La propuesta del Partido Socialista de crear un «ente gestor global» que coordine la gestión de todos los ríos españoles fue acogida ayer con agrado por el Partido Popular. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, apoyó una gestión nacional en un organismo, «se llame como se llame». La propuesta del PSOE, aprobada en la comisión permanente, no contó en cambio con el apoyo de los ecologistas, que consideran que ceder el Guadalquivir a Andalucía fue inconstitucional -porque afecta a otras tres autonomías- pero que también lo sería arrogarse competencias de las cuencas internas que solo afectan a una comunidad.

Los ecologistas demandan "cumplir la ley, no inventar nuevos órganos"

Preguntada por la propuesta socialista, Cospedal respondió en Radio Nacional: «Lo que me parece indispensable es que tengamos, sea un organismo, sea lo que sea, una planificación nacional del agua. Se llame como se llame, sea el que sea, le pueda gustar más o menos al PP, tengamos una planificación hídrica nacional. Que el agua sea planificada a nivel nacional». Algo parecido afirmó el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, que ha hecho del agua su bandera y gracias a la cual ha conseguido más del 60% de los votos. Valcárcel afirmó que la propuesta viene a «desfacer un entuerto que el propio Gobierno había creado» y afirmó que sería «estupendo» y «maravilloso». Valcárcel retomó su reivindicación de crear un gran banco público de agua que permita a las regiones más secas comprar agua a las más húmedas gracias a un sistema de trasvases.

La propuesta socialista, primer paso en busca de un pacto de Estado sobre el Agua, apunta la creación de un nuevo organismo nacional dependiente de la Administración central pero con participación de las comunidades. Este organismo tendría entre sus funciones «desarrollar la planificación general en todas las cuencas de todo el territorio, sean cuencas intracomunitarias, intercomunitarias o internacionales» y las concesiones de agua.

Las comunidades más afectadas, Cataluña y Andalucía, optaron ayer por la prudencia. El consejero catalán de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró que lo que pretende la Generalitat es aumentar su cuota de participación en la toma de decisiones sobre el Ebro a través de la Confederación Hidrográfica. «Lo que debe garantizar cualquier cambio legislativo es la coexistencia de las cuencas internas de Cataluña [ríos Ter, Llobregat y otros] con la Confederación Hidrográfica del Ebro y más peso de la Generalitat en esta». Desde el Gobierno andaluz se declinó hacer cualquier comentario.

El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, fue crítico con el planteamiento: «Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y la Ley de Aguas, no inventar nuevos entes. No sé qué entidad jurídica tendría ese nuevo ente». Los ecologistas fueron críticos con la cesión del Guadalquivir a Andalucía. El Estatuto fue recurrido al Constitucional por Extremadura, comunidad gobernada también por el PSOE.

La Constitución establece que las cuencas que abarquen a una sola autonomía deben ser gestionadas por esta -cuencas interna de Cataluña, Cuenca Mediterránea Andaluza…- , pero reserva al Gobierno la gestión de los ríos que cruzan varios territorios. El estatuto andaluz se arrogó la gestión del Guadalquivir, el aragonés una reserva de agua exclusiva del Ebro y el de Castilla y León, la gestión de buena parte del Duero.

El documento fue preparado durante más de un año por la secretaría de Medio Ambiente del PSOE, que dirige Hugo Morán, y con colaboración de un grupo de expertos entre los que estaban profesores de universidad, algún asesor del ministerio y de empresas públicas relacionadas con el agua.

Josep Puxeu, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, explicó ayer en Valencia que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja para mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas e intenta conciliar la mejora de los caudales ecológicos con el abastecimiento para el riego agrícola, pero sin desbordar la realidad: «No tenemos más agua que la disponible en nuestros cauces».

Josep Puxeu, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, explicó ayer en Valencia que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja para mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas e intenta conciliar la mejora de los caudales ecológicos con el abastecimiento para el riego agrícola, pero sin desbordar la realidad: «No tenemos más agua que la disponible en nuestros cauces».

La posibilidad de duplicar el caudal ecológico del Ebro y el Tajo sería el resultado de un extenso trabajo que «saldrá en breve» a exposición pública tras negociarse con los agentes implicados.

El plan de cuenca del Júcar se negocia como los demás, pero con dificultades añadidas. El Estatuto de Autonomía y una sentencia prevén que la Generalitat Valenciana asuma la gestión de los ríos que nacen y mueren en territorio valenciano, pero el Consell se resiste. Castilla-La Mancha, entretanto, espera que la Generalitat asuma sus ríos para deslindarlos de la cuenca del Júcar, un movimiento que elevaría su presencia en los órganos gestores de la confederación hidrográfica. La pugna por el control del agua entre ambas comunidades está retrasando el nuevo plan del Júcar.

Puxeu, que se reunió por la mañana con Juan Vicente Safont, presidente de Intercitrus, y la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, para analizar la campaña citrícola, se limitó a asumir que hay problemas para cerrar el plan, pero recordó que «ya hay un plan vigente». El asunto se abordó también en la entrevista de Puxeu con el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, quien insistió en que «España necesita una autoridad única del agua» que evite conflictos y rechazó que se cambie la demarcación de la cuenca del Júcar. Sobre el caudal ecológico del Ebro, el consejero aseguró que no se opone mientras no afecte «al derecho que tienen todos los españoles a utilizar aguas excedentarias», y aprovechó para arremeter contra el gobierno de Castilla-La Mancha por intentar, a su juicio, hacer «inviable» el trasvase del Tajo.

El consejero, además, pidió al ministerio medidas para paliar los daños de los incendios y que limpie los barrancos de cara a posibles inundaciones. Barrancos que, en buena medida, debería gestionar desde hace tiempo.

Los ríos son milagrosos. Se sabía que traían riqueza y belleza, pero lo que consiguen con ellos las eléctricas va mucho más allá. El Ministerio de Medio Ambiente ha recabado entre todas sus confederaciones hidrográficas los datos -dispersos y opacos- sobre cuánto le pagan las eléctricas por usar el agua para producir electricidad. El recuento da como resultado que por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño, las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.

La patronal sostiene que una presa «no se amortiza nunca»

Los consumidores pagan la electricidad al precio más caro, el del gas natural

PSOE, PP, CiU y PNV votaron en contra de limitar «el beneficio caído del cielo»

Los ecologistas critican el continuo «expolio eléctrico» de los cauces

El fiscal denunció a Endesa por secar un río gallego durante 50 años

Medio Ambiente dice que las eléctricas no quedarán fuera del debate de los costes

El Ministerio de Medio Ambiente considera que esta desproporción es excesiva y busca fórmulas para cobrar algo a las eléctricas. El secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, advierte: «Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta».

El sistema de fijación de precios de la electricidad es singular. Las empresas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas primero aportan la nuclear, que no puede variar su potencia, todas las renovables entran por ley y, si hay agua en los embalses, la hidráulica. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caros, y al final todas cobran el precio más alto.

El resultado es que la hidroeléctrica -sin apenas costes y con presas construidas hace décadas- se cobra al precio del gas. Si el gas sube en los mercados internacionales, suben los beneficios de las presas. Los expertos bautizan este fenómeno como «beneficios caídos del cielo» (del inglés, windfall profits).

La Comisión Nacional de la Energía alertó del efecto perverso del sistema en 2008, pero solo la crisis, con la necesidad del Estado de recaudar más y de contener la desbocada tarifa eléctrica, ha abierto el melón de la regulación. Según la metodología de la CNE, el sector obtuvo 1.111 millones de beneficios extra en 2008 y 647 en 2009. La cantidad varía en función de la cantidad de lluvia y del precio del gas, que fija el del mercado. En los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso, la cantidad ronda los 900 millones.

Medio Ambiente ha revisado los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operan en forma de concesión. La inmensa mayoría son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta y con concesiones de hasta 75 años. «No pagan el agua. La cantidad que abonan de canon es mínima», resumen fuentes del Ejecutivo, que citan favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas. La primera gran concesión que caducará lo hará en 2024, según estas fuentes.

La Secretaría de Estado de Agua ha estudiado fórmulas para recuperar concesiones, pero legalmente, según afirman las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La ley exige compensar el lucro cesante de la concesionaria, que en este caso sería enorme, así que el Gobierno ha abandonado esa vía. Pero sí ha comenzado contactos con las eléctricas para ver cuál podría ser la solución. La reforma de la Ley de Aguas que presentó Cristina Narbona sí incluía un canon universal por el uso del agua que afectaría a las eléctricas, pero el proyecto fue retirado y duerme en un cajón.

La patronal eléctrica, Unesa, discrepa radicalmente. Sostiene que las centrales hidroeléctricas «no se amortizan nunca». Da igual que fueran construidas hace décadas, da igual que el combustible -en este caso el agua- sea virtualmente gratuito y da igual que cobren el kilovatio al mismo precio que una central de gas recién construida y que importa desde Argelia el combustible. «Las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante», afirma un borrador del informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009. Unesa agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía.

Unesa aporta un estudio que encargó a la consultora Deloitte en el que afirma que «se ha constatado la inexistencia de los llamados windfall profit», y algo similar ha dicho la consultora PricewaterhouseCoopers, ambas de gran predicamento.

Unesa cita la nuclear y la hidráulica porque son casos similares. Centrales antiguas, que en muchos casos recibieron inversiones de dinero público hace décadas y que cobran al precio más alto. Alemania ha abierto una vía al gravar las nucleares a cambio de que puedan funcionar hasta los 46 años como máximo. Con el sistema, la canciller, Angela Merkel, prevé recaudar unos 30.000 millones de euros, que destinará a financiar inversión en renovables y a combatir el déficit público. La central de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, funcionará como mínimo hasta los 42 años sin pagar ese impuesto ni con una menor retribución.

Es más, la patronal afirma que esas presas no solo no están amortizadas, sino que nunca pueden estarlo: «Este tipo de centrales [se refiere a hidráulicas y nucleares] nunca pueden estar amortizadas económicamente hasta el mismo momento de su baja operativa. Por lo que se refiere a las centrales hidráulicas, en su inmensa mayoría se trata de concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento».

El fiscal ha calculado incluso cuánto le costaría un impuesto sobre las centrales hidráulicas: entre 408 y 544 millones de euros al año en función de que ese impuesto sea de 15 o de 20 euros por megavatio producido, al que se podría sumar otro sobre las nucleares de entre 893 y 1.191 millones al año. Unesa considera inaceptable esa posibilidad, aunque las empresas sí la han aplaudido en Alemania. Unesa sostiene que la prueba de que no hay beneficios hinchados es que el sector ganó el año pasado 4.689 millones de euros después de impuestos entre generación, comercialización y distribución.

La profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en el sector, Natalia Fabra discrepa de la interpretación de la patronal: «Una cosa es la amortización contable, cómo ellos lo reflejen en sus libros, y ahí no se amortiza la obra. Otra cosa es la amortización económica, si han recibido suficientes ingresos como para pagar las obras, y en este caso los han recibido de sobra».

Otros informes oficiales apoyan la existencia de los beneficios extraordinarios. En 2008, la Comisión Nacional de la Energía alertó: «La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, competencia real entre tecnologías, y que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados».

Algo parecido afirma el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno del PSOE al poco de llegar al gobierno para ver cómo se podría reformar el sistema. Este avisa de un «desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear».

El tema no es menor. Entre enero y agosto, la hidráulica supuso el 19% de la electricidad de España. Es verdad que ha sido un año húmedo y que es un porcentaje excepcional, pero da idea de que no es una tecnología residual.

Una fuente del sector con gran memoria recuerda cómo ha ido cambiando el sistema de fijación de precios: «Las presas se hicieron con el cálculo de que cobrarían precios regulados, que se ajustaban al bajo precio que pagaban por el agua. Incluso hasta 1974 el consumidor pagaba una ‘prima de las nuevas construcciones’ del sistema Ofile con la que los consumidores financiaron obras hidráulicas». A partir de entonces cobraron un precio fijo y en 1997, tras una reforma legal, el PP crea el sistema que les permite cobrar el precio más alto del mercado. El Gobierno consideró erróneamente que las nucleares y las hidroeléctricas no serían competitivas con las centrales de gas y fijó unos Costes de Transición a la Competencia, una compensación milmillonaria. El PSOE, en la oposición, rechazó con fuerza esta ayuda.

El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: «No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo», lanzó Herrera.

El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa «late el radicalismo» -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios «no se sostiene». Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares.

Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: «Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales».

Galicia es la comunidad que con más intensidad ha vivido el debate. El fiscal denunció a Endesa el pasado mes de abril por secar un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume -en él pescaba Franco- durante 50 años entre la presa y la central hidroeléctrica que explota río abajo. La fiscalía denunció un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por incumplir la Ley de Pesca Fluvial de Galicia, de 1992, que impone una serie de caudales mínimos, y pidió un informe a la Comisión Nacional de la Energía sobre los beneficios obtenidos por la eléctrica este tiempo.

Pedro Brufao, presidente de la Asociación Ríos con Vida y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, insiste en que no solo hay efectos económicos para el consumidor, sino también perniciosos impactos ambientales. «España vive un expolio hidroeléctrico con el consentimiento de la Administración. La mayoría de las presas se rigen por la Ley de Aguas de 1879, en vigor hasta final de 1985. Era una ley en la que se ofrecían inversiones muy seguras. La Ley de Pesca de 1942 ya incluía condicionantes ambientales, como ciertos caudales, que aún se ignoran».

Brufao pide que se aplique la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que las centrales hidroeléctricas que incumplan las condiciones de la concesión sean demolidas. «El Sil no existe y el Miño está destrozado, secan el río Mijares y el Turia, el Llobregat tiene la primera presa a solo 50 metros de su nacimiento. No queda ningún gran río en España», lamenta. Ríos con Vida denunció ayer con fotos que una psicifactoría queda seca cada verano desde 1969 el río Castro, en Galicia.

En la elaboración de los planes de cada cuenca hidrográfica que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, algunas eléctricas han pedido compensaciones, ya que al fijar caudales ecológicos no podrán poner turbinas para producir electricidad ni elegir el momento más propicio. La respuesta que les ha dado Puxeu, y que ha enviado a los presidentes de las confederaciones, es que no puede haber contrapartidas, que el caudal del río es previo a la concesión administrativa y que el negocio privado con un bien público como el agua debe tener límites.

Concurso de bombeos

El gran reto de la red eléctrica en España es conseguir integrar las energías renovables, especialmente la eólica, que en los ocho primeros meses del año ha generado el 15% de la electricidad. Para ello, la fórmula ya existente son presas reversibles. Si de noche sopla mucho viento y el sistema no puede absorber toda la electricidad, estas presas bombean agua hacia arriba y consumen el exceso de electricidad. De día, cuando sube la demanda eléctrica, el agua se deja caer y genera electricidad.

En España hay unos 5.000 megavatios de bombeo y otros 3.600 en proyecto, pero con la crisis las eléctricas han ralentizado las inversiones. El Gobierno teme que no se lleguen a construir y que cada vez se desperdicie más energía eólica por falta de capacidad de almacenamiento.

Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente ha identificado entre sus pantanos los que tienen capacidad de implantar un sistema de reversión. «Hay presas que están muy juntas, una casi debajo de otra y en la que instalar un sistema reversible es relativamente sencillo», explican fuentes conocedoras del proyecto. El plan del Ejecutivo es sacar a concurso esos emplazamientos para agilizar la construcción de estos bombeos y minimizar las pérdidas de energía eólica.

Durante más de 40 años de actividad profesional y política, son muchas las ocasiones en las que he tenido relación con temas de agua y, en todas ellas, los términos «cuenca hidrográfica» y «unidad de cuenca» fueron referencia permanente y de aceptación unánime, como principios básicos para la gestión solidaria e integral del recurso. Siempre he estado plenamente convencido de que el concepto de «cuenca hidrográfica», como unidad de gestión indivisible para la administración del agua, no fue producto casual de una idea feliz de los regeneracionistas. Ya en el siglo XIX Joaquín Costa impulsó este concepto al que la dictadura de Primo de Rivera le dio soporte institucional mediante las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Más tarde, el ingeniero Lorenzo Pardo contribuyó decisivamente a darle implementación técnica y la II República, siendo Indalecio Prieto ministro de Obras Públicas, diseñó un soporte legal, vigente hoy en los artículos 14 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. De este modo, el concepto de cuenca fue, por el contrario, una elaborada respuesta a la compleja relación agua y territorio, que considera el agua como factor de producción y elemento esencial en la configuración, ordenación y desarrollo territorial.

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La unidad de cuenca en la gestión del agua viene siendo consagrada en nuestro país desde hace más de un siglo por la práctica administrativa y por la legislación, con independencia del color político gobernante en cada época. Ha merecido su inclusión en la Carta Europea del Agua de 1968, el aval unánime de los usuarios, la aceptación de la práctica totalidad de colectivos conservacionistas y la Directiva Marco del Agua (DMA) la incorpora como modelo a implantar en los estados de la Unión Europea. Y sería paradójico que cuando la UE asume un modelo de gestión, de patente española y universal aceptación, éste dejara de aplicarse en la administración del agua en nuestras cuencas. Paradójico y preocupante, a la vez, en la medida que, al romper la unidad de cuenca, la gestión pierde la perspectiva unitaria y de servicio al interés general y, en consecuencia, deja de garantizar el irrenunciable principio de solidaridad. Perspectiva y gestión unitarias que son difíciles de mantener cuando se parcela la delimitación natural de la cuenca en subcuencas o distritos, y que, en la práctica, resultarían imposibles de conseguir si, a la división territorial, se le sumara la concurrencia de gestores con criterios y legislaciones distintos, cuando no contradictorios. De ahí el gran acierto de nuestra Constitución al declarar, en su artículo 149.1.22ª, que el Estado tiene competencias exclusivas en «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». Es decir, cuando se trate de cuencas intercomunitarias el Estado es el garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas comunidades por las que discurren. Precisamente es esta afectación a la totalidad la que da sentido al concepto de cuenca, como unidad ecológica y funcional, y justifica la exigencia de su gestión unitaria, como mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible del recurso, garantizando la solidaridad entre los diferentes territorios. No debemos olvidar que la emisión de vertidos en un punto, el mantenimiento de caudales ambientales, las restricciones en la explotación de acuíferos estratégicos o los usos y consumos en un determinado tramo, tienen sus repercusiones directas en la totalidad de la cuenca. Del mismo modo, una revisión de concesiones y reasignación de recursos que no se haga con criterios uniformes o no contemple el conjunto de la cuenca, generaría agravios y legítimas reivindicaciones.

Así pues, en mi opinión, el mantenimiento de la unidad de cuenca en la gestión de las aguas intercomunitarias es una garantía constitucional. Su cumplimiento obliga tanto al Estado como a las instituciones, usuarios y agentes sociales y económicos de los territorios afectados, haciendo así realidad el principio de participación y cooperación en la gestión de las cuencas hidrográficas, del que España fue pionera.

Creo, por último, que si el principio de unidad de cuenca ha permanecido inalterable y respetado por generaciones de políticos de distintas ideologías y por la totalidad de estudiosos y profesionales relacionados con la gestión del agua, es porque responde a valores que todos debemos compartir y, más aún, cuando se trata de gestionar un recurso natural escaso y vulnerable. Valores de eficiencia, equidad y solidaridad, cuya permanencia en la gestión del agua sólo la unidad de cuenca garantiza. Contribuir a su ruptura, por acción u omisión, sería un grave error, además de una gran irresponsabilidad.

Pedro Rodríguez Cantero es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ha llovido mucho y el agua se ha gestionado mejor. El resultado es que el Júcar no tenía tanta agua embalsada desde los años setenta del siglo XX. Los 1.680 hectómetros cúbicos que acumulaba al cierre del mes de agosto representan un 74% más que hace un año y un 126,7% más que la media de la última década. «Hacer previsiones es difícil, pero incluso si tuviéramos una sequía como la del año 2006-2007, el año que viene estaríamos bien. A poco que llueva, tenemos agua para varios años», afirmó ayer Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En la presa de Tous se desembalsa agua como precaución frente a la gota fría

Los embalses de la cuenca están al 50,2% de su capacidad en el momento más crítico del año, entre finales de agosto y principios de septiembre. El año pasado estaba al 29%, y hace dos, al 22,3%. La presa de Tous se encuentra a un 72% de su capacidad por lo que, en previsión de las tormentas de la gota fría, se han iniciado desembalses técnicos para mantenerla dentro de los parámetros de seguridad.

El principal río valenciano lleva más agua de la que muchos recuerdan, pero no es el único. El embalse de Benagéber, por ejemplo, en el Turia, se halla al 94% y al estar fuera del área de afectación de la gota fría no resulta necesario efectuar desembalses preventivos.

La mejora del nivel de agua embalsada se ha registrado en casi todo el Estado, pero el aumento ha sido menos espectacular que en la cuenca valenciana. En el conjunto de España, el incremento representa un aumento del 44% respecto a la media de los 10 últimos años.

Moragues señala que en los últimos tiempos la Confederación Hidrográfica del Júcar ha mejorado las infraestructuras, por ejemplo elevando la capacidad de los embalses. Pero que el aumento de los niveles de agua sería imposible de entender sin un cambio en la cultura ciudadana, las técnicas agrícolas y la tecnología doméstica. La gente deja menos grifos abiertos. La mayoría de lavadoras y lavaplatos son más eficientes que antes, y los aires acondicionados tienden a ser de circuito cerrado. El riego a manta va camino de pasar a la historia. «La conclusión», dice Moragues, «es que conseguimos los mismos resultados con menos consumo».

Juan Cotino, vicepresidente del Consell y consejero de Medio Ambiente y Agua, calificó ayer en Alicante a Francisco Camps como «el presidente del agua» por su «defensa a ultranza de los intereses de regantes y agricultores de la Comunidad Valenciana» al reivindicar la recuperación del proyecto de trasvase de aguas del Ebro. Cotino recordó que Camps llegó al cargo hace siete años y no ha cesado en su reivindicación.

En paralelo, José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, participó en un multitudinario acto de partido en Talavera de la Reina (Toledo), donde reivindicó a orillas del Tajo que se derogue el trasvase de aguas al Segura. "La lucha permanece y vamos a dar la batalla cuenca a cuenca, plan a plan, desde la cabecera hasta la desembocadura", auguró.