La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha señalado que “tras dos años trabajando intensamente en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ahora nuestros técnicos trabajan para conocer las posibles repercusiones en la región y estamos preparando a todos los niveles la negociación nacional para defender a todos nuestros sectores”.
Soriano ha realizado estas declaraciones esta mañana al programa ‘A Pie de Campo’, de Radio Castilla-La Mancha, en el que ha explicado que una vez cerrada la reforma a nivel comunitario queda por negociar su aplicación en España así como el reparto de fondos para cada comunidad autónoma.
La cita, a la que acuden el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y todos los consejeros autonómicos del ramo, se celebrará en Madrid los días 24 y 25 de julio, y en esta reunión se deben decidir importantes cuestiones como quiénes quedarán excluidos de las ayudas –por no ser agricultores activos-, la división por comarcas agrarias para aplicar la convergencia interna –limitar diferencias en el montante de ayudas por hectárea- o los fondos por sectores y regiones.
La consejera ha indicado que tiene “ilusión y esperanza en obtener lo mejor para un sector que es muy importante para la economía de la región” y ha afirmado que con el trabajo que se está haciendo confía en que Castilla-La Mancha “salga reforzada”.
Una reforma que corrige defectos de la actual
Sobre la propia reforma, María Luisa Soriano ha destacado que “no sólo corrige los defectos del borrador inicial de octubre de 2011, bajo el Gobierno del PSOE, que era claramente perjudicial para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos, sino que incluso corrige defectos de la PAC actual, como es el hecho de que permita “orientar los pagos directos a agricultores activos, lo que conllevará mantener la actividad y crear empleo”.
La titular de Agricultura ha resaltado del texto final cuestiones como el mantenimiento del nivel de las ayudas, que se situará en 47.000 millones de euros para el período 2014-2020, la eliminación de la “tasa plana” –pagar la misma cantidad por hectárea-, que habría provocado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos actualmente activos, o la flexibilidad en los requisitos medioambientales o greening, del que dependerán el 30 por ciento de las ayudas.
Especialmente ha reseñado las medidas que benefician al sector vitivinícola, ya que el viñedo –al igual que el olivar y algunos frutales- queda excluido del greening, se frena la liberalización de los derechos de viñedo que tanto temía el sector y se habilitan fondos para la promoción en los países de la Unión Europea, principal mercado de los vinos de Castilla-La Mancha.
