El memorando de Fabra y Valcárcel sobre el Tajo-Segura es papel mojado

El memorando sobre el trasvase Tajo-Segura que firmaron, sin cámaras, ni presencia de periodistas, el Ministerio de Medio Ambiente y los Gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana, que presiden Ramón Luis Valcárcel y Alberto Fabra, respectivamente, “debe entenderse como una declaración de intenciones”, según consta en una respuesta del propio Gobierno a un grupo de diputados socialistas en el Congreso.

Para los responsables del ministerio, el memorando, del que se descolgó desde el inicio el Gobierno de Castilla-La Mancha, es “una nueva muestra de la voluntad de alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo, la colaboración y la cooperación”, según refleja la respuesta.

El Gobierno resta trascendencia a este pacto al considerar que únicamente servirá para “asentar las bases de un foro de diálogo y análisis sobre la gestión del agua en el que están invitadas todas las comunidades de las cuencas del Tajo y del Segura”. Es decir, es papel mojado, que solo serviría de algo si se incorporan propuestas y alegaciones al plan de cuenca del Tajo, cuyo borrador está ahora en exposición pública hasta el próximo 20 de septiembre.

A la firma de este acuerdo, el pasado 9 de abril, solo acudieron Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los consejeros valenciano y murciano, José Ciscar y Antonio Cerdá. La rúbrica semiclandestina del Memorando de Entendimiento sobre aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura sirvió para aplacar los ánimos y rebajar la tensión de los regantes que durante los últimos años han protagonizando decenas de manifestaciones a favor de los trasvases, tanto los existentes como el demandado trasvase del Ebro. “Es una derrota sin paliativos para la provincia de Alicante, Almería y Murcia”, denunció Eladio Aniorte. El presidente de Jóvenes Agricultores admitió que “la todopoderosa señora de Cospedal [presidenta de Castilla-La Mancha] ha conseguido un buen acuerdo para su región”.

Castilla-La Mancha se descolgó del acuerdo sobre el Tajo-Segura

Por su parte, la Unió de Llauradors advirtió que el borrador del plan hidrológico del Tajo “pone en serio peligro” el trasvase a la cuenca del Segura. “Nos preocupa la sumisión de los políticos de nuestra tierra”, dijeron.

Ahora el Gobierno, en la contestación a, entre otros, los diputados socialistas alicantinos Herick Campos, Gabriel Echávarri y Federico Buyolo, insta a que los Gobiernos de Murcia y Valencia que transmitan al ministerio “los resultados de estudios y análisis con propuestas motivadas” de las actuaciones que se puedan realizar.

La firma del memorando se organizó después de la intensa polémica y el rechazo generalizado de los regantes a que se aumentara el umbral necesario para poder trasvasar. Al final, las exigencias y criterios de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, habían salido ganando, ya que el borrador del plan de cuenta del Tajo elevó a 400 hectómetros las reservas necesarias en la cabecera del Tajo para poder autorizar trasvases. Hasta ahora se necesitaban solo 240 hectómetros.

Las reservas en la cabecera para trasvasar serán de 400 hectómetros

El consejero de Agricultura, José Ciscar, intentó mitigar el malestar de los regantes alicantinos. Antes de firmar el acuerdo, se escudó en que las pretensiones iniciales del Gobierno eran mucho mayores, ya que se pretendía elevar la reserva a los 600 hectómetros cúbicos y subir el caudal ecológico del río de 6 a 10 metros cúbicos por segundo en Aranjuez y de 10 a 16 en Talavera de la Reina.

El vicepresidente y consejero de Agricultura presentó entonces en decenas de reuniones y actos públicos ese memorando conjunto, con Murcia y el Ministerio de Agricultura, que carece de validez jurídica, ya que ni obligada a nada, ni asegura ninguna transferencia hídrica.

El acuerdo suscrito a tres bandas se limita a señalar que “el mantenimiento del trasvase es un objetivo estratégico” y que su permanencia “debe quedar garantizada”. Pero ni recoge cifras ni suma a la parte más importante, que es la comunidad que, en caso de necesidad, debe ceder el agua: Castilla-La Mancha. “Este acuerdo pone de manifiesto que el trasvase va a continuar y a obtener consensos”, recalcó Ciscar, tras la firma del memorando. Sin embargo, la opinión del Consell no fue compartida por buena parte de los regantes que desconfían del acuerdo.

Por último, el Gobierno, en esta respuesta parlamentaria, informa de los volúmenes de agua trasvasados desde la cabecera del Tajo en los últimos diez años. La máxima cantidad fue en 2002-03 (518 hectómetros) y cuanto y la mínima del 2006 al 2008 (178 hectómetros). El ministerio considera que el volumen de agua a trasvasar es “de acuerdo con las reservas de agua embalsadas y las aportaciones previstas”.

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La presión social saca el agua de la directiva europea de privatizaciones

La presión social también puede con la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el transporte, la energía y correos. En la decisión, el dirigente francés admite que ha influido la primera propuesta ciudadana europea, un nuevo sistema parecido a la iniciativa legislativa popular que permite “invitar” a la Comisión a que legisle en un determinado sentido. Esta primera movilización popular, que rechaza la privatización de los servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho humano, como lo ha declarado la ONU, precisaba un millón de firmas de siete países, y los promotores —la Federación Europea de Sindicatos de Servicos Públicos, operadores públicos, ecologistas y partidos de izquierda, entre otros colectivos— han superado ya los 1,6 millones de firmas en 11 países y esperan llegar a dos millones.

Barnier defiende que la directiva sobre concesiones solo pretende mejorar la seguridad jurídica para los contratos entre Administraciones y operadores, así como garantizar la transparencia y la igualdad de trato en el mercado interno.

La plataforma mantiene que este recurso es un derecho humano

El eurodiputado popular francés Philippe Juvin, principal responsable de la negociación de esta legislación en el Parlamento Europeo, también defendió que la norma sobre concesiones de servicios “no supondrá la privatización automática de los mismos” ni “dictará a los Gobiernos qué prestaciones y financiación deben ser públicas o privadas”.

Sin embargo, como admite el comisario Bernier, las declaraciones no han convencido a organizaciones sociales de todo tipo que, durante meses, han alertado de que la pretensión final era facilitar la privatización de los servicios y, entre ellos, el de agua. “Entiendo que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”, afirma Bernier en la resolución que deja el agua fuera de la directiva. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añade el comisario.

La iniciativa popular defiende el agua y el saneamiento como derecho humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, uno de los promotores de la acción popular. También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean “blindados como servicios públicos esenciales para todos”, añade.

Cuando se presenten en el Parlamento Europeo a defender su propuesta, reclamarán a los Gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que las instituciones comunitarias y los Estados miembros consideren estos como un derecho y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización.

Bernier: «Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones de tantos ciudadanos»

Esta victoria de la movilización social ha sido celebrada por los promotores de la iniciativa, aunque no dan por cerrado el capítulo y mantienen abierta la recogida de firmas y la campaña iniciada en mayo del pasado año. Los requisitos ya han sido alcanzados, pero los integrantes de la plataforma pretenden llegar a los dos millones de firmas en al menos 14 países.

“A pesar de esta muy buena noticia, creo que hemos de estar muy alerta de las intenciones de la UE y sus políticas de mercantilización del agua”, advirtió Quim Pérez, de Ecologistas en Acción, al resto de miembros de la plataforma. Esta organización prepara un documento “contra las políticas neoliberales de un bien esencial como el agua” y para conseguir su buen estado ecológico. “De qué sirve que el agua sea un bien público fuera de la ley del mercado si nuestros ríos no cumplen los caudales ambientes, nuestros acuíferos están sobreexplotados y nuestras aguas superficiales y subterráneas, altamente contaminadas”, argumenta.

“Primero la sanidad, luego la educación, más recientemente los servicios sociales y ahora, finalizada la burbuja inmobiliaria, pretenden crear la burbuja del agua, lo que significa, en la práctica, incremento de precios, disminución de la calidad del servicio, entrega de un bien ciudadano universal a capital privado, peores condiciones laborales para las plantillas de las empresas y riesgo de privatización del 51% público actualmente existente”, argumentan los responsables de la Secretaría de Internacional y Organización de CC OO, integrante de la federación sindical europea que ha estado a la cabeza de la iniciativa popular.

El gerente de Aeopas añade una razón más. “El canon [el dindero que cobran las Administraciones, principalmente Ayuntamientos, por la concesión de los servicios] ha demostrado que es una puerta abierta a las irregularidades”.

Cronología de la lucha por el agua pública

• Final del siglo XX. El Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo promueven la privatización del agua, al imponerla en los procesos de negociación de la deuda. En Bolivia, el enfrentamiento con la población conduce a la guerra del agua, una revuelta popular en la que se registran varios muertos y centenares de detenidos. Esta lucha inspiró la película Y también la lluvia, de Iciar Bollain.

• 2004. El 31 de octubre se aprueba en Uruguay una reforma constitucional que prohíbe la privatización del agua. También Ecuador la veta. Algunos países que vendieron sus servicios empiezan a rescatar las concesiones.

• 2006. El Foro Mundial del Agua de México, una reunión de Gobiernos, empresas y ONG, plantea sin éxito por primera vez la consideración del agua como un derecho humano. Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela consensúan una iniciativa en este sentido con más de 400 organizaciones.

• 2009. El mismo Foro, esta vez en Estambul, vuelve a fracasar en una iniciativa similar, pero ya son más de 20 países los que se suman a la petición.

• 2010. El 28 de julio, la Asamblea General de la ONU reconoce, mediante su Resolución A/res/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida. El Ayuntamiento de París comienza el rescate de los servicios de agua después de 25 años por opacidad financiera, la pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Se consigue reducir la factura hasta un 8%.

• 2011. Italia celebra un referéndum y 25 millones de ciudadanos votan en contra de la privatización del agua.

• 2012. Decenas de colectivos, con la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos al frente, emprenden la primera iniciativa popular europea contra la privatización del agua. 

• 2013. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, excluye el agua de la directiva de privatizaciones. Los promotores de la movilización popular superan con creces el número de firmas exigido.

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Todos ceden

Las guerras no merecen la pena. La del trasvase Tajo-Segura, la única guerra del agua que quedaba una vez sepultado el del Ebro, se ha saldado con un acuerdo político que no satisface a nadie. Tras años de pancartas, movilizaciones, bronca y votos, todos ceden. El pacto es relevante porque del Tajo depende la gestión del agua de la media España seca: Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia. El acuerdo solo ha sido posible cuando el mismo partido ha llegado al poder en todas las instituciones.

Sobre el papel, el pacto no toca el trasvase, aunque sí eleva la reserva de agua que no se puede enviar a Levante. Este es el mal menor que han aceptado los regantes y las regiones receptoras. En Murcia han asumido que enfrente estaba la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

A cambio, el ministerio no introduce lo que más temían en Murcia: un aumento del caudal ecológico en Aranjuez, lo que obligaría a desembalsar más agua del Tajo y reduciría el volumen trasvasable. Además, las reglas de explotación siguen igual, con lo que legalmente el trasvase tiene vía libre hasta 2027.

El resultado es que habrá más agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía como reserva para Castilla-La Mancha. Pero si llega una sequía extrema en la que Levante necesite agua, habrá que ver si el Gobierno de turno respeta ese volumen. Basta un Consejo de Ministros para tirar de ese colchón de emergencia.

Miguel Arias Cañete salva así de momento el que probablemente era el punto más complicado de su departamento. Solo falta por ver si la realidad cuadra con el papel y queda agua para trasvasar, porque los caudales en el Alto Tajo han descendido de forma espectacular. Preguntado sobre quién ha ganado la guerra, un popular protrasvase sentencia: “No ha ganado nadie, ha perdido España”. Pues eso. Tanto ruido para esto.

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Tres barones del PP pugnan con Arias Cañete por la política de agua

Cospedal logró que se retirara del BOE el plan de cuenca del Tajo.

El Gobierno recupera al ideólogo del Plan Hidrológico para negociar con Fabra y Valcárcel

La unanimidad de color político en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Medio Ambiente no ha enterrado del todo la guerra del agua. Sí la ha silenciado. Las discrepancias sobre el plan de cuenca del Tajo —esencial porque regula el abastecimiento de Castila-La Mancha y Madrid y de Alicante y Murcia a través del trasvase— llegó incluso a que Medio Ambiente parara la publicación de un plan que ya estaba enviado al Boletín Oficial del Estado, según fuentes próximas a las negociaciones. Los tres barones pugnan con el ministerio para defender sus intereses. Oficialmente, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete niega las tensiones; afirma que hay decenas de reuniones para buscar el consenso, y que en dos semanas habrá un plan, que debería haber estado hace años y que llega tarde por el Ejecutivo socialista.

Los planes de cuenca son complejos documentos técnicos que regulan los usos del agua. Su revisión debía estar lista a final de 2009, pero el Gobierno anterior no aprobó los más polémicos con el argumento de que la bronca política impedía el consenso. La clave está en los ríos Tajo y Segura, conectados por un trasvase que ha sido criticado en la cuenca cedente.

La obra abastece a 79 municipios de Alicante y Murcia y permite regar miles de hectáreas de rentables frutales. Por eso es clave políticamente en las tres regiones. El PP fraguó su amplia mayoría en Murcia y Alicante gracias, en parte, a la defensa del trasvase. Y Cospedal ve cómo la oposición socialista le reclama la reivindicación del Tajo, que por Toledo pasa contaminado y con poca agua.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo y elaboración propia. / EL PAÍS

Las condiciones de los últimos años no ayudan al consenso. El curso hidrológico 2011-2012 fue el más seco de la serie histórica, que comenzó hace un siglo.

La revisión de los planes busca, entre otras cosas, mejorar el estado ecológico de los ríos. Así lo manda Bruselas. El anterior Gobierno, del PSOE, alegó ante la Comisión Europea que era imposible poner de acuerdo a las comunidades afectadas y solo aprobó los planes menos conflictivos. La respuesta de la Comisión fue que si Europa había logrado poner de acuerdo a 14 Estados con el Danubio no podía ser tan difícil el pacto en Júcar y Tajo. “España debe acabar con las guerras del agua entre regiones”, declaró en noviembre en Madrid el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik. Un mes antes, el Tribunal de la UE condenó a España por el retraso, algo que puede acarrear una multa millonaria.

El ministerio se ha comprometido ante Bruselas a tener los planes aprobados a final de año, pero para eso ya debían estar listos. Obligatoriamente hay un periodo de seis meses de alegaciones.

A principios de año, Cañete se reunió en Toledo con Cospedal, Fabra y Valcárcel y sus consejeros responsables de agua, según fuentes del sector. En la negociación ha aparecido una persona sin cargo. Se trata, según dichas fuentes, de Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua en Murcia e ideólogo del Trasvase del Ebro con Aznar. Ese Plan Hidrológico, de 2001, logró el apoyo de Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia y Cabezas recibió el encargo de ayudar a deshacer el nudo.

Liana Ardiles, directora general del Agua, no lidera la negociación, según estas fuentes. Ardiles llegó al cargo en septiembre tras la destitución de Juan Urbano.

Un portavoz del ministerio insiste, en cambio, en que es ella quien pilota las negociaciones y lamentó el retraso del Gobierno socialista en aprobar los planes de cuenca. Afirma que el plan está solo pendiente de detalles que se perfilan en decenas de reuniones. Fuentes del Gobierno valenciano dicen que no hay tensión, sino que faltan detalles técnicos. Otra fuente destaca la influencia que Cabezas tiene en Murcia.

El caso lleva más de un año en negociación con sordina, ya que la orden a los implicados es la de guardar silencio. Castilla-La Mancha ya no recurre a los tribunales los periódicos trasvases.

A principios de mes, el ministerio creyó tener ya el nuevo plan con el visto bueno de Cabezas. Incluso llegó a mandar al Boletín Oficial del Estado el anuncio de que salía a exposición pública y así fue comunicado al sector. A última hora, Cospedal logró retirarlo del BOE por la discrepancia con los caudales ecológicos en Aranjuez y Talavera. Cuanto mayores sean estos caudales, menos agua habrá para trasvasar.

Sí está cerca el acuerdo sobre la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara), de los que parte el trasvase. Actualmente, cuando llegan a 240 hectómetros cúbicos se cierra el trasvase y el nuevo plan puede elevar esa reserva para Castilla-La Mancha a 400 hectómetros cúbicos pero en unos años.

Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con Cabezas, que ha defendido los trasvases del Tajo y el Ebro, algo fuera de la agenda por los recortes y porque el PP gobierna en Aragón con el antitrasvasista Par.

Al comenzar la legislatura, Cañete ya temía que el agua fuese su mayor quebradero de cabeza y no veía con malos ojos que pasara a Fomento. Anunció que recentralizaba la gestión del agua al rebajar de rango las confederaciones hidrográficas, pero el poder de los barones sigue ahí. Con su política de pasar bajo el radar, el ministro ha llegado a ser el mejor valorado, según el CIS. Por el momento ha conseguido mantener también el agua en un segundo plano.

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo hace tiempo que tienen terminado el plan. Tanto, que la anterior presidenta, la socialista Mercedes Gómez, colgó en la web en 2011 un borrador que consideraba el trasvase “inviable” por la caída de las aportaciones, el aumento del consumo en la cuenca y la mejora del caudal ecológico. El Gobierno del PSOE lo retiró de la web e hizo que Gómez asumiese el error de publicarlo. En Castilla-La Mancha mirarán con lupa los cambios

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La reconversión que viene será por el agua

El futuro de la industria, la agricultura y el turismo están amenazados por la escasez de este recurso

 Madrid 14 NOV 2012 – 20:50 CET47

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La UE ha advertido de que grandes zonas de España reciben entre 3 y 10 veces menos agua que la demandada / SUSANNA SÁEZ ( )

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Desde la noche de los tiempos, el ser humano es fruto de la escasez. La falta de alimentos, refugios o tratamientos para las enfermedades han dibujado su día a día durante miles de años. Solo hace pocas décadas que vivimos en la sobreabundancia. Pero de pronto nos hemos despertado. Y como en aquellos lejanos días, volvemos a preocuparnos por lo más esencial, el agua; y por su carencia, que en España es un problema acuciante. La Comisión Europea advertía en marzo pasadoque grandes zonas de nuestro país reciben menos de 200 milímetros de agua dulce al año, cuando la demanda es entre tres y diez veces superior. Esto impacta en la población, pero también en la economía española y en sus empresas. Sobre todo en aquellas que son muy intensivas en el uso de este recurso. Pensemos en las agroalimentarias, textiles, turísticas o químicas. Y si tenemos en cuenta que ya sufren las consecuencias de un consumo anémico, ¿podrán sobrevivir a esta nueva vuelta de tuerca?

Los expertos de KPMG lo resumen en seis concisas palabras: “Sin agua, ni producto ni negocios”. Al fin y al cabo, este elemento interviene en los procesos de producción de la mayoría de las industrias. La primera consecuencia es que encarecerá sus artículos y servicios. Pero llegan las cuestiones. ¿Pagará el consumidor, una vez más, esta resaca económica del agua? ¿Qué empresas y cómo se verán más afectadas? ¿Tendrá una repercusión directa sobre la riqueza nacional?

Algunas de las respuestas residen en la arena de la playa. Convertido el turismo, junto con las exportaciones, en el gran motor de la prosperidad de esta vieja piel de toro, que “en determinadas zonas costeras, con mínimas precipitaciones, algunos hoteles consuman entre 300 y 500 litros de agua por habitación y día es un problema económico de primer orden”, valora José Luis Blasco, socio de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG. Y reconoce que hay bastante preocupación en las empresas del sector.

La agricultura se lleva el 70% del consumo de este elemento en España

No es para menos. En la gestión correcta o incorrecta de este elemento muchas compañías se juegan su supervivencia. “Las empresas más expuestas a este riesgo hídrico son las que captan el agua del entorno natural [pozos y aguas subterráneas] y no de la red pública”, advierte Ángel Teso, director de Medio Ambiente de Exeleria. Y estas, en principio, son la gran mayoría. Empezando por la industria química —que es la principal consumidora de agua (con permiso de la agricultura) de este país—, la cual utiliza, según datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 500 millones de metros cúbicos anuales, de los que 450 millones son de captación propia. Le siguen la actividad papelera (por encima de 300 millones de metros cúbicos anuales, casi todos de captación propia) y el sector de alimentación y bebidas (más de 200 millones anuales y un 65% de recursos naturales).

Pero este es el entorno macroeconómico donde sucede el viaje del agua, el detalle nos lleva a compañías como Coca-Cola, que se enfrentan a este elemento como a un desafío. “La escasez y su coste nos impactan mucho”, admite Juan José Litrán, director de relaciones corporativas del refresco azucarado. También avanza el volumen (6.213 millones de litros) que consumen al año las plantas españolas. Una cifra elevada que revela el manejo de un elemento muy sensible. Tanto es así que guardan reservas propias para evitar que la producción se detenga, por ejemplo, en caso de catástrofes.

La estrategia de la firma de Atlanta es clara: reducir el consumo. Algo complicado. De hecho, este ejercicio tenía el objetivo en nuestro país de rebajar un 20% este gasto frente a 2004. Sin embargo, ante la dificultad —que la propia empresa reconoce— de alcanzar la cifra han prorrogado el plazo dos años. Por si se lo están preguntando, Coca-Cola en España gasta 2,08 litros de agua para producir un litro del refresco. La media mundial es de 2,16 litros.

Estos números ponen en contexto la fragilidad de las empresas frente al agua y cómo la sociedad permite pocas frivolidades con ella. Muchos recordarán el mal trago que la propia Coca-Cola pasó en Inglaterra cuando en 2004 se supo que utilizaba el agua de la red (algo permitido) para algunas de sus aguas envasadas. “Cuando a una compañía de refrescos se le critica no es por el precio del agua, sino porque está compitiendo por ese recurso con la población, que lo reserva para su consumo”, advierte José Luis Blasco, de KPMG. Y precisa: “No es un problema que afecta solo a la cuenta de resultados, va más allá. Hablamos de un déficit de legitimidad. Es el cuestionamiento de su propia actividad en esa zona o país”.

Esta reflexión nos advierte de que si no se gestiona con diligencia el agua, y sus beneficios, esta se escurre entre los dedos. “Las compañías que menos consuman estarán mejor situadas en el mercado”, apunta José Luis Blasco. Y es en este momento cuando entra en escena el precio. En España un metro cúbico de agua costaba en 2010 (según el INE) una media de 1,51 euros, mientras que en Dinamarca o Alemania oscila entre cinco y seis euros. La diferencia es que los precios nórdicos recogen los costes reales de reciclaje y tratamiento. Así que nadie lo dude, poco a poco nos acercaremos a esa Europa más cara. “¿Tiene algún sentido que en Cataluña el gasto por habitante y año en telefonía móvil sea de 400 euros y el de agua no supere los 80 euros?”, se cuestiona Albert Martínez, director de Agbar (Aguas de Barcelona) en esa comunidad autónoma.

La compañía Coca-Cola consume 2,08 litros de agua para producir uno de refresco

Llegados a este punto “es evidente que hay exceso de demanda y los precios del agua tendrán que subir. Las tarifas tienden a aumentar por encima de la inflación y, por ejemplo, en América del Norte y el sureste asiático ya muestran incrementos de dos dígitos”, analiza Philippe Rohner, gestor del fondo de inversión especializado en agua Pictet Water. Y añade: “A largo plazo, el precio del agua aumenta de media al año más rápidamente que el petróleo y con menos volatilidad”.

Pero lejos del frenesí industrial, la gran esponja del agua en España es la agricultura, que se lleva el 70% del consumo. El INE nos cuenta que en 2010 (últimos datos que maneja) el campo consumió 16.118 hectómetros cúbicos de agua de regadío. Un 1,3% más que el año anterior. De ese volumen casi la mitad lo absorbieron los llamados cultivos herbáceos (cereales, leguminosas, arroz, maíz y plantaciones forrajeras). Sin duda es aquí donde más se notan los efectos de la escasez. Y su repercusión en el sector agroalimentario es palmaria. Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), los recita como quien recurre a un doloroso mantra. “Importante pérdida de competitividad y de riqueza agraria, cambio de los cultivos de regadío por los de secano —que tienen menos necesidades de agua y energéticos, pero a la vez también un rendimiento cuatro veces inferior—, caída de los ingresos brutos y una disminución de la mano de obra adicional”.

La tierra es muy sensible al clima, a la demanda y a los gastos, y si bien la introducción de nuevos sistemas de riego localizado han ahorrado cerca de 2.000 hectómetros de agua al año, “también necesitan un mayor consumo energético, por lo que los costes de producción se han disparado”, denuncia Andrés del Campo.

Esto es lo mensurable, porque este elemento también esconde un lado menos transparente. Los expertos hablan con preocupación del problema del “agua oculta”. “Cuando importamos uvas, pensemos en Chile, lo que realmente hacemos es importar el agua que contienen y esta no sabemos en qué condiciones se ha extraído o de dónde”, advierte Gustavo Duch, coordinador de la publicación Soberanía alimentaria. “Lo único cierto es que es una forma de hacerse con los recursos de otras poblaciones”.

El precio de este líquido aumenta de media al año más rápido que el petróleo crudo

Como vemos, pocos elementos nos aparecen estos días tan vitales y a la vez vulnerables. Así que cuando el INE detalla que en 2010 los sectores industriales consumieron en España 675 hectómetros cúbicos, casi el 20% del total (3.393 hectómetros, en los que no se incluye a la agricultura), hay que valorar el relevante peso que tiene dentro de la economía española.

Sin embargo, Pedro Arrojo, portavoz de la fundación Nueva Cultura del Agua, cambia el paso a esta argumentación y cree que España y su economía no tienen un problema de cantidad sino de calidad. “El gran drama del siglo XXI”, asegura, “es de calidad, porque se ha quebrado la salud de nuestros sistemas acuáticos y acuíferos”. Y traza su particular topografía del desastre. La subida de 2 ºC como consecuencia del cambio climático provoca un aumento fortísimo de la evapotranspiración (el agua que necesitan para vivir) de las plantas. ¿Consecuencia? El mismo cultivo ahora consume más agua y los ríos pierden caudal. Hasta el 30% en las tres últimas décadas. Y como si fueran fichas de dominó, al llevar menos agua, cae la disponibilidad de líquido embalsado, por ejemplo, para generar electricidad. Y esto afecta a la industria.

Así lo corroboran los números de Red Eléctrica de España. Entre enero y octubre de este año, la aportación de la energía de origen hidráulico a la cesta energética del país fue de solo un 7,1%, frente al 11,2% del mismo periodo de 2011 o el 17% de 2010. En la realidad, es la séptima fuente en importancia tras la nuclear. Un puesto muy retrasado. La ecuación es sencilla. Menos agua, menos electricidad; con lo que “pierde peso una forma de generar energía relativamente barata. Lo que en parte justifica el encarecimiento de la tarifa de industria y hogares”, reflexiona el consultor independiente Enrique Alcat.

Desde luego algo tiene que cambiar en la industria, porque existen procesos que consumen una cantidad tan ingente de agua que es inasumible. ¿Cómo es posible que para producir un kilo de oro, según los datos que cita Elaine Prior, analista de Citigroup, sean necesarios 716.000 litros de agua? O que una tonelada de uranio requiera 505.000 litros. Esta aritmética del despilfarro alcanza al níquel (107.000 litros por tonelada) y al cobre (172.000 litros por tonelada). Pero también a productos tan cotidianos como un café, que requiere 140 litros de agua desde que se produce hasta que llega al consumidor, o unos vaqueros, que consumen 10.000 litros.

Solo el 0,25% del agua del planeta es potable y la mayoría está en glaciares

Porque el despilfarro es quizá el verdadero coste del agua para la empresa española. “El impacto directo debido a la subida del precio del líquido será mínimo; donde sí notarán un fuerte aumento, sobre todo papeleras, eléctricas y químicas, es en el coste del saneamiento, y este será tanto mayor cuanta menos agua tengamos en los ríos y más contaminados estén”, advierte Pedro Arrojo. Un número. Depurar dos veces el mismo litro de agua pueda costar hasta 40 veces más frente a su valor inicial en el grifo.

El agua tiene muchos enemigos, y la economía de mercado, al menos en su versión actual, ha aprendido a empaquetarla y venderla como cualquier otro activo, por esencial que sea para el ser humano. “Invertir en agua puede convertirse en un negocio en el futuro de alta rentabilidad, pues será más cara que el petróleo”, reflexiona Juan Pedro Zamora, analista de la casa de Bolsa XTB. Al fin y al cabo, cumple con la dudosa lógica del mercado. En primer lugar, es escasa. Solo el 0,25% del agua del planeta es potable. Y la mayoría se encuentra bloqueada en glaciares y permafrost. En segundo término, la demanda crece imparable. Según 2030 Water Resources Group, una división del Foro Económico Mundial, la petición mundial de agua dulce superará cuarenta veces la oferta en 2030.

Con estos antecedes, poco sorprende que haya quien propugne la creación de un mercado de futuros del agua, como ya existe del trigo o del maíz. Algo que genera también rechazo. “Un juego de apuestas sobre el agua dejará secas a las cosechas y empujará los precios mundiales de los alimentos por encima de sus máximos de los últimos cinco años”, advierte Frederick Kaufman, colaborador de la revista Nature. Para algunos es como si Wall Street quisiera transformar la madre naturaleza en un casino, con fichas, eso sí, muy rentables. Las 300.000 empresas que existen en el mundo relacionadas con los servicios del agua facturan 500.000 millones de dólares (393.391 millones de euros), solo 200.000 millones menos (157.356 millones de euros) que las farmacéuticas. La escasez genera negocio.

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La CHJ avisa al Vinalopó de que el trasvase del Júcar debe funcionar

El trasvase para llevar agua del Júcar al Vinalopó está casi terminado y la infraestructura debe ponerse en funcionamiento cuanto antes. Este es el mensaje que lanzó este miércoles María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (la primera mujer en este cargo), a los regantes alicantinos. “Les he pedido que piensen que les hace falta el agua y que debemos ser capaces de aprovechar la infraestructura”, afirmó la responsable del organismo, que se ha reunido ya con los usuarios del Vinalopó para intentar desbloquear el trasvase.

Los regantes, con el apoyo de la Generalitat de Francisco Camps, han mantenido un duro y largo enfrentamiento con el anterior Gobierno socialista, que cambió el proyecto en 2005 para tomar el agua del trasvase cerca de la desembocadura del Júcar y no aguas arriba en Cortes de Pallás. Ureña ha vivido de cerca el conflicto como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Agua. Ahora, con el PP en el Gobierno y en su nuevo cargo, le toca mover a los regantes hacia una solución.

Así, les ha trasladado que “el camino se hace andando”. Es decir, que sus reivindicaciones de una segunda toma de agua, aunque se mantengan, no son incompatibles con que se ponga en marcha un trasvase que ha supuesto una fuerte inversión por parte del Gobierno y la Unión Europea.

“Si no hay sectarismo, seguro que hay soluciones”, aseguró al hilo de estas declaraciones Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó. “Es sencillo. Queremos agua de calidad y a un precio que podamos pagar”, añadió Martínez.

Los técnicos de ambas partes se han puesto ya a trabajar, pero este no es el único escollo. La Generalitat decidió unilateralmente cambiar el punto de conexión del trasvase hecho por el Gobierno con la red de distribución del agua en el Vinalopó, lo que desembocó en un contencioso judicial. “Se han abierto conversaciones para resolverlo”, aseguró escueta Ureña. Sin esa conexión no se podrán aprovechar los 12 hectómetros cúbico que se enviaron el verano pasado para probar el trasvase y que están almacenados en una balsa. Usar ese recurso el próximo otoño “es un gran reto”, admitió Ureña.

Otro reto será desatascar el Plan Hidrológico del Júcar, que sufre un gran retraso y debe estar terminado a finales de 2013, según ha decidido el ministro de Medio Ambiente. La presidenta de la CHJ, que mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, confía en llegar a acuerdos con Castilla-La Mancha, cuyas posiciones sobre la gestión y demarcación de la cuenca del Júcar han chocado hasta ahora con las de la Comunidad Valenciana (y estas con las del Gobierno). No obstante, “el agua no será moneda de cambio en negociaciones políticas” y todas las partes implicadas «deberán ceder un poco» para cerrar un plan que «responda a las necesidades de todos», recalcó.

Ureña quiere convocar al consejo del agua del organismo antes del verano para que dé el visto bueno al Esquema de Temas Importantes (ETI), el documento base para la redacción definitiva del plan, que busca una gestión integral de los recursos, incluidas las desaladoras que tanto criticó el PP valenciano. El ETI está en el dique seco desde el año pasado, entre otros motivos, por la oposición de la Generalitat a parte del contenido, como la cifra total de hectáreas que necesitarán agua. Tras la incorporación de las alegaciones, el documento deja abiertos los puntos de fricción para una negociación posterior.

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Medio Ambiente presenta el plan que hace inviable el trasvase del Ebro

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha presentado esta tarde el proyecto de plan de cuenca, el documento que ordena los usos del agua en la demarcación y que, según anunció su presidente, el aragonesista Xavier de Pedro, «será una prueba clara de que no hay agua sobrante en el Ebro». El organismo eleva el caudal ecológico en el delta de los 100 metros cúbicos por segundo actuales a los 155 en algunos meses y lo baja en septiembre y octubre hasta 80, aunque el texto advierte de que «está pendiente de concertación». En la práctica esto hace inviable un hipotético trasvase del Ebro al Levante, al menos en años secos.

Los planes de cuenca debían estar terminados a finales de 2009, pero la imposibilidad de pactarlos con las comunidades hizo que el Gobierno del PSOE los retrasara. Los documentos técnicos estaban hechos y, ante la amenaza de Bruselas de imponer una multa, el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, ha elegido el Ebro para demostrar que se avanza. Esta tarde lo ha presentado a los usuarios de la cuenca y sale a exposición pública. Se abren ahora seis meses para alegaciones por lo que el documento puede sufrir cambios.

La gestión del río es polémica, ya que vive un conflicto soterrado entre las demandas de Cataluña para el caudal ecológico del Delta y la presión por aumentar los regadíos en Aragón. Aun así no es tan conflictivo como los ríos Tajo y Segura, unidos por un trasvase y cuyos planes de cuenca son todavía incompatibles.

El borrador del plan de cuenca fija «un régimen de caudales ecológicos que en el conjunto del delta supone una aportación anual garantizada, aun en años de prolongada sequía, de entre el 23% y el 30% de la aportación en régimen natural teniendo en cuenta la disminución de aportaciones debida al cambio climático». Y añade que «esos porcentajes de aportación al régimen de caudales ecológicos mínimos garantizados en el conjunto del Delta del Ebro, son muy superiores al resto de ríos mediterráneos de España» debido a la existencia de los dos enormes embalses de Mequinenza y Ribarroja.

En el Ebro, la confederación, dependiente de Medio Ambiente, establece un caudal ecológico en la desembocadura que fluctúe con los meses, no fijo como es actualmente. Así, iría desde los 155 metros cúbicos por segundo en marzo y 150 en febrero al mínimo de 80 en septiembre y octubre. Actualmente hay un caudal mínimo de 100 metros cúbicos por segundo todo el año. Además, se establecen reservas para Aragón y La Rioja y tiene en cuenta una caída de las aportaciones por el cambio climático.

La Plataforma en Defensa del Ebro ha afirmado que, en una primera lectura, los caudales ambientales parecen insuficientes.

Todo eso, según fuentes conocedoras de los documentos técnicos, impediría construir un gran trasvase desde el Ebro hasta Almería, la obra que el PP de la Comunidad Valenciana y Murcia lleva ocho años reclamando. Pero el PP, una vez en el Gobierno, se ha olvidado del Ebro y ha puesto al frente de la confederación a un político del Partido aragonés (Par), socio de los populares en Aragón.

Premonitoriamente, el Ayuntamiento de Murcia retiró después de semana santa la enorme pancarta de «Agua para todos» que lucía en su fachada desde hace ocho años y con la que reivindicaba el trasvase del Ebro.

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El apoyo a los trasvases rompe la disciplina de voto del PP en el Senado

Ningún partido queda a salvo de la división que genera el agua y los trasvases. El último, el PP, que generalmente maneja las votaciones con mano férrea. Cinco senadores por Aragón se han abstenido en una moción en el Senado que pedía al Gobierno vetar cualquier trasvase en el nuevo plan hidrológico nacional. Otros tres senadores del Par, socios del PP, votaron con los catalanes a favor del texto. Aunque todos habían anunciado su decisión al grupo popular, el partido anuncia que sancionará a los ocho por romper la disciplina de voto. Los del PAR también serán sancionados pues están en el grupo parlamentario.

 La moción, presentada por Ramón Sabaté, senador socialista por Tarragona, pedía al Gobierno “excluir de la futura planificación cualquier previsión de nuevas transferencias de recursos entre cuencas hidrográficas”.

La mayoría del PP votó en contra, mientras que PSOE, CiU, Coalición Canaria y PNV se abstuvieron, informa Europa Press. El Senado ha rechazado la moción por 145 votos en contra -141 de ellos, del PP-; 12 votos a favor, entre los que se encuentran los de los tres senadores del PAR; y 82 abstenciones.

Los senadores ‘populares’ Ricardo Canals Lizano, Antonio Ignacio Romero Santolaria, Miguel Angel Pintado Barbanó, Carmen Azuara Navarro y Octavio Adolfo López Rodríguez, así como los tres senadores del Partido Aragonés (PAR) María Jesús Ascensión Burró Ferrer, José María Fuster Muniesa y Rosario Isabel Santos Fernández. Manuel Blasco, senador popular por Teruel, estaba ausente con permiso del grupo.

Después de pedir el trasvase del Ebro en la Comunidad Valenciana y Murcia durante ocho años, el PP se encuentra con que en Aragón gobierna en coalición con el PAR y le ha dado la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro a un dirigente de este partido que destaca por su oposición al trasvase y que ha advertido que dimitirá si Medio Ambiente planea retomar la obra. Mientras, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presume de haber centralizado y unificado el discurso sobre el agua.

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Los regantes de La Marina Baixa podrán gestionar el agua por satélite. Proyecto SIRIUS

La comarca alicantina es la segunda zona de España donde se implantará el sistema

El programa piloto está financiado con fondos de la Unión Europea

Los regantes y municipios de la Marina Baixa dispondrán de los datos recogidos por un satélite para mejorar la gestión del agua y planificar las medidas a adoptar para evitar los problemas hídricos. Esta comarca alicantina es una de las dos zonas españolas (la otra, también en la cuenca del Júcar, es una zona agrícola de la provincia de Albacete) que Bruselas ha escogido para el Proyecto Sirius, un programa piloto financiado por la Unión Europea que coordina desde hace un año la profesora de la Universidad de Castilla La Mancha, Anna Osann, al que también se han asociado la Diputación de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia.

La diputada del Ciclo Hídrico del Agua, Mónica Lorente, concretó que se había elegido la Marina Baixa porque ha conseguido encontrar “una solución integral al problema endémico e histórico” de la escasez gracias a la gestión del Consorcio de Aguas comarcal, que administra los recursos para una gran variedad de usos en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Según Osann, Sirius utiliza un sistema informatizado que se alimenta de los datos recogidos vía satélite para “generar mapas de necesidades hídricas y de consumo”. El programa permite anticipar y prever la evolución de la demanda, las necesidades y los problemas hídricos que puedan surgir “en caso de conflicto” y ante episodios de sequía.

El programa permite anticipar y prever la evolución de las demandas en periodo de sequía

En el programa se introducirán los datos que ha recabado la institución provincial hasta 2009. Y con las nuevas herramientas que integrará, se podrá “conocer en tiempo real la demanda agrícola y la recarga de los acuíferos”, afirmó la diputada. El reto es proporcionar información a los gestores del agua sobre cómo evolucionan los recursos y la demanda.

La prioridad del proyecto es la demanda de los sistemas agrarios, pero también prestará atención al abastecimiento urbano en los primeros sectores de la comarca, que son el turismo y el ocio.

El proyecto Sirius cuenta con un presupuesto de la Unión Europea del VII Programa Marco cercano a los 2,5 millones de euros y con la participación de un consorcio internacional de 18 socios de 12 países distintos en cuatro continentes.

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El Tajo entra en prealerta por sequía y pone en riesgo el trasvase al Segura

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no parece tener al cielo de su parte en el intento de buscar un nuevo pacto del agua. La Confederación del Tajo acaba de declarar la situación de prealerta en la cabecera del río y en otras tres zonas. Ya había sistemas en el Duero y el Ebro en ese estado, pero políticamente el Alto Tajo es el más delicado. En enero, el Gobierno del PP aprobó trasvasar al Segura el máximo que permitían las normas de explotación.

Según el informe de la Confederación del Tajo, al que ha tenido acceso este diario, las aportaciones de agua en los embalses de los que parte el trasvase suponen en el curso 2011-2012 solo el 37% de la media de la serie histórica, que comienza en 1912. Este es el cuarto año más seco en esa lista. Hasta ayer, seguían en las confederaciones los presidentes nombrados por el último Gobierno. Así, el informe se realizó bajo la presidencia de Mercedes Gómez, exconsejera de Castilla-La Mancha con el PSOE.

El pasado 21 de enero, el Gobierno aprobó un trasvase a Alicante, Murcia y Almería de hasta 228 hectómetros cúbicos, lo máximo que permitían las reglas de explotación del acueducto hasta julio. Los embalses de los que parte el trasvase están al 40%, aún muy por encima de la media de los últimos cinco años. Los del Segura están al 58%.

Miguel Ángel Sánchez, de la plataforma en Defensa del Tajo, considera que el trasvase fue “una temeridad” y destaca que en los embalses entran seis metros cúbicos por segundo mientras que por el trasvase van 21,5 hacia el Levante. Sánchez calcula que los problemas pueden venir en otoño, ya que a partir de cierto nivel la decisión de trasvasar corresponde al Consejo de Ministros, algo que eleva la tensión.

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El informe alerta de la precariedad de los embalses en Extremadura y avisa de que para cumplir los 2.700 hectómetros cúbicos anuales pactados con Portugal, deberá volver a desembalsar aguas arriba. Esto presiona aún más la cabecera del Tajo. Las previsiones de lluvia a medio plazo —experimentales y poco fiables— apuntan a lluvias en primavera por debajo de la media.

El portavoz del PSOE en la comisión de Agricultura y diputado por Toledo, Alejandro Alonso, considera que los datos demuestran que “el sistema de explotación del Tajo-Segura está al límite” y señala que si Cañete quiere atraer a un pacto a los socialistas no ayudó su comparecencia en el Congreso, en la que destrozó el plan de desaladoras del Ejecutivo de Zapatero. “Comprendo que cuadrar el problema del agua es muy difícil, pero no se puede frivolizar con esto”, opinó Alonso.

La sequía puede complicar —o al menos tensar— los planes de Cañete de poner de acuerdo a los barones del PP. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en una entrevista en Radio Nacional no descartó que surjan tensiones entre los Gobiernos del PP, ya que “no siempre todos los intereses van en la misma dirección”.

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