La recuperación de la calidad de las masas fluviales y de los ecosistemas de los ríos exige un plan nacional con participación de expertos y la colaboración de voluntarios para ejecutarlo, según explicó ayer en Valencia el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, que asistió a una jornada informativa sobre el proyecto. Aunque el ministerio ya trabaja en la limpieza y mantenimiento de los cauces, «ahora se impone dar un paso cuantitativo y cualitativo con el fin de convertir los ríos, pensados como canales, en ecosistemas», destacó Jaime Palop. El proyecto incluye la implicación de 56 instituciones dedicadas al voluntariado medioambiental y será expuesto al público antes de su aprobación.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya trabaja en estudios propios y ha invertido en actuaciones de restauración medioambiental en los últimos años 264 millones de euros, según destacó el presidente del organismo, Juan José Moragues.

En un receso de la reunión, Moragues comentó también el estado de las reservas del sistema del Júcar, que continúa en situación «delicada», ya que tres años de sequía «no se resuelven con una semana de lluvias». No obstante, el agua caída supone «un alivio» para los agricultores.

Por otro lado, la empresa estatal Acuajúcar anunció ayer que dos comunidades de regantes de Elche, que representan al 30% de los usuarios de la zona y trabajan unas 13.000 hectáreas, han presentado formalmente la solicitud de agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó, con lo que se suman a las peticiones de la sociedad agraria Percamp de Monóver y 11 ayuntamientos alicantinos.

El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno controlará ese organismo -tendrá la mitad más uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto. Su peso en ese organismo dependerá de la población que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podrá subir cada año, y amplía de cinco a diez metros la franja de protección de los ríos.

Participación de las autonomías, sí; pero bajo control del Gobierno. Ése es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el miércoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrográficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonomías y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o «comité de autoridades competentes» como «órgano de cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad. El presidente de la demarcación reportará a este organismo, que será el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Este comité se convierte así en el nuevo organismo clave en la gestión de los ríos que cruzan varias autonomías -las cuencas que sólo afectan a una comunidad ya están transferidas-. Y aunque el Ejecutivo quiere dar voz a las autonomías, mantendrá el control. El borrador de la ley establece que el Gobierno nombrará a la mitad más uno de los miembros, con lo que tendrá mayoría de voto.

Cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero no todos sus votos valdrán lo mismo. «El voto se ponderará entre 0 y 1 en función de la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación», señala el borrador. Es decir, Murcia tendrá un representante en la demarcación del Guadalquivir, pero su voto valdrá mucho menos que el del andaluz: sólo el 0,2% de la cuenca está en Murcia mientras que el 90,2% está en Andalucía. Lo mismo ocurre con cuencas como la del Ebro, que abarca a nueve comunidades autónomas. Los ayuntamientos tendrán un representante en ese comité.

Además, el Gobierno crea una conferencia sectorial del agua, una reunión permanente de todas las comunidades con el ministerio para abordar el tema. En realidad se trata de crear un órgano similar a la conferencia de medio ambiente, pero exclusivamente para el agua. Los usuarios, regantes y ecologistas, critican que el Gobierno les deja fuera de los órganos de gestión, ya que ahora pasan a estar en un organismo consultivo.

Con esta ley, el Gobierno pretende aplacar las reivindicaciones de las comunidades autónomas y adecuarlas a los nuevos estatutos. El presidente socialista de CastillaLa Mancha, José María Barreda, por ejemplo, siempre había pedido participar en la gestión de los ríos, pero no controlarlo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó hace una semana que la reforma traerá «serenidad al debate» sobre el agua.

El Gobierno no puede dar más voto a las comunidades, ya que la Constitución afirma que es competencia exclusiva del Estado «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». El Estatuto de Andalucía otorga a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio y por eso lo ha recurrido Extremadura, y con muchas probabilidades de éxito.

Además del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes y que serán polémicas, como la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua». Se trata de un nuevo canon que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. En realidad es una cantidad mínima, ya que un regante pagaría de media 1,4 euros por hectárea al año y todos los usos urbanos apenas darán un millón de euros, pero el texto ya advierte de que «estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado». Los usuarios temen que este artículo es una cuña para ir subiendo el precio del agua.

CONTAMINACIÓN: La norma duplica las sanciones

Además de las reformas competenciales, de gran interés para la bronca política, la reforma incorpora un tono ecologista que está presente desde el primer punto del texto. El objeto de la ley incluye como novedad que la norma debe «promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles». En muchos artículos hay coletillas que obligan a proteger el buen estado ecológico de los ríos y los acuíferos.

La norma duplica las sanciones por vertidos y por extracciones ilegales. Las más leves pasan de 6.000 euros a 300.000; las graves de 300.000 a un millón y las muy graves, de un millón a dos millones de euros. Además, extiende de cinco a diez metros la franja de dominio público y de protección de los ríos.

ABASTECIMIENTO: 60 litros diarios por habitante al día

La ley crea una «garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su capacidad económica al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas» de como mínimo 60 litros por habitante y día. En realidad, el efecto práctico es mínimo -en España todo el mundo tiene garantizados los 60 litros- pero Ecologistas en Acción (autor de la propuesta) afirma que puede servir de modelo para otros países.

Además, el agua desalada tendrá carácter público, como la de un río o un acuífero. Hasta ahora, comunidades como Murcia planeaban sus desaladoras al margen del Gobierno central. La ley afirma que «las obras de desalación que sean competencia de las comunidades autónomas» precisarán el visto bueno del Gobierno.

PRESAS Y EMBALSES: Registro de seguridad en los pantanos

El texto crea todo un nuevo capítulo (12 artículos nuevos) a la seguridad de presas y embalses. Obliga a registrar todas las presas y balsas de más de cinco metros de altura -muchas son privadas y están fuera de control- y crea una Agencia Estatal de seguridad de Presas, y que todos los embalses tengan un plan de seguridad.

Otro punto importante es el referido a las aguas subterráneas. En España existen 500.000 pozos, muchos de ellos sin control y que han llegado a secar un parque nacional como el de las Tablas de Daimiel. La norma obliga a clausurar «los pozos abandonados o en desuso», cambia el sistema de concesiones para

La primera oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua que una Administración ha presentado en España ha sido un fracaso. La Confederación del Júcar ofrecía entre 0,13 y 0,19 euros por cada metro cúbico de agua que ahorren los regantes del acuífero de La Mancha oriental en Albacete. Sólo han aceptado la mitad. Como no se ha cubierto el ahorro de agua previsto con esta iniciativa encaminada a evitar que el río se seque, la Confederación decidió imponer restricciones sin retribución. Pero al final se ha plegado a las peticiones de los regantes y amplía el plazo de aceptación de la OPA.

«Estado de emergencia», señalan los indicadores de sequía de la cuenca del Júcar. El actual año hidrológico iniciado el pasado octubre (en coincidencia con el ciclo agrícola) atraviesa la segunda peor sequía de la historia de la cuenca después de la temporada 2004-2005.

Es el tercer año consecutivo con precipitaciones muy inferiores a los valores normales. Las reservas de agua embalsada sólo alcanzan a sumar 232 hectómetros cúbicos brutos (sobre 3.346 de capacidad total), menos de la mitad de la media de los últimos cinco años. Ante la gravedad de la situación, crítica para una cuenca habituada al uso intensivo de agua en su parte baja, la Confederación Hidrográfica propuso para la campaña actual una reducción del 40% en el consumo y la implantación de un paquete de medidas de ahorro para evitar que el río acabe seco.

Entre estas medidas y por primera vez en la historia (otro intento puesto en marcha por el PP para el alto Guadiana no prosperó), se lanzó a finales de diciembre pasado una oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua con el objetivo de ahorrar 61 hectómetros cúbicos. La OPA se dirigía en concreto a los regantes de aguas superficiales o subterráneas situadas en una franja de 10 kilómetros de ancho en cada una de las márgenes del río Júcar, en un tramo comprendido entre los embalses de Alarcón y el Molinar y el acuífero del Mioceno, que vierte sus aguas al río a su paso por Albacete.

La Confederación valoró el precio total de la OPA en 12 millones de euros, equivalente al lucro cesante de los regantes que acudieran a ella. Esta cantidad se distribuía en una horquilla comprendida entre los 0,1957 euros el metro cúbico de agua no consumida y 0,13 euros en el segmento más caro.

Cuando el pasado 16 de febrero se abrieron los sobres para conocer cuántos y quiénes aceptaban la cesión de derechos de agua, un silencio sepulcral se adueñó del ambiente en la delegación de la Confederación del Júcar en Albacete.

A pesar de que la OPA se había negociado de manera transparente y consensuada con los regantes, a la hora de la verdad el agua que estaban dispuestos a ahorrar sumaba sólo 38,1 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que se perseguía: 26,8 corresponden a la OPA en sí y 11,3 al ahorro que adicional, voluntaria y gratuitamente se habían comprometido a ahorrar los agricultores opados. Al no cubrirse la oferta de adquisición de derechos de agua, los regantes tendrían que ahorrar forzosamente otros 20 hectómetros cúbicos adicionales sin ninguna compensación, según decidió la Comisión de Sequías del Júcar. Días después dio marcha atrás para abrir un nuevo plazo de aceptación de ofertas que expira el próximo día 23.

La Confederación del Júcar y los propios regantes desean a toda costa levantar la sensación de fracaso que ha cundido entre la propia gestora de la cuenca, regantes y agentes económicos, sociales y académicos de la zona. Un territorio de 28.000 hectáreas incorporado al regadío con agua subterránea apenas veinte años atrás con el impulso estatal, a través del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Cuarenta y cinco variedades

La zona opada comprende el municipio conquense de Casas de Benítez y otras 16 poblaciones de la provincia de Albacete, entre ellas, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, La Roda, Villagordo del Júcar, La Gineta, Casas de Juan Núñez y la propia capital manchega. Se trata de una comarca paradigma de la geografía manchega que ha elevado su renta en los últimos años gracias a la incorporación del regadío por aspersión, del que dependen alrededor de 6.000 agricultores o unidades agrarias agrupados en la Junta de Comunidades de Regantes, constituida en 1995, una de las pocas que administra aguas subterráneas.

El consumo de agua por aspersión es reducido, si se compara con el sistema por inundación que se practica tradicionalmente en la cuenca baja del río en tierras de la Comunidad Valenciana. Las dotaciones medias aquí son de 4.500 metros cúbicos por hectárea frente a los 18.000 y hasta 20.000 de la plana valenciana.

El regadío permite sembrar aquí más de 45 variedades de cultivos diferentes como cebollas, ajos, trigo de alta calidad para panificación, cebada para maltería, alfalfa o adormidera, un cultivo trasladado a La Mancha desde Andalucía a partir de la gran sequía que azotó al Guadalquivir en los años noventa.

El presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, admite que si no se han cumplido las expectativas de la primara fase de la OPA es por la recuperación de los precios del maíz y los cereales y la esperanza entre los agricultores de que cambiaría la situación meteorológica. Pero no se siente derrotado. Se congratula de que por primera vez se haya creado una relación «fiable» entre la Administración y los regantes y se hayan despejado las dudas sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos. «Se ha roto la tradicional desconfianza del agricultor con la Administración».

Éxito agridulce

José Pérez Cuenca, presidente provincial del sindicato Asaja en Albacete, cree que la Confederación «tenía que haber ofrecido más dinero». Y aunque en un principio los agricultores se mostraron de acuerdo, dice que el escenario cambió porque «quizá algunos no se lo creyeron o la información no fue lo suficientemente explícita para que entendieran que iba en serio».

Los regantes coinciden en esa misma apreciación. El presidente de la junta Central de Regantes de La Mancha oriental, Agustín González, cree que la OPA ha tenido un «éxito agridulce» por culpa del bajo precio ofrecido. «Su no aceptación demuestra que los cultivos de La Mancha son rentables, aunque no estén subvencionados y que el agricultor prefiere trabajar la tierra a cobrar un dinero por quedarse de brazos cruzados».

La meteorología no ha cambiado desde que se lanzó la OPA. No ha llovido lo que se esperaba. La prórroga de una semana más del plazo de aceptación parece ser el último cartucho de la Confederación por ganar a los reticentes.

Evitar una nueva guerra del agua entre La Mancha y la Comunidad Valenciana

Tras el fracaso de la OPA, la Junta de Castilla-La Mancha votó en la Comisión de Sequía del Júcar en contra de que la Confederación Hidrográfica impusiera restricciones forzosas y gratuitas a los regantes manchegos. Pero el peso de los administradores de la cuenca y la abstención de los regantes tradicionales valencianos inclinó la balanza hacia la imposición, una decisión que en el fondo todos repudian y pretenden evitar, porque daría paso a una reedición de la guerra del agua entre manchegos y valencianos. Por eso se ha abierto un nuevo plazo para agotar los 12 millones incluidos en la oferta de adquisición temporal (sólo esta campaña) de derechos de agua.

El presidente de los regantes manchegos Agustín González subraya que a pesar de todos los obstáculos es la primera vez que los agricultores y una Administración se ponen de acuerdo para dejar de usar agua por una causa medioambiental: «Siempre hemos entendido que las masas de agua tienen que estar en el mejor estado posible. No tenemos derecho a hipotecar el futuro y les pedimos a nuestros vecinos de Levante que hagan lo mismo. Sabemos que en la región valenciana tenían que haber modernizado sus tradicionales sistemas de riego», afirma, tras resaltar que sus asociados ya se habían comprometido en noviembre pasado a reducir voluntariamente un 20% del consumo.

Para los expertos, el asunto tiene otro enfoque. Alfonso Calera, director de Teledetección de la Universidad de Castilla-La Mancha califica de «ejemplar y sin precedentes» la autorregulación de los regantes. Su equipo tiene firmado un convenio con ellos para vigilar por satélite el control de regadíos y augura una campaña difícil para quienes dejen de regar. Pero también para otros sectores inducidos como los transportistas y los comerciantes de semillas y fertilizantes. Cree que la OPA ha llegado con retraso para quienes tenían ya firmados contratos de campaña. Y considera que la aplicación de «medidas desproporcionadas, tardías o no pactadas, como la imposición de un ahorro adicional del 20% por el fracaso de la OPA» tiene el riesgo de generar situaciones de insumisión, que «pondrían en peligro muchos años de control y autorregulación del acuífero de La Mancha oriental».

La reforma de la Ley de Aguas crea los bancos públicos de agua, que desde hace años reclaman los expertos. El borrador del texto anuncia que cada cuenca tendrá un banco para que la Administración realice «ofertas públicas de adquisición de derechos de agua» que sirvan para mantener el caudal de los ríos, «cederlos a las comunidades autónomas para fines concretos de interés autonómico», o venderlos a otros usuarios.

Estos bancos sirven para dar racionalidad económica a la gestión del agua. Actualmente, hay fincas con concesión de agua desde hace décadas y no siempre la usan o no va dirigida a los cultivos más rentables. Con este banco, la confederación les compraría el derecho a bajo precio y ofertaría el agua a aquellos que paguen más.

Otra de las finalidades de estos bancos es «la realización de operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», es decir, trasvases a otra cuenca. Aunque el PSOE ha votado en el Congreso en contra de una moción del PP favorable a los trasvases, la realidad es que hay trasvases del Tajo al Segura, del Guadalquivir a Almería, y que el Gobierno construye actualmente un trasvase del Júcar al Vinalopó y otro del Tajo al Guadiana. Estas infraestructuras permiten el intercambio de agua.

Obras en Tarragona

El borrador de la ley establece que el comité de autoridades -en el que estará el Gobierno y las comunidades- de cuencas limítrofes «podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía», mientras que al Gobierno le corresponderá autorizar los trasvases más grandes. Así se agiliza el envió de agua y el intercambio entre cuencas. En 2005, los regantes de Murcia compraron por primera vez agua a los de Madrid; y los de Almería a los arroceros del Guadalquivir, pero la compraventa requirió un cambio legal mediante decreto ley.

Una disposición adicional del texto crea nuevas inversiones en el delta del Ebro. El texto remite a una ley de 1981 que garantizaba 120 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento en la provincia de Tarragona (que equivale al 12% del derogado trasvase del Ebro). Esta inversión se producirá «una vez finalizado el plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro». La inclusión de obras en Tarragona -el texto sólo hace mención a la desalación en Canarias- seguro que levantará una lluvia de críticas en Murcia y Valencia. El Ejecutivo, tras derogar el trasvase, sigue ampliando regadíos en la cuenca. Los ecologistas y la Fundación Nueva Cultura del Agua critican que estos usos tendrán tanto impacto sobre el delta del Ebro como el trasvase.

«Estamos pasando del siglo XIII al siglo XXI». Juan Valero, secretario general de la Acequia Real del Júcar (Valencia), no oculta su entusiasmo al ver los progresos tecnológicos que se están haciendo en el arcaico sistema de riego de los campos de cítricos, frutales y huertas valencianas de Algemesí, Benimuslem y Alginet.

En total, 1.200 hectáreas cultivadas que se han visto beneficiadas con la primera fase de un proyecto de modernización que, cuando finalice en 2010, abarcará 22.000 hectáreas de terreno de la ribera valenciana.

Unos 35.000 usuarios se verán favorecidos con la digitalización de un sistema de riegos que, remarca Valero, casi no ha cambiado desde sus orígenes en tiempos medievales del rey Jaime I el Conquistador. «Hemos optado por instalar fibra óptica a lo largo de todas las canalizaciones porque resultaba más rentable y su coste de mantenimiento es prácticamente nulo», asegura Valero.

Esta red de comunicaciones va a permitir que todos los campos estén conectados a un ordenador central, situado en Alberique, desde el que se programará y controlará toda la gestión del riego. Cada gota de agua va a ser sometida a estricta vigilancia. Presión, volumen y caudal se examinarán con todo detalle y los programas de riego se singularizarán según la necesidad de cada cultivo.

Los cítricos son predominantes en esta zona valenciana, pero la tecnología digital se extenderá a otras áreas frutales donde se cultivan albaricoques, melocotones y caquis, así como a las zonas de huerta. Sólo los arrozales de la Albufera se quedarán al margen, por las peculiaridades de su sistema de riego por inundación.

Alberique, ordenador central

El ordenador central situado en la población de Alberique abre y cierra todas las válvulas de las canalizaciones por las que ya corre la fibra óptica. Un sistema de información geográfica (GIS) permite además tener una visualización constante de los campos, con todos los datos de cada tubería incorporados a los mapas digitales.

Cuando acabe la instalación, la Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que el ahorro será de unos 190 millones de metros cúbicos anuales, de los que 60 se destinarán a los humedales de la Albufera y 40 al río Júcar, con el objetivo de mantener sus caudales ecológicos.

«Estamos en una zona donde existe gran preocupación por las sequías e inundaciones que se anuncian por culpa del cambio climático», recuerda Valero, para quien las nuevas tecnologías son una bendición para la gestión del ahorro hídrico. «El sector que más agua puede economizar es el del regadío», subraya.

El de la Acequia Real del Júcar no es un caso aislado, sino que forma parte de un plan nacional de modernización de los regadíos mediante tecnología digital, impulsado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que agrupa a 700.000 regantes de toda España.

Como indica su presidente, Andrés del Campo, esta cifra equivale a unos dos millones de hectáreas de regadío de los 3,4 millones del país, de los que un millón quedan al margen de la federación por corresponder a riegos privados.

Fenacore lanzó este programa, denominado Corenet, en 2003, con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al dejar de existir éste en 2004, el interlocutor pasó a ser el Ministerio de Agricultura, que en 2006 aportó 200.000 euros para el desarrollo del proyecto.

El 23 de enero, Fenacore se reunió con Francisco Amarillo, director general de Desarrollo Rural de dicho ministerio, para evaluar los resultados del proyecto Corenet. En 2006, 70 comunidades de regantes de diferentes cuencas hidrográficas se sumaron al programa, lo que implica que son ya 200.000 sus usuarios, cifra que corresponde a 400.000 hectáreas de terreno.

El objetivo es que antes de 2010 otras 70 comunidades se añadan anualmente al proyecto, con la intención de que ese año en torno a medio millón de agricultores gestionen ya sus regadíos a través de Internet, lo que equivaldrá a 1,6 millones de hectáreas beneficiadas. El sistema, una vez completado, dispondrá de una base de datos unificada en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), situado en San Fernando de Henares (Madrid).

Cursos de capacitación

«Para los agricultores es algo muy nuevo, pero cuando lo descubren se entusiasman», reconoce Andrés del Campo. El proyecto incluye cursos de capacitación para que se familiaricen con las nuevas tecnologías y den sus primeros pasos en Internet. La intención última es que los propios agricultores se vayan suscribiendo individualmente a la herramientas digitales que el programa Corenet pone en sus manos, a través de la página de Fenacore o de las web de las distintas comunidades de regantes.

De esta manera podrán realizar sus propias compras de productos online; acceder a toda la documentación que se está volcando (que incluye, en 2007, la digitalización de la biblioteca del Ministerio de Agricultura); establecer sus previsiones de consumo energético, de manera que desde la federación de regantes se puedan realizar propuestas globales de contratación a las compañías eléctricas en función del consumo anticipado, con el ahorro consiguiente, y un sinfín de posibilidades más, entre ellas beneficiarse de los avisos de averías y otras informaciones urgentes directamente a los móviles o a sus ordenadores.

En los campos de fresones

Al contrario que en la Acequia Real del Júcar, en los campos onubenses de Palos de la Frontera y Moguer los sistemas de regadío son muy recientes. Se remontan a los años ochenta, cuando explotó el monocultivo del fresón en la comarca.

«Desde el principio ya apostamos por el ahorro del agua», señala Fernando Sánchez, gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, «lo que no impide que, con los medios digitales, calculemos que podremos economizar un 15% anual».

Su comunidad fue de las pioneras, ya que lleva un lustro desarrollando un sistema de telecontrol digitalizado de los regadíos. Gracias a él, los 420 asociados pueden abrir las válvulas que dan paso al agua vía Internet desde sus ordenadores o desde sus teléfonos móviles.

Muchos de ellos han pasado por las aulas informáticas de la comunidad de regantes, donde se imparten clases todas las tardes. «Nuestra ventaja es que tenemos un agricultor joven, que ha dado una buena acogida a las nuevas tecnologías», se congratula Sánchez.

Entre los primeros en incorporarse al proyecto estuvo también, hace cinco años, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pablo del Amor, su responsable de Informática y Telecontrol, explica que a los usuarios se les ha concedido un carné gratuito con chip incorporado que les permite, entre otras cosas, realizar sus pedidos de agua a través del ordenador.

Desde hace dos años, se ha añadido la posibilidad de efectuar esos trámites desde teléfonos móviles con conexión a Internet. Unos 300 regantes, de los 5.000 que integran esta comunidad, se han acogido ya a esta opción y la usan regularmente. A través del móvil pueden examinar y cancelar turnos de riego, consultar sus saldos en tiempo real y disponer de los datos de sus regadíos actualizados.

La gestión sostenible de los recursos hídricos es el tema de las jornadas internacionales WEX The water and enviromental exchange (El agua y el cambio medioambiental) que reúnen en Sevilla a 130 expertos. Representantes gubernamentales, empresas privadas e instituciones internacionales, como la Unesco, debatirán sobre cómo abastecer a la población con un recursos tan limitado y sin sobreexplotarlo. En las jornadas, que se celebrarán hasta el viernes, participaron ayer Richard Meganck, director del Instituto para la Educación del uso del Agua, y Juan Corominas, director de la Agencia Andaluza del Agua, entre otros.

Arabia Saudí, un país de 24 millones de habitantes que con sus 30 plantas desalinizadoras es el primero en el mundo en convertir el agua del mar en potable, presentará su experiencia de creación de infraestructura a través de la cooperación público-privada.

«La gestión del agua ha estado siempre totalmente en manos del Gobierno, pero hace cuatro años hemos puesto en marcha soluciones en colaboración con empresas privadas», comentó ayer el profesor de Ingeniería Civil e Hidrología Abdulaziz S. Al-Turbak.

«El 50% del agua potable que se consume actualmente en nuestro país procede de plantas desalinizadoras, pero a un elevado coste; aún teniendo en cuenta que en Arabia Saudí el petróleo es muy barato. El alto precio del agua desalada hace que en la agricultura se emplee, en un 90%, agua procedente del subsuelo, un recurso limitado que pone en peligro la existencia de los acuíferos subterráneos», explicó ayer en Sevilla Al-Turbak.

El futuro, según el representante saudí, es la instalación de plantas que producen electricidad y desalinizan agua, una solución mucho más costosa para lo que han buscado la colaboración de empresas privadas. «Hemos construido también 230 pantanos en todo el país que recogen un billón de metros cúbicos de agua», añade Al-Turbak, quien ha mostrado mucho interés por la tecnología desarrollada en España que permite desalar agua a un coste tan bajo que puede usarse para la agricultura.

La Consejería de Economía resolvió el pasado 9 de febrero denegar la solicitud de Acuajúcar. La sociedad estatal pedía conocer los detalles del aval de un millón de euros que el Consell concedió mediante decreto el pasado 22 de diciembre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, contrarios al actual trazado del trasvase. El aval se concedió precisamente para cubrir los gastos derivados de la obra.

Acuajúcar alegó -mediante un informe elaborado por la Abogacía del Estado- «su interés legítimo y directo» sobre el asunto al tratarse de un aval público y considerarse además acreedora de la Junta.

El contencioso arranca del convenio suscrito en 2001 entre los regantes y el Gobierno, entonces gobernado por el PP. La junta se comprometió entonces a sufragar el 33% del coste del trasvase Júcar-Vinalopó -el resto de la obra la financian el Gobierno central y la Unión Europea-. Con la llegada del PSOE al Gobierno central, los responsables de la sociedad estatal corroboraron que pese a lo avanzado de la obra, la junta sólo había desembolsado unos 19.000 euros. Los impagos de los usuarios le habían generado además a la mercantil estatal un coste financiero adicional de 927.000 euros. De hecho, Acuajúcar acabó rompiendo el convenio de 2001.

La resolución de Economía -que se acompaña de un informe de la Abogacía General de la Generalitat- considera, pese a todo, que la sociedad estatal no tiene derecho al expediente porque incluye documentos de carácter nominativo o privado. Tampoco cree la Generalitat que tenga interés legítimo y directo. «Su petición se sostiene», dice la resolución, «únicamente en el dato de que el trasvase es una de las actuaciones encomendadas a Aguas del Júcar, así como en el hecho de que la Junta Central de Usuarios adeuda supuestamente una cantidad económica a dicha mercantil». El informe insinúa incluso a Acuajúcar que ejerza la acción popular si le preoucupa la legalidad de esta actuación. Respecto a la solicitud de Acuajúcar de conocer la identidad de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación del aval, la Generalitat le remite al Reglamento orgánico y funcional de la Consejería de Economía y a la «guía de personas y servicios de la Generalitat».

José María Marugán, consejero delegado de Acuajúcar, lamentó ayer la respuesta del Consell, pues «contradice el informe elaborado por la Abogacía del Estado, en el que se destaca que la sociedad estatal tiene derecho a solicitar esta documentación a fin de consultarla».

«¿Por qué se niega el señor Camps a facilitarnos el acceso a ese expediente? ¿Dónde irá a parar en realidad ese millón de euros? ¿Qué intentan ocultar? Si todo es legal… ¿a qué tienen miedo», plantea el consejero. Según Marugán, «el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat respeto al aval, nos hace tener fundadas sospechas sobre una presunta financiación irregular de la campaña del PP en la denominada guerra del agua, como sucede igualmente con la Fundación Agua y Progreso».

El consejero delegado anunció que la sociedad estatal llegará al fondo y exigirá a la Generalitat que asuma su responsabilidad.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 15,56% de su capacidad y almacenan 11,37 hectómetros cúbicos de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 520,61 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen. Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 12,70% de su capacidad; los del Turia tienen un 28,19% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de La Marina Baixa/Serpis dispone del 42,41% de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Sénia se encuentra al 25,89% de su capacidad. En el sistema de La Marina Baixa, el embalse de Amadorio tiene un 37,64% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 62,28%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 35,65% de su capacidad cubierta.

En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 42,14%; el de Alarcón, en el 6,15 %, y el de Contreras, en el 4,28%. En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 74,53%, Cortes II en un 91,64%, La Muela en un 69,42%, y El Naranjero al 63,57%. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 21,35%; Escalona, al 4,09%; y Bellús, al 8,82%. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 9,59%. En el Turia, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 39,29%; Benagéber, al 30,52%; Loriguilla, al 17,64%, y Buseo, al 31,52%. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 31,42% de su capacidad. En el sistema de Mijares, el de L’Alcora tiene almacenado un 69,95%; Arenós, un 24,34%; María Cristina, un 10,63%, y Sichar, el 24,13%. En el Sénia, el de Ulldecona está al 47,13% de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50% y el de Onda al 38,90%.

Por otro lado, la Comisión de Estudio de la Sequía de Las Cortes Valencianas aprobó ayer, con los votos del PP, el dictamen de la ponencia, que coincide con las conclusiones de los populares, y que los grupos de la oposición, PSPV y EU-Entesa, rechazaron por considerar «obsoleta». Esta decisión, que se elevará al pleno para su ratificación, supone el rechazo de las propuestas presentadas por el PSPV y EU, en las que apostaban por una gestión racional de los recursos hídricos, y que ambos grupos mantendrán como voto particular.

El temporal de frío, lluvia y nieve de la última semana no pone fin a la sequía, pero ha permitido ganar a los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar un total de 10,9 hectómetros cúbicos y aliviar un poco la sed del campo. Con las escorrentías, el volumen aumentará algo más en los próximos días. Las reservas de agua en los embalses alcanzan ahora los 509,23 hectómetros cúbicos. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, con esta aportación de agua, los embalses que abastecen a la Comunidad Valenciana se encuentran al 15,22% de su capacidad total.

En la semana del 22 al 29 de enero, el embalse que ha registrado una mayor ganancia ha sido el de Tous-La Ribera, que acumula 74,39 hectómetros cúbicos tras aumentar 4,15 hectómetros. También han aumentado sus reservas de agua los embalses de Cortes II (3,96 hectómetros cúbicos), Bellús (1,43), Arenós (1,1) y Benageber (0,75).

Por contra, las mayores pérdidas se registraron en los embalses de Cortes II (1,77 hectómetros cúbicos), La Muela (1,30), El Molinar (0,25) y Loriguilla (0,24). A finales de enero, los embalses de la CHJ con mayor volumen de agua embalsada son el complejo de Cortes (con 146 hectómetros cúbicos), Tous-La Ribera (con 74,39), Alarcón (con 67), Benagéber (66), Contreras (con 35) y Arenós (con 32).

Hace unos días el conseller González Pons declaraba ante los medios de comunicación que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas de que el Gobierno español pretende desalar masivamente agua en la Comunidad Valenciana para exportarla posteriormente a otras comunidades vecinas, entre las cuales citó a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, pero no a Murcia.

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La defensa surrealista de las ideas del Consell en materia de agua no es nueva. Empezó con el trasvase del Ebro, que ha devenido en el pensamiento único del presidente Camps, sosteniendo que el agua del Ebro sería baratísima porque bajaría sola de Tortosa a Valencia. No había más que ver el mapa para comprenderlo. Siguió con el trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que el agua transportada 80 kilómetros desde Cullera hasta Villena por el trazado «socialista» saldrá carísima, mientras que el agua transportada 300 kilómetros desde Tortosa también hasta Villena pero por el trazado «popular» del trasvase del Ebro habría sido baratísima. Luego vino la amenaza de la desertización, pronosticando que sin el agua del Ebro los bosques valencianos se secarían y la Comunidad quedaría desertizada. ¿Acaso Camps pretendía construir en secreto una inmensa red de tuberías capaz de distribuir el agua del Ebro de pino en pino, subiendo y bajando por las montañas valencianas?

Sin embargo, cuando parecía que ya se había alcanzado el techo absoluto del disparate hidráulico, el conseller González Pons ha roto todas las marcas en su nueva cruzada ecológica contra las desaladoras. No hace mucho tiempo, en su etapa de gobierno en Madrid, el PP fue por derecho propio «el gran desalador». No sólo se construyeron o tramitaron entonces grandes desaladoras marinas en Palma, San Antonio de Ibiza, Formentera, Blanes, Xàbia, Alicante, San Pedro del Pinatar, Carboneras, Almería, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, todas ellas con financiación pública, sino que en época del ministro Matas se llegó a enviar telegramas a los ayuntamientos de Baleares diciéndoles: «Pidan ahora su desaladora, que hay fondos disponibles». Alcudia, Ciudadela, Santa Eulalia y Andratx la pidieron, y todos ellos tienen sus desaladoras en construcción.

Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Para que no decaiga la guerra del agua, las desaladoras han pasado a ser un invento del demonio y deben ser públicamente deleznadas y vilipendiadas. La tarea le ha tocado a González Pons, y la tiene que combinar con el encargo de Camps de verdear la imagen gris-hormigón del PP hasta las elecciones de mayo. La conjunción de ambos encargos ha convertido la campaña contra las desaladoras en una auténtica charlotada ambiental sin precedentes en España ni en el mundo.

Para empezar, González Pons ha acusado a las desaladoras de ser nada menos que «las nucleares del mar», una acusación ciertamente terrorífica, aunque un tanto sorprendente viniendo de un partido que es el más cerradamente pronuclear de España, y uno de los más destacados de Europa en la materia. A continuación ha pintado un sombrío panorama de apagones y escasez de energía en la Comunidad ocasionado por el consumo eléctrico de las desaladoras, que chuparán hasta el último kilovatio disponible. Habrá que volver a las lámparas de aceite y a las barras de hielo para mantener las desaladoras…

Pero los desastres de las desaladoras no se acaban ahí. El conseller las ha acusado también de destruir implacablemente la Poseidonia oceanica, que fenecerá por completo cuando las desaladoras salinicen el Mediterráneo hasta convertirlo en un Mar Muerto, aniquilando de paso nuestra industria turística, y por supuesto la pesca. La Poseidonia es el gran descubrimiento ecológico del PP. «¿Poseiqué?», preguntaban los eurodiputados populares hace tres o cuatro años, cuando los ecologistas aludían a esta valiosa planta marina en los debates europeos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Ahora el conseller dice que esta planta es «el segundo pulmón» de la Comunidad Valenciana (el primero son los pinos que también se morirán si no se riegan con agua del Ebro). Pobre País, si la mitad de su respiración dependiera del oxígeno liberado por los escasos 500 km2 de praderas de Poseidonia que aún subsisten a duras penas en el litoral amenazadas, no por las desaladoras, que tienen resuelto hace años ese problema, sino por la pesca de arrastre, los puertos deportivos y los vertidos urbanos mal depurados o sin depurar, temas todos ellos desgobernados por el Consell.

Pero ahora, por fin, con la confesión de las «sensaciones políticas» del conseller, comenzamos a entender las razones de toda esta destrucción. El Gobierno pretende convertir a la Comunidad Valenciana en una gran fábrica de agua desalada, pero no para dársela a los valencianos, sino para exportarla a Castilla-La Mancha, Aragón y, sobre todo, a Cataluña. Así, los catalanes y otros enemigos de Valencia tendrán agua a chorro libre después de habernos dejado a los valencianos sin el mar Mediterráneo, sin turismo, sin pesca, sin agua, sin electricidad y hasta sin oxígeno para respirar. ¿Cabe imaginar mayor infamia contra la Comunidad Valenciana? Y todo por haber votado al PP.

Hasta aquí todo muy divertido. Pero el problema es que hoy en día, con la televisión y con Internet, las astracanadas políticas se ven desde todas partes. En los medios políticos españoles la obsesión enfermiza de Camps con el trasvase del Ebro ya despierta sonrisas de conmiseración, y en Bruselas están hartos de soportar el circo acuático y urbanístico valenciano. Bastan unos pocos años para conseguir el descrédito institucional de una clase política, y el PP valenciano lo ha conseguido con creces. Cuando esto cambie va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos recomponer la imagen del Consell como una institución seria, sin políticos sandía ni melón, con la que se pueda discutir y en la que se pueda confiar.

Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.