Como ya hizo con el Plan Hidrológico del Segura, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, votó ayer en contra del Plan Hidrológico del Júcar en el Consejo Nacional del Agua que reúne al Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, los sindicatos, la patronal y las entidades sin ánimo de lucro estatales. Los argumentos de Lobón para oponerse a la ordenación de esta cuenca levantina son idénticos a los que ya expuso cuando rechazó el plan del Segura. «Ambos planes apelan con argumentos hídricos a posibles trasvases entre cuencas. Es decir, para superar el déficit hídrico de estas cuencas, los planes abren la puerta a trasvases entre cuencas y en este sentido la posición del Estatuto de Aragón y del Gobierno de la comunidad es muy clara, de total rechazo», señaló ayer el consejero. Aragón fue la única comunidad que votó en contra. El resultado final fue 66 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

Con el informe favorable de hoy por parte del Consejo Nacional del Agua al proyecto de Plan Hidrológico del Júcar tan solo resta que este propio plan, junto con los del Tajo y Segura (también informados favorablemente por este Consejo), se aprueben definitivamente por el Consejo de Ministros para haber concluido la planificación de todos los planes de competencia estatal. Tras la aprobación de todos los planes de cuenca, el ministerio volvió a recordar ayer en una nota de prensa que «el objetivo del Gobierno es abordar un gran Pacto Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos que figuran en este documento y materialice sus objetivos». En él, no se descarta el trasvase.

Por otro lado, la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua ya tiene fecha. Será el próximo 1 de abril en las Cortes de Aragón y contará con la asistencia, como es habitual, del ministro Arias Cañete.

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Con las reformas legales que introduce el PP en la Ley de Evaluación Ambiental emergen los perfiles de su nueva estrategia trasvasista, basada en la mercantilización de los derechos concesionales, lo que supondría de facto la privatización del agua.

En el 2008, el Ministerio de Medioambiente me encomendó coordinar un informe que valorara la aplicación durante la sequía 2004-2006 de las nuevas figuras de contratos de cesión y centros de intercambio. Ambas opciones habían sido introducidas por el Gobierno del Sr. Aznar, en su reforma de la Ley de Aguas, al considerar que «la experiencia de la intensísima sequía» de los noventa imponía la necesidad de buscar «soluciones alternativas» que permitieran «flexibilizar el sistema concesional». De esta forma, en ciclos de sequía, los llamados «contratos de cesión» permitirían negociar la compra-venta de derechos concesionales, de forma coyuntural y mientras durara la emergencia. Aunque esos contratos debían ser validados luego por la Administración, lo cierto es que, en plena emergencia, ese visto bueno se acabó dando sistemáticamente, sin evaluar las consecuencias sociales y ambientales de esas transferencias.

En nuestro informe oficial del 2008, nunca publicado, reseñamos los graves errores y abusos cometidos en la ejecución de los contratos de cesión firmados entre comunidades de regantes del Tajo y de Murcia (en concreto entre los Regantes del Canal de Estremeray el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; y entre el Canal de Aves y la Mancomunidad de Canales del Taibilla), usando las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura. En dicho informe insistíamos en que, a la vista de estas experiencias, se podía «socavar el dominio público, reforzar tendencias de patrimonialización privada de las aguas y derivar en una degradación de los principios del sistema concesional y del interés general». Se destacaba, por otro lado, la ausencia de evaluación de impactos ambientales y de daños a terceros en la cuenca cedente. Y por último, se denunciaba la exención de pago por el uso de las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura (Real Decreto-Ley del 2006). Así, bajo el argumento de no encarecer la operación, cerrada en 0,20 euros / m3,se facilitó el trasvase de estos caudales, comprados por los regantes de Murcia a los del Tajo.

AQUEL informe oficial al Gobierno,no solo ha sido ignorado, sino que nuestros peores vaticinios de entonces se ven hoy confirmados en esa nueva estrategia trasvasista del Gobierno, que se puede resumir en cuatro puntos:

1- Levantar la excepcionalidad (en sequía) de esas transferencias para consagrar la mercantilización generalizada de los derechos concesionales.

2- Promover las infraestructuras de trasvase que permitan ejercer el libre mercado de esos derechos entre regantes y usuarios en general de unas y otras cuencas

3- Centralizar el visto bueno de esos trasvases en la Dirección General del Agua, sin pasar siquiera por el preceptivo debate en las Cortes.

4- Priorizar los caudales trasvasables sobre posibles usos en la cuenca cedente, limitando para ello desde Madrid,en caso de sequía, la disponibilidad máxima de caudales en dicha cuenca.

En la medida que no hay dinero, no se acometerá de momento obra alguna; pero se está avanzando de forma decidida en la arquitectura normativa y legal de esta estrategia trasvasista, basada en la comercialización de los derechos concesionales, que no es sino una forma encubierta, pero efectiva, de privatizar el agua. Desde Aragón, más allá de impugnar ante el Tribunal Constitucional el nuevo proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, deberíamos preguntarnos por el pretendido «interés general» de obras antieconómicas, como Biscarrués, o del temerario recrecimiento de Yesa, proyectos ambos justificados sobre la base de generar nuevos derechos concesionales en Bardenas y Monegros, que luego podrán venderse a otros regantes o especuladores a lo largo del litoral mediterráneo -En Murcia ya se habla de conversaciones con regantes de la cuenca del Ebro, que prometen producir negocios tan interesantes como los firmados con los regantes del Tajo-

El 21 de marzo (viernes), víspera del Día Mundial del Agua, la Red Agua Pública de Aragón (RAPA), convoca una manifestación en forma de Río contra la Privatización del Agua. Más allá de privatizarse los servicios de agua y saneamiento, está en marcha la privatización de los ríos-

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EFE 13/01/2014

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Liana Ardiles, ha insistido hoy en que la postura de este organismo es cerrar el ciclo de planificación hidrológica antes de debatir otras alternativas como los trasvases.

Un ciclo que se quiere concluir este año y tras el que se pondrán sobre la mesa todas las opciones técnicas viables y necesarias para buscar el consenso dentro del Pacto Nacional del Agua, para elevarlas al Plan Hidrológico Nacional, según ha destacado hoy Ardiles a los medios antes de inaugurar en Zaragoza la conferencia anual de la Oficina de la Década del Agua dedicada al agua y a energía.

«Un binomio -ha dicho- en el que España tiene mucho que decir» y ha puesto como ejemplo los 55.000 hectómetros cúbicos de agua almacenada», el «cuarenta por ciento de volumen hidroeléctrico».

La directora general del Agua del MAGRAMA ha destacado la importancia de debatir esta materia en un país como el de España «sometido a situaciones de estrés crónico y a abundancia también crónica» porque pasa de «situaciones de escasez a situaciones de avenidas» y con un consenso «amplio» en materia de agua.

Preguntada por la posibilidad de abrir la puerta a un trasvase del Ebro como insinuó la semana pasada la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, Ardiles ha insistido en que el objetivo del Ministerio es cerrar el ciclo de planificación con la aprobación de todos los planes de cuenca».

«A partir de ahí se empezará a dialogar en ese Pacto Nacional del Agua, base de elaboración del Plan Hidrológico Nacional» con el fin de resolver cuestiones que «a lo largo de la historia se han puesto de manifiesto» como el abastecimiento a la población, la seguridad alimentaria mediante proyectos de modernización de regadíos y la apuesta por el desarrollo sostenible

«Revisar los planes de cuenca significa abrir la puerta a consensuar con mayor rigor aquellos aspectos que todavía no han sido capaces de cerrarse y abrir la puerta a la participación» con el objetivo de que el agua se reparta con «seguridad, equidad y sostenibilidad», ha señalado Ardiles.

Respecto a la finalización de las concesiones con las empresas hidroeléctricas, la directora general del MAGRAMA ha informado de que el objetivo del Ministerio es analizar todas las alternativas para volver a sacar a concesión los saltos de agua o que lo explote cada organismo de cuenca en función de «lo qué es mejor para la ciudadanía».

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A medida que se acercan las elecciones autonómicas del 2015 se eleva la temperatura del termómetro trasvasista que había estado en situación latente durante los dos últimos años en la sede estatal del PP, en la calle Génova de Madrid. A la deliberada ambigüedad del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ayer fue una voz más que autorizada la que se mostró sin tapujos partidaria del trasvase del Ebro. Fue la número dos de los populares y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, que en una entrevista concedida ayer a 21 medios manchegos, aseguró que es «una barbaridad» no aprovechar el agua «sobrante» de otras cuencas, «singularmente» la del Ebro.

La explícita referencia al trasvase fue acompañada de una justificada y medida declaración: «Si sobra agua, no me parece mal que la aprovechen otros, es más, me parece un disparate que no la aprovechen otros». Y añadió: «Yo no hablo en términos de si me gusta o no el trasvase, sino en términos de que yo tenga lo que necesito como región y como ciudadana para crear riqueza en mi tierra».

PARCO COMUNICADO El Gobierno de Aragón reaccionó con prontitud ante la enésima declaración partidaria de un trasvase entre cuencas, una opción que nunca se ha descartado y que va a centrar el debate en los próximos meses. Mostró su rechazo a los trasvases, aunque lo hizo con tibieza, sin aludir en ningún momento el motivo por el que emitía el comunicado y sin citar a la presidenta de Castilla La Mancha. Se remitió, como hace siempre, al mandato estatutario y a la reserva hídrica de uso exclusivo para Aragón, que también figura en el Estatuto.

De este modo, el Gobierno de Aragón confirmó ayer «su rechazo, una vez más, a cualquier trasvase del Ebro» y recordó «que es el propio Estatuto de Autonomía de Aragón el que limita cualquier transferencia».

Además de recordar que el Estatuto cuenta con el apoyo y aprobación de los dos partidos mayoritarios, y que en caso de trasvase el Ejecutivo autonómico debería emitir un informe preceptivo (que no vinculante, lo que impidiría su ejecución), el comunicado expresaba lo siguiente: «la norma autonómica obliga a los poderes públicos aragoneses, de manera explícita, a velar para evitar trasvases de las cuencas hidrográficas de las que Aragón forma parte, dentro del principio de unidad de cuenca».

RESERVA HÍDRICA El comunicado también destacó la reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos. Esta reserva fue incluida en el Estatuto por iniciativa del PP –y muy defendida por el PAR– y en julio del pasado año fue aprobada por la Comisión del Agua, aunque su ejecución es más que dudosa ante la capacidad de almacenaje que ofrece la propia cuenca.

En el argumentario de Cospedal, que ayer hizo público aunque no es novedoso y lo comparte con otros dirigentes populares, especialmente en el Levante, se destaca que mientras haya agua suficiente para «hoy, para las necesidades futuras y para todo tipo de usos» en la tierra por la que pasa un río, el agua restante tiene que ser aprovechada por «otros».

El propio ministro Arias Cañete, que hace diez años defendía incluso con argumentos viriles el traspaso, ha insinuado en su estapa como principal responsable del Medio Ambiente, estos argumentos, aunque eludiendo la palabra trasvase. Al menos, por ahora. Está por ver cuándo lo hará explícitamente.

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Todos los partidos de la oposición y el PAR consideraron ayer que se ha abierto la puerta oficialmente al trasvase del Ebro tras la aprobación del plan hidrológico del Segura, que busca alternativas a su déficit hídrico con trasvases de otras cuencas. Asimismo, tanto PSOE como CHA e IU criticaron la tibieza y la posición del Gobierno de Aragón, que votó en contra el pasado jueves a este plan de cuenca.

El PSOE exigió ayer saber qué van a hacer la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, ante la «bofetada» que les ha dado el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a favor del trasvase del Ebro. «No nos vale con votar que no en la Comisión del Agua y que siga adelante todo, sino que queremos saber qué va a hacer el Gobierno de Aragón ante la apertura hacia el trasvase del Ebro», indicó el portavoz socialista, Javier Sada. «Estamos empezando a estar hartos de las peleas tramposas y amañadas entre Rudi y Rajoy con el tema del trasvase del Ebro, intentando engañar a los ciudadanos», incidió Sada.

LA OPINIÓN DE BONÉ

También el PAR, socio del PP en el Gobierno de Aragón y en el Senado, rechazó el plan de cuenca del Segura «porque abre las puertas al trasvase». El portavoz en las Cortes, Alfredo Boné, mostró su preocupación por la posibilidad «abierta» a una transferencia de agua al Levante y pidió a las fuerzas políticas de Aragón «unidad frente al trasvase». A juicio de Boné, la operación trasvasista se va a ir fraguando a lo largo de los meses y contará con la oposición frontal del PAR porque «además de ser una solución injusta, que perjudica a Aragón, el plan del Segura regularizará decenas de miles de hectáreas de regadíos ilegales».

«Se estaría desvirtuando el principio de solidaridad interterritorial y se condenaría el futuro de Aragón en beneficio de otros territorios más ricos, más poblados y con mayor bolsa de votos, que es lo que al parecer les interesa a los Gobiernos de los grandes partidos», indicó.

CHA criticó que el voto en contra de Aragón al plan de cuenca del Segura es parte de la estrategia del PP aragonés de su oposición «con la boca pequeña» al trasvase del Ebro. El diputado de CHA en las Cortes, Joaquín Palacín, recordó ayer en un comunicado que el Gobierno central ha aprobado recientemente la Ley de Evaluación Ambiental, «que infringe las competencias en materia de aguas de Aragón y posibilita los trasvases entre cuencas», sin que ni el PP en la comunidad ni el Ejecutivo autonómico «hayan levantado la voz al respecto».

La portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, coincidió a la hora de considerar que el PP «tiene previsto hacer trasvases porque es su ideario político». Para Luquin, el voto en contra del Gobierno es «lógico» porque en Aragón «apoyar un trasvase significa perder las elecciones» y demuestra que el «PP de Aragón está solo y pinta menos ante el Gobierno que el PP de otras comunidades». La parlamentaria aseguró ayer que la redacción del plan de cuenca del Segura «demuestra lo que siempre ha denunciado IU, que el PP es trasvasista».

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El texto normativo del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) que ayer aprobó el Consejo del Agua de la Cuenca incluye una serie de novedades que otorgan al Gobierno de Aragón capacidad –teórica, a expensas de posteriores procedimientos judiciales– para poner trabas a futuros proyectos de trasvase al arco mediterráneo y, al mismo tiempo, para obtener por ellos beneficios económicos.

El PHE reconoce reservas estratégicas de caudales a favor de siete instituciones territoriales: 40 hectómetros cúbicos anuales para la Junta de Castilla y León, 21,75 para la Diputación Foral de Álava, 148,75 para La Rioja, 32 para Navarra, uno para Castilla-La Mancha, 445 para la Generalitat de Cataluña y 850 para el Gobierno de Aragón.

En la mayoría de los casos, las ubica en cuencas que atraviesan su territorio y de las que se abastecen sus sistemas de regadío. En el cuarto, no: los derechos de Aragón pasan a extenderse a lo largo de todo el eje del Ebro, ya que han sido asignadas a la junta de explotación que regula la cabecera y el eje y a la que atiende al tramo final.

La finalidad de las reservas, que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inscribira de oficio en su Registro de Aguas cuando el PHE esté vigente, es cubrir «las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población» según la «disponibilidad del recurso en base a las obras de regulación existentes o previstas en este Plan Hidrológico».

No obstante, el artículo del PHE que recoge este asunto da por entendido que «la no explicitación en este apartado de la reserva para un determinado uso o aprovechamiento no implicará su no consideración en el futuro». Eso ocurrirá siempre que ese uso no explicitado «suponga una adecuada utilización y aprovechamiento del recurso disponible, y cuente con la regulación interna requerida».

El PHE ubicará así derechos de la DGA en el tramo final del Ebro –a partir del Mequinenza–, en el que se han situado todos los proyectos de trasvase al arco mediterráneo, y posibilitará que la comunidad autónoma esté representada en la Junta de Explotación de esa zona.

El balance de recursos hidráulicos que establece el PHE imposibilita la ejecución de nuevos trasvases –la cuenca ya soporta nueve– a otras áreas, aunque la legislación española en materia de aguas sí posibilita –con el visto bueno del Gobierno central– la venta de derechos entre usuarios de diferentes demarcaciones hidrográficas.

Fuentes jurídicas señalaron que la redacción del PHE da teóricamente a la DGA capacidad de intervención en el Bajo Ebro, aunque dudaron de que un tribunal la convalidara.

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Técnicos de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza participarán en un programa de investigación para el ahorro de energía y agua en el riego de cultivos extensivos para la mejora de la competitividad, a través de una reducción de consumos calificada de «estratégica».

La Universidad de Zaragoza, la empresa Regaber y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental impulsan conjuntamente este proyecto, apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que se desarrollará durante tres años con una financiación de 950.000 euros, indican en una nota fuentes de la institución académica.

El vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, presentará mañana, miércoles, la iniciativa en una jornada que contará con la intervención de los investigadores y de las entidades participantes.

El proyecto, llamado «Riego localizado en cultivos extensivos: tecnologías y herramientas para el ahorro de agua y energía», se financia mediante créditos blandos y subvenciones dentro del programa Innpacto, que apoya la colaboración entre centros de investigación y empresas de I+D+i.

Innpacto está enmarcado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica que promueve el Ministerio de Economía y Competitividad.

Con esta investigación, según señala el profesor Ricardo Aliod, del área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Huesca, se pretenden desarrollar técnicas y herramientas de cálculo que permitan reducir costes energéticos y ahorrar agua en la aplicación de técnicas de goteo, en lugar de las actuales de aspersión, en cultivos como el maíz, la alfalfa o el girasol.

Los trabajos durarán tres años, pero está previsto ofrecer resultados preliminares de los estudios en cada ejercicio.

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El ministro de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Miguel Árias Cañete, no descartó ayer los trasvases entre cuencas, aunque los supeditó a los estudios científicos y a su rentabilidad y eficiencia. Es decir, dentro de su plan de estudio y consenso de los planes de cuenca y la búsqueda de un gran pacto nacional, Cañete aseguró ayer en el Senado que se analizarán primeramente los análisis de los caudales ecológicos de cada ciencia.

Así lo aseguró el ministro en el Pleno del Senado ante una interpelación del senador de Entesa Catalana de Progres, Joan Sabaté, sobre cuál será la política en materia de agua del nuevo Gobierno y sobre los planes de demarcación de cada cuenca. Cañete eludió pronunciarse claramente a favor de los trasvases, aunque no los descartó, ya que, según dijo, «no hay que satanizarlos». Asimismo, recordó que en la anterior legislatura ya se hicieron varios, por parte del PSOE.

De hecho, Cañete dio la vuelta a la interpelación para criticar duramente la desalación, y también la herencia recibida. A su juicio, una «nefasta» planificación hidrológica del PSOE. También condenó que no se hayan hecho los planes de cuenca, lo que han provocado sanciones de la Unión Europea. Según apuntó, de los nueve planes intracomunitarios que debía haber hecho el Gobierno anterior, indicó que no estaba presentado ninguno. Tal y como apuntó este diario, el del Ebro fue presentado a final de verano pasado y aparcado por la anterior ministra, la socialista Rosa Aguilar.

Por este motivo, indicó que lo primero que ha realizado es cesar a todos los presidentes de las confederaciones y, ante la «ineptitud», poner a dirigentes «preparados y que hagan en «año y medio lo que los socialistas han sido incapaces de hacer en ocho».

Solo entonces, con todos los planes de cuenca presentados y aprobados, Cañete abordará ese gran plan de consenso para hacer un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Esto fue interpretado por miembros de la oposición como una forma de ganar tiempo y esperar a ver si la disponibilidad presupuestaria permite construir nuevos trasvases.

En este sentido, según apuntó, en ese plan hidrológico «se contemplarán todas las posibilidades, infraestructuras y tecnologías, y se elegirán las más adecuada en cada caso tras un análisis serio y riguroso de las demarcaciones hidrográficas».

El nombramiento del jurista aragonés Xavier de Pedro como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro puede considerarse como una buena noticia para Aragón.

Por muchas razones.

En primer lugar, por la capacidad profesional del recién nombrado coordinador del organismo regulador de la cuenca más caudalosa y conflictiva de España. En segundo, por su honestidad, competencia y eficacia, probadas en distintas administraciones, de la local a la autonómica, pasando por el Justicia de Aragón. En tercer lugar, por su grado de compromiso con nuestra tierra, a través de sus convicciones personales y de su militancia en el Partido Aragonés. A diferencia con otros perfiles, hoy apenas recordados, que han pasado por la CHE, Xavier De Pedro puede hacer obra, dejar huella, hacer historia. Ojalá.

Pero De Pedro no lo va a tener fácil. El Ebro sigue siendo una pieza codiciada en el tablero hidráulico, un líquido caballo de batalla, una reserva básica.

Si no, que se lo pregunten a Ramón Valcárcel, el presidente de Murcia. Político de ideas simples y comportamientos recurrentes, desde que descubrió que reclamando a grito pelado el Ebro ganaba votos en su región –como a él le gusta llamarla– no ha parado de berrear. Ayer mismo, a setecientos kilómetros de aquí, con un plan de desaladoras en marcha costeado por todos los españoles, volvió a pedir que hagan el tubo.

No será el único. Verán qué pronto Alberto Fabra, el presidente valenciano, secunda en su reclamación a su colega de Murcia. Fabra va a proponer a su jefe supremo, a Mariano Rajoy, cargarse a todos los defensores del pueblo, incluido el Justicia de Aragón. De ahí a declarar a la tierra de la Pilarica la guerra del agua hay sólo otro paso, y probablemente Fabra y la alcaldesa ché, Rita Barberá, lo darán al alimón, complicándole las cosas, los equilibrios, las alianzas, a su compañera Luisa Fernanda Rudi y, por extensión, al nuevo, joven y políticamente correcto responsable de la Confederación, Xavier de Pedro.

Éste, además, se enfrentará a problemas puntuales y estructurales de no desdeñable dimensión: las sequías, los usos y repartos del agua, los minitrasvases en funcionamiento o reclamación, los vertidos industriales, la protección de sotos y riberas o la conservación de las bellezas del Delta.

Suerte, en cualquier caso, para que no se lo lleve la corriente.

El nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) que prepara el Gobierno «no será como el del pasado» y estará elaborado en base a «criterios científicos y no políticos». Con estas dos frases respondió ayer el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, al ser interrogado por este sobre las verdaderas intenciones que alberga el Ejecutivo al poner en marcha el instrumento de planificación que enfrentó a varias comunidades autónomas al incluir el trasvase del Ebro.

El ministro, que se reunió con el conseller en Madrid, no fue taxativo a la hora de descartar algún tipo de trasvase pero la literalidad de su respuesta podría haber sido suficiente para tranquilizar a un Govern que no quiere ni oír hablar de la polémica obra. Podría haber sido tranquilizador si no fuera porque en sus relaciones con el Ejecutivo del PP, Recoder es «gato escaldado» como él mismo se definió ayer al recordar como la ministra de Fomento, Ana Pastor, viajó a Barcelona las semana pasada con buenas palabras y dos días después anunció sin avisar que recuperaba el proyecto de corredor central ferroviario que devalúa el eje mediterráneo.

PACTO Cañete aseguró que antes de decidir ningún trasvase se pactarán los planes de cuenca con las comunidades autónomas donde se establecerán los usos del agua. «Este es el método correcto. Y no al revés como se hizo hace diez años», señaló Recoder tras asegurar que en el caso de Ebro se demostrará que cualquier trasvase es inviable.

Y si ayer fue el turno de Cataluña, hoy será el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, quien trasladará al ministro Miguel Arias Cañete la exigencia del «no rotundo al trasvase» en su primer encuentro bilateral para tratar asuntos prioritarios para la comunidad. Lobón intentará asimismo arrancar al ministro algún compromiso al respecto, al tratarse de una reivindicación no solo del PP, sino del pacto de coalición con el PAR.

El consejero parte hacia allí confiado en que las peticiones aragonesas sean «efectivas», a la vista de que en las anteriores reuniones celebradas junto con otros responsables autonómicos, Cañete siempre lo ha sido. No obstante, en sus primeras declaraciones, Cañete no fue precisamente claro en torno al trasvase del Ebro, ni mucho menos a la hora de hablar del futuro Plan Hidrológico Nacional y de sobrantes de agua.

Lobón adelantó que en la agenda de puntos a tratar se incluye también la petición al ministro del ramo de la declaración del decreto de la sequía y el impulso de los planes de desarrollo rural. Así como la gestión aragonesa de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos y celeridad en la ejecución de las obras pendientes del Pacto del Agua.

Respecto a los compromisos que se puedan derivar del encuentro, Lobón no quiso confirmar nada. No obstante, no se descarta que otro de los temas a resolver sea el nombramiento del nuevo responsable de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que se prevé recaiga en un miembro del PAR. Una decisión que ya ha sido criticada tanto por regantes como por ecologistas.