La asociación Xúquer Viu ha criticado esta mañana en Sueca la imposibilidad de hacer un seguimiento detallado del caudal que a diario fluye por el río Júcar. Su portavoz, Paco Sanz, ha recordado que esta situación se produce desde hace unos dos años y «es una consecuencia más de los recortes aplicados por el Gobierno del Estado». De esta manera ha querido denunciar, una vez más, la falta de caudal ecológico, «como sucediera la semana pasada cuando afloraron las piedras del lecho del río a la altura del Pont de Ferro de Alzira por falta de agua».

Sanz ha explicado que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que gestiona la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tan solo ofrece ahora lecturas de la parte baja del río en el embalse de Tous y el Hort de Mulet, este último, entre los términos municipales de Algemesí y Albalat de la Ribera. «Antes de la aplicación de los recortes también se hacía en los azudes de Antella y los dos de Sueca», ha matizado.

Para el portavoz de la asociación ecologista, el punto de información del Hort de Mulet es importante por cuanto sirve para interpretar la cantidad de agua subterránea emergente mientras que la lectura de Tous es, en cierto modo, irrelevante para la Ribera. «La Confederación sí que dispone de todos los datos pero su falta de transparencia evita que sean públicas esas lecturas sobre el agua que discurre desde Antella, que es desde donde se produce realmente la entrada del Júcar en la Ribera», ha añadido.

Sanz ha explicado que la «anómala situación» detectada la semana pasada en Alzira tendió a normalizarse tras ser denunciado el hecho. «Siempre sucede lo mismo y solo sueltan agua desde arriba si damos la voz de alarma», ha manifestado.

Concentración en Sueca

Representantes de la Mesa pel Xúquer han mantenido esta mañana una reunión preparatoria de las concentraciones para mostrar el desacuerdo con el nuevo Plan Hidrológico del Júcar previstas para los próximos días 17 de mayo, en Sueca, y 30 en el Palmar. Bajo el lema Que no ens furten el Riu. Pel Xúquer i l’Albufera (Que no nos roben el río. Por el Júcar y L’Albufera), la Mesa pel Xúquer llevará a cabo una protesta lúdico-festiva en la que, en el caso de la capital de la Ribera Baixa, participarán las asociaciones de padres y madres de colegios de la comarca, entidades profesionales, partidos políticos, sindicatos agrarios y de clase y asociaciones de todo tipo.

Para la cita del Palmar confían con la participación de cofradías de pescadores y colectivos que trabajan por la recuperación de la Vela Latina en el lago de L’Albufera. La campaña se cerrará con otra concentración, que en este caso será ante la Delegación del Gobierno en Valencia, el 14 de junio.

La Mesa pel Xúquer ha cursado invitación formal a sumarse a las próximas reuniones y actos reivindicativos a Rafael Soler y Pedro-Juan Victoria, alcaldes de la Pobla Llarga y Favara, y presidentes del Partido Popular de la Ribera Alta y Baixa, respectivamente.

Por otra parte, los responsables de la Acequia Real del Júcar (ARJ), que este año cumple su 750 aniversario, celebraron este jueves la tradicional suelta de aguas de la temporada de riego en el azud de Antella. El acto ha coincidido con la inauguración en Antella de la exposición itinerante sobre la historia de la institución que podrá ser contemplada en la Casa del Rey hasta el próximo 4 de mayo, según ha informado esta institución en un comunicado.

A la celebración de este encuentro han asistido José Manuel García de la Cuadra, presidente de la ARJ; Juan Valero de Palma, secretario general de la ARJ; y miembros de las 20 juntas locales de la institución. Asimismo, han asistido alcaldes y concejales de agricultura de diversos municipios por los que transcurre el canal principal entre los que destacan los primeros ediles de Albalat de la Ribera, Alcàsser, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Benifaió, Beniparrell, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Silla y Sollana.

La Acequia Real del Júcar está integrada por más de 25.000 regantes, lo que le convierte en la comunidad de regantes «más importante» de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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El nuevo plan de cuenca del río Júcar, y el protocolo firmado por el Gobierno del Estado y la Generalitat Valenciana para abrir un nuevo trasvase al Vinalopó, han encendido a la comarca de la Ribera. La Mesa pel Xúquer acordó este sábado denunciar las decisiones de ambas administraciones ante la Unión Europea. Lo harán desde tres frentes: las organizaciones agrarias, de regantes, ecologistas, políticas y sindicales; los ayuntamientos, y desde iniciativas personales.

Este acuerdo, adoptado en Sueca, también abre la posibilidad de presentar quejas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras la asamblea, la Mesa del Xúquer anunció el inicio de movilizaciones en los próximos meses en El Palmar y Sueca que concluirán con una concentración de protesta en Valencia, prevista para el 28 de junio

Regantes, ecologistas, asociaciones ciudadanas, sindicatos, partidos políticos y representantes institucionales de municipios de la comarca que conforman la Mesa pel Xúquer rechazan de plano el nuevo plan de cuenca. “Es el principio del expolio del río y nos deja peor que en 1998”, afirmó Paco Sanz, portavoz de Xúquer Viu.

Los intregrantes de la Mesa interpretan que el plan hidrológico de la cuenca vulnera la Directiva Marco del Agua (DMA) europea e “hipoteca el futuro del río y de l’Albufera, por cuanto no garantiza los caudales ecológicos mínimos para su supervivencia”, según señaló Sanz. El portavoz de Xúquer Viu añadió: «Además, se asigna una reserva de 100 hectómetros, sobre los 400 que tenía, a la Mancha Oriental, cuando el borrador del plan establecía 65 hectómetros cúbicos”.

El protocolo firmado entre el Gobierno y el Consell es una hoja de ruta que en seis meses deberá revisar el trasvase de agua de riego para el Vinalopó desde el azud de la Marquesa, situado en el término de Cullera. Considera «provisional» esta conducción, según advirtieron ayer en Sueca. En el nuevo plan se asignan 12 hectómetros cúbicos de agua, como mínimo, para el consumo humano en el Vinalopó mientras las poblaciones de la Ribera deberán pagar o permutar con los regantes el propio suministro de uso doméstico. Se abre la puerta a que la hipotética transferencia futura pueda hacerse desde Cortes de Pallás o Antella.

La conducción de agua de riego del Júcar al Vinalopó desde Cullera fue financiada por la Unión Europea con 120 millones de euros con la finalidad de potenciar la recuperación de los acuíferos y garantizar la supervivencia sostenible del río, de la comarca de La Ribera y del lago de l’Albufera.

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acudió este jueves a Alicante con el palo y la zanahoria. Por un lado, demonizó las desaladoras y la política hídrica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro apeló al necesario “diálogo y al consenso” en la aprobación de los planes hidrológicos.

El ministro participó en la jornada Estrategia de recursos hídricos en España organizada por Casa Mediterráneo ante un auditorio con más ausencias que presencias. No hubo ningún miembro de la Generalitat, ni alcaldes, ni expertos universitarios, tan solo la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, algunos regantes, un puñado de concejales y decenas de sillas vacías.

Arias Cañete criticó el “dineral” gastado en desaladoras que, en su opinión, “no son la solución al problema del agua” y ahora “tocará integrar” en la planificación hidrológica, y destacó que el retraso en la aprobación de los planes se ha recuperado en solo dos años con el PP.

El ministro se mostró satisfecho concretamente por el “consenso básico” en torno al nuevo plan hidrológico del Júcar, que está solo pendiente de que lo apruebe el Consejo de Ministros y afecta principalmente a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Señaló que el plan ha sido “complicado” de negociar y agradeció el “gran esfuerzo” realizado por todas las partes en “la búsqueda del máximo consenso y la máxima racionalidad”. Reconoció, además, que las “presiones para utilizar el agua son más altas en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades” porque la cuenca del Júcar es deficitaria.

El vicepresidente afirma que se busca una solución que haga viable la obra

Sobre el protocolo firmado con la Generalitat al margen del plan, que implica la revisión del trasvase Júcar-Vinalopó, el ministro confió en que con nuevas negociaciones “se logre un consenso absoluto”. El ministro pasó de puntillas sobre la polémica surgida por este protocolo, que prevé inversiones de 50 millones de euros para modernizar el regadío en el Júcar, pero también un posible replanteamiento del trasvase al Vinalopó exigida por los usuarios alicantinos sin el consenso de La Ribera, que cederá el agua.

El ministro explicó que una comisión técnica se encargará de analizar “la viabilidad y los precios” del agua del trasvase Júcar-Vinalopó y evitó decantarse por ninguna opción cuando se le preguntó sobre la posibilidad de construir una segunda toma de agua río arriba en Cortes de Pallás, frente a la opción de enviar el agua desde el azud de la Marquesa, la única conexión construida cerca de la desembocadura.

El protocolo califica el trasvase actual como “solución provisional”, con lo que abre la puerta a una segunda toma que defienden los usuarios del Vinalopó y a la que se oponen los del Júcar. Los regantes integrados en la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) trasladaron este jueves en una reunión al vicepresidente del Consell, José Ciscar, su “malestar” por un protocolo que no se consultó con ellos. En el encuentro, los regantes dejaron clara su postura sobre el trasvase, que consideran que “solo” es posible “desde la desembocadura en el azud de la Marquesa, donde hay [recursos] sobrantes” para llevar a Alicante.

Los regantes de La Ribera recalcaron que han sido solidarios “no solo con palabras, sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y finalmente al Vinalopó”, pero que este último debe realizarse desde la Marquesa. “En la situación actual, la capacidad del Júcar se ha superado y no caben más demandas”, afirmó USUJ.

En respuesta a la polémica generada, Ciscar aseguró que el protocolo “solo plantea que se estudie la solución que sea viable técnica y económicamente, pero no se pronuncia sobre la toma de Cortes de Pallás”, según destacó USUJ en un comunicAdo.

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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha defendido hoy agua de calidad para el lago de L’Albufera, al que el nuevo plan hidrológico del Júcar -pendiente de que lo apruebe el consejo de ministros- asigna 167 hectómetros cúbicos anuales. Barberá ha admitido que el plan no aclara el origen de esos recursos, por lo que ha enfatizado que espera que sean de riego de las acequias del Júcar, «y no de depuradoras».

La alcaldesa ha intervenido esta mañana en la jornada Agua, energía y cambio climático: El reto de la eficiencia y la sostenibilidad, y ha sido preguntada por la declaración institucional que aprobaron todos los grupos en el último pleno municipal para exigir agua de calidad para el parque natural.

«Seguimos trabajando para conocer el origen del agua, que es el problema que tienen ahora los regantes para tener L’Albufera en condiciones», ha afirmado la alcaldesa, que considera que la cantidad de agua que está previsto que llegue al lago «es positiva» y que el problema está en cuál será su calidad.

En concreto, ha asegurado que buscan que «la mayoría sea de riego y no de depuradora por los elementos químicos que contienen y que pueden no ser beneficiosos para L’Albufera&quo

Agua de las pedanías

Preguntada por la polémica en torno al pozo de agua Benifaraig, que hasta ahora suministraba el agua a esta pedanía y las de Carpesa y Borbotó, Barberá ha remitido a la concejal del Ciclo Integral del Agua, María Àngels Ramón-Llin, que también ha participado en la jornada organizada por Aguas de Valencia.

La concejal ha explicado que el agua de ese pozo «no es potable», que es una cooperativa «que no existe», según la Generalitat, y que «no tiene la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar». Según Ramón-Llin, el Ayuntamiento «cumple la ley» y cometería un delito «si permitiera que una cooperativa que no existe y tiene retirada la concesión para suministrar agua potable, pudiera hacerlo».

«Si no hubiéramos retirado esa concesión, que se comunicó hace un año, estaríamos prevaricando», ha apostillado. Ha explicado que «solo un grupo de personas» está en contra del cambio pero que la mayoría de los vecinos de estas pedanías está dando sus datos para darse de alta en Emivasa, concesionaria de la gestión del agua en Valencia, «para estar en las mismas condiciones» que el resto de habitantes de la ciudad.

«El Ayuntamiento ha hecho lo que corresponde, tiene las escrituras de propiedad y negocia con los regantes para que puedan seguir regando», ha apuntado, a la par que ha afirmado que «el pozo no va a suministrar agua porque no está en condiciones de salubridad».

Ha asegurado desconocer si hoy se cortará el agua a los vecinos que todavía no se hayan dado de alta en Aguas de Valencia, pero ha apuntado que «a los vecinos que no pagan o se enganchan ilegalmente, se les corta el agua y éste es el caso».

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El nuevo plan hidrológico del Júcar nace con polémica y el “profundo malestar” de los regantes de La Ribera. El Consejo Nacional del Agua dio este miércoles el visto bueno al documento de gestión del agua en la cuenca del Júcar, que abarca principalmente a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, con 66 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones. Entre estas últimas, la del representante de los regantes de ambas autonomías en el organismo, el presidente de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), José Manuel García de la Cuadra, que con su voto reflejó el enfado por cambios de última hora que afectan al trasvase al Vinalopó.

Minutos antes de la reunión del Consejo Nacional de Agua, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, firmó con los consejeros de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, y de Agricultura valenciano, José Ciscar, un protocolo de modernización de los regadíos históricos valencianos con una inversión total de 50 millones de euros y obras por otros 40,3 en la Mancha Oriental. El protocolo respondía al acuerdo alcanzado con los regantes del Júcar para desbloquear la aprobación del plan hidrológico, pero la firma incluyó a última hora un documento con referencias al trasvase al Vinalopó que “no se han negociado”, destacó el secretario general de USUJ, Juan Valero de Palma.

Los regantes alicantinos, con el apoyo de la Generalitat, pretenden una segunda toma de agua en el trasvase, previsto ahora para transferir el agua solo desde el Azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura del Júcar en Cullera. A esta reclamación se oponen desde siempre los regantes de La Ribera, que cederán el agua a Alicante y no están dispuestos a otra toma que pueda afectar a sus recursos.

Para contentar al Vinalopó, el borrador del nuevo plan hidrológico incluyó la opción de que parte del agua del trasvase provenga de afluentes del Júcar, lo que abre la puerta a una segunda toma de agua. El malestar por este cambio se acrecentó hace dos días, cuando llegó a los regantes del Júcar que el protocolo de actuaciones firmado este miércoles incluiría aspectos relacionados con el trasvase. Así se lo avanzó el ministerio. La Generalitat, en cambio, no se puso en contacto con los usuarios del Júcar, resaltó Valero de Palma. “Ha sido un error impresentable. O se cuenta con el consenso de los regantes del Júcar o cualquier modificación está condenada al fracaso”, resaltó el secretario general de USUJ antes de subrayar el “profundo malestar” de La Ribera por haber sido “excluida de esta negociación”.

La Generalitat señaló en una nota que el protocolo da “una solución definitiva a la conducción Júcar-Vinalopó”, que pasa, “entre otras cosas”, por la recepción del agua desde la toma del Azud de la Marquesa, pero la forma en que se ha introducido el trasvase en el acuerdo ha provocado el enfado de los regantes del Júcar.

El conflicto arroja más sombras sobre un plan de cuenca que sale adelante con cuatro años de retraso y con la oposición de los ecologistas, que consideran que mantiene la fuerte presión sobre el Júcar y no toma medidas contra la sobreexplotación de los recursos.

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El trasvase Júcar-Vinalopó está de nuevo en revisión. El protocolo firmado el miércoles por el Gobierno y el Consell para activar la infraestructura reabre la puerta a cambios que no excluyen la segunda toma de agua que reivindican los regantes de Alicante y rechazan los de Valencia, los partidos de izquierda y la plataforma social y ecologista Xúquer Viu.

Con el trasvase acabado, el protocolo suscrito por el Ministerio de Agricultura y la Generalitat califica ahora de “solución provisional” la única toma de agua existente, la del azud de la Marquesa en el tramo final del río. Desde ella se enviarán a Alicante 15 hectómetros cúbicos anuales en los próximos tres años mientras se realiza un “análisis de posibilidades de funcionamiento del sistema considerando las infraestructuras existentes, planteadas o que pudieran plantearse”. Una declaración de intenciones que, en palabras del presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, implica que “se abre la puerta” a una conexión de la tubería del trasvase en Cortes de Pallás, aguas arriba del Júcar.

L’Albufera espera más agua

El agua asignada a L’Albufera es “totalmente” insuficiente para regenerar el ecosistema del lago, coincidieron los partidos de izquierda y Xúquer Viu. El plan del Júcar da al parque más agua pero sin aclarar qué cantidad será de calidad y cuánta de depuración, con lo que certifica “el expolio del río y L’Albufera”, según la plataforma ecologista, y no se permitirá “una recuperación adecuada” del lago, según el PSPV-PSOE. Ambas organizaciones denunciaron también que el plan no solucione el abastecimiento urbano de La Ribera con una concesión del río.

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia -PSPV, Compromís y EU- exigieron asimismo que el lago del parque natural reciba «agua limpia y de calidad”, como piden los técnicos de la oficina de la Devesa-Albufera. Por ello, solicitaron al Consistorio, propietario del lago, que «se comprometa a trabajar” para que el plan del Júcar, que ahora será remitido al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva , “garantice mínimamente la calidad de agua de la Albufera». “De no recibir los caudales no aprovechados por los regantes de la Acequia Real del Júcar y el arrozal de Sueca, la Albufera podría sufrir daños irreparables», advirtieron al gobierno de Rita Barberá, que también había pedido una asignación mayor de agua a la concedida por el plan.

Por su parte, la Unió de Llauradors denunció que el plan del Júcar perjudica a los regantes de la Comunidad Valenciana frente a los de Castilla-La Mancha. En un comunicado, el secretario general de esta organización agraria, Ramón Mampel, denunció que se ha pasado del «agua para todos» a «nuestra agua para todos», que es «lo que se ha conseguido en este nuevo plan del Júcar». Mampel criticó que los regantes se abstuvieran en la aprobación del plan, que también significará “menos agua para trasvasar al Vinalopó” y “agrava las dificultades hídricas del parque natural de L’Albufera”.

Esa opción la descartó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para situar el inicio del trasvase en el azud de la Marquesa. El Ejecutivo concluyó que en ese punto cercano a la desembocadura se garantizaban los excedentes para el Vinalopó, al contrario que en Cortes de Pallás, donde se había iniciado la obra. La modificación recibió un amplio respaldo en el Júcar frente a la protesta de Alicante. La Generalitat se alineó con el Vinalopó y encabezó manifestaciones contra el nuevo proyecto.

El director general del Agua, José Alberto Comos, intentó este jueves contrarrestar el malestar de los regantes de La Ribera con el protocolo, que se negoció sin contar con ellos. Comos afirmó que la Generalitat vela por “el interés general” y que “ha quedado acreditado que se vuelca en La Ribera” con el apoyo a las inversiones que prevé el mismo protocolo para la modernización del regadío tradicional del Júcar —50 millones aprobados del Gobierno y otros 1,8 de la Generalitat, pendientes de consignarse—. Con esa modernización se lograrán nuevos ahorros de agua, argumentó.

El director general defendió que para el Vinalopó se pongan sobre la mesa “todas las soluciones” y consideró “digno de considerar” que sus usuarios acepten que el agua empiece a llegar desde la Marquesa tras años de oposición. En realidad, el Vinalopó ya consumió agua de un trasvase en pruebas en otoño de 2012. En todo caso, esa toma se utilizará “sí o sí”, enfatizó Comos, que evitó pronunciarse sobre la posibilidad de derivar agua de Cortes de Pallás.

La Ribera no se dio por satisfecha. El secretario general de la Unidad Sindical del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, criticó “el error” de no negociar con ellos un protocolo que genera “incertidumbre”, y recordó al Consell sus “pronunciamientos clarísimos” de que cualquier decisión sobre el trasvase contará con los regantes de La Ribera.

“Ha sido todo un engaño y no consentiremos que avance una segunda toma, iremos a Bruselas o donde haga falta”, aseguró más contundente José Pascual Fortea, presidente de los regantes de Sueca. Fortea denunció también que en el nuevo plan del Júcar, y en el protocolo, se han “colado” 12 hectómetros cúbicos anuales para el Vinalopó de recursos de afluentes del Júcar. “Es como darles ya una concesión de agua cuando lo que tenían garantizado eran sobrantes del Júcar”, añadió.

El director general del Agua evita pronunciarse sobre una segunda toma de agua en Cortes de Pallás

Desde el Vinalopó, Martínez destacó que el acuerdo facilita de momento que esos 12 hectómetros de afluentes del Júcar se destinen al abastecimiento urbano, que paga más por los recursos. Con esa contribución se cubriría “el déficit” del coste del agua que llegue para riego de la Marquesa, que Martínez asegura que los agricultores no pueden asumir. En el Júcar se invertirá en modernización y con el protocolo “no se molesta a nadie”, insistió.

No lo vio así Xúquer Viu, que rechazó de plano un acuerdo “que abre de par en par la puerta a un trasvase desde Cortes de Pallás”. La plataforma acusó al Consell de favorecer “de manera descarada” al Vinalopó y a intereses “ligados a la especulación” con el agua, y anunció movilizaciones contra el nuevo plan del Júcar, al que va ligado el protocolo.

Compromís también consideró “inaceptable” el protocolo, que en su opinión supone “una sentencia de muerte para el río, L’Albufera y los regantes”. Esquerra Unida exigió explicaciones “inmediatas” al Consell por un protocolo que “provoca claramente un enfrentamiento entre comarcas”.

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se declaró este sábado “satisfecho” de la aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Júcar y aseguró el “compromiso decidido” del Gobierno de dar luz verde “muy pronto” a inversiones “urgentes” de modernización de los regadíos valencianos.

Ante el malestar de los regantes tradicionales del Júcar con el plan, que aumenta las reservas en Castilla-La Mancha frente a la reducción de recursos en La Ribera, el Gobierno se comprometió el pasado jueves a aprobar un crédito extraordinario de 46 millones de euros para obras inmediatas de modernización. La Generalitat prometió otros 1,8 millones para evitar que los regantes votaran el viernes en contra del borrador del plan. El compromiso para garantizarse su apoyo incluye, además, otros 60 millones de euros de inversión en los Presupuestos Generales del Estado.

El ministro vendió el compromiso con los regadíos de La Ribera como una inversión “necesaria” y “muy justificada” porque se economizará agua y eso permitirá “un equilibrio hídrico más razonable dentro de la cuenca”. En realidad, las obras que se acelerarán estaban previstas ya en el plan actual, que se remonta a 1998, pero el Gobierno y la Generalitat no las ejecutaron.

“Seguiremos dialogando con los regantes para priorizar otras inversiones de modernización que son necesarias a los efectos de ahorrar agua y posibilitar otros usos demandados por los regantes”, abundó el ministro, que reconoció que aún hay negociaciones en marcha para conseguir un mayor apoyo al plan. Ante las críticas de que el plan favorece a Castilla-La Mancha frente a los intereses valencianos, el ministro defendió que se ha conseguido “un gran equilibrio porque se han tenido en cuentas las necesidades de todos”.

Subrayó, además, que el Júcar es el río “más difícil de regular”, con una cuenca “compleja, deficitaria y muy intensiva en el uso del agua”, y que confía en que el plan, que debería haberse aprobado en 2009, salga adelante con “el máximo consenso posible”.

“Repartir el agua a gusto de todos en España es una asignatura muy difícil”, añadió Arias Cañete, que viajó a Valencia para inaugurar un seminario sobre pesca.

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La Generalitat pasará hoy a la acción contra el Plan Hidrológico del Ebro que impulsa el Gobierno central y que podría reducir notablemente el caudal del río en su tramo final. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, tiene previsto presentar hoy un conjunto de medidas entre las que destaca pedir el amparo de la Comisión Europea, a la que piensa alertar de que el nuevo plan de cuenca aprobado por el Consejo de Ministros incumple la directiva marco del agua y otras normas comunitarias.

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La decisión de recurrir a la Unión Europea está encima de la mesa desde que el pasado verano la Confederación Hidrográfica del Ebro diera el visto bueno al plan. La dirección de Convergència acabó de perfilar ayer la estrategia. Su secretario de Organización, Josep Rull, dio por hecho que no hay negociación política posible. “Recurriremos a instancias europeas para garantizar el cumplimiento de la directiva marco del agua, porque la posición catalana está al lado de la normativa europea y la del Gobierno español la vulnera”, dijo.

El Gobierno catalán entiende que el plan vulnera los criterios medioambientales marcados por la norma comunitaria, especialmente en lo que hace referencia al caudal ecológico de un río con especial valor ecológico. La Generalitat considera insuficiente el caudal previsto, de 3.200 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que el Ejecutivo central dice estar dispuesto a negociar. El Departamento de Territorio considera que la cifra aconsejable continúa siendo los 7.000 hectómetros cúbicos que se acordaron con la Plataforma de Defensa del Ebro en 2007. De ahí que hoy los miembros del Consejo Ejecutivo se reúnan con dos opciones sobre la mesa. La principal es la de la denuncia ante la Comisión Europea, que igualmente tendrá que validar la normativa española. La otra puerta que mantiene abierta la Generalitat es la de abrir un contencioso en el Tribunal Supremo, que genera muchas más dudas respecto a su resultado final.

Ambas vías son imprescindibles para que el plan hidrológico pueda acabar en el Tribunal Europeo de Justicia. En el marco de la denuncia ante la UE, el Ministerio de Agricultura podría negociar un cambio en el plan, pero una vez superado ese trámite el Gobierno podría verse amenazado por una sentencia contraria del tribunal, con sanciones incluidas.

El Plan del Ebro amenaza con sembrar divisiones internas en CiU y PSC

El consejero de Territorio, Santi Vila, remarcaba hace unas semanas en una respuesta parlamentaria al grupo de ICV-EUiA, el “especial valor ecológico” que se ha otorgado al delta del Ebro tanto a nivel interno como internacional. Por ello, en la decisión que tome hoy la Generalitat prevé reclamar a la Comisión Europea que evalúe cómo puede afectar el nuevo caudal ecológico a las directivas que hacen referencia a la conservación de las aves silvestres, la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el convenio RAMSAR, que establece la conservación de zonas húmedas de relieve internacional porque actúan como hábitat de aves acuáticas.

Las posibilidades de éxito que ofrecen una denuncia ante la Comisión Europea son superiores a las que ofrece una denuncia ante el Tribunal Supremo, según la Generalitat. Se basa en algunas interpretaciones anteriores ofrecidas por el Tribunal Constitucional en referencia al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), que supuestamente es el que debe decidir el caudal ecológico del río en un acuerdo entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado. Según el alto tribunal, ese poder recae en los planes hidrológicos de cuenca como el aprobado el viernes

Pese al enfrentamiento, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mostró ayer en Bruselas su disposición a negociar con la Generalitat y a agotar “todas las vías de diálogo”. Sí subrayó que el actual plan de cuenca supone una mejora del caudal ecológico que se estableció en el planeamiento actual, “luego la situación de Cataluña es un 10% mejor que con el plan anterior”, afirmó. Sin embargo, Convergència i Unió considera que la vía del diálogo no servirá de nada. “Ni siquiera se han reunido con la Generalitat”, insistía ayer el dirigente de CDC Josep Rull.

Pero el plan del Ebro no solo genera división entre Gobierno y Generalitat. También amenaza con desestabilizar el discurso de CiU y PSC, puesto que la postura que defienden desde Barcelona o en las comarcas del Ebro es muy diferente al que sostienen en Lleida, donde las poderosas comunidades de regantes tienen el apoyo de los dirigentes locales de estos partidos.

Los cuadros del partido defienden intereses contrapuestos en Lleida y Tarragona

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Lleida brindó su apoyo al Plan Hidrológico del Ebro. La primera teniente de alcalde, Marta Camps, expresó su apoyo “con reservas” al proyecto porque entiende que satisface las necesidades de los regantes pese a no fijar un caudal mínimo para el río Segre a su paso por la ciudad. En julio La Paeria ya aprobó una moción, con el apoyo de PSC, CiU y PP, al plan hidrológico que aprobó la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, el mismo consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí se mostró comprensivo con este gesto. Ayer CiU de Lleida evitó pronunciarse a la espera de lograr un posicionamiento común, informa Lluís Visa.

Ahora el objetivo de CiU es que la división interna no vaya a más. Rull lanzó ayer una llamada a la unidad con la denuncia de que el Gobierno central pretende “dividir” a los catalanes con este plan. En este sentido, Rull alertó del “interés en confrontar intereses en Cataluña” cuando se dice que la defensa del caudal ecológico del Ebro, a su paso por Tarragona, va en contra de los regantes del canal Segarra-Garrigues (Lleida), lo cual “no es cierto”. Según el dirigente de CDC, hay “recursos suficientes” para hacer compatibles ambas zonas, ya que “el problema de falta de agua no se concentra en Cataluña, sino fuera”. O sea, que para CiU el problema no es que se aumenten las zonas de regadío en Cataluña sino en otras comunidades.

El líder del PSC, Pere Navarro, también insistió en un mensaje que no casa con el que mantiene el partido en Lleida. En este sentido, denunció la “prepotencia” y el “autoritarismo” del Gobierno por las fórmas cómo ha aprobado el plan. Para Navarro este plan es muy parecido al que CiU dio su apoyo en 2001. Precisamente, los convergentes quisieron dejar claro ayer que si han cambiado de opinión desde entonces es porque el partido y la sociedad han “evolucionado”.

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Los grupos parlamentarios de PSOE y Compromís han presentado este viernes sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar en las que han coincidido en reclamar el fin de la sobreeexplotación del acuífero de la Mancha Oriental que merman los recursos hídricos del río y perjudican la situación de los regantes valencianos. En sendos comunicados, ambas formaciones han detallado sus principales críticas.

Las alegaciones del PSPV-PSOE según ha explicado el portavoz socialista de Infraestructuras y Medio Ambiente en Las Cortes Valencianas, Francesc Signes, “se centran, en primer lugar, en que no cumple la directiva marco europea del agua, como tampoco corrige los errores del plan vigente en estos momentos, que fue aprobado en el año 98, siendo presidente Aznar”.

Los socialistas piden que se acabe con la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha oriental e inciden en la necesidad de abastecer de agua la comarca de La Ribera. Varios representantes socialistas de esta comarca han acompañado este viernes a Signes, y al secretario general de la provincia de Valencia, José Luís Ábalos, a registrar estas alegaciones en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Signes ha exigido «una concesión administrativa propia de agua superficial del Xúquer de 30 hectómetros cúbicos para que los vecinos de esta zona puedan empezar, después de casi 30 años, a beber agua potable libre de nitratos”.

Además, Signes ha hecho «un énfasis especial en la situación de l’Albufera, que debe salvarse, pero que con este Plan Hidrológico corre un grave riesgo”. Los socialistas apuntan la necesidad de asegurar su pervivencia así como mejorar otras cuestiones como la depuración, la reutilización de aguas residuales para ahorrar agua y la prevención contra inundaciones, que tampoco aparece en el borrador del Plan Hidrológico.

Para el grupo parlamentario Compromís en Les Corts el plan propuesto no resuelve los principales problemas del Xúquer y vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998, cuando se repartió más agua de la que había en la cuenca del río. Compromís ha denunciado este viernes que este Plan no cumple con la Directiva Marco del Agua que tiene como principal objetivo la consecución del buen estado de las masas de agua y evitar todo deterioro adicional.

La coalición exige a la Confederación Hidrográfica del Xúquer que el nuevo Plan cierre la posibilidad de trasvases hacia el Vinalopó desde cualquier punto de la cuenca del Xúquer diferente de la toma actual situada en el Azud de la Marquesa, y que garantice que los recursos transferibles serán exclusivamente recursos sobrantes, es decir, recursos no regulados aguas abajo de la última toma de agua de los usuarios de la cuenca cedente.

«Consideramos necesario que se tomen las medidas adecuadas para la recuperación y pervivencia del Xúquer, por lo que es imprescindible una disminución importante de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, actualmente sobreexplotado», ha reclamado Juan Ponce, portavoz adjunto de Compromís. «Del mismo modo exigimos que la asignación de agua superficial del Xúquer para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete , Sagunto y Valencia y su área metropolitana, sin estar condicionada a permutas».

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia también ha presentado alegaciones para reclamar que el Plan Hidrológico asigne una cantidad de agua para el Parque Natural de la Albufera. Para el grupo, el Plan es contradictorio respecto a los informes previos de la misma confederación.

Compromís ha querido agradecer la colaboración prestada por Xúquer Viu para la elaboración de las alegaciones y reconocer también la gran labor que esta organización está realizando para la pervivencia del río Xúquer.

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Valencia, Sagunto o Albacete tienen garantizada una asignación fija de agua del Júcar o del Turia, y así está recogido en el plan hidrológico de la cuenca. Las poblaciones de La Ribera, en cambio, tendrán que comprársela a los regantes del Júcar y en algunos casos mezclarla con el agua de la potabilizadora recién inaugurada en Alzira, lo que encarecerá su coste. Si ese es el plan de la Generalitat para mejorar la calidad del agua de la comarca, contaminada por nitratos y herbicidas, se trata de una “estafa”, según denunció este fin de semana el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz.

La solución de la Administración de Alberto Fabra supone “un agravio comparativo” para La Ribera, ya que implica una “permuta onerosa con los regantes”, afirmó Sanz. Además, “mezclar agua buena y agua con nitratos no es una buena solución, ya que la calidad no será óptima”.

Xúquer Viu ha incorporado la exigencia de un abastecimiento fijo del Júcar para la Ribera a las alegaciones que presenta al borrador del nuevo plan hidrológico del río. El proyecto “no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real para los abastecimientos de la Ribera”, que pasa por “la recuperación de los acuíferos contaminados”, reprocha el colectivo ecologista y ciudadano.

La plataforma puso de manifiesto su oposición al borrador del plan este pasado sábado en una concentración en Alzira, donde recogió alegaciones después de superar la denegación de permisos para celebrar el acto por parte del Ayuntamiento, del PP, y de la Delegación del Gobierno.

La plataforma ha reunido ya 3.000 alegaciones al plan hidrológico, en las que subraya también la falta de medidas contra la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, del que se nutre el río Júcar, la falta de caudales ecológicos suficientes y la previsión de asignaciones de agua que a su juicio no se ajustan a la “disponibilidad real de recursos”.

Otro de los puntos conflictivos del futuro plan es que “abre la puerta” a una segunda toma de agua para el trasvase al Vinalopó en Cortes de Pallás, como exigen los regantes de Alicante frente los usuarios y poblaciones del Júcar, que defiende que los recursos se deriven desde la desembocadura, como está previsto.

Xúquer Viu denunció que “mientras a La Ribera se le niega el agua, regateándole 10 insignificantes hectómetros”, la Generalitat, junto al PP y el PSPV de Alicante, votó la semana pasada a favor de unas alegaciones que incluyen esa segunda toma.

La plataforma consideró “inaceptable” que Fabra, “se pasee por La Ribera hablando de consenso” y proponga que las poblaciones mezclen agua para rebajar los nitratos mientras apuesta por dar a Alicante los recursos de mayor calidad del Júcar. “El único consenso que quiere La Ribera es no hacer trasvases y beber agua de caldiad en las mismas condiciones que Valencia”, sentenció Sanz.

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