Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado este martes un informe realizado sobre las «irregularidades» que a su juicio existen en diversos municipios de la región en cuanto al abastecimiento del agua gestionado de modo indirecto por empresas privadas, defendiendo la gestión directa municipal de este servicio como más rentable.

Así lo ha informado en rueda de prensa el coordinador del grupo de trabajo encargado de elaborar este estudio, José María Fernández, quien ha indicado que según un Informe del Tribunal de Cuentas, «la gestión directa es más rentable que si la hacen servicios privatizados».

Fernández se ha referido a este «negocio» como un paso de «la burbuja del ladrillo a la burbuja del agua», es decir, lo que buscan las empresas privadas «no es conseguir beneficios con el agua sino mediante obras de infraestructuras en las zonas de abastecimiento de agua» y, esto se refleja con la empresa constructora FCC, de la que es filial Aqualia, que «obliga» a hacer obras si el abastecimiento no es el «adecuado».

Pero este asunto, ha explicado el coordinador del grupo de trabajo, no está «supervisado» por ninguna entidad reguladora que investigue la calidad del agua, sino que es la misma empresa quien «decide si está bien o se necesitan realizar obras».

Respecto a esto, ha destacado que municipios como Olías del Rey, La Guardia o Méntrida, todos en Toledo, donde ha ocurrido esta situación, y las localidades también toledanas de Sonseca y Burguillos, que actúan «de modo sospechoso», pues no quieren enseñar el contrato.

«CANON MILLONARIO»

Otra de las vertientes en relación a este asunto, ha explicado, es que las empresas ofrecen un canon millonario a los ayuntamientos que años después, «vía modificación de ordenanza, tendrán que pagar los ciudadanos con unas tarifas muy por encima de lo que está estipulado».

«Aqualia ha encontrado un filo importante en Castilla-La Mancha en pueblos pequeños», ha recalcado Fernández. «Si por el contrario, estos ayuntamientos se niegan, Aqualia intenta asegurarse el beneficio empresarial desde la firma del contrato, y eso se traduce en obras que se adjudican sin licitación y sin comprobar precios de otras empresas municipales», ha continuado.

Por último, José María Fernández ha reivindicado el «derecho fundamental» que es el agua, y ha pedido que no sea considerado «un servicio de lujo, pues así como señala la ONU e incluso asociaciones de menores, es un derecho humano».

OBJETIVOS DEL INFORME

Por otra parte, el vicecoordinador regional de IU en la región, Juan Ramón Crespo, ha señalado los objetivos del informe, indicando en primer lugar que se consigue informar a los ciudadanos y explicar en qué situación se encuentra cuando en su ayuntamiento se ha privatizado el agua y hacerles saber qué ganan y qué pierden. Para ello, ha argumentado, se realizarán actos por toda la región para trasladar las conclusiones del trabajo.

Del mismo modo, el partido político busca crear espacios de participación y propuestas de toda la ciudadanía, pues «ese es el espíritu de convergencia de IU», y así elaborar «conjuntamente» entre IU y los ciudadanos propuestas políticas para dar soluciones, ha matizado.

Finalmente se quiere dar respuesta política que en primera instancia pasará por hacer una moción para remunicipalizar el servicio del agua para que se dé una solución. En caso de no obtener respuesta política, ha anunciado, que no descartan otras «posibilidades como instar a la solución vía judicial».

En relación a la decisión de investigar sobre este servicio, ha explicado que el 17 de junio del año pasado anunciaron que iban a estudiar los contratos y los pliegos de trabajo de abastecimiento de agua y «no había pasado ni un mes cuando en Sonseca (Toledo) nos informaron de que no existía ningún contrato por escrito con Aqualia, y un año después el Ayuntamiento sigue sin dar respuesta», ha concluido.

«MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA»

De otra parte, el secretario provincial de política municipal de Toledo, Javier Ruiz, ha informado sobre la propuesta política que va «unida» a este estudio, ha mencionado.

Se ha referido a la «mercantilización, que han hecho PSOE y PP, del derecho del agua», y ha indicado que los puntos en que se basa el programa de IU es el de «devolver ese derecho a los ciudadanos para que sean ellos quienes gestionen y decidan si la mejor opción es la gestión directa». De este modo, ha asegurado que «IU va a llevar esta gestión por parte del Ayuntamiento a todos los municipios donde podamos, negándonos a la mercantilización».

Así como ha señalado, el partido político está preparando el programa para las próximas elecciones en 2015 y ha recalcado que están «en condiciones de remunicipalizar el servicio».

ENLACE A NOTICIA: http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-iu-defiende-gestion-directa-agua-lamenta-empresas-busquen-beneficios-obras-derivadas-20140805145637.html

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-alcalde-cuenca-asegura-plan-hidrologico-jucar-discrimina-ciudad-20130808192640.html

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pp-lm-destaca-plan-jucar-atienda-demanda-justa-regantes-20130807131606.html

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y las distintas organizaciones agrarias se reunirán esta tarde con responsables de los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio, con el fin de buscar soluciones que permitan a los agricultores hacer frente a la fuerte subida que experimentará la tarifa eléctrica para regadío a partir del próximo 1 de julio.

   El presidente de Fenacore, Andrés Del Campo, aprovechará la reunión para solicitar la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de las modificaciones legislativas pertinentes para evitar un encarecimiento «desorbitado» de la factura eléctrica que podría poner en peligro el proceso de modernización de regadíos y la propia sostenibilidad de la agricultura.

   Fenacore confió en que el Gobierno acometa las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas eléctricas para regadío no excedan la subida del IPC, tal y como reconoció el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención la semana pasada en Zaragoza donde aseguró, según Fenacore, que «el Gobierno trabaja para que el incremento de las tarifas eléctricas para los regantes no supere el 4,5%».

   En la actualidad, Fenacore desconoce el borrador de modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto aplicar al Real Decreto 809/2006 y que recoge a partir del próximo martes, día 1 de julio, una revisión al alza de la tarifa eléctrica para regadío.

   Este hecho, unido a la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión, puede suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego, pudiendo superar en algunos casos el 80%.

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reconoció hoy que con las últimas lluvias «la situación ha mejorado moderadamente» en la cuenca del Tajo y en las del Segura y el Júcar, aunque agregó que la situación todavía es «crítica» y «difícil».

   Precisó que en la cabecera del Tajo la situación se encuentra todavía «por debajo de la media de los últimos cinco años», y aunque en su totalidad se encuentra por encima del 60 por ciento, «en la zona que nos afecta, la recuperación de recursos es todavía muy insuficiente» y obliga a que sea el Consejo de Ministros el que deba tomar una decisión sobre posibles trasvases.

   Preguntado por este aspecto, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en la presente semana, subrayó que la situación en las cuencas del Segura y el Júcar es aún «muy difícil» y que la del Guadiana «se ha recuperado un poquito», subiendo de nivel «discretamente» el Acuífero 23.

   Esta situación, a su juicio, «contrasta» con la que se da en el norte de España, en la zona del Ebro y la parte cantábrica, donde los niveles de sus embalses se sitúan en el 90, 80 ó 70 por ciento. En cualquier caso, reconoció los beneficios que la lluvia ha traído para los agricultores, a quienes les «han venido bien».

PEAG.

   Por otra parte, y respecto al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), Lamata señaló que tras la marcha del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Enrique Calleja, «no hay vacío de poder y se sigue trabajando con normalidad», y apuntó Calleja será sustituido por una persona «que será igual de competente».

   Agregó que la marcha de Calleja es una decisión puntual «que yo respeto», y reconoció que, aunque todos somos prescindibles, el dimitido presidente de la CHG ha realizado un trabajo brillante al frente de este organismo, donde ha sido «equilibrado, riguroso y muy competente».

   Sobre el PEAG, cuyo proceso de elaboración se ha realizado durante los dos últimos años y que ya se estaba ejecutando, recalcó que «está en marcha, abierto», y añadió que el Plan va a ser un éxito para la gestión adecuada de los recursos naturales de España y Europa. «Se están haciendo bien las cosas y se van a hacer muy bien».

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 22,68 por ciento de su capacidad y almacenan 10,03 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 759,02 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

   Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 16,10 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 41,67 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 85,21 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 60,61 por ciento de su capacidad.

   En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 88,93 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 84,54 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 83,34 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 41,86 por ciento, el de Alarcón un 6,12 por ciento y el de Contreras en 6,77 por ciento.

   En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 72,08 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 96,63 por ciento, La Muela en un 59,57 por ciento, y El Naranjero al 68,37 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 32,39 por ciento; Escalona al 4,72 por ciento; y Bellus, al 41,28 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 15,00 por ciento de su capacidad.

   En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 48,34 por ciento, Benagéber al 47,75 por ciento, Loriguilla al 21,29 por ciento y Buseo al 42,37 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 91,97 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

   En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 70,26 por ciento; Arenós un 49,77 por ciento; María Cristina un 9,90 por ciento y Sichar el 91,83 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 92,79 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 82,96 por ciento.

El Partido Popular propondrá en su programa electoral, que será presentado este fin de semana en Madrid, un Acuerdo Nacional sobre el Agua que contemple los trasvases de agua desde las cuencas excedentarias a aquellas que son deficitarias, informaron a Europa Press fuentes ‘populares’.

   Aunque se sigue perfilando la redacción exacta de este capítulo del programa, el primer partido de la oposición no es partidario de incluir específicamente la mención al trasvase del Ebro sino la postura general que se ha defendido en los últimos años para que los excedentes de agua puedan ir a cuencas con déficits.

   La pasada semana el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, afirmó que el trasvase del Ebro estaría «lógicamente» en el programa del PP, unas afirmaciones que han provocado una cadena de reacciones.

   Desde Valencia, se afirma que el PP «nunca ha renunciado al trasvase del Ebro» porque es «un compromiso que lleva en sus genes», en palabras del candidato Vicente Ferrer, número ocho en la lista del PP al Congreso por Valencia. Sin embargo, el PP aragonés ratificó hoy su oposición al trasvase del Ebro y abogó por que el programa electoral incluya un texto «consensuado y respetuoso».    

PROPUESTAS QUE RECOGIA EL PHN.

   En este contexto, la dirección nacional del PP plantea llevar al programa electoral el compromiso acordado por los ‘barones’ del PP en noviembre de 2006 que contemplaba posibles transferencias de recursos sobrantes a las comunidades que tienen problemas hídricos, informaron a Europa Press fuentes ‘populares’.

   En aquella cita de hace más de un año –que reunió a los presidentes del PP en Murcia, Valencia, Aragón y Castilla-La Macha– los dirigentes regionales del PP estuvieron de acuerdo en recuperar las propuestas que recogía el Plan Hidrológico Nacional durante el último mandato de José María Aznar.

   Los ‘populares’ consideran que es necesario un gran Pacto Nacional sobre el agua que recabe el consenso de las dos formaciones mayoritarias, un compromiso que el propio Mariano Rajoy ha manifestado en diversas ocasiones.

   Así lo manifestó hace un par de meses en Murcia, donde avanzó que si gana las elecciones propondría un Acuerdo Nacional sobre el agua que fije «con meridiana claridad las fechas de todas las infraestructuras que hay que hacer». Según añadió entonces, ese acuerdo sólo podrá hacerse sobre la base de los excedentes de agua que hay en España, para que el agua vaya a cuencas deficitarias, como la del río Segura.

El candidato del PP al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, aseguró hoy que si el PP llega al Gobierno «hará el trasvase del Ebro» y, entre los cinco o diez años que duren las obras, pedirá, a través del Fondo Europeo de Medio Ambiente, «una línea especial de ayudas para los agricultores valencianos, para que la Comunitat no se convierta en un desierto».

González Pons realizó estas declaraciones tras reunirse con más de 200 agricultores de la comarca de l’Horta en Torrent (Valencia), donde asistió a un almuerzo y visitó, posteriormente, la feria de San Blas que se celebró hoy en esta localidad y el circuito urbano de Fórmula 3.

En este sentido, afirmó que la propuesta del PP se realizará «después de haber cubierto todas las necesidades del Pacto del Agua con Aragón», lo que supone unos diez años, según estimó. Por ello, afirmó que «será agua limpia».

Sin embargo, puntualizó que en estos ocho o diez años «hay que sacar adelante nuestra agricultura», por lo que si el PP gana las elecciones se propondrá a Europa, a través del Fondo Europeo de Medio Ambiente, «una línea especial de ayudas para mantener la agricultura valenciana, como representante del medio ambiente».

A su juicio, «sin la agricultura toda la costa de la provincia de Valencia no sería verde, sino que sería un desierto», porque «la agricultura es medio ambiente, es bosque, es capa verde, es vida. Por todo ello, explicó, «para que Valencia no se desertifique se propondrá esta línea de ayudas, para defender la naturaleza, para defender el medio ambiente».

Además, aseguró que se reunió hoy con el presidente del Tribunal de las Aguas, Victor Fabián, quien le comentó «que el agua de motor a riego cuesta 20 céntimos por metro cúbico y el agua de acequia es aún más barata». De la misma manera, señaló que «el agua de desaladora costara 70 céntimos el metro cúbico, y me ha dicho que a ese precio ningún agricultor seguirá cultivando el campo». Así, añadió que «si los campos no se cultivan, Valencia se va a convertir en un desierto».

AGUA DESALADA.

González Pons afirmó que, si gana el PSOE, «el agua que vendrá a Valencia será desalada y será agua sucia». Así, aseguró que, «a pesar de que la desalación hace un humo negro que perjudica, y mucho, al medio al medio ambiente; el salmuera acaba con la pesca, y las desaladoras son centrales nucleares del mar, se han proyectado más de 20 en la Comunitat Valenciana». En su opinión, «esto sólo quiere decir que quieren convertir la Comunitat Valenciana en la fábrica de agua sucia de toda España».

Como ejemplo, explicó que en un programa de TV3, que trataba sobre la sequía en Cataluña, los portavoces de todos los partidos políticos catalanes, excepto el del PP, «señalaron que no había problema con la sequía puesto que la solución son los trasvases de agua desalada desde Murcia, Almería y la Comunitat Valenciana».

En ese programa, continuó, «incluso se pusieron sobre la pantalla los planos de por dónde debería entrar el agua de la Comunitat a Barcelona, donde habría que tratarla y hacer los canales para distribuirla».

El candidato popular afirmó que «es tremendo y terrorífico que la Legislatura que empezó con agua del Ebro que venía a Valencia, termine con agua desalada de Valencia que termina en Barcelona». Además, comentó que «es toda una metáfora del tratamiento que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha dado».

Por otra parte, indicó que hoy también se había reunido «con los chicos que se fueron al Ebro y que le van a enviar un botellón de agua de ese río a Zapatero para que beba agua la noche del 9 de marzo», y que les mostró su convencimiento de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, esa noche se guardara el agua del Ebro porque brindará con cava valenciano».

Por último, González Pons se refirió al municipio de Torrent, y afirmó que «es un municipio que ha cambiado, por primera vez en mucho tiempo, y que ahora tiene a una alcaldesa –María José Catalá–, que como la de Valencia –Rita Barberá– le está dando a la localidad un nuevo aire y una alegría que le faltaba» y subrayó que «lo mismo queremos ahora para España».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, desmintió hoy que el Plan de la cuenca del Tajo pretenda favorecer futuros trasvases al Segura tal y como ha manifestado la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de Reina (Toledo).

   De esta manera respondió a preguntas de los medios el presidente de la CHT antes de asistir a la Jornada «El control de los vertidos una prioridad» en el Palacio de Benacazón de Toledo, bajo la presidencia del director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, a la que asistió también el alcalde de la capital regional Emiliano García-Page.

   Ante la decisión de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de presentar alegaciones al Plan de la cuenca del Tajo porque consideran que se están ocultando datos, Macías afirmó que «ocultar no se ocultan datos porque existe una página web, y naturalmente el proceso se ha iniciado. El Plan Hidrológico del Tajo será lo que quieran los usuarios».

   Asimismo, dijo sentirse preocupado por la situación de sequía que vive la cabecera del Tajo y dejó claro que este verano a pesar de la sequía que existe en España «podemos asegurar todos los abastecimientos de todos los núcleos urbanos y todos los regadíos de la cuenca del Tajo, excepto un pequeño núcleo en la zona del Tajuña, que se regará con aguas subterráneas».

   «En la cuenca del Tajo existe una sequía meteorológica porque llueve relativamente poco, pero sin embargo la sequía hidrológica no la conocemos», apuntó Macías, quien comentó que los consumos de la cuenca del Tajo están asegurados. Asimismo, se remitió a lo que dicta la ley del trasvase, y es que con 240 hectómetros «no se puede trasvasar. Se respetará la ley por encima de todo».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha formulado las primeras alegaciones al proceso de planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones hidrográficas que considera oportunas, en las que se destaca la necesidad de constituir, como mayor garantía para un proceso de participación pública, los órganos reglados al efecto, entre ellos, los Consejos del Agua de las demarcaciones y los correspondientes Comités de Autoridades competentes.

   Así se puso de manifiesto en el Consejo Regional del Agua, celebrado el pasado 11 de enero, donde se analizó este proceso de planificación hidrológica y en el cual se debatieron las observaciones que se han llevado a cabo respecto a los documentos de inicio del proceso de planificación para la revisión de los planes hidrológicos.

   El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha resaltado la importancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté presente en el proceso de planificación hidrológica, ya que de las nueve Demarcaciones Hidrográficas, siete de ellas –Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero– inciden en el ámbito territorial de la región, por lo que se confiere a ésta un papel determinante, informó la Junta en nota de prensa.

   En cuanto a la Demarcación Hidrográfica del Segura, el Gobierno regional ha alegado que no pueden computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios. Por tanto, debe omitirse en el estudio de la demarcación toda referencia a dichos recursos, dada su precariedad y la próxima caducidad del trasvase.

   Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Gobierno regional es que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso.

   Al efecto, en lo que se refiere a las demarcaciones del Júcar y Segura, el consejero recordó y advirtió sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

   En la Demarcación Hidrográfica del Tajo, el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza la observación de que los caudales ecológicos deberán quedar establecidos durante el proceso de de planificación complementando los estudios disponibles al efecto, utilizando métodos para su determinación y distribución interanual, priorizando aquellos que aseguren el buen estado ecológico de las masas de agua por la garantía para el hábitat, además de destacar la necesidad de realizar las demás actuaciones que aseguran la calidad del agua del río y de resaltar la caducidad del trasvase del Tajo al Segura.

   Otro aspecto importante es la necesidad de identificar y definir, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, todas las cuencas que conforman las demarcaciones hidrográficas, entendiendo que estas serán el marco de referencia para garantizar la protección y el uso sostenible del agua.