Los ánimos están revueltos en las comarcas del delta del Ebro tras la presentación del proyecto del plan de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El documento ordena los usos del agua en la demarcación y, lejos de contentar las exigencias de ecologistas, vecinos, empresarios y políticos, ha encendido todas las alarmas. “Algunos sectores llevan años diciendo que estamos locos, pero ahora se están dando cuenta de la gravedad de la situación”, sentencia Susanna Abella, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE). La CHE establece en la desembocadura del río un caudal ecológico que fluctúa por meses y no es fijo, como ocurre en la actualidad. Así, el caudal avanzaría de los 155 metros cúbicos en dos meses de invierno y después, el resto del año, bajaría hasta un mínimo de 80. Ahora el caudal mínimo es de 100 metros cúbicos por segundo durante todo el año.

Al documento, en fase de exposición pública, pueden presentarse alegaciones hasta noviembre.Tanto la Generalitat como la PDE las están preparando, porque en el delta del Ebro el anuncio no contenta a nadie y se emplearán a fondo para intentar mejorar las condiciones. “Son peores que las actuales, las cuales han llevado a la degradación del delta, los problemas ambientales son visibles a largo plazo, se salinizará y no se podrá plantar ni arroz, afectará a las bahías y a los animales”, dice Abella. Según la PDE para determinar los caudales solo han utilizado dos de los cuatro indicadores requeridos, y no se han empleado factores determinantes como el estado de los peces.

Rafael Sánchez, hidrógrafo, fue el encargado de redactar en 2007 la propuesta de caudales de la comisión para la sostenibilidad de las Tierras del Ebro que debía ser incorporada al plan de cuenca. En aquella ocasión, se tuvo en cuenta el ecosistema marino, los años húmedos y secos, también las pesquerías y la conservación de las especies. “Propusimos 9.000 hectómetros cúbicos y ahora han determinado 3.000, su propuesta vulnera las directivas europeas, es peor que la incluida en el Plan Hidrológico Nacional”, dice Sánchez, refiriéndose al escenario trasvasista empleado durante el Gobierno de José Maria Aznar, hace ya una década. El hidrógrafo advierte de que las consecuencias negativas pueden llegar a afectar a la central nuclear. “Se incrementarán los macrófitos del río, la central a veces ya tiene problemas para refrigerar por las algas; además, el trasvase, con la ley en la mano, vuelve a ser posible”, explica Sánchez.

Desde la CHE sostienen que el “debate está abierto” y que “no se impone nada porque ha habido un proceso de participación pública”. Pero incluso CiU, que hace una década se alineó con el PP en su plan de trasvasar agua del Ebro, se ha atrincherado esta vez en contra del Gobierno. El consejero de Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, ya ha advertido de que se plantean impugnar el plan por la vía jurídica. La semana pasada no acudieron a una reunión de la comisión de sostenibilidad de las comarcas del Ebro ni representantes del Ministerio de Medio Ambiente ni de la CHE.

“Debemos estar unidos porque si desaparece el delta nada tendrá sentido aquí; me preocupa tanto un futuro trasvase como los caudales pequeños”, afirma el alcalde de Tortosa (Baix Ebre, Tarragona) y senador, Ferran Bel (CiU). Bel recuerda que el PSOE no fijó el caudal mientras gobernó estas dos últimas legislaturas, aunque el documento publicado ahora “está fechado el 28 de junio de 2011”. Tanto los convergentes como los expertos y la PDE son muy pesimistas y creen que no tendrán en cuenta sus alegaciones. “Hemos pedido el estudio del plan de cuenca porque ni siquiera hemos podido acceder a él”, se queja Abella.

En el delta todos los sectores se apresuran a mostrar unidad en su rechazo, ya sea por motivos medioambientales o económicos, a los planteamientos de la CHE. Incluso la Cámara de Comercio de Tortosa rehúsa el plan. “El río es nuestra columna vertebral, participaremos activamente en cualquier manifestación”, remarca el presidente de la Cámara de Comercio de Tortosa, José Luis Mora, quien agrega que el plan afectará drásticamente a la producción de ostras, mejillones o a la navegación fluvial.

Aun así, en el delta del Ebro esta vez nadie quiere quemar etapas y se muestran cautos. “Todo el mundo espera grandes manifestaciones, pero tenemos que ir paso a paso; ahora estamos articulando equipos de trabajo técnico para rebatir la propuesta de la CHE”, concluye Abella. La PDE ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas para presentarlas ante la UE. Mientras tanto, en poblaciones como Deltebre (Baix Ebre) algunas calles han amanecido con pintadas beligerantes. Es la preparación de la batalla.

El Ministerio de Medio Ambiente planea designar como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro a un representante del Partido Aragonés (PAR), socio del PP en la comunidad. El cargo supone que un partido que ha impulsado la oposición al trasvase del Ebro y la reserva exclusiva para la comunidad de 6.500 hectómetros cúbicos presidiría la cuenca pese a que afecta a otras nueve comunidades autónomas, desde Cantabria a Cataluña. Fuentes del PAR admiten negociaciones con el PP sobre el asunto.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en su primera comparecencia en el Congreso que los presidentes de las confederaciones bajarían de rango. A partir de ahora serán subdirectores generales, “dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua”. Culmina así un camino que inició el PSOE en la pasada legislatura para recentralizar la gestión del agua.

Sin embargo, los nombramientos están siendo pactados con las comunidades, incluso a propuesta de los barones populares. Es el caso del Segura, donde se da por hecho el nombramiento de Miguel Ángel Ródenas, actual director general del Agua de Murcia.

El caso más complicado era el del Ebro. Por la importancia simbólica en un momento en el que un sector del PP pretende volver a los trasvases y por la complicación geográfica, ya que la cuenca afecta a nueve comunidades (Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña).

Aragón supone el 49,53% de la cuenca y en esa comunidad el Ebro es más que un símbolo. Hace una década, cuando el Gobierno aprobó el derogado trasvase del Ebro, miles de personas se manifestaron contra el Ejecutivo de Aznar y al final el PP perdió el Gobierno regional. El año pasado, Luisa Fernanda Rudi reconquistó la comunidad de la mano del PAR, que ya gestiona el agua en la comunidad. Aunque la presidencia de la Confederación no estaba en el acuerdo de Gobierno con Rudi, el PAR sí admite que “si hay alguna institución del Gobierno central en la que tendría sentido que estuviera el PAR sería la Confederación del Ebro”.

En Zaragoza, regantes y políticos dan por hecho que el hombre elegido será Xavier de Pedro, uno de los padres del Estatuto aragonés, polémico por incluir una reserva de agua para la comunidad seis veces superior al derogado trasvase del Ebro. De Pedro es abogado —el cargo era tradicionalmente para ingenieros— y desde 2007 ejerce de director general de Desarrollo Estatutario. El PP en la comunidad argumenta que con la rebaja de rango en realidad el cargo no es tan relevante y que va a depender directamente de Madrid.

El nombramiento de los presidentes no llegará hasta que el Gobierno apruebe el decreto con la estructura del Ministerio, previsiblemente hoy. El borrador, al que ha tenido acceso este diario, establece que “los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro tendrán rango de subdirector general”. El resto ya estaba en ese nivel tras la rebaja de la pasada legislatura.

Pese a que el PP nacional se opone a trocear la gestión de los ríos, en Aragón ha mantenido su reivindicación de competencias. Las Cortes regionales tramitan una ley escoba en la que incluye modificar la “gestión del agua en Aragón” para que la comunidad tenga la competencia en materia de inspección y de autorizaciones en dominio público hidráulico, algo que, según los regantes, haría ingobernable la cuenca en caso de generalizarse en las nueve autonomías.

El nombramiento de un regionalista levantará previsiblemente recelos en el PP de Valencia y Murcia, pero también en otras comunidades. Durante la elaboración del plan de cuenca se vio un conflicto entre Aragón y Cataluña. La primera pretendía aumentar los regadíos en su territorio y la segunda el caudal ecológico en el Delta, cosas incompatibles. Además, tiene relevancia política, porque el PP engloba cada vez más al PAR, que estaría incluso en un órgano del Gobierno, aunque con sede en Zaragoza.

Con el PSOE, el PAR ya intentó sin éxito obtener la presidencia de la Confederación. El Gobierno socialista sí cedió las competencias del Guadalquivir pero el Constitucional lo anuló. Ecologistas, regantes, ingenieros y expertos cargaron contra esa decisión.

El sector del agua ya ha saltado contra el eventual nombramiento. “Le hemos dicho al ministro que debe defender la unidad de cuenca”, explica Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Decía Manuel Lorenzo Pardo, el ingeniero que diseñó el trasvase Tajo-Segura para la II República que luego se apropió Franco, que “el agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino”. Eso quedó claro ayer, tras el anuncio del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de formular un nuevo plan hidrológico nacional que incluya trasvases “solidarios” para llevar agua a Alicante, Almería y Murcia. En esta región, la más afectada, el PP sostiene que le da igual de dónde les llegue el agua, “incluso del Amazonas”. La geografía hizo que las miradas se dirigieran más cerca: al Ebro y el Tajo.

Si alguien pensaba que recuperar el trasvase del Ebro era sencillo, ayer tuvo un baño de realidad. Si en 2000 la obra iba a ser “un paseo militar” —el mismo Cañete fue cazado por una cámara diciéndolo— doce años después parece inviable. El PP de Aragón aprendió cómo se pierden unas elecciones por el agua y ahora ha vuelto al poder pero lo hace junto al Partido Aragonés. Y ayer, el portavoz de este partido en las Cortes Autonómicas, Alfredo Boné, advirtió: “Los aragoneses nunca aceptarán que se resuciten viejas amenazas, como la del trasvase”. Cualquier intento de llevar agua del Ebro (aunque sea de Tarragona, lejos de Zaragoza) rompería el pacto de Gobierno.

Tal es el clima en la comunidad, que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, pidió al Ejecutivo central “respeto al Estatuto de Autonomía” ante la posibilidad de un trasvase del Ebro. El estatuto fija una reserva exclusiva para Aragón de 6.500 hectómetros cúbicos (más de seis veces el derogado trasvase), lo que impediría que hubiera agua excedentaria. El texto es constitucional pero solo porque no tiene aplicación práctica, según falló el Constitucional.

En Cataluña, CiU se guardará de no cometer los mismos errores que cometió hace diez años al apoyar el Plan Hidrológico Nacional de Aznar. Entonces soliviantó a los habitantes de la ribera del río. Fue la puntilla que llevó a la primera derrota electoral de CiU. Diez años, y con el Gobierno catalán otra vez en manos de CiU, los nacionalistas ya han dejado claro que su actitud será “diferente”. “Quedamos muy escaldados con el tema del PHN. Ya veremos cómo evoluciona y cómo se concreta el plan, pero vista la experiencia y el resultado de la gestión política de hace diez años, actuaremos diferente”, señaló el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. La reivindicación de CiU es el trasvase del Ródano.

Cospedal baja el tono en público y facilita que la obra afecte al Tajo

Por si había dudas, los alcaldes del Delta del Ebro se sumaron: “Nuestra oposición será clara ante cualquier propuesta de trasvase, nos opondremos frontalmente”, aseguró Ferran Bel, alcalde de Tortosa y senador de CiU. El pasado septiembre, el pleno de este Ayuntamiento votó en bloque —incluido el PP— contra la demanda de la diputación de Castellón de transferir agua del Ebro.

Si no es el Ebro queda el Tajo, bien sea desde Toledo, desde Extremadura o alguno de sus afluentes como el Jarama o el Tiétar, y con la posibilidad de dejar agua en el Guadiana. En cualquier caso, afectaría a Castilla-La Mancha, la única comunidad de la que ya nace un gran trasvase, el de la cabecera del Tajo. Allí, su Gobierno ha optado en cambio por bajar el tono. La presidenta de la comunidad, Dolores de Cospedal, es además secretaria general del PP y difícilmente podría poner en peligro de forma abierta un plan del Gobierno de Rajoy. No tiene el margen de actuar como barón díscolo. Eso quedó claro cuando aceptó el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) nada más llegar el PP a La Moncloa tras haberlo rechazado —al menos oficialmente— cuando el ministro era el socialista Miguel Sebastián.

El portavoz regional, el popular Leandro Esteban aplaudió que Cañete busque una solución “integral, conjunta, unitaria, respondiendo al principio de prioridad de la cuenca cedente, además de cubrir las necesidades hidrológicas presentes y futuras desde un principio de solidaridad entre regiones”. Esteban lamentó que durante años se haya hecho “tanta demagogia” con el agua en la comunidad y lamentó que el PSOE quiera “perseverar en un error que ha conducido a generar guerras del agua entre regiones”.

La defensa de un acueducto solidario levanta a las cuencas cedentes

Pero el PSOE considera que con el agua puede hacerle daño a Cospedal —que acabó con la hegemonía socialista por un solo diputado—. “Estamos a favor de un nuevo PHN, sí. Pero del que empiece por el fin del Tajo-Segura”, declaró el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro. La capital, Toledo, ha visto cómo el trasvase reducía el caudal del río y cómo la falta de depuración de Madrid ha hecho que la contaminación sea cada vez mayor. Y han surgido movimientos ciudadanos como la Plataforma en Defensa del Tajo, que fue capaz en 2009 de reunir a decenas de miles de personas en Talavera contra el trasvase.

Un problema de plazos

Ejecutar un trasvase es un problema político, pero además lo es técnico. No porque todas las opciones no estén más que estudiadas, sino porque en este momento el Ministerio de Medio Ambiente debe aprobar con urgencia los planes de cuenca, que reparten el agua: abastecimientos, caudal ecológico, usos agrarios… España lleva más de dos años de retraso y Bruselas no acepta más demoras.

Pero en esos planes —que están casi listos pero en el cajón— las cuentas solo cuadran a martillazos. No hay agua y no tiene pinta de llover. En el Ebro era imposible cumplir la pretensión de Aragón de ampliar los regadíos y la de Cataluña y los ecologistas de duplicar el caudal ecológico del Ebro en la desembocadura hasta 200 metros cúbicos por segundo.

En el Tajo, la presidenta de la Confederación, la socialista Mercedes Gómez, colgó en la web el borrador de plan, que considera el Tajo sufre un déficit «no admisible» y que habría que reducir a la mitad el actual trasvase al Segura porque la entrada de agua en los pantanos de los que nace el trasvase ha caído un 47% en el periodo 1980-2006 respecto al 1959-1979, cuando se diseñó la obra. El documento (varios tomos tras años de trabajo técnico) fue retirado después de que lo publicara este diario. Sin embargo, tampoco es tan sencillo que un nuevo equipo cambie la disponibilidad de agua que allí aparece, los gráficos de aportaciones o rebaje los caudales ecológicos. Que el trasvase actual del Tajo no sirve como se ideó es algo que ya se acepta incluso en Levante. La obra estaba diseñada para trasvasar 600 hectómetros cúbicos al año, pero esa cifra solo se alcanzó en 2000.

Al problema de los planes de cuenca se suma la sequía. Pese al invierno tan seco, España aún tiene reservas en los embalses. Pero si no llueve, en otoño la situación puede ser mucho peor. Y las tensiones políticas crecen con la escasez.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estudia rebajar las confederaciones hidrográficas que quedan como direcciones generales a subdirecciones con dependencia de Madrid. Esto, que parece un cambio muy técnico, supone un paso hacia la centralización de la gestión del agua, algo que ya comenzó el PSOE en su última etapa.

Según fuentes próximas al ministerio, la idea sería bajar de rango a los presidentes del Duero, Júcar, Ebro, Tajo y Guadiana, después de que en 2010 perdieran ese nivel la del Segura. Estos pasarían a depender orgánica y presupuestariamente de la dirección general del Agua del Ministerio. Esto, además ayuda a la reducción de altos cargos pedida por Mariano Rajoy a sus ministros. Actualmente, la mayoría de los presidentes de las confederaciones tienen el mismo rango que la hasta ahora directora general, Marta Morén. Eso hacía, según fuentes del sector, que en ocasiones cada uno hiciera la guerra por su cuenta.

Caminar hacia la centralización del agua es relevante para intentar frenar conflictos territoriales por el tema. Sobre todo, porque de facto algunos de los presidentes de confederaciones los nombran las comunidades autónomas predominantes en la cuenca. Así, el PP en Murcia espera situar a Miguel Ángel Ródenas como presidente del Segura, mientras que Cospedal puede señalar al máximo dirigente del Tajo. Como ambas confederaciones mantienen intereses distintos -por el trasvase Tajo-Segura- hacerlos depender de Madrid al bajarles de rango puede ayudar a sofocar tensiones.

Entre los cambios del organigrama del ministerio destacan el previsible regreso del Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), que incluye el gran centro de investigación animal, y del Instituto Español de Oceanografía (IEO), hasta ahora en el Ministerio de Ciencia. Así, el departamento recupera o los buques que estudian stock de las pesquerías, o la contaminación en el pescado, algo clave para el sector de la pesca.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reventado varios de los nombramientos que Arias Cañete pensaba anunciar en el Consejo de Ministros. Además, del de Federico Ramos como secretario de Estado de Medio Ambiente, Aguirre ha señalado que la directora de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, Guillermina Yanguas, ocupará el mismo puesto en el Gobierno, y que el hasta ahora secretario general técnico de Transportes de Madrid, Jaime Haddad, ocupará el cargo de subsecretario del Ministerio de Agricultura.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Esquerra Unida, Lluís Torró, reclamó ayer a los populares valencianos que aclaren cual será su posición ante el Gobierno central de Mariano Rajoy en relación con un posible trasvase nuevo desde el Júcar hasta las comarcas del sur de Alicante.

Torró indicó que tiene que atenderse, por parte del Consell, la preocupación de la plataforma Xúquer Viu por la situación que atraviesa el río. El diputado autonómico de Esquerra Unida exigió al PP que «clarifique que no cederá ante las presiones de esta nueva propuesta liderada por Federico Trillo».

Según el parlamentario, su grupo pedirá explicaciones en las Cortes a los responsables de Medio Ambiente y Agricultura. «Es imprescindible elaborar el nuevo plan de cuenca del Júcar ya que la situación bajo mínimos del caudal del río es consecuencia de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha, fruto del pacto entre José Bono y Eduardo Zaplana y de la discusión generada entre la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Junta de regantes de la Mancha Oriental por la delimitación de la cuenca», indicó Torró. Para el diputado de EUPV, el único criterio científico y racional a seguir es el marcado por la directiva marco del agua.

El PP valenciano busca una nueva posición en la guerra del agua tras el fiasco de la defensa del trasvase del Ebro, que desaparece del programa de Mariano Rajoy, y la acometida de la secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, contra el trasvase Tajo-Segura. La Junta de Portavoces de las Cortes, con mayoría absoluta popular, introdujo ayer un «pleno extraordinario» el próximo 21 tras el previsto para el debate de totalidad de los Presupuestos. En ese pleno se debatirá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno, convalidado por el Congreso en octubre, que modifica la Ley de Aguas para que las comunidades que lo hayan recogido en sus estatutos tengan competencias sobre los ríos que atraviesan su territorio.

Se trata de una norma que afecta a Andalucía, Cataluña y Aragón, que tendrían competencias para inspeccionar y sancionar sobre los cauces fluviales en aspectos como los vertidos, gracias a una reforma legal que se las otorga. La reforma se produjo tras las sentencias del Tribunal Constitucional contra los estatutos de Andalucía y de Castilla y León, en respuesta a sendos recursos de Extremadura, que les negaba competencias sobre el Duero y el Guadalquivir porque son ríos que atraviesan varios territorios.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, justificó el recurso porque la política hídrica debe ser «unitaria». Blasco dijo que eso nada tiene que ver con mantener las competencias sobre las cuencas internas que tenga cada autonomía. El PP también ha añadido al pleno del 24 de octubre, de debate de totalidad de la Ley de Acompañamiento, la aprobación del decreto del Consell que simplifica los trámites urbanísticos. La diputada socialista Cristina Moreno aseguró que el PP trata de enmascarar el debate de unos presupuestos «injustos y antisociales».

Defensa del Tajo-Segura

Los empresarios alicantinos exigen, por otro lado, que se disipen las dudas sobre el trasvase Tajo-Segura. Una comisión mixta de la Cámara de Comercio y de la patronal Coepa reclamó ayer «disipar todas las incertidumbres creadas» sobre un trasvase que consideran «vital» para la provincia. Con esta petición los empresarios reaccionan al cambio experimentado por el PP en esta campaña electoral en materia hídrica.

Ni se lo esperaban, ni se lo explican. El cambio copernicano de los planes hídricos del PP ha caído como una losa sobre los regantes y agricultores alicantinos que durante los últimos años han ido de la mano con los mandatarios del PP, hasta convertirse en el azote a la política hídrica de José Luis Rodríguez Zapatero.

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La impresión es que se han impuesto las tesis de Cospedal y Rudi a las de Fabra

De nuevo se están organizando actos en defensa del Tajo-Segura

Asaja incide en que «el problema es que Zapatero se lió con Carod Rovira»

La Unió cree que «el PP se ha quitado la careta» tras años de «manipulación»

Ahora cuando el PP tiene aspiraciones, y muchas posibilidades de alcanzar el Gobierno e instalarse en La Moncloa, el trasvase del Ebro no figura en su programa, y el apartado dedicado al agua presenta más sombras que luces. El programa electoral de Mariano Rajoy deja la puerta abierta para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, número dos del PP, pueda recurrir el trasvase Tajo-Segura y planea incertidumbres sobre el futuro del Júcar-Vinalopó, cuyas obras ha finalizado el ejecutivo socialista y están paralizadas por disconformidad de los usuarios con la toma de agua inicial.

Los regantes, y en especial los dirigentes agrarios de las diversas agrupaciones que durante los últimos años se han encargado de llenar autobuses para manifestarse a favor de los trasvases, se sienten «intranquilos, decepcionados, indignados o huérfanos», según coincidieron varios de los afectados durante estos últimos días. Todos, además, tienen claro que los intereses y criterios del PP en Castilla-La Mancha o de Aragón han sido los que se han impuesto, y que Mariano Rajoy ha dejado en la cuneta al PP valenciano, y a los regantes que durante tantos años le apoyaron en la calle con el lema Agua para todos. El malestar que ha generado este cambio de actitud entre los profesionales del campo es tan patente que la próxima semana se celebrarán asambleas para empezar un gran acto de apoyo al trasvase Tajo-Segura en La Vega Baja.

Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante en Elche, está muy decepcionado y considera que «cualquier partido que no defienda y apueste claramente por los trasvases moralmente no puede ni pedir el voto a los alicantinos, yo del PP ni me presentaría». Urbina, no obstante, responsabiliza tanto al PP como al PSOE de ser «los responsables» de la actual situación de incertidumbre porque «han estado jugando con el agua durante años». Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores, y hombre próximo al PP, advierte de que «no vamos a permitir reducir caudales de unos trasvases que ya están consolidados», en referencia al Tajo-Segura. Aniorte atribuye la polémica a las «idioteces que dicen los políticos en campaña electoral», y anuncia que seguirán «exigiendo a Rajoy el trasvase del Ebro» hasta que sea una realidad.

Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Regantes del Vinalopó y uno de los líderes del movimiento Agua para todos, insiste en que los políticos deben «dar un paso atrás para dejar que sean los técnicos los que trabajen y decidan». Martínez advierte de que si el PP no incluye y confirma con «hechos» su apuesta por los trasvases «tendrá a todos los agricultores enfrente».

Pese a la irritación y malestar inicial al comprobar el cambio de criterio de Génova, algunos de los dirigentes agrarios, los más próximos al PP, han empezado a modular su discurso, y confían en las promesas verbales de Rajoy que siempre ha defendido las transferencias entre cuencas.

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, reunieron el miércoles a los regantes para tranquilizarles, pero no lo consiguieron. Ahora son palabras, antes estaba por escrito. El cabeza de lista del PP por Alicante, el ex ministro Federico Trillo, también tiene previsto encontrarse con los regantes para convencerles de que el PP no ha variado su posición. «No se crean cuentos, ni películas, el PP no ha cambiado en nada su discurso y haremos las cosas cuando podamos».

Pero lo único cierto es que en el programa electoral de estas elecciones, el PP copia prácticamente su propuesta de 2008 pero con algún matiz importante, no da por sentado que existan cuencas excedentarias, es decir, no está claro que sobre agua, e introduce que «si las hubiere» se plantearían la posibilidad de ejecutar transferencias. El cambio del PP se fundamenta en dos cuestiones básicas. Por un lado, la actual situación de crisis financiera impide comprometer una inversión millonaria como es el trasvase del Ebro (requeriría más de 500 millones de euros); por otro lado, hay un motivo político clave: en Aragón y Castilla-La Mancha, donde ahora gobierna por primera vez el PP desde hace años, existe un fuerte sentimiento antitrasvasista. «Rajoy en La Moncloa no puede permitir abrir una guerra entre comunidades hermanas gobernadas por un mismo partido», admite una fuente del PP en Alicante.

Es más, la propuesta electoral de los populares se basa en el Pacto del Agua de Aragón, mediante el cual el parlamento aragonés veta cualquier trasvase del Ebro, y asegura una reserva estratégica de agua «desmedida e injustificable», según opina Antonio Rico, catedrático de Análisis Geográfico y Regional en la Universidad de Alicante. Sin embargo, los regantes no entienden por qué Rajoy se ha plegado de esta manera a los intereses de Cospedal. «Si los programas electorales están para no cumplirlos, hubiera podido dejarlo como estaba», admite otro regante. Pedro Valera, de Asaja en Elche, admite que Cospedal «se ha salido con la suya, pero el problema es de Zapatero que se lió con Carod Rovira y a partir de ahí no nos aclaramos», dijo.

Ernest Blasco, de la Unió de Llauradors en Alicante, tiene claro que el programa electoral de Rajoy «evidencia las mentiras y la tremenda manipulación» que el PP «ha sometido» a los regantes. Para Blasco «nos han tomado el pelo», y ahora «el PP se ha quitado la careta». La Unió recuerda que el trasvase Tajo-Segura abastece tanto a regadío como a consumo humano, ya que de esta conexión beben 70.000 personas.

La tesis y los argumentos que barajan los expertos que defienden los trasvases son claras: España dispone de una media de 111.000 hm3/año, consume unos 21.000 hm3/año, y tan sólo se trasvasan unos 1.200 hm3/año. Y con este volumen tan reducido, se garantiza el suministro de agua potable de 15 millones de habitantes y de 600.000 ha de los regadíos más competitivos. Por eso consideran que hay margen suficiente para respetar caudales ecológicos y garantizar las demandas de agua en las cuencas excedentarias y, además, para plantear la realización de nuevos trasvases como el del Ebro. Un trasvase moderado y viable de 350 hm3 a la Comunidad Valenciana y otros de 100 hm3 a Barcelona.

Olcina: "No es una baza electoral, es un tema de Estado"

El agua no figura como un tema de Estado en el programa electoral del PP. Las referencias directas al Pacto del Agua de Aragón y la amenaza directa que se intuye sobre el Tajo-Segura, revela que la propuesta con la que Mariano Rajoy se presenta a las elecciones ha sido elaborada desde Toledo y Zaragoza. «Los intereses regionales han primando sobre intereses generales», admite el catedrático de Análisis Regional de la Universidad, Antonio Rico. Por su lado, el exrector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, una de las voces más autorizadas en esta materia, insiste en que «el agua nunca debe ser una baza electoral, es un tema de Estado». Por eso este experto pide a los políticos que «prescindan de la demagogia y apliquen criterios técnicos» en la planificación hídrica.

Joaquín Melgarejo, catedrático de Historia Económica en Alicante y autor de varios informes sobre el impacto económico del trasvase del Ebro, encargados por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), quita hierro a la polémica y cree que la propuesta electoral de Rajoy «no dice que no se hará el trasvase, es ambiguo en su redacción, pero habla de transferencias sobrantes». Bien distinta es la opinión de Rico quien lamenta «las pocas líneas» que el programa del PP dedica a la planificación hídrica. «Esta actitud constituye un error histórico y una grave irresponsabilidad política, máxime cuando de la solución de ese problema dependen centenares de miles de empleos y exportaciones agrarias que son vitales», asegura Rico, quien considera que una cuestión de Estado como ésta «no puede ser tratada de forma tan simple y sesgada como lo ha sido en dicho programa electoral del PP».

Gil Olcina, catedrático también de Análisis Regional, tilda de «precipitada e inadecuada» la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aunque «no era un documento perfecto era una propuesta seria» que garantizaba llevar agua de las cuencas sobrantes a las deficientes.

Rico extrae una conclusión sumamente preocupante: «Hay un giro copernicano del PP en materia de agua porque hay dirigentes políticas muy señaladas y conocidas que han impuesto su opinión por encima del interés general y de los criterios técnicos», en referencia a María Dolores de Cospedal con una «imposición, carente de sentido común, en la que hay regiones que ganan y otras que pierden».

Y entre las regiones que pierden claramente se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia, que no sólo pierden la opción del trasvase del Ebro, sino que también pueden perder o ver reducidos los trasvases existentes, poniendo en riesgo centenares de miles de empleos.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en lamentar que la palabra trasvase estuviera proscrita durante los últimos 8 años de Gobierno socialista, y ahora también lo esté en caso de un hipotético Gobierno popular. También echan en falta referencias concretas al mantenimiento de los trasvases existentes, que son infraestructuras estratégicas para el mantenimiento del empleo y la generación de riqueza en Cataluña (Ter-LLobregat y minitrasvase del Campo de Tarragona), Comunidad Valenciana (Júcar-Turia, Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura), Murcia (Tajo-Segura) y Andalucía (Tajo-Segura, Negratín-Almanzora y Guadiaro-Majaceite). Sin estos trasvases peligraría la viabilidad económica y social de 600.000 ha de las más competitivas y rentables de los regadíos españoles. Regadíos todos ellos de vocación exportadora de los que dependen más de 500.000 empleos.

Y en materia de abastecimiento de agua potable, de trasvases y grandes viajes de agua depende el suministro de más de 15 millones de habitantes. En la situación en la que se encuentra España, poner en riesgo el empleo y las exportaciones agrarias que generan esas 600.000 ha es una irresponsabilidad «gravísima e inadmisible», según concluye Rico.

El trasvase Tajo-Segura no se vio realmente amenazado por el fallido Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía acabar con él. La amenaza real para la obra radicaba en el Plan de la Cuenca del Tajo, el documento que bajo llaves prepara Medio Ambiente que reparte el agua. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha publicado en su web un borrador del plan según el cual habría que reducir a la mitad el caudal máximo que se puede trasvasar a Murcia y Alicante. El ministerio desautorizó el texto y ordenó retirarlo. Fuentes del departamento apuntaron que la publicación parecía una jugarreta. A un mes de las elecciones, el texto era una bomba electoral para los socialistas en Valencia y Murcia.

El borrador del plan de cuenca destaca que la entrada de agua en los pantanos de los que nace el trasvase ha caído un 47% en el periodo 1980-2006 respecto al 1959-1979, cuando se diseñó la obra. El texto señala que desde 1980 la cabecera del Tajo sufre un déficit «no admisible». Para evitarlo, plantea ampliar de 240 hectómetros cúbicos a 400 la reserva no trasvasable de los embalses. Además, aumenta el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez (que sube de seis metros cúbicos por segundo a 10) y se prepara para el crecimiento de la demanda en Madrid y Castilla-La Mancha. Con todo eso, dice que lo único admisible sería un trasvase en años normales de entre 91 y 134 hectómetros cúbicos al año. El máximo en años húmedos quedaría en 324 hectómetros cúbicos. Esto supone recortar a la mitad los caudales actuales. El máximo trasvasable es de 600 hectómetros cúbicos (solo se llegó en 2000). El máximo previsto sería menor que el trasvase del último año hidrológico, cuando el acueducto envió 364 hectómetros.

La directora general del Agua, Marta Morén, consideró que alguien había cometido un error al publicar este «documento de trabajo». Según Morén, que conoció por este diario la publicación del texto, el trasvase se reduce ahí tanto «porque no tiene en cuenta las posibilidades de la reutilización en Madrid y Castilla-La Mancha». «Hemos pedido informes al Cedex [un centro de estudios de Fomento] y sin esos el plan no está completo». Morén negó que su intención sea rebajar a la mitad el trasvase. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, también desautorizó el borrador. El Gobierno lleva años de retraso en la elaboración de los planes de cuenca pero ya ha avisado de que no terminará esta legislatura los más polémicos, Tajo, Júcar y Segura. Después del 20-N, si hay una mayoría popular, será Rajoy quien tenga que cuadrar el rompecabezas entre sus barones. El trasvase abastece a 2,5 millones de Murcia, Alicante y Almería y da agua a 70.000 regantes. Abierto en 1979, la polémica sobre él no ha hecho más que crecer.

Castilla-La Mancha ve cómo en algunos meses el trasvase lleva más agua que la que discurre hacia Portugal (ocurrió este verano). Miguel Ángel Sánchez, de la plataforma en Defensa del Tajo, mostró su satisfacción por el contenido: «Dice claramente que se abusa del Tajo y que hay que cambiar las reglas de explotación». Aunque el ministerio niegue validez al texto, es relevante porque son los cálculos de los técnicos de la confederación. Cualquier rebaja generará polémica.

Los límites de la demarcación hidrográfica del Júcar se mantienen, al menos de momento. El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de Castilla-La Mancha contra el decreto del Gobierno que fijó en 2007 el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las del Segura y del Júcar. El Ejecutivo autonómico que presidía entonces el socialista José María Barreda, alegó que los límites establecidos no eran válidos porque la Comunidad Valenciana no había asumido la gestión de los ríos de su territorio, como prevé su Estatuto de Autonomía. En el Segura, rechazaba que entre sus recursos se computara el trasvase del Tajo.

El Supremo confirma que los cauces que nacen y mueren en una comunidad debe gestionarlos el Gobierno regional, pero considera que el decreto gubernamental es conforme a derecho porque la delimitación es «provisional» y será revisada. El fallo respalda así que la gestión del agua continúe de momento en manos de la Confederación del Júcar, pero el conflicto sigue sin resolverse, ya que el Consell no se ha hecho cargo de sus ríos.