El pleno de las Cortes regionales aprobó hoy por unanimidad la ley por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, un organismo cuyo nacimiento lleva implícita la desaparición de la actual Dirección General del Agua, no supone ningún incremento de gasto en los Presupuestos, y persigue «trabajar más ágilmente en defensa del agua» de la Comunidad Autónoma.

   Así lo detalló el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, antes de que el nuevo texto legislativo saliera adelante tras el debate de las ocho enmiendas del Partido Popular que quedaron vivas tras su paso por la Comisión correspondiente, de las cuales seis fueron transadas por el PP, y aprobadas por ambos grupos y las otras dos fueron retiradas por el Grupo Popular.

   Concretamente, la diputada del PP María Luisa Soriano llegó a un acuerdo sobre la adscripción de la Agencia, que su grupo defendía se hiciera a la Vicepresidencia y no a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda por verlo un «tremendo error» y que no recayera su presidencia ni la resolución de expedientes y reclamaciones en el titular de este departamento, después de que el portavoz del PSOE, José Molina, le asegurara que no se puede decir al presidente del Gobierno dónde tiene que situar un determinado órgano de gobierno.

   El acuerdo también llegó respecto al hecho de que sea la propia Agencia –y no la empresa pública Aguas de Castilla-La Mancha– la que se encargue de la gestión de los cánones de aducción y depuración, dentro de las funciones que debe asumir, después de que el parlamentario socialista le dijera que la Agencia tiene, como puso el PP como condición, carácter público, y explicara que aceptar esta enmienda sólo serviría para «complejizar más la Administración».

   En el debate intervino el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que –tras concretarlo de viva voz el consejero– expresó su compromiso, demandado por María Luisa Soriano, de que la creación de la Agencia «no va a suponer un incremento de altos cargos», tampoco en las delegaciones provinciales, ya que se mantendrán los funcionarios ya existentes.

PARTICIPACIÓN HIDRÁULICA

   El acuerdo no se alcanzó, sin embargo, en la enmienda del Partido Popular que solicitaba planes de abastecimiento, de depuración, de regadíos, y de encauzamiento y defensa de los márgenes de los ríos pues, como detalló el portavoz socialista, es «difícil votar que se haga algo que ya se está haciendo» y el «plan de abastecimento ya se está haciendo». El PP, que en principio dejó viva esta enmienda, y la acabó retirando en aras del consenso, como explicitó Soriano.

   Previamente, Sánchez Pingarrón repasó algunos de los objetivos que tendrá este nuevo órgano, en materia de ejecución de obras de regadío, la ordenación de los recursos hídricos, la participación en el proceso de regulación hidrológica y la elección de los representantes de la región que participarán en los órganos correspondientes de la Administración hidráulica del Estado.

   Igualmente, se encargará de las autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hidrícos, la inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, fomentar las actividades públcias y privadas destinadas a un uso más racional del agua, la recaudación de los recursos económicos y la coordinación con otros órganos administrativos con competencias en la gestión del agua.