Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional salvaron ayer la constitucionalidad del Estatut d’Autonomia al desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 de la ley que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias de acuerdo con la legislación estatal.

• Estatut de la C. Valenciana

La noticia en otros webs

• webs en español
• en otros idiomas

La presidenta del Tribunal comunica a Camps el rechazo del recurso

El pleno del Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Aragón contra el Estatut. Pese a que se había buscado la unanimidad y existían impresiones positivas acerca de un posible acuerdo, el resultado fue calificado de «desastre» en fuentes del Tribunal, que en el primer examen de las reformas estatutarias no supo remontar la tormenta que ha sacudido a la institución durante el último año. Todos los magistrados discrepantes, que proceden de la carrera judicial, son del sector conservador y anunciaron votos particulares que, junto a la sentencia, se conocerán en los próximos días. Los discrepantes son Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma el vicepresidente del Tribunal, el catedrático Guillermo Jiménez.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, cuestionada por el PP, llamó personalmente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para comunicarle la decisión de los magistrados. Camps le agradeció la cortesía y expresó su satisfacción en nombre de los grupos (PP y PSOE) que apoyaron el Estatut y de la sociedad valenciana.

El artículo 17.1 del estatuto de la Comunidad Valenciana, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses vieron en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada». A su vez, los manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

Las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatut d’Autonomia, comenzaron el pasado octubre. Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas -incluida la presidenta del alto tribunal- que respaldaban el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatut.

Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio. El Tribunal quería haber obtenido una sentencia-tipo que sentase doctrina y sirviese de guía para resolver el chaparrón de impugnaciones estatutarias por cuestiones hídricas.

Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional salvaron ayer la constitucionalidad del Estatut d’Autonomia al desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 de la ley que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias de acuerdo con la legislación estatal.

La presidenta del Tribunal comunica a Camps el rechazo del recurso

El pleno del Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Aragón contra el Estatut. Pese a que se había buscado la unanimidad y existían impresiones positivas acerca de un posible acuerdo, el resultado fue calificado de «desastre» en fuentes del Tribunal, que en el primer examen de las reformas estatutarias no supo remontar la tormenta que ha sacudido a la institución durante el último año. Todos los magistrados discrepantes, que proceden de la carrera judicial, son del sector conservador y anunciaron votos particulares que, junto a la sentencia, se conocerán en los próximos días. Los discrepantes son Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma el vicepresidente del Tribunal, el catedrático Guillermo Jiménez.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, cuestionada por el PP, llamó personalmente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para comunicarle la decisión de los magistrados. Camps le agradeció la cortesía y expresó su satisfacción en nombre de los grupos (PP y PSOE) que apoyaron el Estatut y de la sociedad valenciana.

El artículo 17.1 del estatuto de la Comunidad Valenciana, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses vieron en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada». A su vez, los manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

Las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatut d’Autonomia, comenzaron el pasado octubre. Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas -incluida la presidenta del alto tribunal- que respaldaban el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatut.

Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio. El Tribunal quería haber obtenido una sentencia-tipo que sentase doctrina y sirviese de guía para resolver el chaparrón de impugnaciones estatutarias por cuestiones hídricas.

Estatut de la C. Valenciana

– «Artículo 17.1: Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

La Generalitat reclama sin cesar agua al Gobierno y critica su política hidráulica, pero no ha asumido las competencias sobre sus propios ríos, entre ellos varios de los que se han desbordado en la riada de La Marina.

Una sentencia del Tribunal Supremo anuló en octubre de 2004 parte del Plan Hidrológico del Júcar aprobado en 1998 porque el Estado no puede regular los cauces que nacen y mueren en una comunidad autónoma. Su competencia se reserva para los que recorren varias regiones. El fallo del alto tribunal implica que la Generalitat gestione los ríos internos. Una potestad que, además, prevé el propio Estatut d’Autonomia. Sin embargo, el Consell se ha resistido a aceptar esa responsabilidad. El traspaso de las competencias no se ha hecho efectivo.

La Generalitat se ha sumado estos días a la denuncia de parte de los afectados sobre la falta de limpieza de los cauces. Unos cauces que le adjudicó el Supremo hace tres años. Entre los ríos cuyo control corresponderá al Consell están el Girona, que la gota fría convirtió en un torrente salvaje que ha causado graves destrozos en El Verger y Els Poblets, o el Gorgos, que afectó a Xàbia. Los barrancos costeros, resecos en verano y peligrosos en otoño si arrecian las lluvias, entran en su competencia.

El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se ha entrevistado varias veces con responsables del Ministerio de Medio Ambiente y ha abogado por la gestión coordinada con el Gobierno dentro de una demarcación única. En el último debate de política general en las Cortes, anunció que se creará una administración hidráulica valenciana. Pero sigue sin haber fecha para que el Consell se haga cargo de sus ríos. Según fuentes de la consejería, se ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que cree una comisión mixta de transferencias. Ésta deberá precisar qué ríos se queda la Generalitat, los recursos asociados a su gestión y definir la planificación coordinada con el resto de la cuenca. El ministerio tuvo que especificar en un decreto el pasado febrero que la nueva demarcación hidrográfica del Júcar -se modifica para cumplir la directiva europea- se fija con la salvedad de que está pendiente la transferencia al Consell.

El Pleno del Tribunal Constitucional está intentando buscar la unanimidad de los magistrados en la sentencia sobre el Estatuto valenciano impugnado por las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha, al tiempo que trata de elaborar una doctrina que sirva para todos los estatutos implicados en la denominada guerra del agua, según han informado fuentes del alto tribunal. Aunque las posiciones de partida están enfrentadas sobre el texto de la ponencia, magistrados de ambos sectores intentan un acercamiento en busca del consenso sobre las sentencias.

El Pleno que estudia ambos recursos está integrado por todos los magistrados del Constitucional y lo encabeza la presidenta, María Emilia Casas. El pasado lunes comenzaron las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, por el que la comunidad se garantiza los excedentes de otras cuencas. Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto valenciano no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio, y se deliberará después de la de Pérez Vera.

Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas, incluida la presidenta, que respaldan el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatuto valenciano.

Tras la primera semana de pleno jurisdiccional sobre el Estatuto, los magistrados siguen debatiendo cuestiones preliminares, pero se han producido intentos de acercamiento por ambas partes e incluso dos magistrados del sector conservador se han mostrado receptivos a cuestiones planteadas por los progresistas.

Sin embargo, y a pesar de que por ahora se avanza a buen ritmo, fuentes del Tribunal estiman que «llegarán las discrepancias» y la sentencia tardará aún, puede que hasta Navidad. Sobre el espinoso tema del agua resulta muy difícil conciliar el interés de las comunidades con sus convecinas.

Una sentencia-tipo

El Tribunal quiere obtener una sentencia-tipo que siente doctrina para resolver el chaparrón de impugnaciones que han dirigido unas comunidades contra otras por el aprovechamiento de los recursos hídricos. El problema es que una doctrina que pudiera ser aceptada por un sector del Constitucional para el Estatuto valenciano tendría que servir después para el Estatuto catalán, lo que genera más reticencias.

Incluso en el tipo de sentencia a dictar existen matizaciones ya que, como dijo uno de los magistrados del alto tribunal, mientras unos quieren «una sentencia a gran orquesta«, otros son partidarios de otra más breve y sintética, «de las de sota, caballo y rey«.

No obstante, el Constitucional parece decidido a no escatimar esfuerzos y frente a la costumbre de celebrar pleno jurisdiccional en semanas alternas, ha habilitado también esta semana, además de la pasada, para continuar las deliberaciones del Estatuto valenciano. Hoy y el próximo miércoles seguirán con el Estatuto y mañana martes abordarán la estimación de las abstenciones de la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez del recurso del PP contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sobre un texto que debe presentar al Pleno el magistrado Pablo Pérez Tremps.

El artículo 17.1 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses ven en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada».

Cuencas limítrofes

A su vez, los castellano-manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

En sus alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad, el Gobierno central ha pedido al Constitucional que desestime los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha. El Abogado del Estado, que representa al Ejecutivo, niega en sus alegaciones que el artículo 17.1 del Estatuto valenciano obligue al Estado a redistribuir sobrantes para satisfacer con ellos al territorio valenciano. El Gobierno entiende que una norma de «aplicación territorial limitada» como es el Estatuto no puede decidir «una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado».

El Ejecutivo central expone además que los derechos proclamados por el Estatuto valenciano no son fundamentales ni gozan de la protección de éstos, sino que «simplemente vinculan a los poderes públicos autonómicos y locales de la comunidad valenciana». Por tanto, la proclamación del derecho de los valencianos al abastecimiento de agua vincula a la Generalitat pero no significa que los valencianos tengan ningún derecho absoluto o preferente en relación con los demás españoles.

Sobre otros motivos de inconstitucionalidad alegados por Aragón y Castilla-La Mancha, el Abogado

Primer asalto

La Constitución fija en su artículo 149.22 que es «competencia exclusiva» del Gobierno «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran  del Estado sostiene que las competencias asumidas por las comunidades han de estar en «el marco constitucional».

por más de una comunidad autónoma». Y por eso los gestionan las confederaciones hidrográficas, del Ministerio de Medio Ambiente. Las cuencas que discurren por una sola comunidad ya están cedidas a las autonomías y las comunidades han buscado, a través de sus estatutos, controlar en mayor o menor medida sus ríos aunque atraviesen otras regiones.

De ahí que haya 15 recursos de inconstitucionalidad, incluso entre comunidades del mismo partido, por el tema del agua. En los nuevos estatutos ya en vigor, Andalucía se arroga la competencia sobre el Guadalquivir en su suelo, cuya cuenca abarca cuatro autonomías; Cataluña deberá emitir un informe sobre cualquier posible trasvase y Valencia se atribuye el agua que sobre de otras cuencas. El aragonés «vela especialmente para evitar transferencias de aguas que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras». Castilla-La Mancha tramita uno en el que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno trató de aplacar estas demandas con una reforma de la Ley de Aguas, pero tras más de dos años de elaboración, en agosto paralizó el texto antes incluso de enviarlo al Congreso.

El Júcar se ha librado de miles de metros cúbicos de aguas residuales urbanas e industriales sin tratar. La puesta en marcha de la depuradora de la Ribera del Júcar evitará desde ahora que la carga contaminante que han lanzado al cauce durante décadas los alcantarillados de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castelló de la Ribera degrade el ecosistema del río y del parque natural de L’Albufera. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que la infraestructura es clave para la recuperación del Júcar. La planta se inauguró 14 años después de que se declara de interés general.

La instalación será clave para la recuperación del río y de L’Albufera

La estación depuradora de la Ribera del Júcar será clave en la mejora de la calidad de las aguas del río en su curso bajo. La instalación libera al cauce de una contaminación que ha marcado en las últimas décadas la degradación del Júcar y ha impedido también aportes más limpios y de calidad al parque natural de L’Albufera. Las periódicas mortandades masivas de peces por vertidos procedentes de las industrias han sido una muestra patente del deterioro de las aguas del Júcar. Y un motivo constante de denuncia por parte de colectivos ecologistas y Xúquer Viu. Con la puesta en marcha de la nueva infraestructura, se eliminará el vertido sin tratar de una población equivalente a 150.000 personas -la carga contaminante calculada sobre los 76.000 habitantes de cuatro poblaciones y sus industrias-. La estación conecta con una red de colectores los vertidos urbanos e industriales de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castellló de la Ribera, que hasta ahora lanzaban sus aguas residuales a un alcantarillado que conducía la contaminación al Júcar a través de barrancos y acequias.

La depuradora inaugurada ayer por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ha hecho esperar. El Gobierno, entonces en manos socialistas, declaró la construcción de la estación de interés general en 1993 junto a otras tres plantas. La de la Ribera del Júcar es la última pendiente de ese paquete de obras. Inicialmente, debía estar en funcionamiento en 1996, pero la construcción no comenzó hasta un año antes. El retraso acumulado en años posteriores obligó finalmente a reformar el proyecto, ya que las poblaciones afectadas habían desarrollado planes urbanísticos e infraestructuras que dejaron obsoleto el primer diseño de la red de colectores que debía unirlas a la depuradora. A ello se sumó luego la plataforma del AVE, otro obstáculo para las tuberías. El Ejecutivo actual achaca a la anterior Administración del PP la responsabilidad en la demora de una infraestructura esencial para el Júcar y el parque natural. El retraso, denunciado reiteradamente por la ministra, también afectó a la depuradora de Albufera Sur, que no limpió las aguas residuales de Alginet, Sollana, Almussafes y Benifaió hasta mediados de 2005.

La adaptación al planeamiento vigente de los municipios de los 21 kilómetros de colectores y las siete estaciones de bombeo que alimentan la depuradora de la Ribera ha supuesto un sobrecoste de 3,92 millones de euros. La inversión final ha alcanzado los 38,06 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea. Sin embargo, el fuerte retraso ha permitido también actuaciones complementarias para «optimizar» algunas fases de la depuración. Con una inversión de 5,02 millones de euros se ha ampliado la línea de fangos que se decantan del agua, entre otras mejoras.

La instalación de la Ribera del Júcar está diseñada para tratar 26.640 metros cúbicos al día. Una vez separados los elementos flotantes, arenas y materia sólida, el agua residual será sometida a reactores biológicos, de modo que el efluente pueda derivarse al Júcar sin dañarlo. Los fangos resultantes acabarán en una planta de compostaje.

«Confiemos en que ahora mejore la calidad del agua del Júcar», apuntó ayer el alcalde de Castelló de la Ribera, Alfred Gregori (EU). El municipio ha resuelto la depuración en su polígono industrial -las empresas están obligadas a tratar sus aguas-. Pero como en el caso del resto de localidades, la esperada conexión a la planta ha tardado 14 años. Además del coste medioambiental, Gregori señaló que la tardanza ha aumentado la factura del canon de vertido que cobra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de depuración. También ha habido multas contra las que los municipios han alegado el retraso de la obra.

Carcaixent, que alberga la nueva planta, también espera una mejora clara de las aguas. Incluso plantea «acerca la ciudad al río» con actividades recreativas, según comentó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ino Signes (PP). El Ayuntamiento ya aprobó en 2002 una ordenanza de vertidos que favoreció la puesta al día de las empresas. Carcaixent ha intensificado también el control en talleres y ahora en los bares. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), se sumó a la satisfacción general por la finalización de «una obra muy esperada por Alzira», la población que concentra mayor número de industrias. Su ordenanza entró en vigor en 2006 con los primeros expedientes a sancionadores a cuatro empresas por verter a la red sin depurar.

La Comisión Europea ha expresado de nuevo su apoyo al actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y ha rechazado la última queja en contra del proyecto. En una carta remitida el 2 de octubre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que se opone a la obra en marcha, la dirección deneral de Política Regional destaca que la conducción -con la toma de agua en el Azud de la Marquesa- «puede aportar la solución adecuada, sostenible a largo plazo e integral de la gestión de aguas en la cuenca del Júcar». Añade la carta que el trasvase vigente, que el Gobierno modificó tras un exhaustivo análisis, «se completa con las desaladoras» aprobadas «y la mejora de la depuración de la cuenca» del Júcar. Todo ello redundará en la «recuperación de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Vinalopó».

Bruselas rechaza así la última propuesta de la Junta Central, que tras pedir que se retomara la toma origional del agua en Cortes de Pallás, pasó a exigir una nueva en Antella. Examinada la documentación aportada por la Junta y comparada con la solución actual, «la Comisión no considera que la alternativa mejore la propuesta de las autoridades españolas» que, además, ha recibido una ayuda de 120 millones de euros. Es más, la dirección regional afirma que el trazado en obras aportará más agua que desde Antella.

Las autoridades europeas advierten que «el tema de la conducción Júcar-Vinalopó está suficientemente examinado» e invitan a la Junta Central «a trabajar junto» al Gobierno en este proyecto. Los usuarios del Vinalopó, apoyados por la Generalitat, han intentado sin éxito que la Comisión apoyara su pretensión de mantener el trasvase original, rechazado por los regantes del Júcar, entre otros.

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que la decisión de Bruselas «supone el apoyo a la política medioambiental del programa Agua», basado «en la sostenibilidad y la gestión integral de los recursos».

Acueducto Tajo-Segura

La Comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura propuso ayer al Consejo de Ministros un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 serán para consumo humano y 31,4, para regadío. Tras la reunión, el director general del Agua, Jaime Palop, recordó que la sequía persiste en los embalses de Entrepeñas y Buendía.No obstante, la situación es mejor que la de los dos años anteriores «por la política de cautela» mantenida ante la sequía y por ser respetuosos con esas reglas de explotación del acueducto, añadió.

El trasvase garantiza el suministro de 2,5 millones de personas que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre ellas buena parte del sur de la provincia de Alicante. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como en otras transferencias del Tajo-Segura, manifestó su oposición a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto por la «escasez» de agua en los embalses.

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, desveló ayer que la oposición de las comunidades al reparto de competencias y la de los regantes a pagar más por el agua acabaron por encallar la reforma de la Ley de Aguas, anunciada por Medio Ambiente como solución a la guerra del agua desde hace dos años.

Uno de los puntos sin acuerdo, según Palop, es el régimen económico de la ley. La norma, de acuerdo con la directiva europea, obligaba a recuperar los costes de las obras hidráulicas, algo que subiría el precio. Ante las protestas de los regantes, Medio Ambiente aceptó retrasar este capítulo hasta 2010.

El segundo aspecto que según Palop bloqueó el texto es la reforma de las confederaciones hidrográficas. Las comunidades no aceptaron el reparto de votos que les ofrecía Medio Ambiente en el nuevo organismo y que dependería del territorio y la población en cada cuenca.

El anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que paraliza la tramitación de la Ley de Aguas, una de las más importantes de su departamento esta legislatura, recibió críticas casi unánimes. El PP la acusó de «incompetente» y anunció que pedirá que comparezca en el Congreso. Los ecologistas e IU-ICV la acusaron a su vez de «cobardía» y de «arredrarse ante las críticas». Sólo los regantes, tradicionalmente contrarios a Narbona, la apoyan esta vez.

La política del Gobierno en materia de aguas hace aguas. La reforma de la Ley de Aguas, principal herramienta para «introducir sensatez» en el debate autonómico sobre el agua -así la definió Narbona- no verá la luz esta legislatura. Pese a que el ministerio anunció los principios básicos de la norma, ahora alega «falta de tiempo» para tramitarla.

El anuncio de la ministra recibió un aluvión de críticas. El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, afirmó que la paralización de la ley «demuestra una vez más la incompetencia de la ministra Narbona para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional». García Antón criticó la «autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del Trasvase del Ebro».

El PP anunció que pedirá la comparecencia de Narbona en el Congreso. Su discurso no es que el borrador de reforma fuese bueno y necesario, sino que esto evidencia que el ministerio se ha quedado sin ideas sobre el agua. Que su primera medida de Gobierno fue derogar mediante un real decreto ley el trasvase del Ebro, pero en los tres años siguientes no ha puesto en marcha ni las obras, ni la legislación necesaria para gestionar el agua. La inmensa mayoría de las desaladoras está en obras o en proyecto y las que han entrado en funcionamiento son principalmente las que estaban ya pensadas.

Gestión sobre el agua

Y eso, al tiempo que las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, reclaman más gestión sobre el agua. En Castilla-La Mancha piden acabar con el trasvase del Tajo. El Estatuto de Andalucía da a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio…

Pero las críticas no vinieron todas en el mismo sentido. Joan Herrera, diputado de IU-ICV, afirmó que el bloqueo del texto «es una oportunidad perdida» y que el Gobierno «se echa para atrás en el último momento, por equilibrios internos dentro del PSOE». Además de dar entrada a las comunidades y ayuntamientos en la gestión de los ríos (desde 1926 en manos del Gobierno), la ley tenía un fuerte tono ecologista: ampliaba la zona de protección de los ríos de cinco a diez metros y presentaba la conservación como un objetivo primordial. Los ecologistas se mostraron también muy contrarios al bloqueo.

El principal apoyo llegó de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, afirmó: «No nos parece mal que se frene si en la próxima legislatura se va a hacer con consenso, y no deprisa y sin diálogo como esta vez».

Las obras del trasvase Júcar-Vinalopó arrancaron ayer con más de un tercio del agua ya comprometida por los futuros usuarios. La infraestructura llevará a las comarcas alicantinas hasta 80 hectómetros cúbicos de agua anualmente y estará operativa a finales de 2008. En el acto de colocación de la primera piedra, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, destacó que el trasvase beneficia al Vinalopó sin perjudicar al Júcar. La Generalitat y la Junta Central de Usuarios insisten en que se retome el proyecto original que inició el PP.

Bernabé afirma que el plan Agua da este año en ahorro 335 hectómetros cúbicos

El cambio de trazado de la transferencia decidido por el Gobierno socialista en 2005 desencadenó uno de los ataques más duros del PP en la guerra del agua, que ayer encontró su reflejo en los parlamentos del acto celebrado en Llanera de Ranes y en la lista de asistentes y ausentes. «Este trasvase no va contra nadie», afirmó Moragues, «porque es una obra que parte desde el respeto a un río, a unos derechos históricos, y desde ese respeto se van a resolver los problemas del Vinalopó». El presidente de la CHJ defendió de esta forma que el nuevo trasvase permite enviar agua sobrante al Vinalopó sin dañar el difícil equilibrio medioambiental del Júcar y del parque natural de L’Albufera. Además, el cambio de la toma al final del río, frente al proyecto del anterior Ejecutivo del PP de derivar los recursos desde aguas arriba en Cortes de Pallás, salvaguarda los derechos de los regantes históricos del Júcar y cumplirá con la exigencia europea de establecer un caudal ecológico. Los recursos que se envíen al Vinalopó cumplirán el objetivo principal de sustituir las extracciones del acuífero, que está sobreexplotado.

El trasvase se convertirá «en un lazo físico y medioambiental entre Valencia y Alicante», enfatizó Moragues, quien citó expresamente el apoyo recibido por el Gobierno para modificar la obra de la plataforma cívica Xúquer Viu, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de los regantes del Júcar. Entre el público, además de alcaldes de la provincia de Alicante, diputados, representantes de las constructoras y de la sociedad estatal Acuajúcar -que ejecuta el proyecto-, se encontraban el presidente de los regantes de Sueca, José Pascual Fortea, y el secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, que fueron blanco de las críticas del PP porque apostaron por el cambio del trazado. También acudieron miembros de las organizaciones agrícolas y de una decena de ayuntamientos, entre ellos Elche que han pedido agua del trasvase. Alrededor de 32 hectómetros cúbicos del máximo de 80 que llevará la canalización tienen ya destinatario y Acuajúcar se muestra confiada en que no faltarán clientes en una comarca que busca agua a cientos de metros de profundidad. El Ayuntamiento de Villena, ahora en manos del PP, ha revocado su solicitud tras las elecciones.

La Generalitat no acudió al inicio de las obras -tres consejeros se excusaron por problemas de agenda-, pero no faltó su crítica. Así, el responsable de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, calificó de «provocación» el nuevo trazado y pidió al Ejecutivo que renuncie a su plan y hable con los usuarios. El consejero se refería a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, cuyo presidente, Andrés Martínez, entregó ayer mismo en la CHJ una petición de paralización de la obra y anunció una demanda millonaria por supuestos perjuicios, entre ellos el retraso del proyecto. Martínez exigió de nuevo diálogo a la Administración para buscar otra solución. Los tribunales han rechazado de momento los recursos contra el nuevo trasvase.

La Unión Europea ha aumentado su aportación financiera a una obra que Bruselas y los expertos considera «más sostenible», destacó el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, quien insistió una vez más en que es necesaria la «máxima colaboración» de la Generalitat para ganar agua. Por ello, pidió al Consell «que abandone su obstruccionismo» y se sume al «esfuerzo» del Gobierno para resolver el déficit hídrico. En ese sentido, Bernabé resaltó que a través del programa Agua ya se han invertido 1.500 millones de euros de los 3.000 previstos en la modernización del regadío, obras hidráulicas y desaladoras. El ahorro a través de estas obras y las nuevas aportaciones permitirán disponer a finales de año de al menos 335 hectómetros cúbicos de agua nuevos, la cantidad de un trasvase del Ebro, aseguró Bernabé.

NUEVO TRAZADO DEL TRASVASE

-La inversión en la infraestructura alcanzará los 303 millones de euros, de los cuales 148,2 los aporta el Gobierno a través de Acuajúcar, 120 la Unión Europea con fondos Feder y 35 los futuros usuarios. Una operación de crédito adjudicada ayer al BBVA adelantará ese dinero que los regantes devolverán a lo largo de los años a través de las tarifas del trasvase. El antiguo proyecto exigía la aportación económica de los usuarios durante las obras.

-El trazado del trasvase mide 93,9 kilómetros y arranca en el Azud de la Marquesa (Cullera). Aprovecha los últimos tramos del proyecto desechado y concluye cerca de Villena, desde donde se repartirá el agua en el llamado postrasvase, una obra que está pendiente de que la ejecute la Generalitat.

-La construcción del trasvase, con importantes tramos en túnel, terminará a finales de 2008, según las previsiones de la empresa estatal Acuajúcar.

-La Comisión Europea ha unido su apoyo financiero a nueve condiciones medioambientales que se centran en la regeneración de los acuíferos del Vinalopó, el ahorro de agua con la modernización de regadíos, el control de vertidos y la

La sequía no ha terminado, pero la situación «es razonablemente mejor que el año pasado», explicó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, quien garantizó el suministro. También destacó que la «gestión integral de recursos» ha permitido ahorrar agua de los ríos al aumentar los caudales reciclados y el uso de pozos. No obstante, hay depuradoras que sólo reutilizan el 50% del agua depurada, lo que revela el potencial de recursos.

La noticia en otros webs

• webs en español
• en otros idiomas

El organismo celebró la reunión mensual de la comisión de la sequía con un «repaso importante» al estado medioambiental de los acuíferos y de L’Albufera, en niveles aceptables. Moragues explicó que desde marzo ningún sistema de la CHJ ha superado los indicadores de emergencia. No obstante, la cuenca del Júcar seguirá en estado de emergencia algunos meses más, hasta que se confirme la recuperación del sistema tras la fuerte sequía.

En un año de lluvias por encima de la media en la zona del Mijares, las Marinas y el norte de Castellón, aunque por debajo en el Júcar, Turia y Serpis, la Confederación dispone de mayores reservas en los embalses. Los datos de aportaciones al Júcar son «claramente superiores» a ejercicios anteriores, pero éste será aún «el décimo» por la cola en los últimos 60 años. Los acuíferos se han recargado, lo que permite una mayor extracción de los pozos. Además, las obras en depuradoras han permitido incrementar el uso de aguas recicladas, de forma que desde octubre del año pasado las instalaciones de Pinedo, Carraixet, Paterna y Quart-Benàger han aportado más de 48 hectómetros al riego y caudales ecológicos. Sin embargo, ese caudal sólo supone el 50% del agua depurada, resaltó Moragues, por lo que hay recursos pendientes de explotar. Así, los regantes del Turia han pedido que la Generalitat agilice las obras en la depuradora de Pobla de Farnals.

El regadío sigue sometido a importantes restricciones, que en parte se compensan con agua de pozos y de depuradoras. El uso de estos recursos alternativos ha permitido ahorrar caudales superficiales, de forma que se ha usado «menos agua que nunca del río».

Preguntado sobre una moción del PP de Villena que rechaza el agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó para baldeo de calles, Moragues denunció la «incongruencia» de los populares porque los acuíferos están sobreexplotados.