La Mesa pel Xúquer ha lamentado hoy que la «falta de voluntad política» de las administraciones competentes «para llevar adelante la implementación» del plan de cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar está causando «crispación», «desinformación» y «conflicto entre territorios».

Así lo ha manifestado la representante de la plataforma Xúquer Viu Graciela Ferrer en una rueda de prensa en la ha estado acompañada por miembros de la Mesa pel Xúquer, en la que ambas han expresado su malestar por la «demora» del plan de cuenca y las repetidas críticas vertidas por los regantes del Vinalopó sobre la calidad del agua del Júcar.

Ferrer ha aseverado que el camino para «cerrar controversias» pasa por la elaboración de «un plan de cuenca como toca», que cumpla la Directiva Marco del Agua (DMA) y que tenga como objetivos principales «la conversación de la buena calidad y disponibilidad del agua», «la recuperación de los ecosistemas» y la regulación racional de los usos.

En este sentido, ha reprobado la actitud de los regantes del Vinalopó que demandan agua de calidad procedente del trasvase Júcar-Vinalopó con fines agrícolas para, posteriormente, aplicar herbicidas.

Sobre este tema se ha pronunciado también el presidente de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea, quien ha afirmado que la calidad del agua del río Ebro «es de peor calidad» que el río Júcar, según unos estudios realizados, en referencia a la exigencia del Vinalopó que pide la reactivación del trasvase del río Ebro.

El alcalde de Hellín (Albacete), Diego García Caro, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con la decisión adoptada por la Junta de interponer un Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que Castilla-La Mancha intervenga en la tramitación de determinados contratos de cesión que autorizan el aprovechamiento de aguas de Hellín para regadíos en la Comunidad de Murcia.

   En declaraciones a Europa Press, García Caro ha manifestado que no entiende como después «de tanta lucha» y de conseguir en 2006 que el Gobierno central otorgase por escrito a las asociaciones de regantes sus derechos en materia de agua, «haya un número de regantes dispuestos a vender el agua». Además, ha criticado a la administración central por estar dispuesta a autorizar la venta.

   De este modo, el primer edil de Hellín ha señalado que en Castilla-La Mancha «el agua no está en venta» porque es un bien público, y ha pedido que si se da el caso en el que ciertos agricultores vendan el agua, éstos «no obtengan las ayudas del Pago Único de la PAC».

POZOS DE SEQUÍA

   De otro lado, ha señalado que ha mantenido conversaciones con el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, con el fin de que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 desaparezca una partida destinada a la reapertura de los pozos de sequía en los Campos de Hellín y la Tierra del Segura en mayo del año que vine.

   Para García Caro, este hecho es «una provocación» por parte de las autoridades nacionales y de la Confederación Hidrográfica de Segura al desconocer que la Cuenca del Segura tiene agua suficiente. Así, ha advertido de que «o quitan esas partidas o con la Ley en la mano vamos a cerrar esos pozos».

   «Se trata de una provocación que no vamos a aceptar provenga de quien provenga», ha asegurado el alcalde de Hellín, quien ha finalizado insistiendo en que «vamos a luchar con muchísima firmeza en este asunto».

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Antonio Martínez, ha concretado este miércoles la propuesta de la revisión de las Ordenanzas Fiscales para 2011, que plantea «la congelación de los precios públicos y las tasas, que no experimentarán subidas respecto a 2010, a excepción de una tasa y, en relación a los impuestos municipales, se actualizarán los módulos, coeficientes y porcentajes en un 1%, que es la evolución del IPC de agosto de 2008 a agosto de 2010».

   Martínez ha defendido en rueda de prensa que el equipo de Gobierno «cumple escrupulosamente nuestro compromiso electoral de adecuar los impuestos al Índice de Precios al Consumo», con estas ordenanzas que el viernes 22 se aprobará en Comisión de Hacienda y que pasará por Pleno la próxima semana.

   En ese sentido, en relación a los impuestos municipales, Martínez ha aclarado las circunstancias especiales para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y para la Plusvalía. Se baja el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana en un 6%, «por lo que pasa del 0,45% actual al 0,423%» y en la Plusvalía «se minoran en un 55% los porcentajes en vigor para paliar la eliminación, a fecha 31 de diciembre, de la reducción del 60% a la que se acogió el Ayuntamiento en su día».

   Una de las novedades es que «el euro solidario desaparece» de las Ordenanzas Fiscales. Según Martínez, a través de Emisalba se han ingresado 14.000 euros, a través del IMD, 40.000 euros y a través de Aguas de Albacete la recaudación ha ascendido a 800.000 euros y, del total, «alrededor del 10% es lo que se ha destinado a las ayudas sociales» concedidas a los 137 beneficiarios. Puesto que queda remanente, se ha optado por eliminar esta medida recaudatoria y habrá dinero suficiente para atender las peticiones de 2011 y el posible incremento porque «nuestra intención es flexibilizar las condiciones de acceso».

   El concejal ha explicado que la única tasa que no se congela es la del suministro de agua potable y saneamiento, en la que se mantienen las bonificaciones fiscales pero se actualizan las tarifas. «Para un  consumo medio de hasta 45 metros cúbicos por trimestre, que es el que tiene una familia de cuatro personas, el incremento al trimestre no superará, en el recibo, los dos euros», ha dicho Martínez.

   En esa actualización, ha añadido el concejal, está incluida la revisión del reglamento de vertidos, «los tres céntimos de euros que hay que ir incrementando en el pago de cada año, durante 25 años, a Aguas del Júcar», los cánones y mantenimiento de todas las plantas de agua y, «la subida desmesurada», como la ha calificado Martínez, «de las tasas por la utilización del acueducto Tajo-Segura».

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado, a instancias de las consejería de Agricultura y Medio Ambiente, una serie de líneas de ayudas que por un valor superior a los 36 millones de euros, irán destinados a los regadíos, a los jóvenes agricultores, y a la modernización de este tipo de explotaciones, «a fin de impulsar del desarrollo rural y la conservación del medio ambiente en la región».

   Así lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, que ha explicado que la primera línea de ayudas, la relativa a la actualización de los regadíos, supone una inversión de 14 millones de euros, para que los propietarios de las explotaciones puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos.

   Se establecen diferentes tipos de subvenciones, en función de si van dirigidas a estructuras comunes en el seno de entidades asociativas de riego, o para regadíos en explotaciones agrarias, ayudas que van a permitir la mejora de captación de agua; de las extracciones y equipos de bombeos; la mejora en las redes de agua para almacenar recursos; así como la aplicación de energías renovables en los sistemas de bombeo.

   Así, Rodríguez ha explicado que las dirigidas a los grupos de regantes, la cuantía de las ayudas rondará hasta un 50 por ciento de la inversión, con una ayuda máxima de un millón de euros, mientras que la dirigidas a las explotaciones agrarias particulares serán subvencionadas en un 40 por ciento, siendo también un millón de euros la cuantía máxima.

   Estas ayudas son importantes, ha dicho la portavoz, no solo por los 200 beneficiarios que tendrán, si no porque van a contribuir a hacer un uso sostenible del agua, en una región en la que estos recursos escasean, al tiempo que ha destacado que en Castilla-La Mancha el 95,8 de los sistemas de riego que usan los agricultores son «altamente eficientes», siendo la comunidad autónoma que hace un uso más eficiente de sus regadíos, al ahorrar cerca de 200 hectómetros cúbicos de agua.

   Otro de las ayudas aprobadas en este Consejo de Gobierno tiene como destinatario a los jóvenes agricultores, para conseguir un relevo generacional, y crear empleo en las zonas rurales. Para ello se ha aprobado un montante de 12 millones de euros, dirigidas a personas de entre 18 y 40 años.

   Con este dinero se subvencionará el pago de la primera anualidad del arrendamiento de tierra; los gastos notariales y registrales, o los costes de los avales de la primera instalación, pudiendo alcanzar por tanto los 40.000 euros, ha dicho Rodríguez, que ha añadido que hasta 300 personas se podrán acoger a estas ayudas.

   La portavoz ha continuado explicando la tercera línea de ayudas, cuyo valor asciende a 10 millones de euros, y dirigida a mejorar las instalaciones y explotaciones agrarias, a fin de ser «más competitivos».

   Serán beneficiarios de estas subvenciones los propietarios de estas explotaciones, ya sean personas físicas o jurídicas, que podrán recibir hasta 100.00 euros, ha indicado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que serán cerca de 700 las personas que podrán recibir estas inversiones.

   De otro lado, y también a instancias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha aprobado otras dos líneas de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos, y denominada «Fondo Verde», desde que se pusieron en marcha en 2005 .

   Destinadas a los consistorios incluidos en los espacios protegidos de la región, y zonas periféricas, estas ayudas financiaran actuaciones que sirvan para conservar el entorno natural, y para contribuir al desarrollo social y económico de estas zonas, ha indicado.

INVERSIÓN SOCIAL

   Así las cosas, el Consejo de Gobierno de este miércoles ha aprobado también, una inversión de 19,8 millones de euros en el ámbito del bienestar social, «que refleja que para los próximos años no hay recortes en las prestaciones sociales, sino que se consolidan y se garantizan», ha resaltado Rodríguez.

   Se trata de la convocatoria de subvenciones para la participación en programas de integración social del sistema de servicios sociales de Castilla-La Mancha, dirigidos a luchar contra la exclusión social en la región, y que realizan ayuntamientos, mancomunidades, entidades sin animo de lucro, o entidades privadas con iniciativa social.

   Según Rodríguez, gracias a la convocatoria de 2010 se han sufragado un total de 313 programas, de los 90 han sido llevados a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, y 223 por ayuntamientos, que tienen como resultado que Castilla-La Mancha «sea la comunidad  que más cohesión social ha alcanzado en los últimos, años según los informes de Cáritas», ha concluido.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha destacado este miércoles que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 61,1 por ciento más de agua que hace un año y un 128,6 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

   Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 47,1 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 128,6 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, según ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.  

   En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.593 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 47,8 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 604 hectómetros cúbicos.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 29,7 por ciento, mientras que ahora hay un 47,8 por ciento, es decir, 18,1 puntos más que el ejercicio anterior. Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 26,9 puntos más que la media de los últimos diez años.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha solicitado reunirse con los máximos dirigentes de las dos fuerzas políticas mayoritarias, para sentar las bases de un acuerdo que otorgue a la Administración la planificación general de todas las cuencas del territorio español.

   De este modo, Del Campo quiere que se eviten «injerencias» de las comunidades autónomas y se garantice «la prevalencia de los intereses generales en materia de agua». En ese sentido, ha reiterado la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión de cuenca para evitar «las guerras del agua que vienen produciéndose desde hace cuatro años».

   «Sería deseable que el Constitucional devolviera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir todas las competencias que tenía para restaurar así los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca», ha dicho en relación a la futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto Andaluz por atribuirse las competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir.

   Además, ha señalado que el caso de Andalucía ha sentado un «mal precedente», alentando a comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León a «asumir la titularidad sobre los ríos que transcurren por su territorio».

La comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado ha aprobado por unanimidad una moción por la que se insta al Gobierno a presentar en un plazo «máximo» de dos meses los planes de cuenca para la gestión hidrográfica del Miño-Sil y del Duero y del plan del Cantábrico.

   La moción, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, ha contado con la inclusión de una enmienda del partido socialista por la que se pide al Ejecutivo central «agilizar lo antes posible» y dentro de los plazos «administrativos previstos» la presentación del plan de cuenca del Cantábrico.

   Todos los grupos han votado a favor de la enmienda presentada por los socialistas y han coincidido en subrayar la necesidad de que se terminen «cuanto antes» los planes hidrográficos.

   Además, el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza ha pedido que en estos proyectos se recoja el «caudal mínimo» que debe de tener un río para que «sólo» se pueda alterar por razones naturales y «no» por intereses privados de las empresas hidroeléctricas.

   «Celebramos el acuerdo porque de esta manera se permite salvar la actual situación y establecer e instar al Gobierno a cumplir con el compromiso en estas cuencas», ha recalcado el senador por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana Josep María Batlle Farrán.

 El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha dado este miércoles la «bienvenida» a la propuesta que ha lanzado el Partido Socialista de crear una entidad gestora de los ríos con la que, a su juicio, se abre «un periodo de reflexión» que «debe atender las demandas de la sociedad».

   Durante la presentación en el Palacio de Zurbano de Madrid del III Congreso Internacional ‘El Canal de Castilla. El agua que nos une’ que se celebrará del 20 al 22 de octubre en Palencia, Puxeu ha considerado que se debe continuar la senda de los últimos años para «asegurar el abastecimiento y la calidad de las aguas y el cumplimiento de la directiva marco comunitaria».

   No obstante, Puxeu ha destacado que el Estado autonómico cuenta con un marco singular «muy eficiente», unas competencias «bien definidas» además de «unos estatutos de nueva generación que también indican el marco en el que debemos movernos en la gestión de las distintas competencias».

   «Las discusiones de en que ámbito están muy prefijadas en nuestra legislación de aguas, la directiva marco de aguas y una voluntad muy amplia y consensuada de llegar a acuerdos en la gestión. No se oculta que detrás de la discusión de la gestión de un recurso vital para el desarrollo, para la economía y para el medio ambiente, hay un debate territorial», ha añadido.

   «Ese es el escenario», ha señalado para añadir que a partir de ahí el Partido Socialista da, a su juicio, apoyo al Gobierno y lanza una idea de como gestionar un recurso  «en el que por lo visto puede conseguir consensos en medio y largo plazo».

   Por su parte, ha asegurado que la Administración General del Estado seguirá «con el día a día, gestión y eficacia en las inversiones» atendiendo «muy de cerca» que ese proceso vaya por ese camino» pues, a su juico, lo fácil en el debate del agua es «ir a la confrontación y a la discrepancia» mientras que lo que los ciudadanos reclaman es «buena gestión, eficiencia y seriedad».

   «Por tanto, doy la bienvenida al debate y periodo de reflexión que espero que sea duradero para el bien de todos los ciudadanos», ha concluido.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, ha afirmado que la posibilidad de que el Gobierno central apruebe prorrogar el Plan de Cuenca del Júcar «no nos parece de recibo» y ha añadido que dicho Plan «debe aprobarse ajustándose a la Ley y a las sentencias de los tribunales».

   Así lo ha asegurado Moreno en declaraciones a los medios con motivo de su visita al Centro de Operaciones del 112 en la Feria de Albacete, donde ha señalado que «lo que se debe hacer es no dilatar más una situación que es lesiva para los intereses de los castellano-manchegos».

   En este sentido, el consejero ha insistido en que lejos de prorrogar el Plan, se debe establecer un Plan de Cuenca «que sea de verdad de la Cuenca del Júcar y no de otros ríos que no tienen nada que ver la Cuenca y, desde eso, satisfacer las legítimas aspiraciones de los castellano-manchegos», ha concluido.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha reiterado este miércoles que el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, está «negociando» con los grupos catalanes en el Congreso su proposición de Ley del Agua, utilizando para ello el incremento del caudal ecológico del Ebro, y ha advertido de que, de llevarse a cabo «estos planes», la Comunitat se quedaría sin agua tanto del Ebro como del Tajo-Segura.

   Cotino, que ha visitado en Gandia (Valencia) las obras de rehabilitación integral del grupo Porta del Cristo, ha señalado que se trata de una «maniobra» de Barreda. «Es duro decirlo, pero las cosas creo que es mejor que se descubran en el primer momento», ha dicho, con el fin de que «todo el mundo sepa en qué estamos jugando y que se está persiguiendo».

   El vicepresidente del Consell ha incidido en que existe «una realidad que es que el presidente castellano manchego quiso en su Estatuto llevar unos temas que no procedían, que era tener las competencias del Estado en materia de agua». Al no salir el texto adelante porque «los grupos catalanes no lo apoyaron», «ahora intenta que salga presentando un decreto ley que propondrá para que se vote en el Parlamento», en referencia al anuncio realizado por Barreda de llevar ante el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa que contendrá «todas y cada una» de las «justas aspiraciones en materia de agua que contenía el Estatuto de Autonomía».

   En esta línea, ha asegurado que Barreda «está negociando con los grupos catalanes para que aumente el caudal de la reserva del agua del Ebro», y ha advertido de que, de ser así, «supondría que a la Comunitat Valenciana no le llegaría agua del Tajo-Segura por la parte de Alicante, ni al resto del territorio el agua definitiva que debe venir del Ebro».

   «Esa es la maniobra que está haciendo el presidente de Castilla la Mancha», ha apuntado. «Cuando han salido noticias que dicen que el causa ecológico del Ebro debe doblarse y cuando sale una noticia en la que dice Barreda que, en lo que está relacionado con el agua quiere llevarlo al Parlamento para que se apruebe y, para eso necesita los votos de los catalanes, blanco y en botella», ha señalado.