Los embalses del sistema de La Marina Baixa de la Confederación Hidrográfica del Júcar están técnicamente llenos. El del Amadorio está al 90,33% de su capacidad embalsable y el de Guadalest al 83,23%. Entre ambos almacenan más de 25 hectómetros cúbicos. Los embalses del resto de sistemas de la CHJ han crecido en lo que llevamos de año, si bien el total de agua embalsada es de 1.161,91 hectómetros cúbicos, el 34,72% de la capacidad total de la Confederación. El sistema del Júcar está al 27,87% de su capacidad, el del Turia al 66,35% y el Castellón (Palencia-Mijares-Sénia) al 61,50%. En lo que llevamos de año, la CHJ ha conseguido almacenar 140 hectómetros más en sus embalses.

La CHJ almacena 140 hectómetros cúbicos más en sus pantanos en 2009

Desde principio de los años noventa, el sistema de la Marina, que en realidad está aislado de las cuencas del Júcar y el Segura, no había conseguido llenar los pantanos, aunque ahora se haya conseguido artificialmente a través de la impulsión de agua desde las estaciones de bombeo del Algar, en Callosa; Mandem, en Altea y Torres, en La Vila, obras promovidas por el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa.

En esta comarca, la agricultura necesita poco más del 50% de los usos consuntivos del agua. Según la CHJ, el consumo de agua en la comarca es de 62 hectómetros anuales, y tan importante es que los pantanos estén llenos como que los acuíferos rebosen agua por las lluvias del pasado otoño. Sólo a los de Beniardà y el Algar se les calcula un volumen de casi 30 hectómetros. Además, las depuradoras de Altea, Benidorm y La Vila Joiosa aportan siete millones de metros cúbicos para usos agrícolas. Y eso que el pasado otoño el pantano del Amadorio tuvo que evacuar al mar casi tres hectómetros que le sobraban, siguiendo el protocolo de seguridad de la presa de 2002. En todo caso, la Confederación quiere revisar las concesiones hechas en los años setenta que han quedado desfasadas, aunque choca con los derechos históricos reales de los regantes, muy difíciles de restringir sin su aceptación.

Desde el Consorcio de Aguas de la Marina, creado en los sesenta, destacan el ejemplo de gestión que ha supuesto este organismo, que ha conseguido conjugar los intereses de regantes y ayuntamientos a través de diferentes convenios y siempre ha tomado sus decisiones por unanimidad. El Consorcio fue pionero hace 20 años en la reutilización de aguas y ahora dispone de redes con un alto grado de optimización que permiten aprovechar mejor el agua de lluvia.

A todo ello habrá que sumar la posibilidad de trasvasar en el futuro hacia La Marina Baixa, si fuera necesario, parte de los 80 hectómetros del trasvase Júcar-Vinalopó, que debe estar funcionando en pruebas antes de seis meses, a través de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio. Y la posibilidad de hacer una reserva de agua, en caso de sequía, que generará la desaladora de L’Alacantí-Marina Baixa, que se construye en Mutxamel.

El último documento del PSOE y del Gobierno central sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, entregado el pasado lunes al PP, es compartido en muy buena medida por su dirección nacional. Ahora bien, no lo dicen ni alto ni claro a la espera de convencer a los presidentes del PP de Valencia y Murcia, Francisco Camps, y Ramón Luis Valcárcel de que no bloqueen el texto. La oposición de Valencia y Murcia es total a que el Estatuto de esa comunidad contemple que el trasvase del Tajo al Segura pueda caducar en 2015, tal como figuraba originariamente en el estatuto que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto del PSOE Y del PP. 

Pero la última propuesta de los socialistas respecto al agua parece razonable al PP. La novedad está en el establecimiento de una reserva estratégica de agua de 600 hectómetros cúbicos, no trasvasables, en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Actualmente, esa cantidad es de 240. Así figura en la nueva redacción del punto tres de la disposición transitoria primera que ha ofrecido el PSOE al PP. La fórmula de la reserva figura en el Estatuto de Aragón con una cantidad de 6.500 hectómetros cúbicos y tuvo el apoyo del PSOE y del PP. Los socialistas llaman la atención sobre la diferencia de cantidades con el objetivo de indicar que su pretensión es moderada. También se les antoja moderada la redacción y ubicación que se ha dado al deseo de caducidad del trasvase para 2015. Ha pasado de una dispoción transitoria, es decir del articulado, al préambulo. Con ello, pierde su carácter obligatorio y queda como declaración de principios.

También se alude a la directiva europea medioambiental y a la refundición de la Ley de Aguas que debe producirse en 2015, «fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano». El PP está preparando una respuesta con una redacción propia, pero en principio acepta la filosofía.

La negociación ahora se centra en buscar el acuerdo con Murcia y Valencia. El PP murciano presiona estos días a través de dos de sus diputados, Jaime García-Legaz y Arsenio Pacheco, que han hecho saber que no apoyarán en el Congreso un estatuto que mencione el final del trasvase, incluso, aunque sea en el preámbulo. Ambos ya rompieron la disciplina de voto en la admisión a trámite del estatuto en el Pleno del Congreso. García-Legaz, que se ausentó en aquella votación, es el secretario general de FAES y mano derecha de José María Aznar.

A pesar del acercamiento en los contenidos, las dificultades son notables, como lo demuestra que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aún no ha respondido a la llamada que le hizo el pasado lunes el presidente de la comunidad, José María Barreda, para fijar una reunión, a pesar de que compartió el protagonismo en la aprobación del estatuto.

Última propuesta

«El trasvase Tajo-Segura como infraestructura impuesta por la historia que en modo alguno puede comprometer el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha, sometida al cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados por la directiva marco citada y por el texto refundido de la Ley de Aguas que han de alcanzarse en el año 2015, fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano. (…) Se recoge la garantía de establecer una reserva estratégica de 600 hectómetros (ahora es de 240) de agua no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía».

El nuevo plan hidrológico del Júcar (PHJ) sufre un importante retraso y el calendario fijado para aprobarlo antes de final de 2009 difícilmente se cumplirá. El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, expresó ayer su «preocupación» por esta demora y recordó que la Generalitat tiene que asumir la competencia sobre los ríos internos. No lo ha hecho hasta ahora y ese es precisamente el problema que mantiene estancado el PHJ, ya que el documento debe definir la gestión del agua con un nuevo límite que excluya los ríos valencianos, como exigió el Tribunal Supremo, y se centre en los cauces que recorren más de una autonomía, como el Júcar o el Turia. Sanz también pidió al Gobierno que asuma «su responsabilidad» y dé una solución, ya que el PHJ necesita avanzar para cumplir la directiva europea. Ésta impone caudales ecológicos, la recuperación de los ecosistemas y acuíferos, y la calidad de las aguas, entre otros aspectos.

La directiva del agua no se puede ignorar y el Gobierno se equivoca si «relativiza» su aplicación, abundó Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y ex presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. En la tarde de ayer este experto impartió una conferencia invitado por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, cuyo responsable de actividades, Joan Ribó, también subrayó la importancia de una gestión racional del Júcar en un contexto de «conflicto político permanente».

La sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental exige que el PHJ reduzca las cifras de extracción de los pozos «a una tercera o cuarta parte» de los 400 hectómetros cúbicos anuales asignados, ya que sólo una reducción drástica permitirá la recuperación del acuífero y del propio Júcar, dependiente de esas aguas subterráneas. Así lo expuso Sanz y corroboró Arrojo al afirmar que el actual PHJ «estableció el derecho de sobreexplotar» el acuífero. El profesor pidió que se retome la tradicional gestión integrada de las aguas superficiales y subterráneas que permitió crecer a la agricultura del Júcar, y que se ha perdido con el abuso de las extracciones en la cabecera del río y con los excesos del urbanismo. Además, Arrojo ve necesaria una «reconversión» del regadío para recuperar el equilibrio medioambiental. También pidió claridad al Gobierno sobre posibles nuevos trasvases que, como el del Ebro, podrían ser «inviables económica, social y medioambientalmente».

Francesc Signes, diputado del PSPV, aseguró ayer desde la tribuna de las Cortes que el plan hidrológico de la cuenca del Júcar que entrará en vigor a mediados de 2009 incluirá «una reducción sustancial» del límite legal de extracciones autorizadas en el acuífero de La Manchuela, en la Mancha Oriental, que está fijado en la actualidad en 320 hectómetros cúbicos al año. Ese límite fue pactado por Eduardo Zaplana y José Bono cuando se elaboró el primer plan de cuenca, que entró en vigor en 1998.

Luna acusa a la Generalitat de invertir menos de lo que presupuesta

Enric Morera, diputado de Compromís, invitó a las Cortes a denunciar la sobreexplotación del acuífero en territorio manchego en detrimento de los regantes valencianos. «Hay más de 600 pozos ilegales para regar 100.000 hectáreas de secano y solo porque los cultivos están subvencionados por la Unión Europea», denunció Morera.

José Císcar, del PP, subrayó la sobreexplotación del acuífero pero insistió en incorporar una reivindicación del trasvase del Ebro para apoyar la iniciativa del secretario general del Bloc.

Signes llamó al orden a ambos. El socialista señaló que «legalmente» el acuífero no está sobreexplotado porque en el último año hidrológico se extrajeron 296 hectómetros cúbicos, según datos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de unos sensores instalados en el acuífero desde 2004. Signes recordó que el Consell es uno de los muchos implicados en las negociaciones del plan de cuenca y sugirió que la Generalitat debería ejercer presión para forzar aún más ese «recorte sustancial».

José Ramón García Antón, consejero de Agua, abandonó el hemiciclo cuando arrancaba el debate. A la postre, el PP rechazó condenar la sobreexplotación del acuífero y los socialistas se abstuvieron.

El Consell, que preside Francisco Camps, suprimirá el céntimo sanitario con el que grava los combustibles cuando el Gobierno revise el sistema de financiación autonómica. Así lo aseguró ayer el consejero de Economía, Gerardo Camps, en la sesión de control al Consell celebrada en las Cortes Valencianas, en respuesta a las preguntas de Compromís.

Los diputados de Compromís pel País Valencià, con su portavoz, Mònica Oltra, a la cabeza, quisieron poner en evidencia la política fiscal del Consell que preside Camps en un momento de crisis económica. Para ello, Oltra acusó a Camps de olvidarse del notable incremento del paro, del alto fracaso escolar y de la baja calidad de la sanidad valenciana y afirmó que la nueva deducción para paliar la subida de tipos de interés en las hipotecas se traducirá en una desgravación en el tramo autonómico del IRPF de 95 euros, o lo que es lo mismo una ayuda de 7,5 euros al mes. «Los 7,5 euros al mes son más ridículos que los 400 de Zapatero», sentenció.

Camps defendió su política fiscal porque la menor presión genera más ingresos y combatió la imagen de los 7,5 euros mensuales con grandes cifras. El jefe del Consell indicó que la deducción para paliar el coste de las hipotecas supondrá ingresar 50 millones de euros menos en la Generalitat, cuyas deducciones fiscales se cifran en cerca de 2.000 millones de euros «para las clases medias y bajas». Luego intervino el vicepresidente económico, Gerardo Camps, para combatir de nuevo la cifra de los 7,5 euros al mes con ejemplos y explicó que para un joven soltero, una pareja de 30 años o un matrimonio con dos hijos la deducción superará los 275 euros al año, «una cantidad más que razonable».

El portavoz socialista, Ángel Luna, también interpeló a Camps a cuenta de la crisis y le reprochó que desde que logró la presidencia de la Generalitat las inversiones han crecido porcentualmente menos que los presupuestos. Y que la ejecución de las inversiones presupuestadas nunca se ha cumplido del todo.

Luna también acusó a Camps de hacer programaciones plurianuales que nunca se cumplen y que siempre se trasladan de un año para el siguiente. «Está descapitalizando la sociedad valenciana, para usted la ilusión es más importante e igual le sirve que venga James Bond a rescatarnos al módico precio público de 100.000 euros por dos horas de presencia, pero a los ciudadanos normales no les va a rescatar de nada», sentenció Luna.

El presidente de la Generalitat recurrió a compararse con la época socialista de hace 13 años para argumentar que las inversiones se habían incrementado en un 139%. Camps acusó a Luna de quitar de sus datos un 40% de las inversiones realizadas en depuradoras, colegios y ferrocarriles -extremo que Luna negó con vehemencia-, de estar en contra de la mejora de los salarios de los funcionarios y de formar parte de un partido que, en su opinión, castiga a la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado para 2009.

El Ministerio de Medio Ambiente culminó ayer el bandazo en política hídrica y enterró el rechazo a los grandes trasvases que marcó la etapa de la anterior ministra, Cristina Narbona. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, admitió en público que el trasvase de agua del Tajo que pide el PP desde Cáceres al río Segura «es una posible buena opción». Aunque oficialmente el proyecto no está en estudio «para no quemarlo», la decisión está tomada y Medio Ambiente planea anunciar el trasvase antes de febrero.

El Ejecutivo planea lanzar en enero el nuevo Tajo-Segura por 2.000 millones

El Gobierno quiere que el presidente extremeño lidere el futuro proyecto

Murcia reclama esa «nueva toma» desde 2000 y rebaja la tensión con el PSOE

Además, Puxeu lamentó que el Congreso anulara el trasvase del Ebro a Barcelona y asumió que «las desaladoras no son la panacea». «Gestionar el agua desde dogmas es un error en el que hemos estado inmersos los últimos años», remató en un acto de la fundación Ingeniería y Sostenibilidad al que asistieron responsables del agua de varias confederaciones hidrográficas, que parecieron satisfechos con sus palabras.

Puxeu sonrió cuando se le preguntó si su discurso suponía volver a la política de trasvases tradicional de los socialistas -desde la II República hasta Borrell- y que Rodríguez Zapatero y Narbona abandonaron en 2001 (estando el PSOE en la oposición) como pedían los socialistas de Cataluña y Aragón. «Si hay una cuenca, la del Segura, que tiene un déficit del 60%, lo que no podemos es desmantelar un sistema productivo y organizar una migración. Tenemos que darle agua. O la desalas o la transportas. Pero sería un disparate decirle a esa gente que está mal ubicada», lanzó Puxeu.

Sin que se le preguntara por ello, el secretario de Estado sacó el tema del trasvase del Tajo medio al Segura, que desde 2000 pide el Gobierno de Murcia. El presidente de esa región, Ramón Luis Valcárcel (PP), ya se lo propuso a Narbona sin éxito, y cuando gobernaba Aznar prefería éste al del Ebro. Supone tomar el agua del Tajo en Cáceres, dejar parte en el esquilmado Guadiana y empalmar con el actual trazado del Tajo-Segura, que cada vez lleva menos agua. Desde junio, Puxeu ha negado a este diario tres veces que esté estudiando ese trasvase. Ayer lo repitió, pero de forma peculiar: «Es una posible buena opción. Ni es de hoy ni de ayer ese proyecto. Ni se le ha ocurrido a Puxeu ni a Valcárcel. Ha habido opciones viables que se han quemado. No lo estamos estudiando porque no queremos quemarlo. Pero si vamos a buscar soluciones, vamos por ahí». Incluso señaló que no tendría que hacer muchos estudios porque «los papeles ya estaban hechos», y aludió a los trabajos que Adrián Baltanás hizo para Josep Borrell en los años 90. Baltanás preside desde 2004 la sociedad estatal Acuamed, encargada de realizar las desaladoras que Narbona planificó al derogar el trasvase del Ebro. Ayer asentía entre el público. En su discurso, Puxeu también se detuvo en la desalación: «No es la panacea. Es una buena solución en línea de costa y para abastecimiento y ayuda en tiempo de crisis».

Aunque el ministerio no piensa decir nada oficialmente, ha tomado la decisión de lanzar el trasvase del Tajo medio antes de febrero para que la guerra del agua quede zanjada antes de las elecciones europeas y con el Estatuto de Castilla-La Mancha previsiblemente aprobado. La intención del Gobierno, ya debatida con el PP, es bajar el tono de la disputa, eliminar del Estatuto castellano-manchego la caducidad del trasvase Tajo-Segura, aumentar los recursos asignados a Castilla-La Mancha en el Plan de Cuenca del Tajo y el caudal ecológico en Aranjuez y, después, promover el trasvase desde Cáceres.

Además, no piensa decir que es un trasvase, sino «el cambio de la toma del trasvase Tajo-Segura» -así lo llamó ayer la ministra Elena Espinosa-. Parte de esa agua serviría para rellenar el acuífero 23 en Ciudad Real y recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Por eso Barreda, que se oponía inicialmente, ya dice que el proyecto «está inteligentemente planteado». Medio Ambiente estima que la obra, de más de 440 kilómetros, costaría unos 2.000 millones, informa Tono Calleja.

El Gobierno pretende que el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández-Vara, asuma el liderazgo del proyecto y demuestre que -en contra de barones socialistas como el catalán José Montilla, el castellano-manchego José María Barreda, el aragonés Marcelino Iglesias o el andaluz Manuel Chaves- se puede ser solidario hasta con el agua. Fernández-Vara ha comentado en privado que, tras recurrir el Estatuto andaluz y el de Castilla y León por apropiarse la gestión de los ríos, ahora no puede decir que el Tajo es suyo. El extremeño pedirá compensaciones en obras y que el agua se pague. La semana que viene viajará con Puxeu a Italia y allí avanzarán en el proyecto.

Puxeu explicó ayer que con las desaladoras de Barcelona y con el trasvase Júcar-Vinalopó, Cataluña y Valencia tendrían satisfechas sus necesidades. Sólo faltaría la cuenca del Segura, algo que soluciona el trasvase desde Valdecañas (Cáceres). Así se puede zanjar la guerra del agua. Y el Gobierno parece dispuesto a cambiar de discurso para logralo.

"La ministra sabe"

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, se reunió ayer en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. El clima fue tan cordial que parecían del mismo partido. «Ha sido una reunión extraordinaria. La ministra sabe cuál es su responsabilidad y las necesidades de Murcia», declaró Valcárcel, que elogió «la sabiduría» de «la ministra sensible».

Murcia y el Gobierno han pactado bajar el tono en la guerra del agua y Valcárcel hasta se mostró conciliador con Castilla-La Mancha. Las dos partes aseguraron que el trasvase del Tajo medio apenas se había tratado. Murcia entregó un informe jurídico que sostiene que el trasvase Tajo-Segura debe funcionar hasta 2045 y Espinosa se comprometió a enviarlo hoy al Congreso. La ministra también destacó «el clima de absoluta lealtad institucional» de la cita y alabó cómo se gestiona el agua en Murcia.

La marcha atrás

Declaraciones del secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu:

– «Gestionar el agua desde dogmas es un error en el que hemos estado inmersos los últimos años».

– «El trasvase del Tajo medio [desde Cáceres al Segura] es una posible buena opción. Pero se puede quemar por el debate político».

– «Si hay una cuenca, la del Segura, que tiene un déficit del 60%, lo que no podemos es desmantelar un sistema productivo y organizar una migración. Tenemos que darle agua».

– «El Congreso derogó el trasvase del Ebro a Barcelona. Podemos hablarlo en privado porque a mí me gustan los sistemas mallados».

– «Las desaladoras no son la panacea. Sirven en momentos de crisis y para abastecimiento en la línea de costa».

– «La no continuidad de aportes externos al Segura supondría un serio problema».

El Parlamento Europeo aprobó ayer por 594 votos a favor, 45 en contra y 12 abstenciones, un informe en el que desaconseja los trasvases como solución a la escasez de agua. A petición expresa de los eurodiputados del PP español, el pleno se pronunció a título nominal sobre una parte del párrafo 8, que dice: «La construcción de trasvases para el transporte de agua en grandes distancias no debería ser la solución al problema de la escasez de agua».

El polémico punto fue apoyado por 445 votos. Otros 178 eurodiputados -entre ellos los europarlamentarios españoles del PP- rechazaron la declaración antitrasvase. La práctica totalidad votó en contra del párrafo 8, con la excepción del catalán Alejo Vidal-Quadras, quien apoyó el documento y el punto. Los 178 votos en contra que recibió la mención a los trasvases no fueron suficientes para eliminarla del texto, por lo que la delegación popular española rechazó el informe en su conjunto. Para la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez-Cortines, el mensaje de la Eurocámara «genera incertidumbre para el desarrollo económico del Mediterráneo».

Obiols se desmarca

El Grupo Socialista Europeo dio el visto bueno a la resolución, con la excepción de Raimon Obiols, que rechazó el punto antitrasvase. La eurodiputada socialista Pilar Ayala aseguró que el informe del Parlamento Europeo sigue, en el asunto de los trasvases, la línea expresada por la Comisión Europea, que en su último texto con recomendaciones para combatir la sequía consideraba que los trasvases y otras grandes infraestructuras deben ser «la última opción».

La aprobación del informe echa un jarro de agua sobre la política hídrica que defienden el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y su partido. El informe, sancionado por la Eurocámara, propone mayores tarifas para el agua, «que podría animar a los consumidores a utilizar este recurso de forma más responsable». El Parlamento Europeo alerta en el informe de que en la UE se podría ahorrar hasta el 40% del agua que se utiliza.

El consejero valenciano de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, destacó que la Comunidad Valenciana está pagando en Europa «la nefasta política hídrica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero».

Las aguas del Júcar bajan revueltas. La redacción del nuevo plan de la cuenca, que entra en su fase decisiva, reaviva las tensiones entre regantes, poblaciones y comunidades autónomas en la defensa de sus intereses sobre unos recursos que se antojan escasos para tanta demanda. El ciclo de sequía, que dura ya desde 2004, ha puesto de manifiesto una vez más la fuerte irregularidad de las aportaciones naturales a los ríos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Además, ha subrayado la tendencia a la baja de los recursos desde principios de los ochenta. Llueve menos, las escorrentías que alimentan el sistema han bajado, el uso de los acuíferos ha aumentado y los estudios sobre el cambio climático prevén aún menos agua para el área del Mediterráneo. De hecho, el plan actual fija dotaciones para los regantes que no han estado disponibles, al margen de que con la sequía han sido necesarias fuertes restricciones al caudal superficial del Júcar y otros ríos.

«Es imprescindible una evaluación realista de los recursos porque la sobrevaloración nos ha llevado a una situación de sequía estructural», sentencia Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ). «Las asignaciones a los usuarios tendrán que ser más bajas», abunda Paco Sanz, de Xúquer Viu, que recalca que «el objetivo principal» del plan debe ser «conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua», como marca la directiva europea, que también exige caudales ecológicos. Más optimista es el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte: «En el Júcar hay recursos para atender las demandas, pero hay que ser más eficientes».

Que la gestión es mejorable lo suscriben todos, pero en la forma de hacerlo chocan. USUJ y Xúquer Viu denuncian que el acuífero de la Mancha Oriental «está sobreexplotado», lo que perjudica gravemente al Júcar. «Se extrae por encima de la recarga natural», asegura Valero de Palma. «El acuífero está mejor que cuando empezó la sequía», rebate Belmonte, que defiende que los regantes de La Mancha también se han apretado el cinturón y son más eficientes. El acuífero necesita recuperarse para drenar más agua al Júcar, pero Belmonte ve la clave para ganar recursos en que la Comunidad Valenciana modernice sus regadíos, «en lo que falla», y en general se depure y reutilice más agua, lo que también beneficia a L’Albufera. «En el río tenemos que caber todos», concede Valero de Palma, «pero nos tienen que devolver la confianza, la garantía de la prioridad de los regadíos históricos», que están al final del río. El secretario general de USUJ rechaza que Castilla-La Mancha pueda ampliar tomas de agua del Júcar, además de explotar el acuífero. «Los bombeos hay que reducirlos de manera importantísima», coincide Sanz.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, incide en la importancia de una «planificación plurianual de los recursos» para garantizar su sostenibilidad. El plan «repartirá el agua de manera diferente»; habrá menos superficial, pero el «volumen total» no necesariamente disminuye porque se generan recursos en la modernización, reutilización y desalación. La clave está en la gestión.

Una nueva tormenta se avecina en el horizonte de la confrontación política del agua. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha serán los protagonistas de este conflicto, que nace del futuro plan de la cuenca del Júcar, cuya aprobación está prevista para 2009. El plan tropieza con un obstáculo que afecta a su propia esencia: la de los límites del territorio en el que debe gestionar el uso del agua.

El plan actual concede a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) las competencias de los ríos y acuíferos entre el Sénia y el Segura. Sin embargo, desde noviembre de 2004, el organismo gestiona esas aguas pendiente de que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo que le quita la atribución sobre los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana, como el Serpis y cauces de las dos Marinas. El fallo recordó al Estado que la Constitución le dio el control sobre los ríos que atraviesan más de una autonomía, y a la Generalitat que el anterior Estatut preveía que asumiera sus cuencas internas. Nunca lo hizo. Es más, el Consell reaccionó a la sentencia anunciando un recurso por indefensión. No le interesaba que se alterara la actual gestión de los ríos, y sigue sin interesarle. Sin embargo, el nuevo Estatut mantiene la competencia sobre los ríos valencianos. Una competencia que la Generalitat se resiste a ejercer. El traspaso de los ríos al Consell sigue en el limbo.

La cuestión no es baladí, porque afectará directamente al peso de la Comunidad Valenciana en la gestión del Júcar. Y al de Castilla-La Mancha, que presiona para que se cumpla la separación de competencias. Con la desvinculación de los ríos internos valencianos, Castilla-La Mancha ganará fuerza en los órganos de planificación de la cuenca del Júcar, ya que se reducirá el porcentaje de territorio de la Comunidad Valenciana -ahora tiene el 49,6% frente al 36,6% de Castilla-La Mancha.

El esfuerzo valió la pena.No en vano, el recurso contra el plan vigente lo impulsó una asociación de Albacete. La Junta de Castilla-La Mancha y sus regantes prevén que la nueva demarcación del Júcar, sin los ríos valencianos, les favorecerá en las normas de gestión y en la representación, lo que reforzará las garantías sobre sus asignaciones de agua. La Comunidad Valenciana reducirá su influencia, a pesar de albergar ahora el 90% de la población de la cuenca.

La Generalitat es consciente del problema y hasta ahora lo ha sorteado no reclamando el traspaso de sus cuencas, que son básicamente la del Serpis y las dos Marinas, con un conjunto de barrancos secos con problemas cuando hay lluvias torrenciales. Pero la elaboración del plan del Júcar obliga a tomar decisiones a corto plazo. La documentación que maneja la CHJ deja bien claro que la indefinición sobre los límites en los que hay que ordenar los recursos hídricos aboca al plan al bloqueo. La Junta de Castilla-La Mancha ya ha lanzado un aviso contundente en las alegaciones a los primeros informes del plan: si no se excluyen de la nueva planificación las cuencas valencianas, «a todos los efectos», el proceso podría declararse nulo. La Junta recurriría «cualquier acto o disposición de planificación» que se apruebe con el ámbito territorial actual.

Mientras busca una salida al laberinto, el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, insiste en que el Consell es partidario de preservar «la unidad de la cuenca». Esa unidad pasaría, en principio, por mantener la planificación actual, lo que choca con el Estatut. La Generalitat busca por ello el modo de asumir sus ríos y cumplir el Estatut sin que se rompa la gestión integrada en el Júcar. Lo que está en el aire es la fórmula jurídica para aunar ambos propósitos.

Los regantes del Júcar tienen claro que la «desmembración» de la cuenca es perjudicial para sus intereses. Para el secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, la gestión territorializada del agua «va en contra del sentido común» y es «un paso atrás» en la garantía de los recursos a todos los usuarios que ahora se benefician de una planificación integral. Valero de Palma considera un error que la Generalitat insistiera en mantener las cuencas internas en el nuevo Estatut. «No tiene sentido duplicar administraciones» y, además, la Comunidad Valenciana perderá peso en el Júcar, la arteria que alimenta sus regadíos históricos. Por ello, urge al Consell a un cambio del Estatut o a renunciar a la gestión de sus ríos en favor del Estado y asumir sólo un mínimo de competencias. Valero de Palma sostiene, además, que la pretensión de Castilla-La Mancha es reducir al máximo el ámbito del Júcar, hasta el punto «inadmisible» de desvincular de sus aguas L’Albufera. Una posibilidad que también desecha tajante Paco Sanz, de Xúquer Viu, que coincide en la necesidad de mantener la unidad de la cuenca aunque el Consell asuma sus ríos.

Los regantes castellanomanchegos, que explotan el acuífero del que también se nutre el río Júcar, se muestran prudentes. El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, afirma que «la guerra interregional con los nuevos estatutos es absurda», pero también destaca que «la ley tiene que cumplirse». Belmonte resta importancia al cambio de representación en unos órganos del Júcar sin los ríos valencianos: «No resolverá ningún problema fundamental». No obstante, augura que el plan del Júcar encallará si no se clarifica la situación, y la cuenca necesita avanzar hacia una nueva gestión. «Se nota que los políticos no riegan», añade.

Holanda ha construido unas casas que flotan y Venecia ha decidido protegerse de las inundaciones instalando murallas bajo el mar y la laguna. La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) ha resaltado en su informe Impactos del cambio climático en Europa la necesidad de adaptarse lo antes posible a las consecuencias del calentamiento global que ya no podemos remediar. «El régimen ecológico mundial posterior a Kioto requiere tanto la mitigación de las emisiones de CO2 como la adaptación», se asegura en el informe.

Holanda y Venecia representan dos de estos casos irremediables que sí se han preparado para el desastre. Holanda tiene un tercio de su territorio bajo el nivel del mar; la ciudad de los canales se hundió el siglo pasado unos 24 centímetros. El llamado sistema Mose pretende salvar la ciudad de su inexorable hundimiento. Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas de Europa. Se trata de un sistema de diques que permitiría cerrar la laguna de Venecia al mar y protegerla de las inundaciones que afectan de contínuo la ciudad. La infraestructura consiste en 72 compuertas hundidas en el mar que emergen cuando el nivel del agua sube un metro, lo que ocurre aproximadamente siete veces al año.

Por lo que se refiere a Holanda, sus casas flotantes han sido construidas por la empresa Dura Vermeer expresamente para probar su habitabilidad. Desde hace cuatro años, en la localidad de Maasbommel (Gelderland) 32 familias viven sobre el río. Sus casas están, normalmente, en seco. Pero cuando sube la marea flotan sin riesgo de perder la electricidad o la conexión a Internet. El lugar fue elegido expresamente para investigar si es posible vivir sobre las aguas convulsas del cambio climático. Y es que la subida del nivel del mar provocará la pérdida del 2% del PIB debido a la escasez de agua dulce, daños en la agricultura y la industria pesquera, la interrupción del turismo o la reducción de la seguridad energética, según publicó el Banco Mundial a mediados de agosto en su guía de ciudades resistentes al clima.

Pero el ejemplo más desesperado de adaptación no está en el viejo continente. Un atolón del pacífico, las Islas Tuvalu, formación coralina de 25 kilómetros que en su punto más alto se levanta cinco metros sobre el nivel del mar, se extinguirá en las próximas décadas bajo las aguas. Allí viven 11.300 personas. Por eso han planeado un éxodo masivo a Nueva Zelanda o Australia, las dos naciones desarrolladas de la región.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunirá la última semana de septiembre con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, en una cumbre en la que pretenden acordar un documento en defensa del trasvase Tajo-Segura, según confirmaron ayer fuentes del PP murciano. El alcalde de Torrevieja, el también popular Pedro Ángel Hernández Mateo, ejercerá como anfitrión.

La cumbre autonómica tendrá como finalidad dejar clara la defensa del PP valenciano y murciano del trasvase Tajo-Segura, y recordar también su apuesta por construir un canal desde el río Ebro hasta Almería. En esta ocasión, la unidad entre Valcárcel y Camps cobra especial relevancia tras el apoyo de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015.

Ayer mismo, Cospedal afirmó que su partido propone para toda España «un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que respete tanto el principio de unidad de cuenca como el principio de solidaridad interterritorial, con el uso preferente de la cuenca natural pero también que el agua vaya de aquellos sitios de donde sobre a donde falte».

Camps y Valcárcel también tratarán de llegar a un acuerdo en relación con la financiación autonómica, que está en plena discusión. Pero además de mostrar su oposición a las decisiones de Cospedal, Camps y Valcárcel rechazarán los trabajos preliminares realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en los que rebajan de forma ostensible las previsiones de trasvases a la cuenca del Segura.

De esta forma, los dirigentes valenciano y murciano retoman las tradicionales reuniones entre los presidentes de ambas comunidades de forma alterna en San Pedro del Pinatar y Torrevieja, que este año no se había celebrado «porque con la crisis que padecemos no está el horno para bollos, y no podemos irnos de comida como si no pasara nada», según explicó ayer a EL PAÍS el portavoz del PP murciano y alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

A la cumbre de trabajo acudirán, además de los presidentes autonómicos, los titulares de las consejerías de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, y de Agua y Medio Ambiente de la Generalitat, José Ramón García Antón.