El Consell aprobó ayer denunciar ante la Unión Europea la desaladora proyectada por el Gobierno en Torrevieja porque «incumple la normativa comunitaria de defensa del medio ambiente» y supone una «agresión» al parque natural de las Lagunas de la Mata y a las praderas de posidonia, según el consejero de Territorio, Esteban González Pons. La desaladora será la más grande del Mediterráneo y funcionará como «fábrica de agua». El consejero dijo tener la «sensación política» de que servirá para abastecer a Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

González Pons reiteró que no hay necesidad de instalar en Torrevieja «la desaladora de uso agrícola más grande del mundo». Sostuvo que el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «está pensando en enviar agua desde la Comunidad Valenciana a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña», convirtiendo el territorio valenciano en una «fábrica de agua», gracias a Torrevieja y otras plantas. Ante la pregunta de si contaba con datos al respecto, dijo que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas.

Los datos oficiales del Gobierno, sin embargo, señalan que la desaladora de Torrevieja abastecerá de agua potable a medio millón de habitantes del sur alicantino, incluido nueve municipios de Murcia, además de suministrar recursos para los regadíos de la Vega Baja. El 50% de los 80 hectómetros cúbicos al año (ampliables a 120) de producción de agua desalada de Torrevieja se destinará a consumo humano y el resto a la agricultura.

La argumentación del Consell para justificar la apertura de otro frente político contra el Gobierno es de carácter medioambiental y conservacionista: la planta de Torrevieja se ubicará en una zona de «amortiguación» del perímetro de protección del parque natural de las Salinas de la Mata, y los vertidos de salmuera resultantes de la desalación se realizarán en una zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) afectando a las praderas de posidonia. González Pons esgrimió que se conculca el «principio de precaución» de la UE, que paraliza cualquier infraestructura si perjudica al medio ambiente. Preguntado sobre si el trasvase del Ebro también transgredía dicho principio, respondió que el problema principal es que el Gobierno tiene «una política hídrica hecha con los pies».

El consejero agregó que se deberá instalar una subestación eléctrica que alimente a la desaladora de Torrevieja. Y denunció que su ampliación no tiene declaración de impacto ambiental, además de que la salmuera que antes se vertía en los límites de la zona LIC se depositará dentro, sin que el Gobierno haya informado a la Generalitat. Aportó la resolución gubernamental publicada en el BOE, de julio de 2006, que modifica la declaración de impacto de marzo del mismo año. En ella se indica que la planta amplía su producción de 60 a 80 hectómetros cúbicos al año, con capacidad de llegar a 120. Señala que «el proyecto ya contemplaba el dimensionamiento de las instalaciones de distribución y del sistema de vertido para un caudal de producción de 120 hectómetros cúbicos (…)». Por ello, entiende que no se precisa otra declaración de impacto. La resolución del BOE añade que «la acción más importante, en cuanto a su potencial impacto sobre el medio es el incremento en 0,89 metros cúbicos de vertido de salmuera». Sobre ésta, apunta que «las instalaciones de toma y de vertido se localizan en el Lugar de Importancia Comunitaria Cabo Roig». Y establece que «dado que el vertido de salmuera se realiza a mayor profundidad (entre -7,5 y -10 metros) y a unos 500 metros de la zona ocupada por posidonias (desde la línea de costa hasta la -8) y habiendo considerado las corrientes existentes en dicha zona, no es previsible que, en ningún caso, la pluma de salmuera alcance las praderas de dicha fanerógama».

También los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hablaron ayer de agua. Tras una reunión, insistieron en que ambas comunidades son un ejemplo del uso eficaz, racional, responsable y solidario del agua, tanto en España como en Europa, y por tanto, son merecedoras de recibir trasvases, en referencia al derogado del Ebro.

DESTINADA AL CONSUMO Y AL CAMPO

Capacidad. La desaladora de Torrevieja será la más grande de Europa, con una producción de 80 hectómetros cúbicos al año, ampliables a 120.

Uso. El agua potable de la planta se destinará a partes iguales al consumo humano (una población potencial de 500.000 personas) y a la agricultura (regadíos del trasvase Tajo-Segura, en la Vega Baja).

Estado del proyecto. Las obras de la planta, que se levantará al sur del término de Torrevieja, están pendiente de la expropiación de los terrenos

 A pesar de la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas, a cinco meses vista, el Gobierno central tratará de que en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo jueves en el Senado los máximos dirigentes de las comunidades eleven la mirada y muestren receptividad para consensuar líneas conjuntas de actuación en la política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación.

El Ejecutivo ofrecerá la participación de las autonomías en la gestión de los dos primeros asuntos, aunque se reservará la planificación general de ambas materias. Así se acordó en una reunión secreta celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre, con miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el secretario de organización, José Blanco, y los presidentes autonómicos socialistas.

Antes de proponer líneas de actuación conjunta a gobiernos de otros colores políticos, lo primero es que la familia vaya unida. Y parece que se ha conseguido. Los socialistas tuvieron una primera reunión, el jueves 28 de diciembre, en la que sin la presión mediática ni de la opinión pública han preparado la III Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 11 de enero. Política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación son los tres asuntos que se abordarán en la misma.

Las propuestas concretas se han empezado a elaborar, aunque las líneas de actuación ya se han marcado. El Gobierno central ofrecerá a las comunidades autónomas su participación en las Confederaciones Hidrográficas y en los órganos de gestión y planificación del agua.

En esta reunión, algunos de los presidentes autonómicos, singularmente los más concernidos en materia de agua -Marcelino Iglesias, de Aragón, y José María Barreda, de Castilla-La Mancha-, llamaron la atención sobre la incongruencia de que las autonomías tengan competencia exclusiva en materias como agricultura, ordenación del territorio y urbanismo, que necesitan  el agua, y, sin embargo, no están en ningún órgano de gestión del agua.

Algunas comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, del PSOE, o Valencia, del PP, han introducido en sus reformas estatutarias artículos para arañar competencias en materia de política hidráulica.

La concreción de las medidas que el Gobierno pretende consensuar con las comunidades autónomas se hará en la propia Conferencia de Presidentes, aunque en esta reunión se remachó que este foro, creado a iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es de reflexión, deliberación y puesta en común de ideas.

Aun así habrá propuestas claras, como la creación de un Consejo Sectorial del Agua en el que estarán representadas las comunidades autónomas. En todo caso, las medidas serán tendentes a fomentar «la corresponsabilidad» del Gobierno central y los autonómicos en materia de agua.

Al comienzo de la reunión de los dirigentes socialistas, que continuó en un almuerzo sin salir de la sede del partido, María Teresa Fernández de la Vega hizo una intervención sobre los objetivos de la conferencia. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, continuó con el uso de la palabra y en tono de broma invitó al presidente castellano-manchego a que «dijera lo que tenía que decir». Barreda ha acordado con el PP una reforma estatutaria en la que da por enterrado el trasvase de agua de su comunidad a Murcia en 2015.

Barreda y Marcelino Iglesias, que también ha incorporado a su Estatuto un máximo de hectómetros cúbicos que se deben quedar en Aragón cada año, coincidieron en suponer que el PP querrá poner sobre la mesa «la resurrección del Plan Hidrológico y del trasvase del Ebro», para concluir que los socialistas deben mantenerse firmes y seguir adelante con las «políticas de futuro».

En el terreno interno también se acordó no llevar a la mesa de la Conferencia de Presidentes los asuntos que dividen a los socialistas, aunque también al PP, como son algunas de las referencias del Estatuto de Aragón -en fase de enmiendas en el Congreso- y de Castilla-La Mancha, todavía sin debatir en su propio parlamento.

Los interlocutores consultados señalan que la reserva de agua que quiere establecer Aragón, o la petición de caducidad del trasvase del Tajo al Segura que se refleja en el texto de Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver con las propuestas de políticas comunes que el Gobierno quiere hacer a todas las comunidades. Además, dan por seguro que los gobernantes del PP, presos de la misma división entre regiones, tampoco lo pondrán a debate.