Los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó exigieron en junio pasado al Ministerio de Medio Ambiente garantías de que los primeros 12 hectómetros cúbicos trasvasados de la desembocadura del río en Cullera a la balsa de San Diego, en Villena, eran aptos para el riego agrícola y el abastecimiento urbano. Es la condición que ponen para sentarse a negociar con el Gobierno el precio del hectómetro cúbico de agua del trasvase.
- El trasvase Júcar-Vinapoló
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Acuamed, sociedad estatal encargada del trasvase, dispone de un estudio sobre la calidad del agua a fecha de junio. «Tiene la calidad suficiente para realizar actividades como el baño, la acuicultura o el riego agrícola», concluye el informe de Acuamed.
A título indicativo, añaden, el agua que se vierte al lago de L’Albufera, que cumple estrictos parámetros de calidad fijados por la Generalitat, «puede tener valores de eutrofización muy superiores, casi el doble, a los que presenta en la actualidad la Balsa de San Diego». La sociedad niega, por tanto, que el agua esté «pudriéndose», ya que sus niveles de oxígeno son estables y «no existe fauna o flora suficiente en su interior que produzcan mermas destacadas».
Que el agua sea potable depende de un tratamiento previo. «Como sucede con cualquier captación superficial en España», precisa la sociedad estatal. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió hace meses que si era preciso una potabilizadora, el Gobierno se haría cargo Pero también precisó que el origen y fin del trasvase era paliar la sobreexplotación de pozos empleados para el riego agrícola, que en el Vinalopó puede suponer unos 30 o 40 hectómetros cúbicos al año. El trasvase prevé hasta 80 hectómetros cúbicos anuales.
Así las cosas, el trasvase, siete meses después de acabada la obra -con un coste cercano a los 400 millones de euros- y 12 hectómetros cúbicos de agua embalsada, no tiene quien lo use. Atrás quedan decenas de protestas y manifestaciones en demanda de un agua vital para los regadíos alicantinos.La historia de este trasvase está jalonada de conflictos. Este año se cumplen seis años del trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó, concebido para aplacar la sed de los regadíos del Vinalopó y paliar la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Pese a la imperiosa necesidad de agua que siempre se ha alegado para el campo alicantino, los primeros hectómetros cúbicos de agua aguardan desde hace semanas almacenados en la Balsa de San Diego, en Villena. El conflicto entre la Generalitat y la Junta Central de Usuarios de la zona con el Gobierno español, que ha sufragado las obras junto con la Comisión Europea, tiene bloqueado el uso del agua. El trasvase carece en estos momentos de usuarios.
¿Qué pasa ahora que el agua está en su punto de destino? ¿Qué impide su distribución? No hay un solo motivo, pero el más importante es el enfrentamiento que sostienen desde 2005 el Gobierno español con los regantes de la comarca y el Consell. Fue hace seis años que un PSOE recién llegado al Gobierno cambió la toma de agua del trasvase de la parte alta del río, en Cortes de Pallás, al Azud de la Marquesa, a tres kilómetros de la desembocadura, donde el ministerio corroboró que había excedentes hídricos.
«El Gobierno cambia de forma unilateral y por motivos políticos la toma pactada en Cortes de Pallás [con el PP en el Gobierno] y ahora sufrimos las consecuencias», dice Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y del Consorcio de Aguas de la Marina Baja. A pesar de que el precio del agua sigue sin negociarse -otro de los motivos por los que el agua no se usa-, Martínez insiste en que el cambio de toma la hace más cara y además es de peor calidad.
«Según nuestros cálculos, el precio puede pasar de los 18 céntimos de euro a los 60», agrega, aunque no hay un precio oficial fijado. Martínez insiste en que el cambio de toma ha encarecido la obra del trasvase de los 230 millones que costaba el proyecto desde Cortes de Pallás a los más de 330 millones que ha supuesto el trazado desde Cullera.
«Es inaudito. La cuenca cedente [del Júcar] está de acuerdo con el trasvase y la receptora, no», observa el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, que recuerda que los acuerdos a los que alude Martínez se cierran con el PP de José María Aznar sin el concurso de los regantes del Júcar. Los 12 hectómetros de agua transferida a la balsa de Villena son aptos para el riego agrícola, asegura Moragues que exige a la Junta de Usuarios [porque así lo pide Bruselas] que diga los pozos que dejarán de ser sobreexplotados.
Moragues defiende el agua procedente del trasvase. «Con esta agua se está regando y haciendo el mejor arroz del mundo», añade. «Es la misma agua que se emplea en Sueca, Cullera o Fortaleny», subraya.
En cuanto a la potabilización necesaria para que sea apta para boca, nadie asume el coste al día de hoy. El Gobierno español apunta a los usuarios y la Generalitat y estos dos devuelven la pelota al ministerio, que se comprometió a construir una planta potabilizadora cuando peligrase el abastecimiento de boca. Que no parece el caso en estos momentos, dada la abundancia de recursos hídricos.
La Confederación del Júcar reconoce que esta primera transferencia es de prueba -para comprobar que balsa, tubería, túneles y otros elementos funcionan bien-, pero el próximo otoño puede darse otra transferencia si se comprueba que hay sobrantes en el Júcar. «Se podría ceder esta primera transferencia a los regantes a un precio menor al de explotación», plantea Moragues, responsable de la negociación. «El agua más cara es la que no se tiene. Además, ¿cuánto les hubiera costado el agua del trasvase del Ebro?», reflexiona.
El precio no está siendo el único obstáculo. La conexión del trasvase con las obras del post-trasvase, que corren a cargo de la Generalitat, sigue sin hacerse. Acuamed tenía previsto que la conexión se hiciera a la altura de la central de Alhorines, donde se producen dos saltos de agua, para así generar energía eléctrica, con unos beneficios anuales de alrededor de 700.000 euros. La Generalitat, sin embargo, ha variado el punto de enganche y lo ha adelantado varios metros, con lo que ha dejado inutilizada la central eléctrica.
Acuamed recurrió este cambio «unilateral» del enganche ante los tribunales al sentirse perjudicada y exige ahora al Consell que justifique este cambio y asuma los perjuicios económicos provocados. Los tribunales todavía no se han pronunciado.
«Nunca se planteó turbinar el agua», asegura un portavoz de la Consejería de Agricultura. Este departamento alega motivos de carácter técnico para variar el punto de conexión. Si se turbina el agua de la margen derecha del río, el agua del trasvase no tendría fuerza para subir hasta el Collado de Salinas. «Si llega hasta donde quiere el ministerio, tendríamos que volver a bombear el agua y la encarecería más», añaden.
Los problemas parecen multiplicarse. La Generalitat ha pedido la autorización para conectarse a las conducciones del trasvase a Acuamed pero la sociedad estatal quiere garantías de que la modificación practicada por la Generalitat no generará problemas en un futuro.
Al igual que los regantes, la Consejería de Agricultura apunta que cuando se aprobó el trasvase, estando todavía el PP al frente del Gobierno español, éste se acordó con unos precios y usos determinados. «Eso el ministerio lo cambia de forma unilateral. Ahora todo depende de que los usuarios lleguen a un acuerdo con el ministerio. Nosotros apoyamos a los usuarios», apunta la Consejería de Agricultura.
El presidente de la CHJ se muestra convencido de que si hay voluntad por parte de la Generalitat el problema de la conexión se resolvería en poco tiempo y el trasvase sería efectivo en semanas. El agua podría llegar así a los campos de la margen derecha del Vinalopó, es decir, hasta Elche. Las obras del post-trasvase de la margen izquierda, también a cargo de la Generalitat, siguen sin realizarse.
En la cuenca cedente, la del Júcar, los regantes, reunidos en torno a USUJ, entienden que el PP está enfrentando a los regantes del Vinalopó con los del Júcar. En la batalla del agua, el Consell se puso del lado de los usuarios del Vinalopó. Su portavoz, Andrés Martínez, con intereses en el sector del agua mineral, exige una segunda toma desde Cortes de Pallás o Antella, pero los regantes del Júcar no quieren ni oír hablar de tal posibilidad.
Y por si fueran pocos los problemas de entendimiento, la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica de la cuenca, azuza más los ánimos. La CHJ plantea amortizar miles de hectáreas de regadío -unas 18.000- en las comarcas del Vinalopó y L’Alacantí, tras alegar que no se cultivan. Esa revisión implicaría una reducción de los derechos del agua en esas tierras. Y los regantes del Vinalopó han puesto el grito en el cielo porque la supresión de estos derechos restaría valor a estas tierras.
La Consejería de Agricultura replica que esas tierras no se cultivan precisamente por la falta de recursos hídricos. Otras fuentes interpretan esta oposición tan férrea de la Junta de Usuarios del Vinalopó a la pérdida de valor que muchas de estas tierras sufrirían si pierden los derechos sobre el agua. No vale lo mismo un metro cuadrado de tierra, ya sea para regadío o para urbanizar, con derechos de agua que sin ellos.
Quedan pocos meses para las elecciones generales y también el trasvase del Júcar-Vinalopó parece haberse enredado en la estrategia de enfrentamiento institucional que sostiene la Generalitat con el Gobierno español desde hace tiempo. El agua, que dio pie a multitudinarias manifestaciones, espera embalsada en Villena.
El trasvase Júcar-Vinapoló
– Plan de Cuenca. El plan se aprueba en 1998 y establece un trasvase de hasta 80 hectómetros cúbicos de aguas sobrantes del río Júcar al Vinalopó. En este documento no se establece ni la toma de agua ni el precio del agua.
– Primera. Con el popular José María Aznar en la presidencia del Gobierno, el Ejecutivo acuerda que la toma del trasvase se haría desde Cortes de Pallás, en la cabecera del río. De los 80 hectómetros cúbicos, 35 se establecen para abastecimiento y 45 para riego agrícola.
– Segunda toma. El PSOE gana las elecciones generales en 2004 y la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cambia la toma de agua del trasvase de la cabecera del Júcar al Azud de la Marquesa, en Cullera, a tres kilómetros de la desembocadura del río. La calidad del agua en ese tramo es peor, pero solo en ese punto existen sobrantes.
– Obras. El cambio de trazado recibe el visto bueno de la Comisión Europea, que financia con 120 millones las obras del trasvase. Hace siete meses que se acaban las obras. La Generalitat ha completado las obras del post-trasvase en la margen derecha del Vinalopó, pero no así las de la margen izquierda, que siguen sin hacerse.
– Balsa de San Diego. En mayo, la Balsa de San Diego, en Villena, punto final del trasvase tiene almacenados ya 12 hectómetros cúbicos de agua. Más de la mitad de este embalse está lleno.
– Conflicto. Para que el agua de la balsa llegue a los campos y a otros destinos es necesario pactar el precio y solventar el conflicto por la conexión del trasvase a las obras del post-trasvase.
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