Una parte de España tira agua porque sus embalses están saturados, mientras otra la ve pasar por sus ríos sin poder utilizarla y otras regiones están secas. Difícil solución tiene el asunto y las que tiene son caras. A ello se suma el problema de que el agua se ha convertido en un elemento de confrontación política. La situación de las comunidades más sedientas y las más aguadas es ésta.

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ANDALUCÍA Almería exporta agua

El PP ha levantado una polémica en Andalucía por el traslado de agua de la desaladora de Carboneras (Almería) a Cataluña. Javier Arenas, líder de los populares andaluces, ha denunciado que mientras se va a sacar agua de la desierta Almería se tira el caudal del Ebro. «Es que no se le va a quitar agua a nadie», explicó ayer Enrique Cervera, portavoz del Gobierno andaluz. Lo que se va a hacer es producir más y llevar los excedentes a Cataluña, que, además, la va a pagar. Cervera añade que, ante el gravísimo problema que sufre Barcelona, sería una «grave irresponsabilidad» no echar una mano. Las reservas de los embalses están un 35% por debajo de la capacidad de almacenamiento, la tasa más baja desde 1995. Mientras, Andalucía está pendiente de recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Extremadura contra el artículo del Estatuto de Andalucía para la gestión total de la cuenca del Guadalquivir.

VALENCIA Renace la indignación

La reivindicación desde Cataluña de un trasvase desde el río Segre para abastecer Barcelona y su área metropolitana ha dado nuevos bríos a la antigua exigencia del Gobierno valenciano de que se transfiera agua del Ebro, como establecía el Plan Hidrológico Nacional. El viernes, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla (PP), reprochó al Gobierno catalán: «Ahora sí quieren los trasvases. Con el agua que transcurre estos días por el Ebro, daríamos respuesta a la demanda de los valencianos, murcianos y almerienses».

El veto anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al trasvase del Segre al Llobregat, dejó sin argumentos a la Generalitat valenciana; pero ayer unas declaraciones de José Montilla, en el sentido de que Valencia quiere el agua para regar los campos de golf y para proyectos urbanísticos, provocó una airada respuesta del consejero de Urbanismo valenciano, José Ramón García Antón. «Él sabe que no se aprueba ningún campo de golf con el uso del agua de ningún trasvase».

MURCIA Pendientes de Valencia

Las reservas de agua en Murcia están en mínimos históricos y, sin la puesta en marcha de la desaladora Alicante II habrá restricciones en la cuenca del Segura. Pero esta instalación tiene un problema: la Comunidad Valenciana ha aprobado una norma que exige un riguroso informe de impacto ambiental. Por tanto, si no se obtiene un permiso preventivo antes del visto bueno definitivo al proyecto, en verano habrá cortes para la población. Mientras, el Gobierno de Murcia tiene ahora la vista puesta en el trasvase Tajo-Segura, una vez que ha visto cómo el agua del Ebro no le va a llegar. Por tanto, los roces que tenía con Aragón los tiene ahora con Castilla-La Mancha.

ARAGÓN Y otra crecida

El Ebro volvió a crecer en Zaragoza por segunda vez este mes, y superó los tres metros a las cinco de la tarde. Los aragoneses son conscientes de la engañosa imagen que se transmite de un río desbocado cuyas aguas se desperdician. Pero pese a las dos últimas crecidas del río, la comunidad aragonesa sigue en situación de sequía porque las precipitaciones se han concentrado en la parte alta sin beneficiar a los grandes sistemas de las márgenes izquierda y derecha del río. La peor situación es la del sistema de riego del Canal de Aragón y Cataluña, que soporta una sequía que dura cuatro años y que es la peor desde 1948.

El pasado mes de febrero, desde la Confederación Hidrográfica se reconocía que la falta de regulación de la cuenca era un grave problema y que la situación era de «estrés hídrico».

Ante este panorama y con voces que vuelven a reclamar el trasvase del Ebro, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, reiteró ayer mismo al presidente catalán, José Montilla, que su obligación es cumplir el Estatuto aragonés y no permitir ningún trasvase del Ebro.

EUSKADI Desembalse por exceso

En Euskadi, las fuertes precipitaciones de Semana Santa han acabado de llenar los pantanos que abastecen a las tres capitales. Por vez primera en los últimos 20 años, la presa alavesa de Urrunaga se vio obligada a desembalsar, al igual que las de Ullibarri, también en Álava, y Añarbe (Guipúzcoa). El volumen desaguado entre el miércoles y el viernes pasados suponía el consumo de 20 días de Bilbao y Vitoria. El desagüe del llamado sistema Zadorra (los dos pantanos ubicados cerca de Vitoria que abastecen a la capital alavesa y Bilbao) se ha realizado además sin las polémicas que han persistido los últimos 18 años, en los que usuarios y Administraciones de Vizcaya apostaban por llenar los embalses para asegurar el suministro, mientras las instituciones alavesas propugnaban reducir la cota en los meses más lluviosos para evitar las inundaciones que se han producido en la zona de Vitoria cuando ha habido que abrir las compuertas.

Con información de Concha Monserrat, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Alberto Uriona y Cristina Vázquez.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, de los que parte el trasvase Tajo-Segura, viven su peor sequía desde 1912. Y con el trasvase de 39 hectómetros cúbicos para consumo en Murcia, Alicante y Almería que ayer acordó el Ministerio de Medio Ambiente llegarán a la línea roja, los 240 hectómetros a partir de los cuales la ley impide trasvasar agua.

Los enormes pantanos de los que parte el acueducto están al 11% de su capacidad. Almacenan 279 hectómetros y cuando se complete el trasvase de 39 hectómetros para abastecimiento los próximos tres meses estarán en 240 hectómetros. A partir de ese nivel, según un acuerdo de 1998 entre el Gobierno de Aznar y el de Castilla-La Mancha de José Bono, no se puede trasvasar. Ni lo que puedan comprar los regantes de Murcia a Madrid ni la que ya han comprado y que estaba pendiente de ser enviada. Los más de dos millones de personas que dependen del trasvase en el Levante quedan así a expensas de las lluvias en Guadalajara.

El problema es que los embalses del alto Tajo viven la menor entrada de agua desde 1912. Desde el 1 de octubre pasado, a Entrepeñas y Buendía han llegado 140 hectómetros cúbicos de agua, cuando la media histórica es de 413. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el Mediterráneo y el Guadalquivir viven «el peor cuatrienio que se recuerda».

Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa mantienen operativas varias centrales hidroeléctricas reversibles en al menos cinco cuencas hidrográficas y tienen planeado multiplicar su capacidad a corto y medio plazo. Endesa cuenta con 2.352 megavatios instalados, la mayoría de ellos en emplazamientos próximos a centrales nucleares o cerca de las planificadas que nunca llegaron a terminarse. Los proyectos en cartera, según Baldomero Navalón, director de producción de Iberdrola para España y Portugal, son: la ampliación de la Muela (Júcar), con otros cuatro grupos de turbinas en caverna de 840 megavatios; otros tres grupos con un total de 750 megavatios en San Cristina en el río Sil, y 166 más en San Esteban II, también en el Sil, en la cuenca del Norte.

«Nosotros hemos dicho que el boom de las energías renovables -sobre todo la eólica- conlleva poca garantía de suministro, por eso consideramos necesarias este tipo de presas reversibles. En un minuto o minuto y medio puedes inyectar al sistema la capacidad de una central nuclear», afirma Navalón. «El ministerio se ha dado cuenta de que no consumen agua al formar parte de un circuito cerrado, y no tienen afección ambiental porque no hace falta construir nuevas presas».

Grupos en Andalucía

Agustín Meseguer, director de producción hidráulica de Endesa, está en sintonía con la propuesta de Medio Ambiente porque «creemos en ella». Endesa dispone de grupos reversibles en Sevilla (cuenca del Guadalquivir) y Málaga diseñados para atender la demanda energética de estas poblaciones cuando no disponían de otras fuentes alternativas. Ahora construyen cuatro grupos en Moralets de 400 megavatios y proyectan otro de 600 megavatios junto al embalse de Negratín, en la cabecera del Guadalquivir. Meseguer cree que este tipo de centrales «deberían estar potenciadas por el Ministerio de Industria».

Unión Fenosa tiene en tramitación 300 megavatios junto a la central Belesar en el Miño y proyectan 600 más en los próximos cinco años, según Santiago Baz, director de generación térmica e hidráulica. A Baz le gustaría que las cosas fueran más deprisa. «Queremos reducir el CO

2 y tenemos muchos parques eólicos, pero si no almacenamos la energía estamos perdidos. El sistema no es capaz de absorberlo todo».

Un invento de los años setenta para aprovechar los excedentes de la energía nuclear nocturna servirá a España para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Las presas reversibles son la apuesta de futuro de los ministerios de Medio Ambiente e Industria para aumentar la generación de electricidad sin costes ambientales y compensar el consumo de las numerosas desaladoras que se construyen en el litoral mediterráneo.

Las centrales previstas bastarían para abastecer al País Vasco

Cuando estén finalizadas las plantas del programa AGUA (alternativa al trasvase del Ebro), la capacidad de desalación en España alcanzará los 1.000 hectómetros cúbicos anuales. Al coste actual, supone un consumo de energía de 2.868 gigavatios/hora, la novena parte de la producción de todo el parque de embalses hidroeléctricos en 2007.

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, ha convocado en dos ocasiones a representantes del sector eléctrico y minihidráulicas para conocer su potencial de generación energética renovable, barajar fórmulas para impulsar el sector y compaginar estas nuevas demandas energéticas con el compromiso de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, de acuerdo con un proyecto de directiva europea que fija una disminución del 20% y un descenso, también del 20%, en el consumo de energía primaria. Y todos coinciden en que ya no se pueden construir grandes embalses en España. Primero, porque suscitan un gran rechazo social, pero también porque los mejores emplazamientos están ocupados.

Medio Ambiente e Industria tienen dos posibles soluciones sobre la mesa para aumentar los recursos hidroeléctricos. Uno de ellos consiste en poner en explotación mediante concurso público las presas del Estado aptas para esta finalidad. De momento se han identificado 50, pero entre todas ellas no llegarían a los 200 megavatios de potencia, así que esta opción tiene pocas posibilidades de prosperar.

La de peso es la de las presas reversibles. España fue pionera en este terreno y dispone de equipos técnicos de primera fila que conocen bien su desarrollo. Se pusieron en marcha con el plan de centrales nucleares de la década de los setenta. Como esta modalidad de generación funciona ininterrumpidamente, se planificaron para bombear agua en sentido inverso, aprovechando el exceso de producción energética de las nucleares durante la noche.

Las eléctricas (encabezadas por Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, entonces con otros nombres y accionistas) diseñaron balsas aguas arriba de los embalses principales para bombear agua durante la noche y pasarla por las turbinas en horas de alta demanda diurna. Esta modalidad de presas tiene un potencial superior a los 3.000 megavatios, según han comunicado las eléctricas a Medio Ambiente e Industria. Con esta capacidad se habría cubierto un 8% del consumo de una hora pico en diciembre pasado. Equivale a las necesidades energéticas de la Comunidad de Madrid en tres meses o del País Vasco en un año. El rendimiento de estas plantas es alto, por el diferencial de tarifa entre la noche (40 euros el megavatio/hora de media) y el día (90 euros).

Salen rentables, son más sostenibles y su energía es más barata. En momentos de fuerte demandas ,se turbina de las balsas donde se ha almacenado el agua durante la noche, en vez de tirar de las centrales térmicas de fuel, que es más contaminante y su precio es cada día más alto. Además, son el único procedimiento que existe para almacenar energía. Están siempre disponibles para cubrir tirones de demanda en invierno o verano, de manera que acudirían en auxilio del sistema eléctrico cada vez que el viento se para y se caen los parques eólicos, y no sería necesario cortar el suministro a determinadas empresas, como ocurrió en diciembre pasado.

Para Medio Ambiente es una solución «menos mala». Tienen un efecto «positivo aunque el balance energético sea negativo», afirma Serrano. Pero a las eléctricas les ha venido Dios a ver. Y lo primero que han pedido es que se agilicen los trámites porque actualmente se tarda seis años en obtener una licencia. Todas las grandes eléctricas consultadas se han mostrado favorables a la idea. Todas tienen en su cartera alguna en funcionamiento. Y todas disponen de proyectos en distintas fases de ejecución para 2012 o 2013. En los encuentros bilaterales que han vuelto a mantener en una segunda ronda con el Ministerio de Medio Ambiente, Serrano les ha prometido que agilizará la tramitación de licencias.

Una tesis de la profesora María Teresa Torregrosa, del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, concluye que La Marina Baixa cuenta con suficientes recursos hídricos para cubrir sus necesidades urbanas y agrarias y, por tanto, no precisa de aportaciones externas. Esta conclusión es importante si se tiene en cuenta que el primer trazado proyectado del trasvase Júcar-Vinalopó, incluido en el Plan Hidrológico Nacional elaborado por el PP y cuya toma estaba en Cortes de Pallás, preveía destinar 11,5 hectómetros cúbicos de agua a esta comarca. Una previsión que ha desaparecido en el trazado planteado en esta legislatura por el Gobierno y que está en obras. «No lo necesita», subraya la investigadora alicantina. Y en caso de hacerlo, recuerda, «la infraestructura ya está construida: se trata de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, conectada con el Júcar».

Ha equilibrado la oferta y demanda de agua con sus recursos propios

Torregrosa decidió analizar las necesidades en su tesis, titulada El modelo socioeconómico de gestión de los recursos hídricos en la comarca de La Marina Baixa. Un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, cómo gestiona sus recursos una comarca donde el turismo es muy importante, y por tanto demanda gran cantidad de agua, y en la que la agricultura también está muy arraigada. Dos actividades que precisan de agua y que a menudo compiten para lograrla, pero que en La Marina Baixa ha logrado un equilibrio sin necesidad de recibir aportaciones externas.

El estudio revisa los datos de oferta y demanda. Torregrosa ha escudriñado, para ello, las distintas fuentes estadísticas y ha recabado también sus propios datos. Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estimaba en 2007 una demanda urbana en la comarca de 47 hectómetros cúbicos, mientras que los datos publicados por el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, un estudio de la empresa de suministro hídrico Acuagest y los propios datos obtenidos por la investigadora reducen el consumo a 25,5 hectómetros cúbicos al año.

La Marina Baixa obtiene el 33% del agua de recursos superficiales (en la comarca nacen y desembocan los ríos Amadorio y Algar) mientras que el 67% restante son recursos subterráneos. Torregrosa explica que para lograr el equilibrio entre las necesidades hídricas tanto del sector turístico y en general urbano como las del sector primario es fundamental el hecho de que los agricultores riegan tanto con aguas limpias como con aguas depuradas, una opción a la que a menudo es reacio el sector agrario en otras zonas. La Marina Baixa cuenta con diez depuradoras, pero el 98% del agua que llega de estas instalaciones procede de tres de ellas. En la comarca no hay en este momento ninguna planta de desalación.

El Medio Ambiente ha sido otro de los puntos de interés en esta campaña electoral. También en las entrevistas digitales de ELPAIS.com, donde tanto la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Mª Teresa de Lara, han respondido a las cuestiones de los lectores.

Cristina Narbona ha resaltado la importancia que para el gobierno han tenido los temas medioambientales en esta legislatura. «Sin duda, se han logrado avances, sobre todo en el terreno legislativo, en la lucha contra el cambio climático y en la reorientación de la política del agua». De hecho, según la ministra, «desde el primer día de la legislatura, el Gobierno ha adoptado medidas para recuperar el tiempo perdido durante muchos años en los que se ha considerado el cambio climático como una exageración de los ecologistas».

Sin embargo, aún quedan retos de cara al futuro. En cuanto a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, «el gran desafío es el de reducir las emisiones asociadas al transporte, y para ello se prevé la obligación de establecer planes de movilidad en todas las empresas de más de 200 trabajadores, el apoyo económico del Gobierno a los ayuntamientos que mejoren su flota de transporte público y su oferta de bicicletas y el incremento del uso del ferrocarril para el transporte de mercancías», entre otras medidas.

También ha sido preguntada por el trasvase del Ebro, que, como ha explicado, «fue rechazado por la Comisión Europea, a causa de su inviabilidad económica, social y ambiental». Además, ha aclarado que, «de haberse construido, hubiera necesitado más consumo de energía que todo el que requerirán el conjunto de plantas desalinizadoras del Programa AGUA». Ante la pregunta de un lector por si continuará como ministra de Medio Ambiente en el caso de ganar los socialistas, ha asegurado que habrá que esperar «a la decisión del presidente del Gobierno».

500 millones de árboles, «un impulso al empleo en el mundo rural»

Mª Teresa de Lara, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso ha desglosado en su entrevista digital en ELPAÍS.com el presupuesto de la propuesta de plantar 500 millones de árboles durante la próxima legislatura. Esta iniciativa costará «entre 750 y 900 millones de euros, en función del número de árboles por hectárea», y supondrá «la forestación de 300.000 hectáreas, sólo el 3% de la superficie forestal desarbolada que hay en España».

Por otro lado, la encargada de Medio Ambiente del Partido Popular ha charlado con los lectores sobre la polémica Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la norma que limita la caza con perdigones de plomo. «Nos comprometemos a eliminar aquellos aspectos de la ley que consideran que la actividad cinegética va en contra de la conservación de la naturaleza», dice De Lara. Además, afirma que «la caza crea empleo y riqueza en el medio rural».

Otro asunto al que se ha referido De Lara ha sido el proyecto del trasvase del Ebro, apoyado por el PP. «En el año hidrológico 2006-2007 la cantidad de agua fue de 8.300 hectómetros cúbicos, es decir, suficiente para más de cinco trasvases» si se descuentan los 3.000 correspondientes al caudal ecológico, según la portavoz de Medio Ambiente. «El PP considera que la desalación es un complemento al trasvase o a los trasvases, pero no una alternativa», añade.

El Partido Popular defiende la existencia de centrales nucleares. Según la dirigente del PP, los emplazamientos nucleares «son seguros, baratos y reducen nuestra dependencia energética del petróleo». «Si queremos cumplir con Kyoto, debemos mantener esta fuente de energía», explica. Mª Teresa de Lara acusa al PSOE de pedir su cierre «sin alternativa energética alguna para sustituir el 20% del consumo eléctrico procedente de la energía nuclear

Ahorrar agua en todos los consumos y muy especialmente en la destinada para los riegos constituye uno de los objetivos más importantes de todas las administraciones. Para ello, el Gobierno puso en marcha en los últimos años un plan de regadíos con la mejora de estructuras para más de un millón de hectáreas y posteriormente un plan de choque que en conjunto han supuesto un ahorro de 2.000 hectómetros cúbicos.

Con las medidas aplicadas por Geoscopio se logra anualmente un ahorro de agua que oscila entre el 10% y el 25%

Ahorrar agua en el sector agrario constituye igualmente el trabajo de la empresa Geoscopio, dedicada al desarrollo de programas de sofware y la utilización de las nuevas tecnologías como Internet, los SMS y el teléfono móvil con el programa Corenet y a través de las comunidades de regantes.

«Consideramos que el mal uso que se ha hecho en muchos casos del agua, además de un problema de infraestructuras que se deben mejorar, es un problema de información precisa en cada momento y en definitiva de una mejor gestión de los recursos. Con nuestro programa se pone a disposición de todos los regantes de una comunidad todas las herramientas necesarias para hacer un mejor uso del agua», señala el director de Geoscopio, José Ortiz.

El regadío en España supone unos 3,4 millones de hectáreas con una demanda total de unos 24.000 hectómetros cúbicos que suponen el 14% de la superficie agraria útil, pero que representan el 60% de la producción final agrícola. Las comunidades de regantes, cerca de 7.000, aglutinan unos dos millones de hectáreas y utilizan el 50% de toda el agua destinada para el riego.

Geoscopio ha puesto en marcha el programa Corenet a través de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fanacore, cuyo presidente, Andrés del Campo, reconoce sus carencias. «Tradicionalmente se ha llevado a cabo la gestión con métodos muy manuales. Ahora estamos pidiendo a los regantes que cambien el chip y que inicien nuevos sistemas de gestión para el mejor uso de los recursos que van desde el agua a la energía y reducir la contaminación».

Corenet ofrece una amplia plataforma de servicios online a todos los asociados a una comunidad de regantes y permite igualmente una interconexión a las mismas en todo momento para mejorar su gestión desde el uso del agua hasta la compra de medios de producción. Cuenta con una página web externa con información general y otros servicios a los que para entrar es preciso disponer de la clave correspondiente de asociado. Las herramientas de gestión que ofrece parte de datos sobre superficies y parcelas de cultivos, consumos, asignaciones hídricas, turnos de riegos, gestiones de avisos, facturaciones, necesidades de riegos o trazabilidad del agua, saber el agua que llega para el uso del riego, pérdidas de recursos, información climatológica para programar mejor los riegos y la recuperación de agua para otros usos.

El programa Corenet se puso en marcha oficialmente en 2006 con un plan a cinco años con el respaldo de la Administración. En la actualidad, se hallan integradas en él mismo un total de 150 comunidades de regantes con unos 300.000 asociados y unas 300.000 hectáreas. El objetivo a medio plazo es la presentación de servicios tecnológicos para medio centenar de comunidades de regantes. La utilización de las nuevas herramientas de gestión se ha traducido en un ahorro de agua en esas comunidades que oscila entre el 10% y el 25%.

Nunca, al menos desde que lo miden los meteorólogos (1947), llovió tan poco en España como entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, en el arranque de la legislatura que ahora acaba. Aún hoy, los sistemas hídricos de varias comunidades están al límite. ‘Pedimos a los ciudadanos un último esfuerzo, las desaladoras funcionarán a pleno rendimiento el próximo año’. Son palabras de agosto de 2006, pero el director general del Agua, Jaime Palop, las ha repetido en sus múltiples visitas al litoral mediterráneo, la zona más sedienta, como un mantra para espantar el fantasma de la sequía, una amenaza habitual esta legislatura. La apuesta por las desaladoras es la novedad más visible de la política de agua del Gobierno. Y también la más polémica.

La decisión de cancelar el proyecto de trasvase del Ebro del PP condicionó el nacimiento del programa AGUA del Gobierno socialista y muchos expertos ven en esta circunstancia su pecado original. El programa tiene en la puesta en servicio, ampliación y construcción de 36 desaladoras una de sus medidas básicas para satisfacer las necesidades de agua de las cuencas mediterráneas. Los que exigen la resurrección del trasvase insisten en el coste energético de las desaladoras y sostienen que su precio es prohibitivo para los regantes. Los que defendieron la cancelación del trasvase, creen que el Gobierno ha cedido a la presión mediática en su planificación, critican las subvenciones en el precio a los regantes y temen que problemas de sobredimensionamiento como el de Carboneras -la mayor desaladora en servicio funciona al 15% de su capacidad-, se repitan.

‘La desalación es útil, lo que es un error es encomendar a las desaladoras la solución del problema del agua’, opina Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Cabezas, que fue subdirector de Planificación Hidrológica con el Gobierno del PP, mantiene que un trasvase atendería mejor y con menos coste energético las necesidades de los regantes: ‘El precio del agua desalada lo van a poder pagar las ciudades, pero no los agricultores. Eso tiene implicaciones territoriales claras’.

El excesivo coste energético de la desalación es una crítica habitual al sistema y el apelativo de ‘electricidad embotellada’ ha hecho fortuna. ‘El gasto en electricidad por metro cúbico desalado ha disminuido mucho y aún hay margen para algún recorte adicional’, rebate Antonio Estevan, de la consultora medioambiental Gea21.

Estevan pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se significó por su oposición al trasvase del Ebro y su respaldo a los planes del Gobierno. Pero su visión sobre las desaladoras ha cambiado. Estevan presentará en un foro de expertos organizado por el Ministerio un estudio sobre las desaladoras en el que se critica que se hayan puesto en marcha varias plantas sin contratos cerrados que garanticen la compra de agua a un determinado precio.

El informe relaciona esta práctica con cesiones del Gobierno a la presión social tras la derogación del trasvase. Y advierte de que puede haber problemas para colocar el agua que se desale y, por tanto, para que las plantas trabajen a plena capacidad, lo que dispararía los costes.
‘El programa AGUA se está yendo a pique’, abunda Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología y uno de los expertos más reputados en esta materia. Las críticas de Llamas, que también pertenece a la fundación, se centran en los escasos avances del Gobierno en hacer pagar a los regantes, que consumen más del 80% del agua, el coste del abastecimiento. ‘Las desaladoras son una solución tecnológica interesante, pero se está volviendo a vulnerar el principio de que todos los usuarios paguen el mismo precio, no entiendo por qué los demás tenemos que seguir subvencionando a regantes que van en Mercedes’. Llamas cree que tampoco ha habido avances significativos en el control de las aguas subterráneas de las que se nutren los agricultores del litoral mediterráneo con costes mínimos y, en muchos casos, sin autorización administrativa.

La perspectiva de los regantes es bien distinta. ‘El Ministerio quiere que aceptemos pagar 36 céntimos de euro por metro cúbico y, que si no necesitemos el agua, paguemos 25 céntimos para compensar el parón de la planta. No podemos asumirlo’, afirma Francisco del Amor, presidente del sindicato central de regantes del Tajo-Segura. El sindicato, que representa a los propietarios de 130.000 hectáreas de riego en Murcia, firmó con Medio Ambiente un ‘compromiso de buenas intenciones’ para comprar agua de la desaladora de Torrevieja, ya en obras.
Un precio de 36 céntimos por metro cúbico es un precio subvencionado, ya que las empresas del sector estiman que el coste real está entre 50 y 70 céntimos por metro cúbico, que es lo que sí pagan las poblaciones que se abastecen de agua desalada. Pero para los regantes del Tajo-Segura es mucho: el agua del trasvase les sale a 10 céntimos y la de sus pozos, gratis. ‘Podemos pagar eso por el agua desalada en situaciones puntuales, pero no comprometernos a comprar agua todas las campañas’, añade el presidente del sindicato de regantes.

A la posibilidad de que los regantes no vayan más allá de sus ‘buenas intenciones’, se suman los cálculos de los que creen que la demanda de agua urbana que saciarían las desaladoras están hinchados, no toman en cuenta que muchas zonas del litoral pierden población en temporada baja o anticipan planes de expansión residencial de dudosa ejecución. ‘Se están produciendo aumentos de oferta sin sentido, se incentivan desarrollos urbanísticos insostenibles’, asegura Guido Schmidt, de la organización ecologista WWF-Adena.

El estudio de Estevan sí da argumentos a los que defienden la mejora en la eficiencia energética de la desalación. Según sus cálculos, la emisión de dióxido de carbono de las desaladoras, cuando se terminen las previstas en el programa AGUA, será equivalente a un millón de toneladas de C02, apenas el 0,25% de las emisiones totales en España. Y añade un estudio comparativo entre los costes de un trasvase (el Tajo-Segura) y una desaladora en la única localidad (Alicante) en la que ambas técnicas conviven: el coste energético de poner el agua en la casa de un alicantino resulta menor con la desalación que con el trasvase.

‘En el tema de las desaladoras, el ministerio se tiene que defender de dos frentes, los que exigen el agua que prometía el trasvase y los que pensamos que hay que insistir más en el ahorro, el reciclaje y el control de la demanda, el equilibrio es complicado’, concede Schmidt.
En la antesala de la campaña electoral y con la sequía volviendo a amenazar esta primavera en varias comunidades, el retraso en el despliegue de las desaladoras da más aire a la polémica. Tras varios retoques al programa AGUA, se pusieron en servicio cuatro grandes desaladoras ya construidas, y se programaron cinco ampliaciones y la construcción de 17 nuevas plantas. Además de estas 26 desaladoras en el litoral mediterráneo, se han añadido ocho plantas más en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que estas 34 desaladoras sumarán una capacidad de 713 hectómetros cúbicos. Pero los vaticinios sobre los plazos fallaron: hasta 2007, año en el que se estimó que estarían todas operativas, sólo se habían puesto en marcha dos ampliaciones en Alicante y Murcia y las plantas de Ceuta y Melilla.
Medio Ambiente rehusó atender a este periódico para explicar las razones del retraso. A nadie escapa la dificultad de poner en pie el más ambicioso plan de desalación que se acomete fuera de Oriente Próximo, con una inversión de casi 2.000 millones de euros. Pero hay más razones. Y la animadversión a los planes del Gobierno en las comunidades que esperaban el trasvase del Ebro no es ajena a ellas.

El PP ha puesto en la Comunidad Valenciana multitud de problemas al despliegue de las desaladoras. ‘No podemos admitir que se haya eliminado el trasvase del Ebro y se nos ofrezca como alternativa las desaladoras’, reitera el consejero de Medio Ambiente valenciano, José Ramón García Antón. El dirigente popular sostiene que las desaladoras son una medida ‘puntual’, pero que no garantizan el agua que necesita la ‘productiva agricultura mediterránea’.
Los populares valencianos han repetido estas ideas para argumentar trabas administrativas -como las que retrasaron las obras de la desaladora de Torrevieja, que será la mayor de Europa- o en campañas publicitarias que reivindican la resurrección del trasvase del Ebro. Aunque aquí no han encontrado un respaldo nítido de la dirección nacional del PP, preocupada por la falta de votos en Cataluña y Aragón, radicalmente opuestas al trasvase.

Pese a todo, la desalación, como obra hidráulica que permite garantizar suministros de agua en un periodo no demasiado largo -se tarda menos de dos años en construirlas- gana adeptos entre los gobiernos que deben lidiar con la sequía. A la tradición de los países de Oriente Próximo o Australia, se unen ahora los encargos de países del Norte de África, EE UU o China, captados en muchos casos por empresas españolas. Y aquí, la Generalitat acaba de anunciar que pretende triplicar antes de 2010 la desalación ya prevista para Cataluña en el plan AGUA.

El 5 de febrero de 2001, el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), puso la primera piedra de la desaladora de Carboneras, destinada a convertirse en la mayor de Europa y que serviría para regar el mar de plástico de la árida Almería.

Con una capacidad para desalar 42 hectómetros cúbicos de agua de mar al año (cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del Santiago Bernabéu) sería la admiración del mundo. Ya con el PSOE en el Gobierno, la ministra Narbona la inauguró en mayo de 2005. La planta había costado 254 millones, el triple de lo presupuestado. Narbona dijo que aunque entonces sólo funcionaba al 12%, a final de la legislatura funcionaría a pleno rendimiento.

La realidad es que actualmente desala el 15% de su capacidad, según un portavoz de la planta, y para darle uso, el Gobierno construirá una tubería para que los barcos cisterna se pueden llenar con agua desalada y de allí llevarla a zonas con problemas de sequía, como Barcelona. Fuentes de la empresa pública Acuamed afirman que en 2008 la planta funcionará al 35% y en 2009 rondará el 50%.

El director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, asegura que el Gobierno del PP hizo la desaladora «sin tener en cuenta para quién se hacía». «En esa zona de Almería tenemos agua pero no usuarios y además, la planta está diseñada en el peor lugar posible para el abastecimiento, al final del sistema de abastecimiento de los municipios», concluye Palop. Ni hay tanta gente como se pensaba ni los regadíos necesitan tanto caudal. Y encima su ubicación ha obligado a invertir en un nuevo sistema de tuberías.

La desaladora era demasiado grande y además las tuberías no estaban hechas. Durante tres años sólo funcionó en pruebas ya que nadie construyó las tuberías para sacar el agua. Las obras se están terminando y la desaladora ya abastece a Mojácar, Carboneras y Aguamarga, que han consumido 2,8 hectómetros el año pasado y para los regadíos (4,6 hectómetros).

Para dar servicio a la desaladora, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que su departamento construirá una tubería desde la desaladora para poder cargarla en barcos cisterna y desde allí llevarla a zonas con problemas de abastecimiento. Y el primer lugar elegido es Barcelona. Así, si no llueve en primavera los barcos llevarán agua desde Almería (en la zona con más déficit hídrico de España) a Barcelona. Carboneras habrá servido para algo. Después pueden veir otras zonas y hasta el norte de África como ayuda a Marruecos.

El Gobierno actual critica este modo de construcción ya que desde 2004, cuando derogó el trasvase del Ebro, ha impulsado 22 desaladoras en el Mediterráneo y ha puesto en marcha cuatro que estaban en obras. De las nuevas, ya están en servicio la ampliación de San Pedro del Pinatar, en Murcia, y la de Alicante, que producen 30 hectómetros cúbicos al año y que sí funcionan a pleno rendimiento.

La de Valdelentisco (Murcia) está a punto de ser inaugurada (la ausencia de línea eléctrica de alta tensión ha retrasado su apertura), y la de Alicante. Con estas, las nuevas desaladoras tendrán la capacidad para producir 104 hectómetros cúbicos al año cuando acabe la legislatura.

Si a eso se suman las desaladoras que estaban ya en obras con el PP y que desde 2004 se han puesto en marcha, la cifra de agua desalada asciende a 250 hectómetros, un 38% de lo que prometió el Gobierno en 2004 que aportaría mediante desaladoras. El resto procedería de reutilización y ahorro en regadíos. El resto de desaladoras estarán en marcha en 2009.

La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, criticó los retrasos en el plan: «Las nuevas aportaciones se limitan a 18 hectómetros. Y Narbona anunció más agua, más barata y en menos tiempo y este es un incumplimiento más». Sobre la desaladora de Carboneras opina: «No sé qué ha ido mal. Tanto el PP como el PSOE poníamos esa planta como ejemplo. Ahora es rocambolesco llevar agua de la provincia más deficitaria a Barcelona. Es un trasvase en barcos».

Palop niega el retraso y lo avala con los datos de su gestión: «Llevamos cuatro años de sequía y no ha habido ni un corte en Murcia ni en Alicante. Si con esas pocas desaladoras hemos salvado la situación, que imagine el PP cómo quedará resuelto el problema cuando estén todas en marcha. El trasvase era una obra faraónica que difícilmente se habría podido hacer» y habría tardado más años.

El director del libro Comentario al Estatuto de la Comunidad Valenciana y catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València, José María Baño, aseguró ayer que el derecho al agua recogido en el citado Estatut no es tal. Baño, que ayer presentó la publicación en un acto que contó con el rector Francisco Tomás y el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, sentenció: «No es un derecho en realidad».

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Baño valoró las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que rechaza los recursos de presentados por Aragón y Castilla-La Mancha contra el artículo 17 del Estatut que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias. «En realidad no es un derecho sino que es un principio que obliga a los poderes públicos valencianos pero no obliga al Estado», argumentó el catedrático, «lo que quiere decir que habrá o no trasvases y habrá o no excedentes de agua en la medida en que el Estado quiera hacerlos.

Durante la presentación del libro, celebrada en la Nau de la Universitat de Valencia, el catedrático y coordinador del volumen explicó que el razonamiento del TC es que los Estatutos «están subordinados a la Constitución y a las competencias estatales».

Por su parte, el consejero de Gobernación intentó mantener el tipo arrimando el ascua a su sardina. «Las sentencias reconocen el derecho de los valencianos a tener agua suficiente y de calidad», dijo Castellano, que volvió a insistir en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno a la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano se debe «más a razones de oportunidad política que jurídica». «Supone un nuevo agravio», dijo.