La imagen del cauce del Júcar totalmente seco en varios kilómetros ha tenido consecuencias. Una extracción masiva y puntual el pasado 6 de abril en la provincia de Albacete dejó el lecho del río sin agua y obligó a soltar más recursos de embalse para recuperar el caudal ecológico.

«La situación es radicalmente distinta a la de Barcelona»

La situación se ha normalizado, pero el incidente dejó patente el frágil estado del río. La comisión de la sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tomó ayer medidas para evitar «problemas medioambientales» y no permitirá la toma de agua superficial en Albacete entre el 30 de junio y el 30 de septiembre, anunció el presidente del organismo, Juan José Moragues.

La medida afectará a unas 70 explotaciones junto al río (150 hectáreas). También se cortará el grifo de los pozos a 5.000 hectáreas más que usan agua subterránea cerca del río y detraen agua necesaria para el caudal ecológico. Estas explotaciones no han participado en las tres ofertas de compra de derechos lanzadas este año por la CHJ, en las que sí han entrado otras 23.000 hectáreas que han renunciado a sacar de los pozos 45 hectómetros cúbicos. Otros 27,4 hectómetros están pendientes de concretarse. Las explotaciones de agua superficial que también han vendido sus derechos (1.200 hectáreas), dispondrán de dotaciones pequeñas para mantener cultivos, al igual que los campos que riegan de pozo y han acudido a las opa.

La decisión de precintar pozos y vetar el agua del cauce «no se ha hecho sin avisar», dijo Moragues, y fue aceptada sin protestas por los agricultores de Castilla-La Mancha. Los regantes del Júcar han denunciado tradicionalmente la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que afecta a sus recursos.

La comisión constató que las aportaciones a los embalses del Júcar registran mínimos históricos, pese a lo cual las reservas son «constantes» gracias a una gestión «integral de los recursos» que echa mano de pozos y aguas recicladas. La sequía obliga a mantener las fuertes restricciones de riego en el Júcar y en el Turia, que contarán con un 50% de su dotación habitual, y cubrirán un 15% más con pozos. Las cuentas están muy ajustadas. Apenas ha llovido esta primavera, con lo que los regantes sufrirán para superar agosto.

El abastecimiento urbano está «totalmente garantizado», también en Albacete. Moragues destacó que la situación valenciana es «radicalmente diferente» a la de Barcelona, pendiente del trasvase de excedentes de riego del Ebro. «Estamos muy lejos de tener problemas para el abastecimiento», abundó Moragues, que recordó la inversión en obras de emergencia, que han resuelto problemas de pérdida de agua, como en el embalse de Arenós, y de calidad, como en el del Amadorio, del que bebe Benidorm. Castellón está en situación de normalidad, como el Serpis, o las Marinas, con agua para dos años. El Turia está en prealerta y el Júcar en emergencia, lo que no pone en peligro el agua urbana de Valencia ni de L’Albufera.

Las zonas metropolitanas de Valencia y Alicante y la localidad de Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se abastecen desde hace años a través de canalizaciones similares a la acordada por el lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para suministrar la zona metropolitana de Barcelona. Y la figura jurídica que permite comprar derechos de riego y que posibilita la compra de 40 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Delta del Ebro para servir las necesidades de Barcelona fue aprobada en octubre de 2004 por el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se ha usado de forma habitual para garantizar el suministro en el territorio valenciano.

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La compra de agua es paralela a los trasvases que acuerda el Gobierno

José Ramón García Antón, consejero de Agua y Medio Ambiente, confesó ayer que los problemas de abastecimiento de agua en la Comunidad Valenciana son «muy puntuales». Pero la Generalitat valenciana, con su presidente Francisco Camps al frente, ha puesto el grito en el cielo ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para construir un canal de 48 kilómetros que permitirá abastecer la zona metropolitana de Barcelona, que solo dispone de agua para tres meses. Camps afirma que los valencianos han sido «humillados» y exige el mismo trato que los catalanes.

Pero lo cierto es que entre 2006 y 2007, la Comisión Permanente para la Sequía, en la que participan la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, ha acordado la compra de 72 hectómetros procedentes del Tajo a los regantes del Canal de Las Aves y otros 60 a los regantes del Júcar, también en Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Medio Ambiente ha pagado más de 40 millones de euros desde 2006 para abastecer los Canales del Taibilla a través del trasvase Tajo-Segura y para garantizar el caudal del Júcar.

La Generalitat valenciana siempre ha apoyado las compras de derechos de riego en las reuniones de la Comisión Permanente para la Sequía. El Ayuntamiento de Valencia, sin embargo, ha optado por abstenerse, pero nunca ha votado en contra.

De hecho, los 60 hectómetros cúbicos comprados a los regantes del Júcar desde 2006 han garantizado el caudal ecológico del río y, una vez embalsados en Tous, el abastecimiento del área metropolitana de Valencia, donde residen millón y medio de vecinos, a través de la canalización entre el Júcar y el Turia, una conducción de 60 kilómetros, en servicio desde 1979, que conecta Tous con la localidad de Manises y se prolonga hasta Sagunto. Del mismo modo, los 72 hectómetros cúbicos negociados con los regantes del Tajo han suministrado la impresionante red de más de 1.000 kilómetros de los Canales del Taibilla, unas arterías que se construyen desde 1945 y abastecen a 76 localidades de Alicante, Murcia y Albacete donde residen un total de dos millones y medio de vecinos.

Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se nutre a través de un tercer trasvase de 48 kilómetros que aprobó la Generalitat en 1999 y está en servicio desde 2001. La canalización complementa el sistema de abastecimiento diseñado por García Antón cuando era ingeniero municipal de Benidorm, que se basa en la prioridad del uso del agua para boca antes que para riego.

En septiembre de 1999 se aprobó la elevación de aguas de Rabassa a Fenollar, las obras comenzaron en 2000 y en un año concluyeron. La tubería de 48 kilómetros costó 27 milones de euros y permitió a Benidorm disponer de 5,5 hectómetros cúbicos en el primer año completo en servicio y el doble al año siguiente. El 22 de enero dejó de pasar agua por esta conducción porque la cuenca dispone de recursos suficientes.

Las compras de derechos de riego en Castilla-La Mancha se desarrollan al margen de los trasvases a través del Tajo-Segura que aprueba el Consejo de Ministros para garantizar el riego en la huerta del Segura.

El Gobierno ejecuta en la actualidad las obras del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó, una obra que cubre una distancia de 82,9 kilómetros.

Los trasvases no solucionan la sequía, según el Gobierno. Sin embargo, pocos Ejecutivos como el socialista han invertido tanto en trasvases. El Gobierno ha aprobado un trasvase del Ebro a Barcelona y ejecuta el Tajo-Guadiana, el Júcar-Vinalopó, y el 15 de febrero pasado aprobó un trasvase de agua del Guadiana al Guadalquivir. La de las trasvases es sólo una de las confusiones de la guerra del agua.
¿EL GOBIERNO TRASVASA? Sí con otro nombre
El Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro al llegar al poder. El trasvase pretendía llevar excedentes del río a Valencia, Murcia, Almería y Barcelona. El programa electoral del PSOE decía que la obra beneficiaba más a los especuladores que a los agricultores. No engañó a nadie con la decisión.
A la vez, el Ejecutivo construye un trasvase entre dos de las mayores cuencas de España, del Tajo al Guadiana (en Castilla-La Mancha), para abastecer a 58 municipios y casinos y hoteles como la del futuro Reino de don Quijote (Ciudad Real). El Gobierno lo llama ‘tubería de la llanura manchega’, nunca trasvase. Además, construye un trasvase del Júcar al Vinalopó (en Valencia) y aprobó uno del Guadiana al Guadalquivir. El 15 de febrero pasado aprobó un envío de 4,99 hectómetros ‘de la cuenca Atlántica Andaluza al Guadalquivir’. La cantidad es la máxima que se puede trasvasar sin una ley. El agua sale del anillo hídrico de Huelva, en gran parte del Guadiana. Estos trasvases son, eso sí, mucho menores que el derogado del Ebro, del que había dudas sobre su coste y que no habría llegado a tiempo para la sequía. También ha invertido en mejorar el trasvase reversible Ebro-Pas (Cantabria) y en el Tajo-Segura, que Castilla-La Mancha quiere derogar.
¿QUÉ PASA EN BARCELONA? Agua hasta octubre
El área metropolitana y sus más de cinco millones de habitantes se quedan sin agua. Barcelona pertenece a las Cuencas Internas de Cataluña, competencia de la Generalitat. Sus embalses están al 21,6%, sólo almacenan 149 hectómetros, lo que garantiza el abastecimiento hasta octubre.
¿TIENE AGUA EL EBRO? Cuenca al 61%
Rodeando a las Cuencas Internas de Cataluña está la cuenca del Ebro, que abarca a nueve comunidades y que gestiona el Gobierno. Mientras Barcelona se seca, el Ebro almacena casi 4.522 hectómetros (al 61,1% de su capacidad). Sólo el embalse de Mequinenza, en el límite entre Zaragoza y Cataluña, almacena 1.334 hectómetros, casi 10 veces más que Barcelona y suficiente para abastecer a más de 15 millones de personas durante un año.
¿CUÁL ES LA OPCIÓN ELEGIDA? Una tubería desde el Ebro
La Generalitat propuso un trasvase desde el Segre (en Lleida, en la cuenca del Ebro) a Barcelona. El trasvase -la Generalitat evitó el término hasta que el diccionario lo impuso- es un proyecto de 1967, que entonces fue descartado por el escaso caudal del Segre. El agua que necesita Barcelona supondría secar prácticamente el río. El Gobierno lo ha rechazado. La Generalitat planteó la obra sin explicar que el Segre no es suyo. El precedente era inasumible para el Gobierno: ¿qué pasaría si Castilla y León desvía por su cuenta un río del Ebro hacia el Duero?
La opción del Gobierno es trasvasar el agua directamente del Ebro, algo que ha aceptado la Generalitat. Se trata de prolongar el llamado minitrasvase del Ebro que desde 1989 abastece a Tarragona. Con una tubería de 62 kilómetros se puede llevar el agua y evitar las restricciones. La tubería irá paralela a la autopista AP-7 para evitar las expropiaciones. El derogado trasvase del Ebro preveía enviar agua a Valencia, Murcia y Almería, pero también una tubería para trasvasar 190 hectómetros al año a Barcelona, cuatro veces mayor que el actual.
¿ES UN TRASVASE? El diccionario dice que sí
Llevar agua de una cuenca a otra es un trasvase. El Gobierno niega categóricamente que esto lo sea, en contra de lo que afirman la oposición, los ecologistas y hasta los socios del PSC en el Ejecutivo catalán. El truco está en que no se trasvasa caudal del Ebro directamente, sino que moderniza regadíos en la cuenca del Ebro. Con esa obra prevé ahorrar 50 hectómetros, que enviará a Barcelona. En teoría, el balance es cero y el Ebro no pierde agua. En la práctica, buena parte del agua que se pierde en los regadíos ineficientes vuelve al río tras filtrarse por el subsuelo.
¿Y EN OTRAS PARTES? Negocio con bien público
La primera opción era comprar derechos de agua, como los que los arroceros de Sevilla venden a los invernaderos de Almería y que se envía a través del trasvase Negratín-Almanzora. Los regantes del Segura pagan seis millones a los de Madrid por 31 hectómetros. Estos hacen un fabuloso negocio con un bien público como el agua. El decreto-ley de 2005 que permite esto afirma que estas ventas ‘se computarán como volúmenes trasvasados’. El Gobierno de Murcia pidió sin éxito a Narbona que le dejara construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón.
¿Y LOS BARCOS? Caro pero sin problemas
Barcelona recibirá también agua en barco desde Tarragona, Marsella y Almería. Costará 22 millones al mes por 2,6 hectómetros. El agua desalada costará 8,5 euros por metro cúbico. Esto es muchísimo si se compara con el agua normal (la desalada cuesta 0,5 euros) pero es nada si se compara con no beber.
¿SOBRA AGUA EN ALMERÍA? Desaladora ociosa
Por paradójico que parezca, la desaladora de Carboneras, en medio del desierto del Cabo de Gata, está ociosa. La planta, terminada en 2002, es demasiado grande, está en mal sitio y faltan tuberías para usar el agua. Sólo funciona al 20% de su capacidad. El PP se opone a enviar agua en barco y dice que falta agua en Almería. Sí, pero no en Carboneras.
¿Y DESALAR EN BARCELONA? Cinco meses de retraso
El Gobierno planeó dos desaladoras en Barcelona y prometió que estarían listas antes de 2009. La obra se retrasó porque la Generalitat pidió ejecutar las obras. El traspaso de fondos europeos llevó meses y la desaladora estará en mayo de 2009. Son cinco meses de retraso -otras llevan más y en cuatro años sólo hay dos nuevas- pero llegan tarde.
¿POR QUÉ SE OPONE ARAGÓN? Está en el Estatuto
Aragón se opone porque se opuso al trasvase del Ebro, aunque la toma estaba prevista en la desembocadura del río, lejos de Aragón. Además, el Estatuto aragonés, aprobado por unanimidad, insta a Aragón a ‘velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas de las que forma parte la comunidad’. El estatuto se reserva 3.000 hectómetros al año más de los que consume actualmente. Con eso pretende regar unas 100.000 hectáreas del desierto de los Monegros y complejos como el nuevo Las Vegas.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lanzó ayer una nueva ofensiva en la guerra del agua. Fue a las puertas de la sede del PP. Y a cuenta de la fórmula que ultiman el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo catalán de José Montilla para evitar los problemas de abastecimiento que afectarán a Barcelona este verano si no se adoptan medidas urgentes. Una fórmula que pasa por colocar una tubería entre Tarragona y Barcelona por la que pasará el agua sobrante que el Gobierno piensa comprar a los regantes tarraconenses.

«No voy a admitir la humillación que significaría que lo que no se admite para nosotros se permita para otros territorios de España», aseveró Camps. Y luego añadió: «Nadie en esta tierra se arrodillará ante decisiones de semejante calado y tan injustificadas como la que, presumiblemente, de forma callada además, va a hacer el Gobierno de España».

El presidente del Consell aseguró que está dispuesto a recurrir a todo tipo de movilizaciones, manifestaciones incluidas, para reclamar el trasvase del Ebro a la Comunidad Valencia, Murcia y Almería. De hecho ya ha anunciado sin fecha concreta una reunión con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP de Andalucía, Javier Arenas. Camps hizo un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que respalde sus exigencias al Gobierno socialista sobre el trasvase del Ebro. Tras él salieron con argumentos similares el resto de miembros de su gabinete y altos cargos del PP.

Tanto el Gobierno socialista, a través de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, como el PSPV por boca de Joan Lerma, negaron que se trate de un trasvase, ya que no saldrá del Ebro ni una gota adicional más.En medio del encendido debate sobre el agua -Cataluña se convirtió ayer en un auténtico guirigay-, Lerma explicó que la solución para abastecer a Barcelona supone que no se sacará «ni un litro más del Ebro». Y que, además, se trata de una medida «puntual y provisional» hasta que entre en servicio la planta desaladora que se construye junto al río Llobregat y que garantizará a la capital catalana 200 hectómetros cúbicos a partir de 2009.

La solución del Gobierno socialista para evitar los cortes de agua potable en Barcelona y su área metropolitana consiste en comprarles a los agricultores del Camp de Tarragona agua -que ya tienen asignada y que procede del Ebro- y enviarla por la tubería que se construirá sin soterrar junto a la AP-7 hasta el sistema de potabilización del río Llobregat que abastece la capital catalana. Los excedentes de los agricultores -que ahorran agua mediante la modernización de regadíos o el riego con agua de depuradora apta para cultivos- alcanzan cerca de los 40 hectómetros cúbicos anuales, que son los que el Gobierno piensa transportar a Barcelona para que beban los catalanes.

Lerma recordó ayer que es la misma solución que ha adoptado el Gobierno en la Comunidad Valenciana en los últimos años: comprar agua a los regantes del Júcar y del Tajo en Castilla-La Mancha y transportarla a través de los canales Tajo-Segura y Júcar-Turia para evitar los cortes de suministro de agua potable en Alicante y Valencia y sus respectivas áreas metropolitanas.

Para el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, los argumentos socialistas son excusas de mal pagador. García Antón -y el PP- consideran que si se construye una tubería entre Tarragona y Barcelona para transportar agua que ha salido del Ebro se está realizando un trasvase que obligará, entre otras cosas, a cambiar la ley que regula la actual transferencia de agua desde el Ebro a Tarragona y sus comarcas.

García Antón explicó que la transferencia de agua que el Gobierno socialista pretende realizar mediante una nueva tubería entre Tarragona y Barcelona forma parte del derogado trasvase del Ebro, que previó la construcción de un ramal hacia el norte para abastecer a Barcelona y su área metropolitana y otro hacia el sur, que llegaba hasta Almería.

Paradójicamente, la situación generada convirtió al tripartito catalán -que ha hablado desde el primer momento de trasvase- en el principal aliado de Camps en sus reivindicaciones sobre el Ebro. Un auxilio que se completó desde Cataluña con la Plataforma en Defensa del Ebro, que considera una «traición» la solución propuesta. El Gobierno de Zapatero no ha utilizado el término trasvase y fue la propia vicepresidenta De la Vega, la que impidió un trasvase desde el Segre -afluente del Ebro- porque ello suponía sacar más agua del río.

En cualquier caso, las magnitudes del derogado trasvase del Ebro y la transferencia de excedentes a Barcelona que ahora se propone no tienen nada que ver. El primero tenía que transportar 1.050 hectómetros cúbicos sobre un trazado de 845 kilómetros, con un coste de 4.207 millones de euros y nueve años de obras. El segundo, cuyas obras durarán meses, es de 62 kilómetros. El coste está por fijar y llevará 40 hectómetros cúbicos.

En 1991, cuando el socialista Josep Borrell presentó su plan hidrológico -trasvases entre todas las cuencas-, recomendó no hablar de trasvases, sino de transferencias de agua. La palabra ya estaba maldita. Nada ha cambiado. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega negó ayer que el Gobierno central prepare un trasvase del Ebro a Barcelona como solución de emergencia para evitar restricciones en el consumo de agua: «No habrá ningún tipo de trasvase». Lo hizo tras el primer Consejo de Ministros y después de reunirse con el presidente catalán, José Montilla, y la titular de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa. Ambas presentaron a Montilla la opción del Gobierno de enviar agua del Ebro a Barcelona mediante una tubería paralela a la autopista AP-7 y le garantizaron que el agua llegará a tiempo. La instalación no será desmontada. Montilla logró convencer a ICV de que era un despilfarro eliminar una obra cuyo coste superará ampliamente los 100 millones de euros.

El presidente valenciano anuncia movilizaciones contra el trasvase

«La solución está muy próxima», dijo De la Vega. Se hará oficial hoy en una nueva cita en Barcelona. El Gobierno huye de la palabra trasvase y lo llama «banco público de agua», ya que comprará el agua a dos comunidades de regantes de Tarragona que tienen una concesión de agua del Ebro. El caudal que vierte el río al mar será teóricamente el mismo. Los regantes ya han vendido el agua al Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT): 120 hectómetros cúbicos. De ellos, el CAT consume unos 80. Los que irían a Barcelona son los 40 restantes, así que no hay nueva extracción de agua del río. La fórmula no es nueva: los regantes de Murcia han pagado 5,7 millones de euros a regantes de Madrid por 31 hectómetros cúbicos de agua, lo que recibiría Barcelona en 10 meses con la nueva tubería. Por eso De la Vega declaró: «No hemos optado por el trasvase, sino por lo mismo que en otros territorios».

Esa tubería, los barcos de agua desde Tarragona, Marsella o Almería (opción más cara, pero no contestada) y los pozos recuperados permitirán evitar las restricciones en Barcelona. La medida necesita un decreto ley de intercambio de agua entre cuencas.

El trasvase del Ebro a Barcelona fue considerado por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), «una humillación» para esa comunidad. Camps, que ha mantenido viva la guerra del agua desde la derogación del trasvase del Ebro, anunció manifestaciones para lograr que los excedentes de este río lleguen a su comunidad. «No voy a admitir la humillación que significaría que lo que no se permite para nosotros se permita para otros territorios de España», declaró. Camps prevé reunirse con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP andaluz, Javier Arenas, en los próximos días para coordinar actuaciones de protesta contra la decisión del Gobierno. Para ellos, la fórmula elegida es un trasvase del Ebro encubierto.

El derogado plan del PP ya incluía un trasvase del Ebro a Barcelona, pero permanente y mucho mayor. Tras su derogación, Murcia pidió al Gobierno que le dejase construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón. Recibió una negativa. El presidente de la gestora de los socialistas valencianos, Joan Lerma, afirmó que la fórmula no supone sacar ni un litro más de agua del Ebro. Lerma recordó que hace dos años el Gobierno socialista actuó de manera similar y compró agua del Júcar a los regantes de Castilla-La Mancha para abastecer el área metropolitana de Valencia a través del canal Júcar-Turia.

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El 30 de noviembre de 2004, Medio Ambiente llevó al Consejo Nacional del Agua su propuesta de crear un impuesto sobre el agua para reducir el despilfarro. La medida estaba pactada con Agricultura, pero ya en la puerta, el representante de este último ministerio, Francisco Amarillo, se volvió hacia el de Medio Ambiente, Jaime Palop, y le anunció que iba a votar en contra del proyecto de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Fue el primer gran choque entre los dos ministerios, que han convivido porque no tenían otro remedio. Mientras uno hablaba de reducir el consumo de agua, el otro fomentaba el regadío; si Narbona pedía contención en las cuotas pesqueras, Espinosa se ufanaba de lograr en Bruselas cupos superiores a los recomendados por los científicos, y si la ministra de Medio Ambiente se enfrentaba a cazadores y agricultores, Agricultura no salía a defenderla.

Por eso, la decisión de Zapatero de unir los dos ministerios dejó atónito al equipo de Narbona. No sólo porque no seguía la ministra, algo que el sector daba por casi seguro, dado su gran cantidad de detractores (De la Vega entre ellos), sino porque le entregaban las llaves a Agricultura.

Quizá para evitar que la derrota del medio ambiente sea total -desaparece el ministerio que Aznar creó en 1996-, va primero en el largo nombre: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural.

Medio Ambiente será clave ya que probablemente, Espinosa y su equipo no pongan tantas pegas como hasta ahora en las declaraciones de impacto ambiental, algo vital para el desarrollo del plan de obras públicas con el que Zapatero intentará paliar el paro de la construcción.

Espinosa asume un gran ministerio con competencias amplísimas (agricultura, pesca, agua, alimentación, biodiversidad, incendios, ganadería, enfermedades de origen veterinario, caza…) y mantiene la lucha contra el cambio climático, algo que según Zapatero es uno de los grandes retos de la legislatura. Además, gestionará Salvamento Marítimo y la contaminación en la costa, hasta ahora en manos de Fomento.

Pero el panorama es más que complicado: el precio de los cereales y de la cesta de la compra está disparado, las emisiones de CO2 crecieron en la pasada legislatura cerca de 10 puntos y España se ha alejado aún más del protocolo de Kioto. Además, la guerra del agua se agravará mañana cuando el Gobierno anuncie la construcción de un trasvase del Ebro a Barcelona paralelo a la AP-7 para evitar las restricciones. Gestionar la sequía y recuperar apoyos en Valencia y Murcia será su primer gran reto, así como culminar el plan de desaladoras que Narbona no supo hacer en cuatro años.

Espinosa (Ourense, 1960) tiene un perfil gestor y quienes la conocen dicen que es una trabajadora incansable. Su antecesora, Narbona, más política, se enfrentó a comunidades de todos los colores (también socialistas), a cazadores, regantes, constructores… Greenpeace o WWF/Adena defendieron su gestión y señalaron que «ni ella ni su equipo merecían tanto castigo».

Todo lo referente a la crisis de la sequía en Barcelona depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Moncloa ha tomado así las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y ha apartado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, competente en teoría para la gestión del Ebro y de la sequía.

Narbona eludió dar explicaciones públicas ante la prensa pese a que durante cuatro años no ha rehuido los medios de comunicación ni ha evitado visitar y debatir sobre el agua en zonas para ella conflictivas como Valencia o Murcia. De la Vega, diputada por Valencia, ha sido muy clara al negarse a cualquier trasvase desde el Ebro.

«No tiene nada que ver con si se producirá o no el relevo de las titulares de Medio Ambiente [Cristina Narbona] o Fomento [Magdalena Álvarez], sino con la necesidad de unificar los criterios y decisiones», señaló un miembro del Gobierno catalán, que añadió: «Aparentemente, hay tensión entre ambos ejecutivos, pero hablamos mucho más de lo que pueda parecer y las conversaciones son fluidas».

Además, los regantes del Ebro mantuvieron primero una actitud favorable a la venta de los derechos del agua, los de la margen derecha y los de la izquierda. Luego, las posturas públicas han sido diferentes: los de la izquierda lo rechazan. Pero a la reunión en Madrid acudieron representantes de ambos sectores y, en ese caso, no hubo discrepancias, según fuentes del Gobierno catalán.

Los regantes del Ebro, los de las dos orillas juntos, se reunieron la pasada semana ante la posibilidad de que haya una oferta firme del Gobierno central, interesado en adquirir el agua sobrante del minitrasvase para llevarla a Barcelona y paliar el problema de la sequía. Estos mismos regantes celebraron el martes una reunión con la Agencia Catalana de Agua (ACA) en la que, según reconocieron ambas partes, «no se habló del agua del Ebro». Los regantes entendieron que no había oferta, dijo ayer un portavoz de los de la margen derecha del Ebro, pero la Agencia Catalana del Agua creyó percibir que no había voluntad de venderla porque «posiblemente ya estaba vendida».

Fuentes del Gobierno catalán sugirieron que los regantes se habían reunido también con el Gobierno central, pero un portavoz de la Vicepresidencia lo negó de plano. «Consideramos esa posibilidad y otras, juntas y por separado, pero no ha habido una reunión con los regantes», aseguró.

Los regantes prefieren vender el agua directamente al Gobierno central porque, de hacerlo a la ACA, dependiente del Gobierno catalán, podrían tener problemas ya que los 40 hectómetros cúbicos anuales que Tarragona paga pero no consume tienen dueño: el Consorcio del Agua de Tarragona (CAT), que quizá no estuviera excesivamente de acuerdo en que los regantes cobraran dos veces. Con el que no ha hablado el Gobierno central es con el CAT.

La operación consistiría en tomar el agua concedida a los regantes y no utilizada por Tarragona y transportarla a Barcelona aprovechando las conducciones del minitrasvase, de modo que el CAT se convierte en transportista. Desde Tarragona se acomete la construcción de una tubería a través de la mediana de la autopista AP-7 hasta Gelida y, desde ahí, se enlaza con la potabilizadora de Abrera.

Para actuar en la AP-7, que actualmente explota Abertis en régimen de concesión, se necesita permiso del Ministerio de Fomento. Un portavoz de Fomento explicó ayer que todo lo relativo a la tubería de la autopista ha pasado a ser competencia de Vicepresidencia del Gobierno.

Los problemas de abastecimiento que sufre la ciudad de Barcelona son caldo fecundo para el debate político en torno al agua la Comunidad Valenciana donde, paradójicamente, no se han sufrido cortes de suministro en los últimos años. Francesc Signes, portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Corts, salió ayer al paso de las críticas vertidas por dirigentes del PP valenciano ante la posibilidad de que el Gobierno central autorice a la ciudad de Barcelona la compra de derechos de agua a los regantes para salvar sus problemas de suministro urbano. Signes recordó que «el Gobierno central ha estado comprando derechos de agua del Júcar en Castilla-La Mancha, con una inversión de 22 millones de euros, que ha conseguido 60 hectómetros cúbicos anuales para abastecer la ciudad de Valencia a través del canal Júcar-Turia».

El diputado socialista también recordó que en 2011 habrá finalizado la construcción de las desaladoras en marcha para aportar 200 hectómetros cúbicos a Barcelona. «La Comunidad Valenciana es el espejo en el que se mira Cataluña», siguió Signes, «gracias al presidente José Luis Rodríguez Zapatero el territorio valenciano está inmunizado contra tragedias hídricas como las que sufre Barcelona».

Rafael Rubio, concejal socialista en Valencia, incidió en otro aspecto del ruidoso debate político que alimenta el PP en torno al agua y apuntó que las pérdidas que registra la red de suministro de agua potable de la ciudad de Valencia rondan el 27%, es decir, las deficiencias en la red hacen que se dilapiden 27 de cada 100 litros, unos 18 hectómetros cúbicos al año.

La lluvia se ha ido. Desde el otoño de 2004, las nubes han esquivado España y han sumido al país en «el cuatrienio más seco que se recuerda», según el Ministerio de Medio Ambiente. Aunque el año 2006 sí estuvo en la media de lluvias y permitió recuperar los embalses, desde el otoño pasado las lluvias se han desplomado. De media, entre octubre y marzo caen en España 387,4 litros por metro cuadrado, pero en los últimos seis meses sólo se ha registrado 219,4 litros, un 44% de la media desde 1930 y el peor dato en más de 20 años.

Alicante y Murcia sólo tienen agua garantizada hasta el verano

Desde la sequía entre 1992 y 1995, España no vivía nada similar. En diciembre pasado, sólo llovió un 37% de lo que es normal, según Meteorología. Y aunque puede cambiar en un segundo, el invierno ha sido «extremadamente seco» en el norte, en las zonas en las que habitualmente llueve.

Esto no sólo ha agudizado la guerra del agua, sino que ha disparado el número de incendios. En enero y febrero se han registrado el mayor número de incendios desde que en 1998 comenzaron las estadísticas. El secretario general para la Biodiversidad, Antonio Serrano, destaca que la mayoría de fuegos se han producido en el norte de España, tradicionalmente la más lluviosa, pero que aún así la superficie quemada no ha sido la mayor y lo atribuye a la coordinación entre las Administraciones.

Entre las zonas que menos lluvias han tenido se encuentra el Alto Tajo. Los embalses de Entrepeñas y Buendía han batido el récord negativo de aportaciones, la menor desde 1912. El dato es importante no sólo para la zona sino para más de dos millones de personas de Alicante, Murcia y Almería que beben agua del trasvase Tajo-Segura. La cuenca del Segura se encuentra sólo al 18% de su capacidad y sólo tiene el agua del Tajo garantizada (fundamental para dar de beber a la cuenca) hasta julio. Almacenan 275 hectómetros y en semanas llegarán al límite legal que impide trasvasar agua.

Para evitar las restricciones, la cuenca lleva cuatro años recurriendo a un extraño sudoku para sacar agua de donde no la hay. La Confederación del Segura ha abierto pozos con la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha comprado derechos de agua a los regantes del arroz de Calasparra y de Madrid, con la oposición esta última de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Además ha puesto en marcha las plantas desalinizadoras. Con estas decisiones sobre la marcha, el departamento que dirige Cristina Narbona ha garantizado el abastecimiento diario de 2,5 millones de personas que viven en el sur de Alicante, Murcia, Albacete y norte de Almería, y los 3,2 millones de personas que se trasladan a la costa levantina en verano.

Medio Ambiente incluso ha lanzado una oferta pública de adquisición de agua (OPA) para completar los 350 hectómetros cúbicos que se necesitan todos los años. «El Ministerio ha destinado 700.000 euros para la adquisición de derechos de agua, ya que durante el año hidrológico 2006-2007 se consiguió, mediante este procedimiento, tres hectómetros cúbicos», señala la Confederación, dependiente del ministerio.

El resto de aportaciones necesarias proceden de las plantas desalinizadoras en servicio. Por eso, el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica, Manuel Aldeguer, ha solicitado a la Generalitat valenciana que permita la puesta en marcha previa de la planta desalinizadora de Alicante II, que en un principio permitirá generar un hectómetro cúbico al mes. La obra está terminada a la espera de la autorización ambiental integrada del Gobierno valenciano.

La desaladora de Valdelentisco estará lista antes del verano. Con este sudoku, mezcla de compra de agua, pozos de sequía, trasvases y desaladoras, el Gobierno ha evitado las restricciones. Algo que no hizo en el verano de 2003, cuando cortó el agua entre 8 y 12 horas a 23 municipios de la cuenca del Segura.

La jornada de ayer se cerró con múltiples desencuentros y frases de gran dureza, pero entre ellos había una nube de esperanza. Tras la aparente rotundidad negativa de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, había una propuesta: la de crear un «banco del agua», propuesta en su día por los movimientos de la «nueva cultura del agua». Se trataría de que quien necesite agua y carezca de ella pueda comprarla a quien tenga una concesión y no la agote. Con ello, se saciaría la sed de quien no tuviera agua, sin aumentar un solo litro la captación de los ríos.

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Narbona dijo al consejero Francesc Baltasar que compre derechos de agua a los regantes, aunque sea del Ebro, como hace Murcia con Madrid y Almería con Sevilla. Esta propuesta está vinculada a la creación de un «banco del agua», es decir, el agua que alguien puede usar por tener una concesión y no se consume podría ser vendida a quien la necesite sin aumentar por ello los consumos.

Propuestas

El Gobierno de la Generalitat está dolido porque no se había limitado a «pedir agua», sino que iba pertrechado con media docena de propuestas: el trasvase del Segre; el transporte de agua en barco; una conexión también provisional desde el canal Segarra-Garrigues para abastecer a la zona colindante de Igualada, al noroeste de Barcelona; recuperación de acuíferos, y reducciones en el riego.

Sin contar con la última propuesta, que entronca con la idea del «banco del agua»: utilizar 40 hectómetros cúbicos del minitrasvase del Ebro que suministra a Tarragona y que no se utilizan. Esto exige una obra menor y no consume más agua, porque el minitrasvase compra cada año 120 hectómetros, los consuma o no, y el consumo anual es de 80 hectómetros. Barcelona, al menos las poblaciones situadas al sur, en el límite con la provincia de Tarragona, podrían utilizar esta agua sin aumentar las detracciones del Ebro. No obstante, la mejor solución sería poder comprar agua del Ebro y a los regantes del Segre.

El trasvase del Segre que prevé el Gobierno catalán tendría hoy serios problemas. Se haría, según Medio Ambiente, para extraer 1,5 hectómetros cúbicos diarios, siempre que el caudal fuera de tres o más hectómetros. En marzo, el caudal medio ha sido de 3,03 hectómetros, aunque ayer había subido a 3,3.