El consejero de Medio Ambiente y Agua, Juan Cotino, se rodeó ayer de regantes para arremeter una vez más contra la política hídrica del Gobierno. Con la reivindicación del derogado trasvase del Ebro como telón de fondo permanente, Cotino denunció la supuesta intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de hurtar a los agricultores valencianos miles de hectáreas cultivadas en el próximo plan de la cuenca. Según el consejero, el borrador del plan recoge la existencia de 261.000 hectáreas de regadío, mientras que los cálculos de la consejería elevan la superficie a más de 300.000.

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El borrador del plan del Júcar constata que se ha reducido el terreno cultivado

Para preparar las alegaciones a esta «barbaridad» del Gobierno, en palabras de Cotino, se convocó a una reunión en la consejería a las principales comunidades de regantes. «Faltan 40.000 hectáreas que al no estar en el plan no recibirán agua y corren el riesgo de convertirse en un auténtico desierto», aseguró el consejero.

El borrador del plan del Júcar, que ordena los recursos hídricos en un territorio que abarca casi toda la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, está aún en fase de alegaciones. El documento apunta a la necesidad de reajustes en el riego para paliar el descenso de los aportes naturales a los ríos y las reservas de los acuíferos tras décadas de explotación intensa, pero no propone una reducción de hectáreas cultivadas. Fuentes de la CHJ explican que en los trabajos previos del plan, que deberá sustituir al aprobado en 1998, se ha constatado una disminución del número de hectáreas en uso por el abandono de cultivos, las nuevas infraestructuras y el fuerte desarrollo urbanístico. Unos datos que se han contrastado sobre el terreno, con los regantes y con otras fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística. «Los planes de cuenca no son de ordenación del territorio, sino que analizan cómo mantener los usos y cubrir las demandas de agua», subraya el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Cotino, no obstante, insistió en que hay «muchas incorrecciones» en el plan que «perjudican notablemente los intereses de los agricultores poniendo en peligro el futuro de los regadíos». Por ello, la Generalitat presentará alegaciones, al igual que los regantes. El consejero también aludió a las discrepancias con el ministerio por el «nuevo ámbito de planificación» de la cuenca, aún pendiente de aprobar. La Generalitat se resiste a asumir la competencia de los ríos internos y teme que eso le reste peso en las decisiones sobre el Júcar en beneficio de Castilla-la Mancha.

La Ribera sacó ayer a la calle a varios miles de personas en Sueca para exigir a los políticos que dejen las disputas y la demagogia en torno al agua y redacten un plan de cuenca que ponga fin a la degradación del Júcar. El mensaje iba dirigido tanto a la Generalitat como al Ministerio de Medio Ambiente, pues el plan de cuenca en vigor, de 1998, repartió más agua de la que ha llevado el río en los últimos 25 años.

Xúquer Viu, precursora de la protesta, no estuvo sola. Un total de 24 ayuntamientos, gobernados por partidos de distinto signo político, se manifestaron en defensa del río. El PP dio libertad a sus militantes para asistir. Los concejales de Algemesí Antonio Saá y Gabriel Palop, del PP, estuvieron allí. «Venimos porque estamos al 80% de acuerdo con los postulados de Xúquer Viu», dijo Saá, que, sin embargo, se mostró a favor de los trasvases. Otras 104 organizaciones se adhirieron a una marcha en la que se exigió a los políticos un giro en sus políticas hídricas.

«Ha aumentado el apoyo social y político respecto a la manifestación de hace cinco años», resumió a modo de balance el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz. La Mesa pel Xúquer abrió la manifestación, que estuvo amenizada por la batucada de El Cabanyal, la Nova Muixeranga de Algemesí y la de Sueca. Un concierto protagonizado por cantautores y músicos de la comarca cerró esta jornada reivindicativa.

Los organizadores de la protesta de ayer dejaron patente su preocupación por el retraso en la elaboración del plan de cuenca del Júcar. Hace dos escasos meses, Xúquer Viu, arropado por asociaciones ecologistas, denunciaba el peligro de sobreexplotación que planea sobre cerca de 19 masas de agua en la demarcación del Júcar, entre ellas los acuíferos de la Mancha Oriental, los del Vinalopó, el de Villena-Beneixama o el de La Plana-Vinaròs. Entonces y ayer volvieron a criticar a los políticos por hacer demagogia en torno al problema del agua en lugar de cumplir con la Directiva Marco, del año 2000. La nueva planificación está paralizada porque no se han definido geográficamente las demarcaciones territoriales.

Los defensores del río exigieron que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó -que estará en pruebas en otoño- sirva para mantener las explotaciones agrícolas y no para los macroproyectos urbanísticos levantados en el sur. La Ribera quiere que se garantice además el abastecimiento a la comarca de agua sin nitratos, y reivindica un caudal ecológico para el Júcar y sus afluentes, sin el que no se puede garantizar la salud de espacios naturales como L’Albufera.

La manifestación de ayer en Sueca no fue la única en defensa de un río que se celebra este fin de semana en España. En total, y según la ONG WWF, más de 200 organizaciones ambientales y sociales de ámbito nacional y autonómico apoyan estas acciones.

El proyecto para construir una planta embotelladora de agua en Villena, cuyo primer abanderado es Andrés Martínez, presidente de la Junta de Regantes del Vinalopó, llegará hasta la Unión Europea (UE). La plataforma Xúquer Viu anunció ayer que presentará dos denuncias sobre esta industria ante las direcciones generales de Política Regional y Medioambiental de la UE para que frene la iniciativa que, a su juicio, esquilmaría aún más los sobreexplotados acuíferos de la comarca alicantina.

La iniciativa de Xúquer Viu surge a raíz de la solicitud que la multinacional Danone (firma que promueve la planta) ha presentado en la Consejería de Industria para que se declare agua de uso mineral-natural el caudal del pozo del que pretende extraer, el acuífero Morrón IV de Villena.

Esta solicitud de la multinacional francesa supone activar el proyecto que surgió a mediados de 2008 en plena polémica por el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa. El mencionado acuífero es propiedad de la junta de regantes de Villena, que también preside Andrés Martínez. Esta entidad aprobó en mayo de 2008 ceder a la firma Danone un caudal de entre 0,2 y 0,7 hectómetros al año para poner en marcha la planta embotelladora a cambio de 240.000 euros. La industria está previsto que se ubique en unos terrenos en el extrarradio de Villena, donde Martínez es propietario de algunas parcelas.

Para Xúquer Viu, la reactivación del proyecto de la embotelladora de Villena demuestra «el negocio que se quiere hacer con el agua del Júcar en Alicante». Este colectivo señala que el trasvase tendrá un coste de 220 millones de euros, de los cuales 120 serán aportados por la Unión Europea y que los objetivos oficiales son «la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó y la agricultura de esta zona que teóricamente pasará a regarse con agua del Júcar». Según este colectivo de La Ribera, «con iniciativas como esta [la planta embotelladora] es indudable que no se cumplirán esos objetivos, sino que se agravará la sobreexplotación de estos acuíferos incorporando las aguas del Júcar al negocio especulativo».

Xúquer Viu señala que este proyecto se une a la intención del Ministerio de Medio Ambiente de potabilizar el agua del Júcar destinada al abastecimiento de las comarcas alicantinas del Vinalopó y L’Alacantí.

En el fragor del enésimo episodio de la guerra del agua que se ha desarrollado estos días alrededor del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el intento castellano-manchego de acabar, primero, y limitar, después, el trasvase Tajo-Segura es consecuencia de una dinámica iniciada al introducir en la reforma del Estatuto valenciano del año 2006 la referencia al derecho a recibir recursos hídricos de otras cuencas. Morera añadió que la actitud «soberbia» del PP en este tema, desde un territorio deficitario en la materia, ha sido un desastre.

17 del Estatut d’Autonomia sea genérica e impecable en su formulación del derecho de los valencianos "a disponer del abastecimiento de agua de calidad" y a "la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", sin duda esa mención abrió la puerta a que Aragón estableciera una reserva hídrica (de más de 6.000 hectómetros cúbicos anuales, con apoyo del PSOE y el PP, por cierto) y a que Castilla-La Mancha haya intentado, sin éxito, algo parecido. Como señala el diputado valencianista, la prepotencia es mala consejera para quien se juega intereses estratégicos, en este caso en la gestión de los ríos y sus recursos. Pero, en realidad, todo comenzó mucho antes, con la desmesurada campaña del Agua para todos y el conflicto que suscitó aquel Plan Hidrológico Nacional de Aznar que todavía hoy, de manera asombrosa, ponen los populares como ejemplo. Lo invocan, en efecto, Camps, Cotino, Clemente y Blasco como si se tratara de un modelo ideal de consenso, cuando el principal partido de la oposición lo rechazaba y puso en pie de guerra a media España (la que representan Cataluña y Aragón, por lo menos) contra la otra media por el faraónico proyecto de trasvase del Ebro.

Cuando Rodríguez Zapatero derogó el trasvase, se apaciguó el clima de revuelta en las comarcas del Ebro y se emprendió el programa Agua; el ofensivo triunfalismo del principio se convirtió en un victimismo demagógico que el PP no ha abandonado porque soliviantar a la opinión pública contribuye a mantener abiertas las heridas por las que Camps exprime el apoyo electoral mayoritario de los valencianos.

Mientras, con la política hídrica realmente existente, sus desaladoras, su trasvase Júcar-Vinalopó y sus organismos de cuenca, nunca ha faltado agua, pese a la agudización de la sequía, y puede aventurarse que la racionalidad se impone pese a la mala prensa. No así en el debate político, donde Camps y Alarte, que defienden el Tajo-Segura, se han dado codazos, mientras Barreda y Cospedal, que lo detestan, se tiraban también los trastos a la cabeza para que los partidos valencianos, las organizaciones empresariales, los regantes y tutti quanti, celebren hoy como un éxito que el Estatuto de otra comunidad se haya frustrado en el Congreso. Tiene razón Morera: ¡Qué desastre!

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no llegará al pleno del Congreso a pesar de que ayer superó su paso por la Comisión Constitucional, con el voto en contra del PP. En el pleno requerirá tres quintos de los votos, lo que es imposible que alcance ya que el PP no apoya el blindaje del agua que pretenden los socialistas. Y no llegará a votarse porque el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, convocará un pleno parlamentario en su región para pedir la retirada del nuevo Estatuto. Son las mismas Cortes que lo aprobaron con el apoyo de PP y PSOE hace tres años.

La ruptura definitiva se produjo ayer por la propuesta del PP a última hora de votarlo si se eliminaba la mención expresa al establecimiento de una reserva hídrica para las necesidades de la región. En cuatro folios, el PP expresaba su oferta, en la que desaparecía el establecimiento de una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos y se sustituía por una consideración más genérica de que el Gobierno de Castilla-La Mancha «ha estimado» que las necesidades de agua para la región ascienden a esa cantidad. Los Gobiernos de Valencia y Murcia, ambos del PP, no quieren que haya ninguna reserva de agua. Entienden que semejante volumen dejaría en nada los beneficios del trasvase Tajo-Segura.

Tras la oferta del PP, los socialistas pidieron un receso de media hora. A la vuelta, el diputado del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, sentenció el Estatuto: «Esa propuesta es un insulto para la dignidad de los castellano-manchegos; han firmado el certificado de muerte del Estatuto».

Pero no quedaron ahí los reproches. De pronto, salió toda la frustración del PSOE, después de 24 meses de intento de negociación, también con su propio partido a nivel federal y a costa de la discrepancia absoluta con los socialistas de Valencia y Murcia. El PSOE proclamó que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no había tenido la fuerza suficiente para imponerse al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. «El señor Valcárcel les ha vigilado todo el tiempo, su intervención ha sido permanente, hasta el último momento, con el alarde durante todo el día de su presencia». Casi simultáneamente, Barreda hacia lo propio en Toledo para mostrar su consternación por el fin de la reforma estatutaria para su región. En el Congreso, el diputado del PP Arturo García Tizón, hizo esfuerzos baldíos por tratar de convencer al PSOE de que su propuesta era equilibrada y no «ofendía» ni «provocaba» a ninguna de las comunidades en liza.

La presencia de dirigentes del PSOE y del PP fue abrumadora; también de diputados socialistas y populares de Valencia y Murcia. Pero hubo una votación sobre el texto de la ponencia que sirvió para certificar el desacuerdo: PSOE, sí; PP y UPyD en contra, y la abstención de IU y los nacionalistas. «La sesión termina en Réquiem y sin Gloria», glosó Gaspar Llamazares.

Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, rodeado por los diputados Eduardo Madina (a su derecha), Clementina Díez (enfrente de él) y Alejandro Alonso (con documentos), después de un receso para estudiar las enmiendas del Partido Popular.

El Ministerio de Medio Ambiente ha destituido a José Salvador Fuentes Zorita como presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. El relevo de Fuentes Zorita, en el cargo desde 2004, se produce en plena polémica por el trasvase del Tajo al Segura, que el estatuto de Castilla-La Mancha pretende cercenar.

Fuentes Zorita presentó su salida como una dimisión, aunque el Boletín Oficial del Estado afirma que fue una decisión del último Consejo de Ministros "a propuesta de la ministra de Medio Ambiente", Elena Espinosa. El hasta ahora comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, asumirá provisionalmente el cargo.

La salida de Fuentes revela la fuerte división política que genera el agua y cómo en Murcia y Valencia los partidos tienen el discurso contrario que en Castilla-La Mancha. Mientras socialistas y populares de Levante defienden el trasvase, sus compañeros de partido en Toledo quieren derogarlo. Esa contradicción la vivió en primera fila Fuentes Zorita, el máximo representante del ministerio en materia de agua en la cuenca más deficitaria de España.

Fuentes defendió públicamente el trasvase y se enfrentó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Pero, sobre todo, perdió la confianza del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, por airear disputas por el agua del Tajo y los desembalses cuando el Ejecutivo pretendía bajar la tensión sobre el trasvase. Fuentes, ingeniero de caminos y veterano socialista que ya fue consejero autonómico en los 80, ayer afirmó a La Verdad que se va «por motivos propios».

La decisión se tomó el martes pasado, cuando el PSOE presentó en el Congreso una moción para que en el preámbulo del Estatuto de Castilla-La Mancha aparezca una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para la comunidad, algo que según los partidos en Murcia supondría limitar la capacidad de trasvase. Aunque el PSOE ha amagado con sacar adelante el texto con los nacionalistas después ha afirmado que no lo aprobará sin apoyo del PP.

Algo más de una década después de la aprobación del plan del Júcar, el peligro de sobreexplotación planea sobre el doble de acuíferos del sistema que entonces. De nueve masas de agua en peligro de sobreexplotación en 1998 en la demarcación de este río se ha pasado a unas 19, entre ellos los acuíferos de la Mancha Oriental, los del Vinalopó, el de Villena-Beneixama o La Plana-Vinaròs, denunció ayer el portavoz de Acció Ecologista Agrò, William Colom. Su organización y otros 20 colectivos ecologistas, sindicales y cívicos se han unido y creado la Red por la Nueva Cultura del Agua. Ayer, durante la presentación de su manifiesto fundacional -que se realizó en las tres autonomías a la vez-, estos colectivos criticaron con dureza a los políticos por hacer demagogia en torno al problema del agua y no haber cumplido la Directiva Marco, del año 2000. «La situación ha empeorado», sentenció Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu, uno de los colectivos integrados en esta red. «Parece mentira que una década después de la puesta en marcha de esa directiva, estemos aquí pidiendo que se cumpla la ley», agregó esta portavoz.

• Regantes de Elche dudan del apoyo del PP al Tajo-Segura

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«Los aportes del Júcar en L’Albufera son sustituidos por los de depuradora»

La aplicación correcta de esta directiva es fácil, apuntan los miembros de la red. «El objetivo de esta directiva es el buen estado medioambiental de las masas de agua del Júcar y a ese objetivo está supeditado el posterior uso del agua», advierten.

La realidad es bien distinta. La demarcación del Júcar acumula dos años de retraso en la elaboración de su plan hidrológico de cuenca y el proceso de planificación está paralizado, diagnostican.

La Red, a la que se han unido Acció Ecologista-Agrò, la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, CC OO-PV, la Intersindical, Ecologistas en Acción de Albacete, Cuenca y el País Valencià, Xúquer Viu o la Fundación Nueva Cultura del Agua, lamentó ayer que los políticos de ambas comunidades autónomas no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo en torno a la gestión de la cuenca hidrográfica que se extiende de Cuenca a Cullera. «Los ciudadanos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo; el problema es de los políticos, sobre todo cuando se dedican a hacer demagogia con el agua», advierte Ferrer.

Estas organizaciones denuncian una involución en todas las administraciones públicas implicadas en la planificación hidrológica. El Gobierno español, relatan estos colectivos, no quiere imponer por decreto un nuevo plan de cuenca del Júcar, Castilla-La Mancha quiere excluir del sistema una zona húmeda como L’Albufera y la Generalitat no quiere asumir las competencias que le corresponden en la gestión de los ríos internos -los que nacen y desembocan en territorio valenciano-. «Con este panorama resulta imposible alcanzar un acuerdo, por eso queremos que el Gobierno saque el real decreto, aunque sea sin el consenso de las comunidades autónomas. Es su responsabilidad», subrayó la portavoz de Xúquer Viu, colectivo que ya ha convocado para el próximo 29 de mayo en Sueca una concentración en defensa del río Júcar.

El manifiesto presentado ayer por la nueva Red presenta un decálogo de objetivos imprescindibles para frenar el deterioro del río. Es preciso el plan de cuenca, que acumula dos años de retraso, acorde con la Directiva Marco del Agua. Se necesita un caudal ecológico para el río, lagos y zonas húmedas del sistema, así como la recarga de los acuíferos. «Mientras tanto, deben pararse todas las actuaciones que, dentro del plan vigente de 1998, supongan un deterioro mayor de los ecosistemas», reza el manifiesto. También deben restringirse los usos del agua e instar a que se reconozca de manera legal -con una declaración oficial expresa- la sobreexplotación de los acuíferos, así como revisar las concesiones de los usuarios privados.

«Las perspectivas son bastante negras», espetó Francesc Larroca, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, al tiempo que pidió un cambio de cultura en los usos de agua para que dejen de estar supeditados, por ejemplo, a los intereses urbanísticos.

La Red presentará a partir de ahora alegaciones al documento del Esquema Provisional de Temas Importantes, base del nuevo plan del Júcar que ha redactado la Confederación Hidrográfica. En ese documento debe establecerse qué agua hay que regular, cómo se distribuye o qué parámetros medioambientales deben cumplir las masas de agua de este sistema hídrico.

«Entendemos que podemos gastar el agua sólo si conservamos los sistemas hídricos y eso no se está dando», agregó Colom. Nacho Serra, representante de WWW-Adena, advirtió de que todas las administraciones públicas están obviando la aplicación de la directiva sobre zonas como L’Albufera. «Se están sustituyendo los aportes directos del Júcar por agua de la depuradora y en consecuencia la biodiversidad de ese espacio puede verse afectada», describió.

«Ya es hora, diez años después de la directiva marco, de que las administraciones se pongan las pilas y pongan en marcha una política efectiva de protección del agua», concluyó Graciela Ferrer.

El Ministerio de Industria ha presentado a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias una propuesta con medidas encaminadas a rebajar el coste de la energía eléctrica para las actividades agrarias y, fundamentalmente, para su empleo en los riegos. La rebaja de las tarifas fue una de las peticiones hechas por el sector al presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, quien se comprometió a dar una salida positiva a las mismas.

Las organizaciones agrarias han valorado positivamente la propuesta del departamento que dirige Miguel Sebastián, pero estiman que supone un escaso ahorro respecto al sistema en vigor y que debe ser mejorada.

En el último año, la energía eléctrica para riegos, tras la desaparición de las tarifas especiales, se incrementó en una media superior al 60%. Este incremento se tradujo, en muchos casos, en el abandono de cultivos de regadío por otros de secano, con unos costes de producción más bajos, ante la pérdida de competitividad de las producciones de riego.

El sector agrario reclamaba la posibilidad de contratos de temporada para ajustar en cada periodo la potencia en función de sus necesidades y no estar pagando durante todo el año una potencia muy elevada, aunque no se utilice. Ahora, se ofrece establecer contratos flexibles con una duración de hasta ocho meses en función de cada cultivo, pero sin posibilidad de modificar la potencia instalada en el peridodo contratado, aunque no sea necesaria.

Para potencia contratada de entre 15 y 450 kilovatios, Industria propone la existencia de horas valle a menor precio en los fines de semana y, además, durante todo el mes de agosto. La medida se ha valorado como positiva por las organizaciones, pero todavía es insuficiente, aseguran, por cuanto se gravan las tarifas eléctricas en otros meses fuertes de consumo eléctrico para los riegos.

Industria ofrece también que el coste de los enganches y desenganches se reduzca a solamente una quinta parte de lo que se paga en la actualidad.

Esta vez parece la definitiva. Los socialistas quieren salvar el Estatuto de Castilla-La Mancha y le ofrecen al PP defenderlo juntos, como ya hicieron en las Cortes autónomas para aprobarlo. Hoy termina el plazo que se dieron el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, para que ésta responda si está de acuerdo con el documento que le entregó la pasada semana, un borrador que trata de armonizar los intereses de los castellanomanchegos con los de valencianos y murcianos, y que incluye cesiones por parte de todos. Si el PP no acepta, la dirección del PSOE ha decidido empezar su tramitación en la Comisión Constitucional y recabar el apoyo de otros grupos, algo con lo que ya amagó en noviembre.

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Si los populares no asumen el texto, el PSOE negociará con los nacionalistas

Los socialistas, que en septiembre pasado aceptaron retirar la caducidad del trasvase al Segura en 2015, fijaron después el establecimiento de una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos para los castellanomanchegos. Esto supone el doble de lo que la comunidad consume al año. La reserva se distribuiría entre todas las cuencas de la comunidad (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, e incluso partes en el Duero y el Ebro) y es similar a la que tiene Aragón en su estatuto, aunque no se aplica porque Medio Ambiente la considera inviable. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, declaró que la cifra de 6.000 hectómetros hacía «daño a la vista». En el nuevo texto, el PSOE deja esa reserva en 4.000 hectómetros.

Estas variaciones tienen el visto bueno del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y han sido discutidas con la dirección del PSOE. El acuerdo se cerró la pasada semana en una reunión dirigida por la secretaria de Organización, Leire Pajín, y el texto lo elaboró el responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías.

Con la rebaja, el PSOE trata de «facilitar» al PP nacional y a Dolores de Cospedal que puedan aceptar el texto, frente a las presiones, hasta ahora con éxito, de los presidentes de Murcia y Valencia, del PP. Éstos se oponen a modificar las condiciones del trasvase del Tajo al Segura.