámite de los estatutos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Zapatero mostró su «satisfacción» por la aprobación del texto y lo calificó de «exitoso e inteligente» por el acuerdo alcanzado sobre el agua.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón ordena a las instituciones públicas aragonesas velar «especialmente» para evitar transferencias de agua. Una de las novedades del nuevo texto es que reconoce que en las inversiones del Estado en Aragón se ponderarán «con carácter prioritario» la superficie, la especial orografía del territorio y el carácter fronterizo de la Comunidad.

La tercera reforma del Estatuto habla del agua hasta en tres ocasiones. En el artículo 19 obliga a los poderes públicos a velar para evitar trasvases de sus cuencas hidrográficas. En el 72 indica que, para la defensa de estos derechos, Aragón emitirá un «informe preceptivo» sobre cualquier propuesta de transferencia de aguas, mientras que el Gobierno de España deberá propiciar «de forma efectiva» el acuerdo entre las Comunidades que puedan resultar afectadas. Por último, la disposición adicional quinta hace referencia al Pacto del Agua de 1992 para garantizar una reserva de agua para «uso exclusivo de los aragoneses», de 6.550 hectómetros cúbicos.

En el nuevo texto se mantiene la redacción del artículo 48, donde se establece la suscripción de un acuerdo bilateral de cooperación, entre el Estado y la Comunidad Autónoma para concretar la participación territorializada de Aragón en los tributos generales, posibilidad que existe en el Estatuto aragonés desde 1996 pero que hasta ahora no se ha puesto en práctica.

Por otra parte, las enmiendas mantenidas por ICV, ERC y CiU sobre el catalán y el aragonés fueron de nuevo rechazadas, por lo que el texto fue aprobado tal y como salió del Congreso.

Más competencias exclusivas

Como novedad, se regula la creación de una comisión mixta Estado-Comunidad de asuntos económico-financieros dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La comisión deberá constituirse en un plazo de seis meses desde que el Estatuto entre en vigor y deberá resolver el litigio entre ambas administraciones sobre la cesión del rendimiento de determinados tributos.

En todo caso, se recoge expresamente el concepto de «lealtad institucional» como principio en el que se asientan las relaciones entre Aragón y el Estado y como compensación por parte de éste último cuando adopte decisiones que supongan un gasto inesperado para las arcas autonómicas.

Además, se posibilita la creación de una Agencia Tributaria propia que colaborará con la del Estado, de forma paritaria. En total, se incrementa el número de competencias exclusivas de 41 a 59 y se incluye un artículo específico sobre la Policía Autonómica, con la potestad para crearla en el marco del Estatuto.

El nuevo Estatuto incluye un nuevo título sobre la Administración de Justicia y otro sobre derechos y deberes de los aragoneses y principios rectores de las políticas públicas, entre los que se incluye la obligatoriedad de desarrollar las actuaciones necesarias para el regreso a Aragón de los bienes de su patrimonio que están fuera de su territorio.

El texto, que pasa de seis títulos -cinco más el preliminar- a diez y de tres disposiciones adicionales a seis, incluye 115 artículos (frente a 61) y, por primera vez en su historia, contaba con un preámbulo con un prolijo detalle histórico de la trayectoria de Aragón que fue drásticamente recortado en el trámite parlamentario en el Congreso.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que en España se pueden soportar subidas en los precios del agua o la energía, si a la vez los ciudadanos y las administraciones reorientan los hábitos y se tiene en cuenta que se trata de bienes «muy preciosos» que hay que usar «de forma más responsable».

Sobre el precio del agua, la ministra señaló que, de acuerdo con la directiva marco europea, antes de 2010 los precios «tienen que reflejar todos sus costes». La titular de Medio Ambiente destacó que hoy en día lo que se paga en las ciudades por el agua «está próximo a los costes reales, pero en la agricultura no». Serán pues los agricultores, quienes consumen aproximadamente el 70% del agua en España, quienes deban asumir un incremento en los costes de su ‘materia prima’.

«El incremento será gradual. Haremos un estudio cuenca a cuenca, cultivo a cultivo, para ir fijando los costes«, señaló la ministra, que matizó que hay que desterrar la creencia, «que viene de décadas atrás de que los agricultores tienen que tener agua gratis, porque eso no puede ser».

La ministra de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en el coloquio ‘Agua, oro líquido’, organizado por Fax Press, en el que también participó Pedro Arrojo, miembro de la Junta de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Premio Goldman de Medio Ambiente, quien advirtió de que «la Naturaleza trabaja gratis para la humanidad, pero cuando se quebranta resulta carísimo sustituirla».

Según señaló Pedro Arrojo, actualmente el agua del grifo se paga a entre 1 y 2 euros el metro cúbico, mientras que el agua mineral embotellada cuesta unos 1.000 euros el metro cúbico. El agua que subvenciona el Estado, fundamentalmente a la agricultura, cuesta unos tres céntimos el metro cúbico, mientras que la procedente de acuíferos está en torno a los 20 céntimos y el de las desaladoras unos 40 céntimos. «Llevar agua desde Tortosa hasta Almería a través de trasvases costaría 1,5 euros el metro cúbico, un coste similar al de bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie», remarcó.

Sin embargo, Narbona matizó que las desaladoras no son la única opción del Gobierno para luchar contra la escasez de agua. «Tenemos que modernizar los regadíos, los embalses, las canalizaciones… Arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses, aunque es vital evitar las fugas de agua y promover la gestión racional de este recurso», dijo.

Según la ministra, cada Comunidad Autónoma asume la gestión y mantenimiento de los ríos que nacen y mueren en su propio territorio, pero cuando se trata de ríos que cruzan varias comunidades, la responsabilidad sobre su gestión es del Estado. «Es el Gobierno quien tiene la última palabra sobre estos ríos», matizó. Sobre el anunciado proyecto de la Comunidad de Madrid de utilizar agua sobrante de los embalses para reinyectarla en acuíferos destacó que se trata de una decisión «egoísta, porque el agua del Tajo no es de Madrid sólo, la que sobra tiene que seguir su curso por el río para mantener los ecosistemas y llegar a otros puntos». Además, declaró que «no es la Comunidad de Madrid quien tiene competencia sobre esos acuíferos, por lo que la decisión no está en su mano».

Precisamente esos acuíferos son uno de los principales objetivos de la política de agua del Gobierno, que ha llevado a cabo en Castellón un proyecto que ha detectado, con sensores especiales, 400 hectómetros cúbicos en un acuífero que puede ser usado «de forma sensata».

La ministra de Medio Ambiente también insistió en ese mensaje de introducir «racionalidad en el consumo», y lo mismo que sucede con la tarifa de la luz, destacó, «habría que ser capaz de decir a los ciudadanos que las subidas pueden verse más que compensadas a la hora de pagar si uno hace un uso eficiente de ellas».