Alicante insiste en agitar la polémica del trasvase Júcar-Vinalopó y mantiene su exigencia de una segunda toma de agua de “calidad” en Cortes de Pallás, donde la descartó el anterior Gobierno socialista. No obstante, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, también aceptó este jueves, por primera vez en público, el agua que llegue desde el azud de la Marquesa, casi en la desembocadura del río y ubicación de la única toma existente. “Se pueden compatibilizar las dos tomas”, sostuvo Pastor.

En las alegaciones que aprobó la Mesa Provincial del Agua al borrador del plan hidrológico del Júcar se insiste en construir la toma de Cortes de Pallás que defienden los regantes de Alicante y rechazan los del Júcar. También se insta a solucionar “con urgencia” el problema de la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó y de L’Alacantí y se plantea la incorporación de masas de aguas subterráneas compartidas. El alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, se abstuvo en la aprobación de estas alegaciones, y el diputado socialista, David Cerdán, criticó la “ausencia de representantes ecologistas en la Mesa del Agua”.

El secretario provincial del PSPV entiende que se debería aprovechar la toma del azud de la Marquesa para “empezar a regar, ya que las conducciones están prácticamente listas, y dejar de pagar el agua a precio de oro, y en un futuro usar la otra toma de Cortes de Pallás”.

El director general del Agua de la Generalitat, José Alberto Comes, apeló “al consenso y diálogo” entre los regantes de Valencia y Alicante para alcanzar un “pacto similar al del Tajo, en el que todos ganen y nadie pierda”. Pastor consideró que el trasvase es un tema que requiere “una voz única, clara y fuerte”.

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Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida (EU), registraron ayer una proposición no de ley que critica duramente los ejes principales del borrador del Plan Hidrológico del Júcar. En la línea de una propuesta de la plataforma Xúquer Viu, los grupos denunciaron que el borrador del plan, que debía entrar en vigor en 2009 y todavía está en fase de alegaciones hasta el 7 de febrero, «repite los errores del plan de 1998», e «incumple la directiva marco del agua».

«El plan hace un análisis erróneo y casi acientífico de la situación de la cuenca del Júcar», explicó Lluís Torró, diputado de EU. Las alegaciones están estructuradas en seis ejes principales y hacen hincapié en la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, del que bebe el río Júcar. Además, los grupos alertan de que el borrador reabre la polémica entre los regantes del Júcar y los de Alicante a cuenta del trasvase al Vinalopó; introduce la posibilidad de «negociar con el agua», y «se pliega» a las exigencias de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el reparto de recursos.

Los grupos dicen que el borrador reabre la polémica entre regantes

La portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer, destacó también la «escasa ambición ambiental» del plan, que establece unos caudales ecológicos «insuficientes». Además, los grupos advirtieron de que el plan no garantiza que el agua llegue a L’Albufera en cantidad y calidad suficiente, ya que las aportaciones proceden de aguas residuales, depuradas y sin depurar, y contienen una cantidad de fósforo que perpetúa «el grave estado de eutrofización» del lago. Xúquer Viu lamentó que el plan posponga la definición de los objetivos para abordar la recuperación del parque natural a 2021 o 2027.

Entre las objeciones principales al borrador del plan, la oposición resaltó el problema de abastecimiento de La Ribera Alta y Baja. Los grupos exigieron que se facilite a las poblaciones afectadas agua «lo más natural posible». El plan no aborda medidas suficientes para combatir el exceso de nitratos, procedentes de la agricultura, y ninguna en cuanto a pesticidas. La oposición rechazó asimismo que el plan «asigne y reserve volúmenes de recursos hídricos muy por encima de la media de los existentes en los últimos 30 años», lo que «llevará a un agravamiento de los conflictos entre usuarios» e «incrementará las presiones» sobre unos recursos de por sí escasos para tantas demandas.

Ciscar negó que la negociación en torno al plan del Júcar acabe en nuevas cesiones a Castilla-La Mancha

«Una vez más, Fabra se ha plegado a los intereses de Cospedal dejando de lado los intereses de los valencianos e intentando reabrir, por intereses electorales, una nueva guerra del agua entre valencianos y entre comarcas como aquella del Agua para todos«, ha criticado el socialista Francesc Signes. «El PP ha perpetuado la sobreexplotación fuera del territorio y el PP valenciano no ha hecho nada por remediarlo», abundó el diputado de Compromís Juan Ponce.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, replicó que el plan «contiene notables avances» para la Comunidad Valenciana. El también consejero de Agricultura y Agua aseguró que se consensuarán con los regantes las alegaciones al plan. «Entre todos vamos a intentar mejorar al máximo un plan de cuenca que es muy complicado por la diversidad de territorio que acoge». Ciscar negó que la negociación en torno al plan del Júcar acabe en nuevas cesiones a Castilla-La Mancha y defendió que en el caso del trasvase Tajo-Segura se mostró que María Dolores de Cospedal tiene «sentido de Estado» para llegar a acuerdo «en una materia nada fácil, como el agua».

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Regantes, agricultores y ecologistas de La Ribera exigirán que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del río Júcar (PHJ) contemple una concesión de hasta 31,5 hectómetros cúbicos de aguas superficiales para el abastecimiento urbano, de la misma manera que lo contempla para Albacete, a la que se le asignan 24 hectómetros anuales; a Sagunto, 17,1; y a Valencia, 126. El documento contempla 10 hectómetros condicionados a una permuta con los regantes y 21,5 en función de la disponibilidad futura. La solución aportada en el borrador del plan no satisface a estos agentes sociales que este sábado han participado en una jornada-debate sobre el proyecto en Sueca, organizada por Xúquer Viu. De mantenerse el borrador, que ahora se encuentra en fase de exposición pública hasta principios de febrero, los municipios deberán estar a expensas de los regantes para poder mezclarla con agua del acuífero que excede los niveles de nitratos para el consumo de las personas.

José Pascual Fortea, presidente de los regantes de la capital de La Ribera Baixa, se mostró favorable a esta tesis al tiempo que criticó el documento en el que se asigna “agua de papel”, según dijo, haciendo referencia a que son recursos hídricos inexistentes. La solución aportada responde a “un momento de iluminación de José Alberto Comos, que después de gastarse siete millones en la Fundación Agua y Progreso, ahora es Director General del Agua y en casa estaría mejor”, manifestó. El borrador, según Fortea, mantiene el mismo defecto que el plan vigente al asignar y contemplar recursos inexistentes. Habló del peligro de que el curso del río acabe en Antella, en la Ribera Alta, al incluirse la palabra “excedentes” cuando se habla de recursos a transvasar en lugar de “sobrantes”. “Los sobrantes están en el azud de la Marquesa y no podemos tolerar que un año en el que exista agua almacenada, y que puede servir para dos o tres temporadas, sea enviada al Vinalopó al considerarla como excedentes”, observó. A la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), organismo que agrupa a regantes tradicionales y la compañía Iberdrola, se les recortan 200 hectómetros (de 725 pasarán a 524) en el nuevo plan.

Gregorio López, de la Asociación por la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, fue más duro al abogar por retroceder a la situación en que se encontraban los regadíos de La Mancha Oriental en los años setenta. En su exposición, llevada a cabo por escrito ante un imprevisto de última hora, criticó la falta de previsión para el mantenimiento de los humedales manchegos y que no haya alusión alguna a la recuperación de las históricas zonas de baño del Júcar y sus afluentes “actividad totalmente compatible con otros usos”. A los regadíos del acuífero de La Mancha Oriental se le asignan 460 hectómetros cúbicos frente a los 320 actuales, con el objetivo de descender hasta los 260 anuales “porque se está recuperando”, según expresó Teodoro Estrela, jefe de la oficina de planificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Desde SEO/BirdLive, Mario Giménez, expuso que el proyecto mantendrá, y agravará, la aportación con fosfatos al lago de la Albufera, mientras que Josep Grau, de La Unió de Llauradors, dijo que el futuro plan es continuista: “Los agricultores no somos responsables de la contaminación de los acuíferos por nitratos o herbicidas, sino la Administración que los autorizó”. Graciela Ferrer, por parte de Xúquer Viu, también rechazó el plan apelando a que incumple la Directiva Marco del Agua Europea (DMA), sobredimensiona los recursos existentes y se ha redactado sin una participación pública efectiva, según afirmó.

La jornada fue abierta con la intervención de Francesc La Roca, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Expuso las previsiones de crecimiento de la población mundial y el progresivo deterioro de las aguas continentales y costeras. Por ello, y por el descenso de disponibilidad del recurso hídrico, abogó por incorporar a la sociedad prácticas y usos sostenibles. Estrella resumió el borrador asegurando que la cifras que contempla “son mínimos” y que el objetivo es cumplir la DMA en el horizonte de 2021 y 2027.

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El PSOE se compromete a legislar un marco de cobertura social que garantice que ningún ciudadano sea privado de suministro de energía -gas y electricidad- y agua por razones económicas. «Lo queremos garantizar por ley», ha afirmado en la apertura del cónclave la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

Es una de las propuestas que los socialistas debatirán en la Conferencia Política que arranca este viernes y que contempla el derecho a estos servicios para que a ningún ciudadano se le corte el suministro de gas o electricidad entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo o de agua por no poder hacer frente al pago. La empresa abastecedora de aguas no podrá cortar el servicio por impago hasta que no se tramiten las posibles ayudas sociales que permitan atender la cobertura de las necesidades básicas.

«El PSOE defiende esta propuesta desde la convicción de que es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión», afirman los socialistas en una nota de prensa. «El agua es un bien esencial para la vida y la privación de la electricidad y el gas puede acarrear incluso riesgos para las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos y los enfermos».

Los derechos al agua y la energía requerirán de cambios legislativos y el compromiso socialista abarca también esa modificación de leyes.

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El ministerio admite “reuniones” para traer agua de Francia a Barcelona

• GRÁFICO El proyecto de trasvase

El trasvase transfronterizo de agua del río Ródano hasta Cataluña que planteó CiU hace una década vuelve a estar vivo. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha desempolvado el proyecto que impulsó en 2002 el Gobierno de CiU para asegurar el abastecimiento de agua del área metropolitana de Barcelona. Aquella propuesta, nacida como alternativa al trasvase del Ebro que planteaba el PP, fue desechada cuando el Gobierno tripartito se hizo con el poder de la Generalitat en 2003.

Ahora, Medio Ambiente admite que se ha efectuado “alguna reunión”. Pero “se trata de un asunto aún en una fase incipiente”, dicen. No es esa la versión del Gobierno catalán. Este martes el consejero catalán de Territorio, Santi Vila, admitió haber visto “dibujos sobre el proyecto” y altos cargos de la Generalitat han hablado de él con interlocutores del ministerio. La idea del Ejecutivo catalán es que el trasvase pueda servir para crear una gran interconexión de agua en toda la cuenca del Mediterráneo, si bien Vila sostuvo este martes que el Gobierno central está estudiando el trasvase como alternativa al conflicto que supone la oposición de Cataluña al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que contempla el trasvase del Ebro y limitar el caudal del tramo final del río a 3.200 hectómetros cúbicos anuales, un hecho que ha vuelto a originar manifestaciones en Tortosa. La Generalitat siempre ha considerado que este caudal pone en riesgo la preservación del delta del Ebro y fomenta la salinización del tramo bajo del río, un fenómeno que ya ha empezado a afectar al agua que abastece a Tortosa y otros municipios.

Vila admitió haber firmado una carta remitida a Medio Ambiente en favor del proyecto, si bien en la Generalitat hay recelos acerca de la calidad del agua del río Ródano, cuyas orillas soportan una gran densidad de industria pesada. Desde la Generalitat, existe el máximo convencimiento de que el Gobierno francés no pondrá obstáculos al trasvase, ya que se dará valor a un excedente de agua que actualmente se acaba vertiendo al mar. Fuentes de la Generalitat señalan que hay dos empresas implicadas en el análisis de la viabilidad del proyecto, una española y otra gala. Medio Ambiente se negó a confirmar ese extremo. Se desconoce en cuánto se calcula el coste de este proyecto.

La principal cuestión a decidir es por dónde tendrían que pasar las canalizaciones. Siguen abiertas dos posibilidades. La principal, más barata, es la que se desarrollaría por el interior. La segunda es más cara, pero tiene una ventaja. Su construcción podría ser más rápida al eludir los procesos de expropiación. En 2008, una empresa de Ciudad Real, Alba-Montecristo-UE, elaboró un trabajo en el que estimaba que construir un canal marino podría estar listo en ocho meses.

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Con una dura carta ha respondido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al recurso anunciado por la Junta de Andalucía contra el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. El ministro acusa a consejera andaluza de Medio Ambiente, María José Serrano, de haber mentido al argumentar este recurso ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anunció el miércoles pasado. Según la consejería, Andalucía «no ha podido participar» en la elaboración del plan de cuenca.

Cañete cree que emplear este argumento es «faltar a la verdad sobre cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración del plan». En un escrito enviado a la consejera Serrano el 18 de octubre el ministro también lamenta el «intento de politización interesada de un asunto de esta trascendencia».

El anuncio del recurso se hizo el mismo día en el que el Arias Cañete y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia) cerraron un acuerdo sobre el trasvase del Tajo-Segura. La oposición de la Junta de Andalucía también empaña la aprobación del plan del Guadalquivir, que comenzó a elaborarse en 2007 y que tendría que haberse aprobado a finales de 2009.

Arias Cañete recuerda en la carta enviada a Serrano que el ministerio se reunió en septiembre de 2012 con el anterior consejero Luis Planas para abordar el plan. Según el ministro, «la Junta presentó 14 propuestas, de las que diez fueron aceptadas».

El Gobierno central aprobó el plan hidrológico el 17 de mayo de este año. Diez días después, el Consejo de Participación de Doñana rechazó el documento al considerar que no garantiza la supervivencia del espacio protegido. Lo extraño de esta situación es que el ministerio no esperó a oír la voz de Doñana antes de aprobar el plan.

La Junta, y la mayoría del Consejo de Participación, sostienen que ese pronunciamiento era «necesario y preceptivo», y que el departamento de Arias Cañete debería haber aguardado. Los ecologistas han pedido a la Junta que recurriera el plan en los tribunales.

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Entidades ecologistas y sociales sostienen que el borrador de Plan Hidrológico del Júcar, en periodo de información pública, incumple de manera «flagrante» y «sistemática» la directiva marco del agua (DMA), por lo que han solicitado que se retire el documento y se redacte uno nuevo.

En un comunicado, Xúquer Viu, Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià, Acció Ecologista-Agró, AEMS- Ríos con Vida, WWF-València, la Federación de Piragüismo de Castilla- La Mancha, Comisiones Obreras y Ecologistas en Acción-La Manchuela critican que el borrador «no aborda cuestiones claves como la contaminación difusa por pesticidas y nitratos en las masas de agua subterránea, los permisos de estudio e investigación utilizando técnicas de fracking o la recuperación del buen estado de las masas de aguas subterráneas que están sobreexplotadas».

Para estas entidades, el borrador revela la «incapacidad técnica y política de la Administración para defender el interés común de los ciudadanos y articular un documento de planificación que cumpla con los objetivos y requisitos exigidos por la DMA», a lo que se suma «el incumplimiento de los plazos» para la aprobación del plan, cuyo periodo de vigencia debería haber sido 2009-2015.

Además, presenta un régimen ecológico de caudales «incompleto» y «claramente insuficiente» y «no presta atención a la recuperación de la calidad hidromorfológica» de los ecosistemas fluviales, en particular la recuperación de la conectividad fluvial por eliminación de azudes en desuso, argumentan las organizaciones firmantes.

En esta línea, destacan tamibén que «falta determinación» en los objetivos ambientales, así como en la fundamentación de los volúmenes de agua asignados a L’Albufera de Valencia, y que se «sobreestiman» los recursos hídricos en los escenarios de cambio climático en el horizonte 2030.

Asimismo, señalan que «no garantiza la aplicación de la prioridad máxima de asignación de agua de buena calidad al abastecimiento a poblaciones -en la Ribera del Júcar habrá que comprarla a los regantes- y carece de medidas de recuperación de los costes por parte de los usuarios de acuerdo con el principio quien contamina, paga«.

El borrador de Plan Hidrológico del Júcar sigue apostando en el futuro por trasvases de agua entre cuencas hidrográficas diferentes, lo que supone el incumplimiento del «principio de unidad de cuenca en la planificación», advierten los firmantes, que consideran este punto grave porque la la cuenca del Júcar «se encuentra en un estado ecológico muy deficiente».

Por lo tanto, los trasvases del Júcar a las cuencas del Palancia, Turia y Vinalopó «deberían tender a su progresiva reducción, y los usos que ahora se satisfacen deberían ser revisados y tender a su satisfacción mediante una adecuada recuperación, conservación y reasignación de los propios recursos de estas cuencas», indican.

Además, las entidades que suscriben el documento de rechazo al borrador del plan consideran necesaria una «drástica reducción de los bombeos» que permita la recuperación de llos acuíferos subterráneos.

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La Mesa pel Xúquer solicitará la intervención del Comité de Peticiones de la Comisión Europea ante el nuevo plan hidrológico de la cuenca del río Júcar, que ahora se encuentra en fase de exposición pública. La asamblea de esta plataforma, que agrupa a usuarios, partidos políticos, ayuntamientos y otras organizaciones de La Ribera, acordó ayer en Sueca el inicio de movilizaciones por un proyecto que rechaza “frontalmente”, según dijo su portavoz Paco Sanz. La campaña culminará a principios del próximo mes de febrero en una concentración ante la Delegación del Gobierno en Valencia para entregar alegaciones de ciudadanos que recogerán en las distintas localidades de la comarca. También han asegurado que presentarán objeciones de carácter técnico.

“El nuevo plan deja al Júcar igual, o peor, que el de 1998”, manifestó Sanz tras la reunión. “Da alas al lobby del agua de Alicante y legaliza la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental”, denunció. El portavoz de la mesa consideró “intolerable que se abra la puerta a un segundo trasvase al Vinalopó con la utilización del término excedentes en vez de sobrantes ya que los primeros se pueden crear en cualquier punto del río y los sobrantes son los que hay al final de su curso, en el azud de la Marquesa, en Cullera”.

Respecto a los regadíos de la Mancha Oriental, recordó que “se quedan con los 400 hectómetros cúbicos que tenían (320 subterráneos, 80 superficiales más una reserva de 65) cuando estiman la recarga natural del acuífero en 232 hectómetros cúbicos anuales”. “Resulta evidente que siempre habrá un saldo negativo si se extraen 320 y la recarga es de 232”, subrayó.

En la reunión también se abordó el artículo 33 de la normativa en el que se reconocen 385 hectómetros como “demandas no atendidas con recursos propios”, hecho que “abre las puertas a nuevos trasvases”, expresó Sanz. La Mesa pel Xúquer también denunciará la concesión de 167 hectómetros como caudal ecológico cuando considera que son necesarios 250 y la inexistencia de un plan de recuperación de los acuíferos de la Serra de les Agulles y de la Plana de Valencia. “Del primero de ellos dice el documento que se abordará en 2027; y del segundo ni se cita”, afirmó.

La plataforma de La Ribera considera ineludible que el plan de cuenca del río establezca una concesión específica para el consumo de las personas de la comarca. En el proyecto se deja en manos de los regantes que cedan o vendan a las poblaciones parte de sus respectivas asignaciones. En este sentido, José Pascual Fortea, presidente de la Comunitat de Regants de Sueca, considera que el nuevo plan debería reservar unos 32 hectómetros cúbicos anuales para la Ribera, “de la misma manera que lo hace para Cuenca, Albacete, Valencia y Sagunt”. Fortea interpreta que “son los Ayuntamientos quienes deben exigir que se les incluya una concesión”.

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, advirtió este jueves en Valencia, respecto al plan de cuenca del Tajo, que “nunca llueve a gusto de todos”. Arias Cañete inauguró junto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la 56 asamblea general de las empresas europeas dedicadas a la avicultura, presidida por Federico Félix y que en España está representada por Propollo.

Fabra aprovechó la presencia del ministro para tratar sobre la continuidad del trasvase Tajo-Segura y los fondos de la política agraria común. Ante los medios de comunicación, el ministro de Agricultura fue prudente y recalcó acerca del trasvase Tajo-Segura: “No puede haber ganadores, ni perdedores. Es un proceso que no es fácil, pero que ha avanzado mucho”.

Para el ministro de Agricultura, el proceso de planificación del Tajo es muy complejo y recordó que el Gobierno socialista fue incapaz de aprobar los planes de cuenca de los principales ríos, que debían haberse aprobado en 2009.

El jefe del Consell admitió, tras escuchar a Cañete, que “lo importante es el espíritu de diálogo”. “El ministro es consciente de las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana”, prosiguió Fabra, “Hay que garantizar que va a haber trasvase y que todo el mundo estará satisfecho”. “La Comunidad Valenciana estará al lado del sentido común”, remachó el presidente.

La Generalitat ha anunciado que se pondrá del lado de los regantes y que, tal y como ha hecho la Diputación de Alicante, presentará alegaciones al plan de cuenca del Tajo.

Este jueves se reunió en Madrid el grupo de trabajo del Memorándum de Entendimiento Tajo-Segura para debatir sobre la gestión del agua de las dos cuencas “con una visión integradora”. El Ministerio de Agricultura recordó que las cuestiones que regulará el memorando están fuera del plan hidrológico del Tajo, aunque serán tenidas en cuenta.

“El memorando nunca va a contradecir, ni a interferir con las determinaciones del plan hidrológico de la cuenca del Tajo”, indicaron fuentes del ministerio. El plazo para presentar alegaciones al plan de cuenca del Tajo, ahora en exposición pública, termina hoy viernes.

La discusión sobre el memorando se centra en el rango normativo que tendrán los distintos aspectos mencionados en el mismo. El ministerio no ha descartado la posibilidad de elevar a rango de ley algún aspecto concreto del acuerdo. Un acuerdo en el que no participa Castilla-La Mancha. Entre las cuestiones que enfrentan a Castilla-La Mancha con Murcia y la Comunidad Valenciana está la reserva hídrica prevista en la cabecera del Tajo que pasará de 240 a 400 hectómetros cúbicos, lo que, en la práctica, dificultaría el trasvase al Segura.

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“El nuevo plan hidrológico del Júcar reparte más agua de la que hay en el río”. José Pascual Fortea, portavoz de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, no tiene pelos en la lengua a la hora de enjuiciar el plan del río valenciano más importante. “Se trata de un parche para que el texto salga adelante con el falso argumento de que ha habido consenso entre todos, cuando no es verdad”. Fortea, además, anuncia que presentará alegaciones al nuevo texto legal porque considera que permite a los regantes del Vinalopó una nueva toma de agua desde Cortes de Pallás (Valencia) a la que se oponen. “[En Alicante] aún no han aprovechado el trasvase que arranca desde l’Assut de la Marquesa (Cullera, Valencia) y ya están pidiendo otro”.

En esta nada soterrada guerra del agua que se libra entre los regantes de La Ribera y el Vinalopó, Fortea hace distinciones. “Hay usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y La Marina Baixa con los que se puede dialogar y llegar a acuerdos; pero no con todos. Todos no piensan como Andrés Martínez”, presidente de la Central Sindical de Usuarios del Vinalopó. “El vicepresidente José Ciscar, prosigue el líder de los regantes de Sueca, ha dicho que sin consenso no habrá un nuevo trasvase, pues ya le digo yo que no lo hay”.

Fortea es muy crítico con la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor —“confunde la Acequia Real del Júcar con el río”—, con el asesor de esta y catedrático Antonio Gil Olcina —“insultó a los agricultores de La Ribera Baixa cuando firmó que el agua que se transfiere al Vinalopó no es apta para el riego por contener coliformes fecales, herbicidas y no sé cuántas cosas, cuando nosotros regamos con ella”—; con el director general del Agua, Alberto Comos, por su vinculación con la Fundación Agua y Progreso y “continuar mintiendo”; con Francisco Cabezas —“cabeza pensante del anterior plan y por ser un especialista en dejar embalses y cuencas secas para llevar el agua a Murcia, su región”— Tampoco se libra de sus invectivas el vicepresidente y consejero de Agricultura, José Ciscar, pese a que aún mantiene una cierta confianza en su gestión; pero ello no le impide preguntarse: “¿En manos de quién estamos? En materia de agua debe saber seleccionar sus cargos en el entorno profesional y técnico. Al fin y al cabo, la familia te la tienes que tragar, pero a los amigos los escoge cada uno”.

El dirigente de USUJ se siente engañado por la letra pequeña del Plan Hidrológico del Júcar. “Dice excedentes donde debería decir sobrantes. Los primeros pueden estar en cualquier tramo del río y los segundos son los que hay. El agua para riego está en los sobrantes, en Cullera. Mientras que el agua para el consumo humano es la de las desalinizadoras que hizo el anterior Gobierno. Si el plan sigue adelante, los regantes de La Ribera estaremos totalmente desprotegidos en época de sequía si hacen un nuevo trasvase aguas arriba desde Cortes de Pallás”.