Las primeras medidas de emergencia contra la sequía que agrieta el campo este verano empiezan a arrancar. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha pedido a la comunidad de usuarios del Canal Júcar-Turia que ponga en marcha los motores necesarios para sacar de los pozos un hectómetro cúbico de agua (un millón de litros) que permita el riego de emergencia en 15.000 hanegadas en el campo valenciano. Hasta seis municipios de la Ribera Alta serán los beneficiarios de un agua que este año ha sido muy escasa.

La primavera de 2014 ha sido la más seca de los últimos 20 años según explicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el pasado mes de junio. El escenario que planteaba Aemet para el verano no era muy alentador tras meses de temperaturas medias superiores a las habituales y con un 67% menos de precipitaciones acumuladas entre septiembre de 2013 y junio de 2014. Las lluvias registradas en julio en la mitad norte de la Comunidad no han sido suficientes para remontar la cuesta de la sequía que este año afecta con mayor intensidad al sur de Valencia y el norte de Alicante.

Hasta seis municipios de la Ribera Alta recibirán el riego de emergencia autorizado ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los primeros en ver llegar el agua serán los campos de Catadau, Llombai y Alfarp. Los municipios de Real, Montroi, Turís y Montserrat serán los siguientes en recibir un agua con la que se espera poder salvar la cosecha en la época más cálida del año a la espera de que lleguen las bondades hídricas del otoño.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inauguró ayer las obras de mejora del regadío del sector II del Canal Júcar-Túria y se felicitó por que la Comunidad Valenciana sea “la región de España donde más aprovechamiento y uso eficiente se hace del agua”. Durante su visita a las instalaciones, Fabra explicó que “el esfuerzo común de las comunidades de regantes, Generalitat y Estado ha permitido invertir en las dos últimas décadas más de 1.500 millones de euros en la modernización de más del 70% del regadío de la Comunidad Valenciana”.

La Generalitat recordó que el Plan para la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar está en marcha y ha supuesto una inversión de 50 millones de euros. Además, aseguró que más de 200.000 vecinos de La Ribera se abastecen ya de agua de la potabilizadora que entró en funcionamiento a principios de 2014.

El secretario de agricultura y agua del PSPV, Francisco Rodríguez Mulero, criticó ayer que “ante este desastroso panorama” de sequía “la única actuación de la Generalitat ha sido conectar con más de cuatro años de retraso las obras del trasvase Xúquer-Vinalopó, realizadas durante el anterior gobierno socialista de España, con el postrasvase, cuya ejecución correspondía a la Generalitat y cuya demora ha generado importantes problemas a los posibles usuarios”.

Rodríguez Mulero recordó que “las desaladoras, tan denostadas antaño por el PP”, son las que están posibilitando que se mantenga el consumo humano en el sur de Alicante. El socialista ha reclamado “una verdadera política del agua valenciana” que gestione los recursos de forma “integral e integradora”, que tenga en cuenta la calidad y cantidad del agua y “que sea capaz de crear instrumentos de consenso y riqueza”.

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PP, PSPV y los agricultores exigen que se mantenga en 240 la reserva de caudal para trasvasar

Arias Cañete anuncia en Murcia que parte de los acuerdos del memorándum tendrán rango de ley

• La Generalitat planta cara a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y asume como propias las reivindicaciones de los regantes de Alicante. El Consell presentará, antes del próximo viernes, las mismas alegaciones que el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura y Riegos de Levante contra el nuevo plan de cuenca del Tajo.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, y consejero de Agricultura y Agua, según confirmaron fuentes de su gabinete, ha decidido presentar “las mismas alegaciones”, que se oponen al incremento de 240 a 400 hectómetros de reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar agua del Tajo al Segura.

Las alegaciones al plan de cuenca del Tajo reclaman que una ley garantice la realización del trasvase siempre que sea necesario y las reservas en la cabecera del río sean de 240 hectómetros cúbicos. Los regantes consideran “ilegal” que se aumente a 400 hectómetros porque consideran que “no se ha acreditado” una variación efectiva de las demandas hídricas.

Alegaciones

Las condiciones hidrológicas del trasvase Tajo-Segura deben aprobarse por ley.

Ilegalidad de la elevación a 400 hectómetros del volumen no trasvasable

No se acredita una “variación efectiva” de las demandas

Las nuevas concesiones al Canal de Isabel II y La Sagra no presentan una necesidad “actual, efectiva y permanente”.

Y se cuestiona también los caudales ecológicos.

Asimismo, creen que las nuevas concesiones al Canal de Isabel II y la Sagra “no presentan una necesidad actual”. La Mesa del Agua de la Diputación de Alicante, usuarios y Generalitat opinan que las demandas hídricas futuras están “sobredimensionadas”. La Diputación de Alicante, con el apoyo unánime del PP y PSPV, también presentó alegaciones en el mismo sentido.

Ángel Urbina, del Sindicato Central de Regantes, explicó que el Consell, a la espera de la negociación con el memorando memorando, ha optado por “ponerse del lado de los usuarios y alegar”. Sin embargo, para Urbina lo más importante es que se apruebe el memorando, que defienden los presidentes valenciano y murciano, para que el trasvase “tenga rango de ley y sea incuestionable”

En este sentido, el ministro de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, avanzó este martes en Lorca (Murcia) que “una parte” de los acuerdos contenidos en este memorando tendrá rango de ley y otra disfrutará de un contenido reglamentario distinto, lo que los puede hacer modificables “más fácilmente”.

Cañete no concretó muchos más detalles, pero aseguró que “las cuestiones fundamentales que preocupan a los regantes estarán consolidadas en una norma que les garantice la máxima estabilidad”. Y reconoció que el memorando del Tajo-Segura es un documento “muy dialogado y que ha sido el eje fundamental para el Plan Hidrológico del Tajo”.

El PSPV también ha presentado ya otra batería de alegaciones para que “se deje el trasvase como está”, dijo Manuel Aldeguer. Los socialistas estiman que para conseguir más recursos en la cuenca alta del Tajo se debe fomentar la depuración y reutilización de las aguas residuales. Por su lado, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, David Cerdán, denunció en Elche que “detrás del desmantelamiento del trasvase Tajo-Segura está el interés del PP de implantar el mercado del agua”.

Los socialistas creen que el PP se “inventa” necesidades de reserva de agua para Madrid y Castilla-La Mancha y le acusan de estar “cambiando agua para Eurovegas a cambio de dejar sin agua a las vegas de la provincia de Alicante y Murcia”.

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“Ahora sí que no tiene sentido alguno. No sé si quieren hacerlo o no, pero no pueden”. Francesc Signes, diputado socialista en las Cortes Valencianas, se refería ayer al trasvase del Ebro y al Gobierno valenciano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del Consell contra la derogación del proyecto decidida en 2004 por el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero. Para la oposición, la resolución del Alto Tribunal, conocida el viernes, deja sin justificación alguna la reserva de suelo a lo largo de su hipotético trazado dictada en 2005 por el Ejecutivo autonómico, que entonces presidía Francisco Camps. De ahí que Signes haya presentado una proposición no de ley con carácter de urgencia para desproteger la franja de 200 metros a cada lado del eventual trazado del trasvase del Ebro.

Signes ya solicitó en diciembre de 2011, —cuando el PP de Mariano Rajoy puso en su programa electoral por delante de cualquier transferencia hídrica “el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas”—, que se liberase el terreno reservado para el trasvase, una superficie de 155 kilómetros cuadrados que atraviesa 65 municipios desde Vinaròs a Orihuela. El Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras (PAT) carece de sentido, argumentó el diputado socialista, porque el trasvase está derogado y, además, “el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna intención de ejecutarlo”. Mientras tanto, añadió, “la reserva de suelo perjudica al desarrollo económico y social de los pueblos afectados”, ya que “ha provocado la denegación de numerosas actividades urbanísticas, turísticas e industriales desde el año 2005 y una grave limitación de los crecimientos futuros de la economía valenciana, con un injustificado perjuicio sobre los propietarios y los municipios por los que discurre”.

De hecho, el PAT fue objeto de diversos recursos y el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia validó a finales de 2009 la reseva de unas 16.000 hectáreas que establece en respuesta al menos a las alegaciones de un particular, al que el Consell negó la autorización para realizar obras en un terreno afectado por la reserva de suelo, y del grupo Ecologistas en Acción, que recurrió a la vía contencioso-administrativa porque consideró que durante la redacción del plan no se escuchó a los agentes sociales, como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT).

El PP valenciano reitera la reclamación del “agua sobrante”

Sin entrar en su legalidad, los socialistas consideran que la reserva se ha quedado sin excusa. En la memoria persiste la escenificación de una supuesta inauguración de las obras del trasvase en Vinaròs, en febrero de 2004, a un mes de las elecciones que darían la victoria a Zapatero, en la que participaron, ante una zanja excavada al efecto, el jefe del Consell, Francisco Camps, y la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. Y la campaña victimista emprendida por Camps tras la derogación contra el Gobierno socialista, que apostó por una política de construcción de desaladoras. “La voluntad única y real del PP en cuanto al trasvase del Ebro era la del desgaste político contra el Gobierno socialista”, señaló Signes, ya que, tras acceder al poder, eliminaron cualquier referencia al trasvase en sus programas”.

El Consell no quiso pronunciarse el viernes sobre la sentencia del Constitucional y el vicepresidente José Ciscar se limitó a afirmar que el PP valenciano no ha renunciado al trasvase del Ebro. Ayer mismo, el diputado del PP en las Cortes Valencianas César Sánchez, indicó que el proyecto “se puede y debe retomar como parte de un gran pacto hidrológico impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy”. Sánchez salió al paso de las declaraciones de Signes al señalar que el PP siempre ha defendido “que el agua sobrante debe ir donde es necesaria para atender las necesidades de todas las regiones”. No comentó nada sobre la reclamación socialista para que se libere la reserva de terreno en el trazado tras la sentencia que valida la derogación del trasvase del Ebro.

Reserva sin obra

Trasvase del Ebro. El Gobierno de José María Aznar aprobó el trasvase del Ebro hasta las cuencas del Júcar y el Segura, en medio de fuertes protestas en Aragón y Cataluña.

Inicio en falso. Francisco Camps y la ministra Elvira Rodríguez escenificaron una inauguración de las obras en febrero de 2004.

Derogación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el trasvase en 2004.

Recurso y Reserva. El Consell presidido por Camps recurrió la derogación y en 2005 estableció la reserva de un corredor de 155 kilómetros cuadrados (200 metros a cada lado del trazado) en su recorrido de Vinaròs a Orihuela.

Sentencia. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso ya da validez a la derogación.

Liberación. Los socialistas piden que se libere el trazado.

El conflicto en torno a los límites territoriales de la cuenca del Júcar, por cuyo control pugnan desde hace años la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, entra en una fase decisiva. El decreto que debe definir el ámbito de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está pendiente de las alegaciones a un borrador que sortea la polémica por la vía de dejar las cosas, básicamente, como están.

El ministerio que dirige Miguel Arias Cañete prevé mantener la unidad del territorio y los ríos que gestiona actualmente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero de manera “provisional” hasta que ambas comunidades asuman la transferencia efectiva de sus cauces internos. Una situación provisional a la que, al menos de momento, el decreto no se pone límite. 

Los estatutos de autonomía de las dos comunidades en conflicto contemplan el control de los cauces intracomunitarios, que son los que nacen y mueren en su territorio, pero ninguna ha asumido esa competencia. La transferencia de esos cauces a los gobiernos autonómicos cambiaría los límites de la CHJ y el peso de ambas autonomías en la planificación hidrológica. De ahí el conflicto.

La polémica se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló buena parte del plan hidrológico del Júcar porque el Estado solo debía controlar los ríos intercomunitarios, que recorren más de una autonomía, y no los internos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La ejecución del fallo se aplazó a la redacción de un nuevo plan hidrológico del Júcar que al final se ha atascado, entre otros motivos, porque no se ha definido el territorio que debe abarcar.

La Generalitat ha insistido en que se mantuviera la gestión unitaria actual, mientras que Castilla-La Mancha ha pedido que la Comunidad Valenciana se haga cargo de sus ríos, lo que daría a la Junta castellanomanchega mayor representación y peso en los órganos de decisión de la CHJ y el principal río, el Júcar.

El ministerio se acoge a varias sentencias en torno al problema de las demarcaciones hidrográficas para concluir que la CHJ puede gestionar de manera provisional los ríos intracomunitarios mientras no se produzca una transferencia efectiva de «funciones y servicios» a las comunidades autónomas. El borrador del decreto destaca que «así se ha venido efectuando la planificación y gestión de esas cuencas, en virtud de criterios hidrológicos y de utilización racional» del ag

Cambiar el Estatuto de Autonomía

Al mantenerse la situación actual, la Comunidad Valenciana seguirá con más representantes en los órganos de gestión de la CHJ. En la nueva demarcación, el 50% del territorio será valenciano y su población representará el 90% del ámbito de la CHJ.

No obstante, la defensa de la «tradicional» gestión conjunta de las aguas dentro de la CHJ ha llevado a los regantes valencianos a pedir a la Generalitat que cambie el Estatuto de Autonomía y renuncie a las competencias sobre los ríos internos. Una petición que han reiterado ahora porque consideran que resolvería esa «adscripción provisional» de los cauces que hace el ministerio y permitiría mantener una planificación del agua «con criterios hidrológicos y de utilización racional de los recursos».

Los usuarios del Júcar, además, han presentado alegaciones al último borrador del decreto para solicitar que se suprima la mención a la «problemática» del abastecimiento de Albacete, ya que consideran que la ciudad «no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía» del agua.

Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), destaca que el actual plan hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón, que regula el uso de las aguas de ese embalse construido por los regantes valencianos, permiten a Albacete utilizar aguas del Júcar para evitar la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Pero el convenio sobre el pantano de Alarcón exige el pago a los regantes valencianos de 0,007 euros por metro cúbico, un pago con el que Albacete no cumple, según USUJ, que cifra la deuda más de un millón de euros.

Los regantes históricos del Júcar consideran así que la referencia al abastecimiento de Albacete debe suprimirse y que el ministerio debe velar «por los intereses generales» y evitar «intereses localistas y politizados».

A la Generalitat valenciana tampoco le gusta que se destaquen unos abastecimientos sobre otros, por lo que en sus alegaciones «para mejorar el texto» pide que se eliminen referencias a la regulación de las aguas porque, a su juicio, deben reservarse esas cuestiones para el plan hidrológico del Júcar. En relación con la petición de los regantes de cambiar el Estatuto de Autonomía, fuentes de la Generalitat desechan esa posibilidad. Apuntan que la vía «para garantizar que el agua llegue a todas partes» es la de los pactos, no la de la reforma del Estatuto.

Un grupo de representantes de la plataforma Xúquer Viu se concentró en la tarde de ayer en el azud de Cullera, entre los términos municipales de Sueca y Fortaleny, a 14 kilómetros de la desembocadura del Júcar, para reivindicar, por enésima vez, la necesidad de que se asigne un caudal ecológico para el río.

Los concentrados leyeron un comunicado en el que aseguraron que “desde hace unos 15 días no bajaba ni gota de agua” por el azud. Ayer mismo, coincidiendo con el acto de protesta, una ligera lámina de agua se deslizaba por parte de la rampa de la construcción hidráulica que sirve para abastecer diversas acequias de riego de la zona.

Los hechos denunciados por la asociación ecologista eran ratificados a este periódico por dos agentes de la Guardia Rural de Sueca. En la parte superior de la balsa junto al azud de Cullera se acumulaban cañas y otros residuos. “Exigimos un mayor control por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas relacionados con las masas de agua”, expresaron los manifestantes.

Los representantes de Xúquer Viu bajaron a la parte seca del azud con pancartas en las que se podía leer “Volem que el Xúquer arribe al mar” (Queremos que el Júcar llegue al mar) y “Al Xúquer no li sobra aigua! Ni gota!” (¡Al Júcar no le sobra agua! ¡Ni gota!).

Desde la plataforma ecologista alertaron de nuevo de la situación del curso del bajo Júcar, “prácticamente seco en la parte final del río, a partir del azud de Cullera, a 14 kilómetros de la desembocadura, donde durante semanas y meses no circula agua por encima de la presa, filtrándose una cantidad totalmente insignificante”.

De la misma manera, criticaron “el escaso caudal que circula desde Tous a su paso por poblaciones como Sumacàrcer, Antella o Gavarda”.

Respecto a la paralización por parte del Gobierno central del plan de obras contra avenidas, que contempla también trabajos de acondicionamiento del río y la recuperación del lecho fluvial, Xúquer Viu lamentó que la Mesa de Participación de la CHJ “no se reunió ni una sola vez durante 2012”. Además, “se han anulado proyectos ya aprobados como el de protección [contra inundaciones del río] en Albalat de la Ribera”.

La plataforma llamó la atención, asimismo, sobre el hecho de que la demarcación del Júcar ya lleva “más de tres años de retraso en la elaboración del nuevo plan hidrológico de cuenca y el proceso de planificación está paralizado, mientras el deterioro ambiental avanza a marchas forzadas”.

El nuevo plan de la cuenca del Júcar debía estar redactado en diciembre de 2009 según establecía la Directiva Europea del Agua (DMA) europea, pero el proceso sigue acumulando retrasos. Entre otros motivos, por la polémica en torno a los límites territoriales de la demarcación del Júcar. El Gobierno aún no ha aprobado la nueva estructura de la demarcación, que enfrenta a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que pretende que se modifique la situación actual y se desgajen de la gestión del Júcar los ríos internos valencianos. El Consell, en cambio, quiere que se mantengan los límites actuales para una gestión unitaria.

El nuevo plan hidrológico del Guadalquivir nace cojo. El consenso alcanzado en 2010 tras cinco años de debates entre todos los agentes implicados saltó por los aires con la devolución de las transferencias del Guadalquivir al Estado, en octubre de 2011. Desde ese momento, el Gobierno central empezó a recortar las inversiones y empezó a ceder a las pretensiones de los grandes usuarios del agua, las principales comunidades de regantes. El resultado se visionó este jueves con la aprobación del plan por parte del Consejo Nacional del Agua. La Junta de Andalucía, que representa a la comunidad donde se localizan el 98% de los usos de la cuenca, votó en contra de un plan que poco o nada tiene que ver con el consensuado hace dos años.

Los ecologistas creen que los problemas en Doñana se van a agravar

El plan hidrológico apuesta por la modernización de los regadíos, pero, como critica la Junta, sin excepciones de revisar los derechos de las comunidades de regantes que ya han abordado la modernización de sus infraestructuras. El consejero de Agricultura, Luis Planas, censuró también que el documento ha eliminado la limitación inicial a las grandes comunidades de regantes (aquellas que superan las 2.500 hectáreas) algo que, a su juicio, no garantiza el ahorro de agua y será imposible cumplir con la Directiva Marco de Agua de la UE. “El agua es un recurso público que, aunque esté en su totalidad en manos de concesionarios, requiere que la Administración vele por que este recurso se use de forma eficiente y generando la mayor rentabilidad social y económica posible”, subrayó Planas.

Sin embargo, el presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero, sostuvo que el plan establece las fórmulas para llevar a cabo una gestión sostenible del agua. Según dijo, el plan prevé la imposición a los distintos usuarios de unas eficiencias mínimas que determinarán las dotaciones brutas de agua para cada uno de los usos hídricos. Con ello, los usos agrarios y de abastecimiento a las poblaciones deberán hacer un uso más eficiente del agua e incorporar mejoras para su modernización, si bien los núcleos urbanos inferiores a 50.000 habitantes dispondrán de una moratoria temporal para ajustar sus infraestructuras.

El plan no limita los consumos y reduce las inversiones un 68%

Pero la Junta, que se abstuvo en la votación del Consejo del Agua de la Demarcación el pasado septiembre, también rechazó la drástica reducción (de un 68%) de las inversiones previstas, que pasan a 1.700 millones frente a los 4.100 que se fijaron en el plan de cuenca que se sometió a información pública.

Con todo, el plan salió adelante con solo cinco votos en contra y seis abstenciones. Entre los que se opusieron están la UPA, los regantes de Areda (con peso en el alto Guadalquivir), WWF y Ecologistas en Acción. Los ecologistas de WWF alertaron de que el documento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “agravará” los problemas de calidad y cantidad de agua en Doñana.

Entre los que apoyaron el plan está Feragua, la organización mayoritaria de los regantes andaluces y con gran influencia en el bajo Guadalquivir. Feragua votó a favor tras comprobar que el ministerio había desechado en su planificación la propuesta de la Junta de establecer dotaciones máximas para las grandes comunidades de regantes, propuesta que Feragua consideraba ilegal y discriminatoria y sin ninguna base jurídica y técnica.

La Junta sí votó a favor del Plan Hidrológico del Guadiana, la segunda cuenca intercomunitaria en importancia en Andalucía, ya que el texto sí recoge las peticiones que la Junta había efectuado.

La Mesa pel Xúquer denunciará cualquier nueva transferencia de agua del río Júcar al Vinalopó “si se siguen incumpliendo las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la cofinanciación del trasvase”, ha afirmado Paco Sanz, portavoz de la asamblea. Estas son, entre otras, el establecimiento de un caudal ecológico; la aprobación de las normas de explotación para garantizar los derechos de los usuarios de la cuenca cedente; la reversión de la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y del Vinalopó, que supondrá el cierre de pozos en el Vinalopó; y la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA). Europa aportó unos 120 millones de los 320 que costó la infraestructura.

La plataforma que agrupa Ayuntamientos, regantes, sindicatos, asociaciones y partidos políticos se ha reunido esta tarde en Sueca ante la situación de “bloqueo total en que se encuentra nuestro río”, según Sanz.

En la misma asamblea han acordado instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a que convoque de nuevo la mesa de participación sobre las actuaciones de defensa frente a inundaciones. No se reúne desde 2011. Este amplio proyecto combinaba las obras de protección con restauración medioambiental en distintos puntos de la Ribera. Destacable la primera de las actuaciones previstas, en Albalat de la Ribera, que la CHJ ha desestimado pese haber sido licitada en noviembre de 2011 por 8 millones de euros.

Joan-Baptista Ferrando (PSPV-PSOE) ya ha viajado a Estrasburgo para interesarse, a través de los parlamentarios socialistas, por el destino “del 70 u 80% de la financiación que aportaba la Comisión Europea”. También ha movilizado diputados nacionales y autonómicos, si bien, aseguró no tener confianza en que se les conteste.

Los Mesa también acordó exigir de la administración del Estado la redacción del nuevo plan de cuenca del Júcar, adaptado a la DMA. Este documento básico sobre los usos y explotación del río debió haberse aprobado a finales de 2009. Ahora, un tribunal europeo ha condenado a España por ello. El plan vigente data de 1998 “y ha quedado totalmente obsoleto tras la promulgación de la Directiva Marco del Agua Europea”, dijo Sanz.

Agua a precio de saldo y de dudosa legalidad. La plataforma Xúquer Viu ha criticado hoy  en un comunicado el proceso por el que se han repartido en el Vinalopó cinco hectómetros cúbicos de agua embalsada desde hace dos años al final del trasvase desde el Júcar, aún no operativo. La Generalitat llegó en julio a un acuerdo con los usuarios del Vinalopó para usar los recursos de la balsa de San Diego, que recogerá el agua transferida y que sufre filtraciones que deberán ser reparadas.

Según el acuerdo, los agricultores pagan 18 céntimos de euro por cada metro cúbico, de los que 10 se destinan a pagar una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta de Usuarios del Vinalopó para pagar parte del proyecto original del trasvase, que fue modificado en 2005 por el Gobierno del PSOE. Del resto de la factura, Acuamed, la empresa del Gobierno que ha construido la infraestructura, percibirá cinco céntimos por la explotación del agua y dedicará los tres restantes a reparaciones. Según defiende Xúquer Viu, los cinco céntimos que percibirá Acuamed no cubren ni tan siquiera el 30% del coste de energía eléctrica consumida para llevar el agua en pruebas desde el Júcar a la balsa de San Diego. La plataforma critica que son «los contribuyentes los que pagan la mayor parte de los costes» mientras se dedica dinero a pagar «una deuda privada» de la Junta de Usuarios.

La plataforma denuncia también que la obra del trasvase está subvencionada con 120 millones de euros de la Unión Europea (del total de más de 300 invertidos) sujetos a unas condiciones «que no se cumplen». Bruselas exigía un caudal ecológico para el río Júcar, pendiente de determinar en un plan hidrológico que aún no está aprobado, así como la aprobación de unas normas de explotación que tampoco existen de momento, y el cierre de pozos para frenar la sobreexplotación de acuíferos en el Vinalopó.

Xúquer Viu destaca, además, que esas normas de explotación del futuro trasvase deben incluir unas tarifas para cumplir con el principio europeo de la repercusión de los costes del agua en los usuarios, lo que tampoco se ha aplicado al acuerdo para repartir el agua almacenada en la balsa de San Diego (Villena).

En ese contexto, el colectivo recuerda una vez más que una sentencia de 2004 anuló buen parte del actual plan hidrológico del Júcar, y también artículos que afectan al trasvase Júcar-Vinalopó. El nuevo plan, que debía resolver los problemas planteados por la sentencia y aprobarse en 2009,  sigue en redacción, lo que lleva a Xúquer Viu a considerar que el reparto actual del agua de la basal no cuenta «con un soporte legal firme».

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, planea cambios en su equipo ante la parálisis en la gestión del agua. El ministerio estudia relevar al director general del Agua, Juan Urbano, según fuentes próximas al departamento. Urbano había tenido discrepancias con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, sobre los planes de cuenca de Tajo y Segura. La sustituta será previsiblemente Liana Ardiles López, ingeniera de Caminos y hasta ahora en la Oficina Española de Cambio Climático. Un portavoz oficial señaló que el ministro “no ha tomado ninguna decisión” al respecto.

La política del agua en España sigue enquistada. Al llegar al cargo, Arias Cañete prometió consenso y aprobar los planes de cuenca, que ordenan los usos en todos los ríos. Estos planes tenían que estar listos en 2009 pero solo están aprobados los de cuencas no problemáticas. Ante la presión de Bruselas, Cañete los prometió para antes de finales de 2013. Para entonces, pasada la mitad de legislatura y cerca de las elecciones autonómicas, se pondría con un nuevo plan hidrológico nacional, con lo que enfrió la posibilidad de construir un trasvase desde el Ebro.

Pero los planes de cuenca avanzan con mucha dificultad. Tras sacar a información pública el borrador del Ebro y aprobar cinco menores (Galicia-Costa, Miño-Sil, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), el Ejecutivo se ha encontrado con un problema endiablado: los planes del Tajo y el Segura, dos ríos interconectados por un trasvase y cuyos borradores son incompatibles.

El Ejecutivo se ha topado con los endiablados planes de Tajo y  Segura

El borrador del Tajo preparado por los técnicos considera que el trasvase al Segura es “inadmisible” por la bajada registrada en las aportaciones de agua a la cabecera del río y que si aumenta el caudal ecológico en Aranjuez (Madrid) para garantizar el buen estado ecológico de los ríos apenas quedaría agua para trasvasar. El plan del Segura, en cambio, cuenta con el agua del trasvase para el regadío y para abastecer a más de dos millones de personas.

Juan Urbano, ingeniero agrónomo procedente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pensó en arreglar rápidamente el problema, según fuentes del sector, y en julio presentó un documento a las comunidades que preveía reducir la dotación de agua para Madrid y mantener el caudal ecológico en Aranjuez como está ahora. Con eso, y según unos números un poco forzados, podría incluso aumentar el agua trasvasada a Murcia. Además, Urbano ha defendido un nuevo trasvase desde el Tajo Medio (en Cáceres) al Segura, una polémica obra de la que el ministerio no quiere oír hablar.

La propuesta de Urbano no fue aceptada por Castilla-La Mancha y también perjudicaba a Madrid, la comunidad de la que procede el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

La sustituta de Urbano
será previsiblemente
Liana Ardiles López

Ramos ha tomado la negociación y estudia remplazar a Urbano, según las fuentes consultadas por Liana Ardiles López, ex directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. En 2010 dejó ese cargo tras ser señalada por los sobrecostes de la presa de Castrovido (Cañete ha criticado esos desvíos presupuestarios de la época socialista). Después, y aún con el PSOE, pasó a la Oficina Española de Cambio Climático. Con la vuelta de una ingeniera de Caminos, Cañete da satisfacción a este gremio, ya que Urbano había sido el primer director del Agua que tenía otra formación.

La tensión por el trasvase llevó a que cuando el pasado agosto apareció mutilado el monumento al Tajo-Segura que hay en La Roda (Albacete), el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, acusó inmediatamente a los opositores al acueducto. Sin embargo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 23 y le acusa de hacerlo para vender el cobre de la estatua.

No es el fin del largo conflicto del trasvase Júcar-Vinalopó, pero sí un cambio de escenario. La consejera de Agricultura, Maritina Hernández, anunció ayer que en septiembre estará lista la conexión de la canalización con la red de distribución al campo alicantino, de forma que podrán repartirse los seis hectómetros cúbicos que esperan desde hace dos años en la balsa de San Diego, en el punto final del trasvase en Villena. El agua, enviada desde el Júcar para probar la obra, que aún necesita reparaciones, regará 12.000 hectáreas de cultivos.

El reparto del agua de esa balsa será posible por la retirada de una demanda judicial y por el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los usuarios de la Junta Central del Vinalopó, que incluye un precio ventajoso de 18 céntimos de euro por metro cúbico. Además, 10 de esos céntimos que se cobrarán a los agricultores irán destinados al pago de una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta Central al firmar un crédito para costear parte de la obra. La inversión la asumió finalmente el Gobierno socialista al cambiar el proyecto en 2005 con la oposición del Vinalopó y el acuerdo de regantes y colectivos del Júcar. La Generalitat, alineada con la postura de los usuarios del Vinalopó a favor del proyecto original, avaló la deuda de la Junta Central.

Así, la empresa Acuamed, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y ha realizado la obra con una inversión de casi 400 millones de euros (120 de la UE), solo se quedará de la primera explotación de agua del Júcar cinco céntimos y dedicará los tres restantes a reparaciones.

El agua a repartir se envió para probar la obra y está en una balsa

El otro escollo para utilizar al menos el agua almacenada en la balsa de San Diego, ya que el trasvase previsto para 80 hectómetros anuales no estará operativo en otoño, era una demanda que presentó el anterior Gobierno socialista contra la Generalitat por modificar la zona de conexión de la infraestructura con el postrasvase a cargo de la Administración valenciana. El Ejecutivo argumentó que el cambio inutilizaba en Villena una central hidroeléctrica del trasvase que ha costado 4,1 millones de euros. El ministerio no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre el futuro de esa central, pero los regantes alicantinos afirman que podrá bombear agua cuando se construya el segundo ramal del postrasvase, una obra para la que no hay fecha.

Con el PP en el Gobierno y en la Generalitat, la demanda se ha anulado, lo que ha dado vía libre a la consejería para ultimar la unión del postrasvase con la tubería principal. El cambio político también ha facilitado el diálogo con la Junta Central, cuyo presidente, Andrés Martínez, destacó ayer su satisfacción por el “diálogo fluido” con las Administraciones del PP y por tener “un interlocutor” para abordar el meollo del conflicto. En ese sentido, Martínez subrayó que el acuerdo para regar con el agua de la balsa de San Diego —y la de un segundo envío de unos 10 hectómetros para probar el trasvase— es “un acto de responsabilidad” para no desperdiciar los recursos, pero no implica un cambio de postura de la Junta Central sobre el trasvase en sí. Martínez insistirá en que la transferencia debe hacerse “con agua de calidad, para todos los usos y a un precio asequible”, lo que para la Junta Central pasa por recuperar la toma original de agua en Cortes de Pallás, una opción que rechazan los regantes y organizaciones del Júcar. La Junta Central considera que el agua venida del Azud de la Marquesa, donde se situó la toma tras el cambio del proyecto, no es apta para todos los cultivos, pese a que se riega con ella en La Ribera.

La consejera de Agricultura, por su parte, resaltó el “consenso” con los regantes alicantinos y recordó que la red para llevar el agua a los campos de ocho municipios, incluida Elche, alcanza una longitud total de 78 kilómetros y ha supuesto una inversión de 60 millones de euros.