Reclama al Gobierno que apruebe un decreto ley con medidas urgentes para paliar los daños por incendios forestales en la Comunitat

   VALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha criticado que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «está negociando con los nacionalistas y con los socialistas catalanes la aprobación de su Ley del Agua, utilizando como moneda de cambio y con el beneplácito de José Luis Rodríguez Zapatero, el incremento del caudal ecológico del Ebro», según ha informado la Generalitat.

   Cotino ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, con el fin de trasladarle las peticiones del Gobierno valenciano en materia hídrica, así como de prevención de inundaciones y de ayudas a las zonas afectadas por los incendios de la pasada semana.

   El vicepresidente social del Consell ha expresado su «rechazo absoluto» a la propuesta de Barreda de «aprobar mediante una ley las reivindicaciones en materia hídrica del frustrado Estatuto de Autonomía», por considerar que éste «quiere, por la puerta de atrás, aprobar una ley que haga inviable el trasvase Tajo Segura y que, por lo tanto, deje seca a la provincia de Alicante».

   En este sentido, ha alertado de que «si las pretensiones de Barreda en colaboración con los nacionalistas y los socialistas catalanes llegaran a producirse, cosa que el Partido Popular rechaza de plano, el daño a la Comunitat Valenciana sería irreversible».

   En cuanto a la posibilidad de duplicar los caudales ecológicos, ha asegurado que la Generalitat «no se opone en ningún caso a una mejora con aportaciones de aguas depuradas, pero lo que no va a aceptar –ha recalcado– es un incremento del caudal ecológico que perjudique el derecho que tienen todos los españoles a utilizar las aguas excedentarias que existen en España».

   Así, ha reiterado la «necesidad» de que «exista una Autoridad Hídrica Nacional que aplique el principio de justicia distributiva y, por lo tanto, lleve el agua de donde sobra a donde hace falta, y que esta agua tenga una calidad suficiente tanto para la agricultura como para el abastecimiento humano».

   «España necesita una autoridad única del agua que administre este recurso escaso teniendo en cuenta las necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas y evitando la confrontación entre ellas», ha subrayado Cotino, quien ha reivindicado que «la justicia distributiva es un principio inamovible en aquellos bienes que son de todos y a su vez escasos, como es el caso del agua».

MANTENER EL ACTUAL PLAN DE CUENCA DEL JÚCAR

   En el transcurso de la reunión, Cotino ha trasladado el rechazo del Gobierno valenciano a la modificación del actual Plan de Cuenca del Júcar y ha reiterado su petición, aprobada con el «consenso» de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana, de «mantener el ámbito de planificación existente», por considerar que «es el más adecuado para resolver los problemas de gestión del agua sin dividir el sistema de explotación Vinalopó Alacantí».

   Según las mismas fuentes, Puxeu ha asegurado que «de momento, la planificación actual seguirá vigente».

   Por otro lado, durante el encuentro celebrado con Puxeu, Cotino ha solicitado al Gobierno central la aprobación de un real decreto ley que incluya «medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales en la Comunitat Valenciana».

DECLARACIÓN DE ZONA DE ACTUACIÓN ESPECIAL

   Además, Cotino ha instado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a que «declare como zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental los términos municipales afectados», y a que determine «la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento con el fin de paliar los daños provocados por los incendios».

   Entre las actuaciones que ha solicitado que se declaren de emergencia, destaca la restauración forestal y medioambiental, ayudas y actuaciones en actividades agrícolas y ganaderas, ayudas excepcionales en materia de vivienda para la reparación y rehabilitación, ayudas por daños materiales en enseres y establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y de otros servicios, y subvenciones derivadas de daños en infraestructuras y equipamientos municipales y red viaria en los términos municipales afectados.

   Por último, Cotino ha trasladado al representante del MARM la «necesidad» de que el Gobierno central lleve a cabo «un plan urgente de limpieza de barrancos, puesto que se trata de una competencia de las Confederaciones hidrográficas, y es totalmente necesario con el fin de evitar inundaciones ante las lluvias torrenciales que caracterizan el otoño en la cuenca mediterránea».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, ha calificado como «una noticia importante» que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) esté pensando en duplicar el cauce ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y ha añadido que «poco a poco se van haciendo realidad todas las legítimas aspiraciones que tenía Castilla-La Mancha» con respecto al Plan Hidrográfico del Tajo.

   A preguntas de los medios con motivo de una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, Sánchez Pingarrón ha dicho que duplicar el caudal tiene dos ventajas como que el río a su paso por Toledo «tiene que pasar limpio», así como un efecto sobre la planificación del río en la medida en que hay que garantizar el caudal ecológico.

   «Creo que poco a poco, de una forma muy pragmática, estamos consiguiendo lo que nos habíamos planteado, que hay que acabar con el trasvase no solo porque no estemos de acuerdo, sino porque no es posible mantener el trasvase cuando el agua del Tajo se retiene en la cuenca del río», ha argumentado.

DEPURADORAS DE MADRID

   Preguntado sobre la opción de inyectar agua desde las depuradoras de Madrid en el río, el consejero ha dicho que «no nos gusta» y ha añadido que «lo que queremos agua limpia». «Ya recibimos agua depurada de Madrid, ya entra en este momento y no creo que haya capacidad de que entre más», ha sentenciado.

   «Lo que se está depurando en Madrid no siempre en condiciones buenas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que haya un caudal ecológico porque además es una directiva europea que establece que en el 2015 hay que tener en buen estado todas las masas de agua y hay que cumplir esa directiva también en el Tajo», ha apostillado.

   Del mismo modo, ha afirmado que «no es posible» seguir enviando esa remesa de agua al Levante «porque no hay capacidad». Además, ha añadido que se da la circunstancia de que esas regiones del Levante tienen otra posibilidad que es la desalación con plantas que les permiten desalar casi 180 hectómetros cúbicos, «por lo que si las ponen en marcha tienen cubiertas la mayor parte de sus necesidades».

«DURA BATALLA»

   Por su parte, el alcalde de Toledo, que también ha calificado la posibilidad de ampliar el caudal ecológico del Tajo como «una muy buena noticia», ha manifestado que «si el Tajo lleva el doble de agua como mínimo en Aranjuez, significa que a su paso por Toledo llega bastante más e, incluso, más a su paso por Talavera, porque es en Aranjuez donde se mide lo que viene de la cabecera».

   «Por tanto, es una buena noticia, una noticia que es consecuencia de la dura batalla que se ha llevado desde Castilla-La Mancha, pero eso no acaba con todo el debate del agua en España ni acaba con la reclamación del fin del trasvase porque como en la misma noticia además va el Ebro y en el Ebro también se va a ampliar el caudal ecológico. Es un debate en el que no vamos a ceder», ha añadido.

   Finalmente, el regidor toledano se ha preguntado «¿qué se diría en Murcia si nosotros nos quedáramos con el agua del Tajo según viene de la cabecera y el agua depurada de Madrid fuera a Murcia?», respondiéndose así mismo que «sería curioso». «Si se pusiesen en nuestra piel entenderían porque hablamos como hablamos aquí de agua», ha concluido.

El Partido Popular defenderá este martes ante la Comisión de Industria del Congreso una proposición no de ley que exige al Gobierno que tome las medidas en materia energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso, en un momento en el que las negociaciones para alcanzar un pacto de Estado entre el Gobierno y el primer partido de la oposición se encuentran bloqueadas.

   El PP anunció en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión del pasado miércoles su intención de defender la misma iniciativa que presentaron a finales de junio, a pocos días de la revisión de la tarifa de la luz. En ella exigían las medidas necesarias de política energética para que la Tarifa de Último Recurso (TUR) y los peajes de acceso no subieran el próximo mes de julio.

   No obstante, los ‘populares’ se ‘autoenmendarán’ para eliminar la referencia temporal y actualizar el texto original, que se registró inmediatamente antes de que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaran por sorpresa un acuerdo para la congelación tarifaria y el inicio de conversaciones sobre el pacto de Estado sobre energía.

   Sin embargo, las negociaciones no han dado los frutos deseados y tras el periodo vacacional, ambas partes han desistido de convocar nuevas reuniones técnicas para alcanzar acuerdos en torno al borrador de trabajo, tras constatar algunas diferencias insalvables sobre las principales cuestiones del sector energético, si bien podrían alcanzar acuerdos puntuales sobre algunas cuestiones concretas.

   Inicialmente, tanto Sebastián como Montoro coincidieron en la necesidad de contener los costes del sistema para evitar un encarecimiento del precio de la luz, si bien el PP ha insistido en su negativa a aplicar subidas en la tarifa de la luz que mermen la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias, así como en mantener su rechazo al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

   Por su parte, el Ministerio de Industria, pese a su disposición a recortar costes para contener el precio de la electricidad, considera poco realista la posición del PP, a la vista de que el sistema debe asumir todos los costes regulados y, además, el progresivo encarecimiento de la energía conforme se consolida la recuperación económica.

REVISIÓN DE LA LUZ

   De hecho, entre la regulación remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) figura el borrador del decreto que permitirá la revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz cuando las circunstancias lo aconsejen.

   El objetivo de Industria es implantar revisiones trimestrales, en vez de semestrales como en la actualidad, que ajusten la tarifa a la evolución de los precios de la energía y ofrezcan una señal menos distorsionada.

   Pese a que es probable que el modelo no empiece a funcionar hasta el próximo año, el operador del mercado eléctrico, Omel, ya ha comenzado a realizar subastas trimestrales de electricidad entre los comercializadores de la TUR, y ha fijado el próximo 23 de septiembre como fecha para la próxima puja.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha respondido este sábado a la secretaria general del PP y presidenta de la formación en la región, María Dolores de Cospedal, que la proposición de ley sobre agua contendrá las demandas que apoyó en las Cortes regionales y su partido rechazó en el Congreso.

   En declaraciones a los medios en la Feria de Albacete a preguntas de los periodistas, Barreda ha dicho que Cospedal «debería» conocer el contenido de la proposición de ley que se llevará a las Cortes Generales porque «básicamente va a contemplar todos los aspectos que observaba el Estatuto de Autonomía».

   «Un Estatuto –ha agregado– que ella votó en las Cortes de regionales y que, sin embargo, votó en contra, o hizo que su partido votara en contra en el Congreso de los Diputados». De esta forma, ha considerado que «si le interesara Castilla-La Mancha, sabría en qué consiste la Ley del Agua».

   El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la región está creciendo «demográficamente e industrialmente». «El agua es un bien cada vez más escaso, que nosotros queremos utilizar al máximo», ha enfatizado.

   «Queremos que Castilla-La Mancha forme parte de los órganos de gestión del agua, que la región sea determinante en las decisiones que se toman sobre un recurso que es de todos los españoles, naturalmente, pero también y sobre todo de los castellano-manchegos, porque para eso somos la cuenca cedente», ha subrayado.

   Dicho esto, preguntado por si cree que se aprobará la proposición de ley sobre agua en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que «el Gobierno de España ya ha dicho que apoya lo que ya apoyó en el Congreso de los Diputados», asegurando que «ahora se apoyará de nuevo».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana contra el Estatut de Catalunya.

   En el caso de Aragón y Baleares, la decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata, mientras que en el de la Comunidad Valenciana han manifestado su discrepancia Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

   Los recursos de Aragón y Baleares rechazaban la regulación que el Estatut hacía del Archivo de la Corona de Aragón, mientras que el de Valencia se centraba en la gestión del Ebro.

    El Pleno venía reuniéndose desde el pasado lunes para estudiar estos recursos y en sus sesiones ha estado presente el magistrado Pablo Pérez Tremps, quien no pudo participar en las deliberaciones sobre la impugnación realizada por el PP tras aceptarse la recusación que presentó contra él el citado partido.

   En el caso de los recursos de Aragón y Baleares, la decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata, mientras que en el de la Comunidad Valenciana han manifestado su discrepancia Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

   Tanto Aragón como Baleares habían recurrido la disposición adicional decimotercera del Estatut, en la que se establece que Los fondos propios de Catalunya situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Catalunya.

   En el caso de la Comunidad Valenciana, el Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad en lo referido a seis artículos relativos a financiación y competencias de las administraciones locales y la disposición adicional séptima, en la que se enumeran la relación de tributos cedidos por el Estado.

AVALA LA GESTIÓN DEL EBRO

   El alto tribunal no se pronuncia sobre el artículo 117.4, también recurrido por la Comunidad, porque ya lo avaló en la sentencia en la que analizaba el recurso presentado por el PP. Este precepto atribuía al Gobierno catalán la capacidad de «emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial».

   A este respecto, la sentencia por el recurso del PP señalaba que el informe al que se refiere la norma catalana «es preceptivo pero no vinculante» y que «se comparece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma».

   El alto tribunal avala que el desarrollo de las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat corresponda a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (artículo 201.3 del Estatut) y que el Gobierno catalán disponga de «plena autonomía de gasto para poder aplicar libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus instituciones de autogobierno» (art. 202.2).

   También rechaza el recurso de la Comunidad Valenciana referido al artículo 203.1, que atribuye al Gobierno catalán «la capacidad para determinar el volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente».

   El Constitucional también avala que la capacidad normativa de la Generalitat de Catalunya incluya «la participación en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota (art. 203.3), así como «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos totalmente y dichas funciones, en la medida en que se atribuyan, respecto a los cedidos parcialmente» (art. 203.4).

   De igual forma, rechaza el recurso en lo referido al artículo 203.6, que establece que «el ejercicio de la capacidad normativa en el ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los principios de equidad y eficiencia». También respalda el artículo 205, que atribuye a la Generalitat la posibilidad de asumir la revisión de las reclamaciones de los contribuyentes.

COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

   Otro de los artículos recurridos por el Gobierno valenciano que avala el Constitucional es el 218, que estipula la autonomía y competencias financieras de los ayuntamientos catalanes. De esta forma, los gobiernos locales tendrán «autonomía presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recursos» (art. 218.1) y «capacidad para regular sus propias finanzas», incluida «la potestad de fijar la cuota o el tipo de los tributos locales, así como las bonificaciones y exenciones» (art. 218.3).

   La Generalitat de Cataluña, por su parte, podrá «establecer y regular» los tributos propios de los ayuntamientos (art. 218.2) y llevar a cabo «el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetando la autonomía que les reconoce la Constitución» (art. 218.5).

   También se avala el artículo 219.2, que atribuye al Gobierno catalán la capacidad de percibir los ingresos de los gobiernos locales consistentes en participaciones en tributos y subvenciones incondicionadas estatales y distribuirlos de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales de Catalunya.

  El Constitucional también rechaza el recurso valenciano en lo relativo a la Ley de Haciendas Locales de Catalunya (art. 220) y la regulación del catastro (art. 221), en el que el Gobierno catalán podrá participar de forma consorciada con el Estado y las administraciones municipales.

YA SE PRONUNCIÓ SOBRE SOLIDARIDAD

   Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado la pérdida de objeto de la impugnación efectuada por la Comunidad Valenciana del artículo 206.3 del Estatut, que preveía que la aportación de la Generalitat a la solidaridad y a la nivelación de servicios se realizará «siempre y cuando las Comunidades Autónomas lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar», ya que este asunto ya fue interpretado en la sentencia del Estatut por el recurso del PP.

   En este sentido, el alto tribunal ya ha establecido que sólo corresponde» al Estado determinar cuál debe ser el «esfuerzo fiscal» que deba realizar Catalunya y el resto de autonomías, puesto que es el único garante de la solidaridad.

   Igualmente, el fallo de la sentencia sobre el recurso interpuesto por Valencia avala la constitucionalidad de ese mismo artículo en su apartado 5, en el que se señala que el Estado debe garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación «no altere en ningún caso la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación».

   Del mismo modo el alto tribunal establece que no es inconstitucional el artículo 210, también impugnado por la Comunidad Valenciana, en su apartado 1, donde se señala que La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat es el órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica.

   Finalmente, el Tribunal Constitucional también ha declarado la adecuación a la Carta Magna de la disposición adicional tercera del Estatut, siempre que se interprete en el sentido en que lo hizo la sentencia sobre el recurso del PP.

   Esta disposición señala que la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha asegurado que el proceso para presentar la proposición de ley sobre agua –iniciativa que anunció durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la semana pasada– se va a empezar «inmediatamente».

   El presidente ha explicado que la iniciativa parlamentaria debe ser aprobada por las Cortes regionales, que es quien posteriormente eleva la iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados. «Hay que darse prisa», ha apostillado tras poner la primera piedra del Teatro Auditorio Quixote-Crea en Toledo.

   Preguntado por el encuentro de este lunes entre el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, y el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, Barreda ha afirmado que «está bien que los regantes de Murcia traten de defender lo que ellos interpretan que son sus intereses», cosa que él también hace con los representante del sector agrario cada vez que tiene «ocasión» porque su «obligación primera es defender los intereses de nuestra tierra».

    El presidente ha dicho que por este motivo está recibiendo desde Murcia «algunos insultos y descalificaciones, algunos de ellos de dudoso gusto», que prefiere no comentar.

    En cualquier caso, ha dicho que le gustaría que los planteamientos de Valcárcel «no coincidan» con el de alguna persona «influyente e importante, cuya capacidad de decisión es fundamental» –en referencia a secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal– y que el planteamiento en materia hídrica de esta persona coincida de manera «total» con «la gente de Castilla-La Mancha, con su gobierno y con sus regantes».

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha afirmado que el presidente de la Junta, José María Barreda, «no tiene credibilidad» al anunciar que llevará al Congreso una Proposición de Ley en la que se incluyan las reivindicaciones sobre agua que contenía el Estatuto de Autonomía, al tiempo que le ha pedido que renuncie a «vivir a costa del agua».

   En rueda de prensa en las Cortes, Tirado se ha pronunciado así al ser preguntado por si el PP apoyará la Proposición de Ley que el PSOE llevará a las Cortes Generales con las demandas del Gobierno regional en materia de agua para Castilla-La Mancha. «Barreda no tiene credibilidad, ha mentido y sigue volviendo a engañar a los castellano-manchegos», ha respondido.

   En este sentido, el diputado ‘popular’ ha asegurado que el Gobierno regional «miente» cuando dice que el PP no defendía en su propuesta sobre el Estatuto de Autonomía la prioridad de la cuenca cedente. «¿Qué podemos esperar de un presidente que se dedicó a mentir durante todo el proceso del Estatuto?», se ha preguntado.

   «Cospedal quiere agua de calidad para los castellano-manchegos, para los agricultores», ha subrayado Tirado, afirmando que en Castilla-La Mancha «hace falta verdad y transparencia» y «no vivir a costa del agua» como, a su juicio, hace el Gobierno regional.

   Es más, a su entender, la Proposición de Ley sobre agua que anunció el presidente de la Junta durante el Debate sobre el Estado de la Región que se celebró la semana pasada es una «cortina de humo» para «no hablar de los recortes sociales» que, según ha afirmado, realizará el Gobierno regional en sanidad y educación pública.

La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, está esperando al resultado de la reunión que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, va a tener con el presidente de los regantes, José Manuel Claver, este lunes, para hacer «su argumentario» sobre el tema.

   En rueda de prensa, Padilla ha señalado que tras esta reunión Cospedal «puede estar tranquila» porque ya tras la reunión «sabrá» lo que dice Valcárcel en materia hídrica, y qué opina de la propuesta del presidente regional, José María Barreda, de elevar al Congreso una Proposición de Ley con las reivindicaciones de Castilla-La Mancha en este ámbito.

   La responsable socialista se ha cuestionado a qué «tanto nerviosismo» por parte de Cospedal en lo que al agua se refiere y se ha respondido que quizá sea porque la líder del PP «no puede decir nada» hasta que Murcia y Valencia se pronuncien sobre la propuesta.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado que no escucha al presidente castellano-manchego, José María Barreda, sino que escucha y defiende «el interés de los murcianos».

   Valcárcel, que se reunirá el lunes con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, para abordar la situación del trasvase, ha remarcado que la postura del Ejecutivo murciano en la cuestión del agua «está basada en la solidaridad y en la ausencia de enfrentamiento».

   «Mientras, otros entienden la política hídrica de manera distinta, ya que faltan a los preceptos constitucionales y presentan estatutos de autonomía que no están en consonancia con la Constitución Española», ha destacado en declaraciones a RNE. Además, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo castellano-manchego «trata de justificar sus fracasos políticos buscando al prójimo, es decir, a los murcianos y a su presidente, para culparles de sus males».

   Por otro lado, Valcárcel ha recordado que Barreda dijo que si se cambiaba una sola coma del texto que presentaron en el Congreso lo retiraría. «No es que se haya cambiado, es que el Estatuto ha sido devuelto a las Cortes castellano-manchegas por inconstitucional e insolidario», ha indicado.

   En este sentido, el presidente murciano ha manifestado que su labor «es defender el interés de los murcianos». «Lo hago de la mejor manera que sé hacerlo y además procuro que se evite, como se ha evitado, que prosperen estatutos insolidarios y anticonstitucionales», ha añadido.

   Igualmente, ha apuntado que desde el Ejecutivo regional seguirán «sumando esfuerzos y haciendo lo posible para que se entienda a nivel nacional que lo necesario y urgente es alcanzar un pacto de Estado entre las grandes formaciones políticas que resuelva de una vez por todas el problema de la falta de agua en España».

EL ESTADO ES EL QUE DEBE GESTIONAR EL AGUA

   Por otro lado, el jefe del Ejecutivo murciano ha subrayado que «es el Estado» el que tiene que tomar decisiones en esta materia y no las autonomías. «En España hay agua, pero mal distribuida, por lo que su planificación y gestión no tiene que ver con las comunidades autónomas, sino con el Gobierno central, que es el competente», ha explicado.

   Y es que, según ha señalado, «el Gobierno regional entiende la política hídrica desde el compromiso con los murcianos, que no es incompatible con los intereses del resto de la Nación, incluida, por tanto, Castilla-La Mancha».

   Al hilo, ha destacado que el proyecto que presentó hace unos años para desarrollar el trasvase complementario del Tajo-Medio tenía como fin beneficiar de igual forma a Castilla-La Mancha y a la Región de Murcia, y ha recordado que «nunca ha atacado ningún interés legítimo de Castilla-La Mancha».

   «Todo lo contrario, he dicho que la prioridad es evidente que la tiene esa comunidad y que no pediremos nosotros los murcianos el agua que requieren los castellano-manchegos, pero sí aquella otra cantidad que se podría ir al mar», ha aclarado.

   Finalmente, Valcárcel ha afirmado que la Región de Murcia «es próspera, productiva y su agricultura contribuye solidariamente con el resto de España, puesto que sus productos salen al exterior y esto repercute de manera positiva al PIB nacional».

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha considerado «maximalistas» algunas de las peticiones formuladas por los regantes, y ha precisado que «más que una ley» orgánica del agua, lo que demandan es «atención», que haya «suficientes» recursos «en calidad y cantidad» y que se avance en la aplicación de una nueva regulación de las tarifas eléctricas.

   Puxeu ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) de desarrollar una ley orgánica en materia de aguas que «ponga coto definitivamente a las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado».

   A juicio del responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), algunas de las peticiones de los regantes son «maximalistas». Cree además que lo que estos piden es tener recursos «en condiciones» para poder definir «estrategias económicas y de futuro estables», así como un marco regulatorio que les permita seguir con su actividad y crecer.

   En este sentido, tras afirmar que es «fundamental» para España tener un sector agrario y agroalimentario «potente» ya que en la actualidad «somos líderes» en este ámbito, ha reconocido que la agricultura y la ganadería «dependen en buena parte» del regadío.

   Puxeu ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios posterior a la clausura del encuentro ‘Política de Agua en España. Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad’, que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que también ha participado representantes de los regantes.