El Esquema de Temas Importantes (ETI) de la cuenca del Segura, que es el documento que relaciona los asuntos importantes en materia de agua que deben ser recogidos en el Plan Hidrológico del Segura, ha sido aprobado con el voto favorable del 98 por ciento de los asistentes al Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

   Esto quiere decir que han votado a favor 83 de los 84 asistentes, incluido el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, y ha salido adelante con el único voto en contra de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, representado por Julia Martínez.

   El acto ha sido oficiado por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, y estaban convocados 84 representantes de las administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, así como usuarios y asociaciones en defensa de intereses medioambientales, económicos y sociales.

   Según ha declarado Ródenas a los medios de comunicación tras la reunión, el visto bueno al ETI «nos anima a avanzar rápidamente en el paso siguiente, que es el borrador del Plan Hidrológico de la cuenca que queremos presentar cuanto antes con las ideas que se han plasmado ya».

   Ródenas ha admitido que el Esquema de Temas Importantes de la cuenca del Segura tiene referencias al Tajo, pero «en aquellas cosas que son referencias de leyes o datos que están recogidos. Se trata de cosas que están ahora mismo en negociación».

   Asimismo, ha reconocido que el ETI incluía algún párrafo «que no era afortunado, que estaba fuera de lugar, porque no es objeto del Esquema hablar de futuro, sino simplemente hablar de la situación en la cuenca del Segura».

   Tras ser aprobado el ETI, la CHS presentará cuanto antes a información pública el proyecto de borrador de Plan Hidrológico de la cuenca del Segura y, a continuación, habrá un plazo de seis meses para que todo el mundo pueda informar, opinar e introducir alegaciones.

   Finalmente, una comisión de planificación que irá analizando todas las cuestiones para que su manejo sea más sencillo en el Consejo del Agua, que será el encargado de someter el documento al último examen. El Plan Hidrológico tendrá que ser analizado finalmente por el Consejo Nacional del Agua y al Consejo de Estado, por lo que conlleva una tramitación «larga».

   Al ser preguntado por la influencia de la previsión de caudales trasvasables desde el Tajo, Ródenas ha aclarado que el ETI es «una lista de problemas que hay en la cuenca del Segura», con el fin de que el Plan Hidrológico los desarrolle.

   El problema más importante, explica, es el «mantenimiento del regadío, de toda la riqueza creada y los puestos de trabajo que supone su actividad». Esto, a su juicio, tiene que ser recogido y estudiado en el plan de cuenca.

   Ha recordado que la aprobación del Plan Hidrográfico lleva cinco años de retraso. Cabe recordar que el retraso de la planificación de las cuencas a nivel nacional se ha traducido en una multa de 100 millones de euros por parte de la Unión Europea al Estado español, a lo que hay que sumar 200.000 euros diarios de penalización.

DÉFICIT DE LA CUENCA DEL SEGURA

   Ródenas ha señalado que el ETI no reconoce las necesidades del regadío, sino que se trata de un asunto que debe recoger el Plan de cuenca. «Nos interesa que el Plan se apruebe cuanto antes, porque hay que llevárselo cuanto al Gobierno de España», ha señalado.

   De momento, el presidente de la CHS ha señalado que el ETI no recoge el déficit de la cuenca del Segura, sino que aparecerá en el borrador del proyecto de Plan Hidrológico de cuenca.

   Ha achacado la «confusión» a este respecto a que el anterior ETI «fue más allá de su contenido y se intentó hacer un avance del Plan donde se incluyeron unos déficits».

   En este caso, ha dicho que el déficit se conocerá cuando el Plan de la cuenca esté presentado en información pública, y la intención es que sea «cuanto antes».

 La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentra al 55,6 por ciento de su capacidad total, ya que actualmente dispone de 1.861,1 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 18,6 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. El año anterior fue de 1.796,9 hm3 y la media de los últimos 10 años es de 1.300 hm3.

   Según ha informado la CHJ en un comunicado, el mayor incremento lo ha registrado el sistema del Júcar –que tiene embalsados 1.337,1 hectómetros cúbicos y se encuentra al 56,9 por ciento. La capacidad total es de 2.349 hm3, el año pasado tenía embalsados 1.247 y la media de los últimos 10 años es 738,1 hm3.

   En el resto de sistemas, el del Turia tiene embalsados 129,3 hectómetros cúbicos y se encuentra al 43,9 por ciento. Su capacidad total es de 294,5 hm3 y el pasado año fue de 179,2. La media de los últimos 10 años es de 195,9 hm3.

   El sistema Mijares tiene embalsados 106,2 hm3 de una capacidad total del 186,2 (el 57 por ciento). El año anterior fue de 98,4 y la media de la última década de 100,4 hm3.

   El de la Marina Baja, 23 hectómetros de capacidad actual de un total de 28,8 (el 79,8 por ciento). El año anterior fue de 24,7 hm3 y la media de los últimos 10 años es de 20,7 hm3.

   El embalse del Cenia dispone de 10,2 hectómetros cúbicos actualmente de una capacidad total de 11 (el 92,7 por ciento). El año anterior era de 2,8 y la media de la última década es de 7,5 hm3.  

   El del Serpis tiene embalsados 24,2 hectómetros cúbicos de un total de 27 (al 89,8 por ciento). El año anterior fue de 24,2 hm3 y la media de la pasada década fue de 20,7 hectómetros cúbicos.

   Por último, el embalse del Palancia tiene embalsados 5 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 6 (al 82,9 por ciento). El año anterior fue de 5,5 y la media de la década fue de 5,5 hm3.

Componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albacete han detenido a F.V.G., de 36 años de edad, de G.J.M.G., de 35 años y de J.F.F., de 25 años, todos ellos vecinos de la capital albaceteña, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio cometido en una explotación agrícola de la pedanía de Villar de Chinchilla-Chinchilla, en esta provincia.

   La denuncia presentada por el propietario de un terreno agrícola, sito en el término municipal de Villar de Chinchilla, ante la Guardia Civil de Chinchilla, en la que esta persona ponía de manifiesto que le habían sustraído tres contenedores de agua destinados al regadío de unas tierras, dio origen a las primeras investigaciones.  

   Las gestiones llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Chinchilla y de Albacete permitieron localizar y recuperar los tres bidones sustraídos, que habían sido trasladados a una nave de un conocido polígono industrial próximo a la capital albaceteña, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

   Los tres bidones localizados, cada uno de ellos con una capacidad de 1.000 litros, estaban valorados, según su propietario, en 600 euros y fueron reconocidos por éste al serle mostrados por la Guardia Civil, quien le hizo entrega de ellos en calidad de depósito.

   Los detenidos y las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número uno de Albacete, en funciones de guardia.

   Esta actuación policial se engloba dentro del ‘Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas’ que lleva a cabo la Guardia Civil de la provincia de Albacete.

 El consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la comunidad valenciana, José Císcar, ha anunciado que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia firmarán «muy pronto» con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Memorándum de Entendimiento, en el que se «pactarán cuestiones que mejoran el funcionamiento y regulación actual» del trasvase Tajo-Segura.

   Císcar ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Elche (Alicante), donde ha asistido a la inauguración de unas obras de modernización de regadíos de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, ubicadas entre el término municipal ilicitano y Crevillente.

   Así, el consejero y vicepresidente del ejecutivo valenciano, ha subrayado que el texto del citado memorándum «reconoce» que el trasvase es un «objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado». «Es la primera vez que un Gobierno de España hace una declaración que es tan contundente y clara» sobre el Tajo-Segura, ha añadido.

   Igualmente, ha indicado que el documento también especifica que la referida infraestructura «tiene que estar garantizada en su permanencia», un hecho que, a su juicio, «también es muy importante», ya que los regantes valencianos, tal y como ha señalado, «no hace muchos años, sufrieron sobre la posibilidad de que pudiera desaparecer por un Estatuto de Autonomía de otra comunidad, en el cual se ponía una línea de reserva que prácticamente invalidaba el trasvase».

"SOLUCIÓN DE CONSENSO"

   En el mismo sentido, ha apuntado que la Generalitat valenciana «apoya una solución de consenso» en el Tajo-Segura, «adecuada a las necesidades de los regantes de la comunidad valenciana». Así, ha hecho referencia a la «imprescindible» aportación que la actuación realiza en el sur de la región valenciana, de cuyo abastecimiento «dependen» aproximadamente «un millón de personas», así como el riego de 29.000 hectáreas de producción agraria y el 20 por ciento de las exportaciones de Alicante.

   Durante su intervención, ha hecho un llamamiento a la «solidaridad» entre los territorios, y a «trabajar» por un Pacto Nacional del Agua para «satisfacer», a través de acuerdos, la demanda hídrica del sur valenciano, tras lo que ha añadido que el Consejo «ya trabaja» en la elaboración del citado memorándum.

   Además, ha destacado el «esfuerzo» que realizan los regantes de la comunidad valenciana, y «muy especialmente» los alicantinos, en cuanto a la modernización de sus explotaciones «para una gestión eficaz y responsable» de los recursos, mediante sistemas de ahorro de agua que «suponen una gran inversión».

AUMENTO DE LA LÍNEA DE RESERVA

   Por otra parte, y al ser preguntado sobre el incremento de 240 a 400 hectómetros cúbicos en la línea de reserva en la cabecera del Tajo, planteado en el nuevo borrador del plan hidrológico, ha señalado que «hay que tener en cuenta que después de 15 años las necesidades de consumo por agricultura y abastecimientos urbanos en la cuenca cedente, en Castilla La Mancha, se han incrementado, y la ley dice que las cuencas cedentes, en cualquier trasvase, tienen preferencia sobre las receptoras, luego es un elemento que no podemos obviar».

   «Pero quiero decir que hemos evitado que el borrador saliese con 600 hectómetros, que eran las previsiones iniciales de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), y eso para nosotros es muy importante. Además, hemos conseguido que los caudales ecológicos en Aranjuez y en Toledo, se quedaran tal cual están en el plan de 1998, porque el borrador nuevo también los incrementaba», ha añadido.

   No obstante, ha manifestado que las negociaciones con el Ministerio tienen por objetivo alcanzar «acuerdos positivos» para el trasvase, y «paliar esa diferencia» de hectómetros, de la que ha agregado «que se produce en el periodo de cinco años, no es una subida de bloque, porque eso sí que podría haber causado algún trastorno».

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Consejo Nacional del Agua prevé informar favorablemente de la propuesta del Plan Hidrológico de la cuenca del Duero en la reunión que se celebrará este martes y que estará presidida por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

   Además, en el Consejo se estudiará para su información dos Reales Decretos por los que se establece la composición, estructura y funcionamiento de las demarcaciones de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, así como una propuesta que también se espera que sea aprobada sobre el Real Decreto por el que se modificará el dominio público hidráulico.

   Recientemente, el ministro subrayó que este plan de cuenca es «uno de los más importantes y complejos de España» y añadió que el plan hidrológico de la cuenca del Ebro también «se está completando» y se estudiará por este órgano asesor en los próximos meses.

   Así, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha explicado a Europa Press que la propuesta de modificación del dominio público hidráulico fue llevada al anterior Consejo Nacional del Agua, pero que los miembros de éste órgano protestaron porque no habían tenido tiempo para estudiarlo con detenimiento. Ante esta situación, el ministro accedió a trasladarlo a la siguiente reunión después de que las partes interesadas tuvieran un mes para presentar alegaciones.

   Concretamente, las modificaciones se refieren a los registros de aguas y a los criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. A este respecto, Del Campo ha apuntado que FENACORE ha presentado alegaciones, algunas de las cuales se han considerado y ha anunciado que, «probablemente» votarán a favor de esta modificación que «trata sobre todo de pozos y acuíferos».

   Respecto al plan hidrográfico del Duero, también ha manifestado la intención de voto favorable porque ha habido «bastante participación»  y se han solucionado algunas diferencias existentes respecto a algunas obras concretas. «Se ha solucionado y se han cambiado cosas. Lo vamos a apoyar», ha añadido.

   Por otro lado, sobre los caudales ecológicos –uno de los aspectos más polémicos a la hora de aprobar los planes de cuenca– el presidente de los regantes ha indicado que, en general aumentan en todas las cuencas y ha manifestado que su preocupación a este respecto, se debe a que el caudal ecológico debería calcularse de forma técnica y no política, «como sucede».

   «En algunas cuencas se pretenden fijar sólo en función de criterios políticos, para que no quede agua para trasvasar a otras cuencas o a otras comunidades autónomas», ha opinado, al tiempo que ha recordado que el caudal ecológico es el que llevaría el río si no se hubieran realizado obras de regulación.

   España incumple la normativa comunitaria, ya que los estados miembro tendrían que haber completado su planificación hidrográfica a finales de 2009. Por este motivo, España se enfrenta a sanciones económicas por parte europea que podrían llegar hasta los 80 millones de euros.

   Hasta la fecha, se han aprobado cuatro nuevos planes hidrológicos y han sido informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua los planes de cinco demarcaciones más, dando así inicio a la fase final de su aprobación.

  La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Fomento, se encargará de gestionar y mantener actualizado el futuro Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas de la región.

   Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, en donde se ha aprobado un decreto por el que las competencias en materia de seguridad de presas, embalses y balsas situadas en el dominio público hidráulico de la región pasan a la Junta de Comunidades.

   El portavoz del Ejecutivo autonómico, Leandro Esteban, ha explicado que, a través de este decreto, se creará el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas en Castilla-La Mancha.

   En este Registro deberán de inscribirse todas las presas y embalses que superen una altura superior a 5 metros o una capacidad de embalse mayor de 100.000 metros cúbicos, tanto las existentes como las que se encuentren en fase de construcción.

   La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, además de gestionar y mantener actualizado dicho Registro, será la encargada de aprobar la clasificación de las presas, embalses y balsas, informar de los proyectos, inspeccionar la construcción de estas infraestructuras.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por «flexibilizar» la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura para que los usuarios «puedan disponer de recursos garantizados» en épocas de sequía o de déficit de agua.

   De esta forma, del Campo, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase, apuesta por reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, lo cual entiende que «facilitaría su puesta en práctica».

   Para el dirigente de los regantes, estos acuerdos bilaterales –que contarían con un control de la Administración para garantizar los órdenes de preferencia de uso–, «se alzan hoy por hoy como la alternativa más ágil y efectiva para paliar la falta de embalses y trasvases en las demarcaciones menos reguladas».

   «Apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación», ha señalado en un comunicado.

   Además, afirma que los trasvases «se topan ahora mismo con una dificultad añadida» por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos –agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales– como ocurre así en el caso del Tajo, «dificultando que pueda abastecer de forma permanente» a la cuenca del Segura.

   En opinión de la federación, flexibilizando la cesión temporal de derechos del agua «no sólo se eliminarían las tensiones autonómicas» por el reparto de agua sino que además se contribuiría a «agilizar» la aprobación de los diferentes planes de cuenca todavía pendientes. Asimismo, considera que permitiría llevar adelante «con más facilidad» el Plan Hidrológico Nacional, cuyo retraso ha originado ya distintas sanciones por parte de la Unión Europea.

   La federación también reitera los «beneficios inmediatos» para los usuarios de ambas cuencas, ya que, como contrapartida por ceder temporalmente agua a una cuenca deficitaria como es la del Segura, se obtendrían unos incentivos que podrían destinarse a modernizar regadíos en la cuenca cedente, con lo cual se utilizaría el agua con «mayor eficiencia».

   No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas «allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la mejor solución» –junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras– para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

 El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha destacado este martes en Valencia el «esfuerzo» que se está haciendo para poner al día la planificación hidrográfica española ante el «retraso» que lleva, según ha dicho, «mucho» porque «tenía que haberse culminado en el año 2009».  

   Arias Cañete ha realizado estas declaraciones tras visitar el Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, en la ciudad de Valencia. Esta visita ha tenido lugar después de la reunión que el ministro y el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez PotocniK, han mantenido esta jornada con los presidentes de las confederaciones hidrográficas en la sede de la del Júcar, en la ciudad de Valencia.

   El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha explicado que en este encuentro «de trabajo» con el comisario europeo «se ha analizado la situación de la planificación hidrográfica española» y se ha hablado de su «retraso».

   En este sentido, ha apuntado que Janez PotocniK ha transmitido a los responsables de las diferentes confederaciones hidrográficas de España «el mensaje de la urgencia de acabar» con estos trabajos aunque «siendo conscientes de las dificultades que tiene la planificación en cuencas que con un estrés hídrico muy importante como la del Júcar o el Segura o en cuencas que tienen que hacer transferencias de recursos como la del Tajo».

   Miguel Arias Cañete ha indicado que en esta labor se tiene en cuenta también «todas las cuencas restantes, donde hay otros problemas debido a la carencia de precipitaciones y a la disminución de las precipitaciones en la cabecera de los ríos en los últimos años debido a la influencia del cambio climático».

   Por otro lado, preguntado por las circunstancias que impiden aprobar el decreto de la cuenca del Júcar y dar un paso en dicha planificación, el ministro ha manifestado que «lo que lo impidió en su momento fue la sentencia del Supremo que ha obligado a hacer un replanteamiento de los trabajos».

   Igualmente, ha asegurado que en su departamento están «seguros» de que «el decreto de la cuenca se va a aprobar dentro del mes de diciembre» y ha aseverado que se podrá «cumplir el calendario pactado con el comisario de que a finales de 2013 se tendrá todo el plan hidrológico de la cuenca del Júcar resuelto junto con el resto de planes de las cuencas españolas».

«GRAN PACTO NACIONAL»

   Respecto al Plan Hidrológico Nacional y preguntado por el trasvase del Ebro y por si lo podría financiar la Comisión Europea, Arias Cañete ha comentado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho «siempre que primero se haría la planificación de todas las cuencas» y que cuando se conozcan los caudales hídricos, se hará «una propuesta de Plan Hidrológico Nacional con un gran pacto nacional del agua».

   «Tendremos todos los datos de todas las cuencas en diciembre de 2013 y ése será el momento de hacer una planificación hidrológica nacional y ver todas las posibilidades, incluidas las posibilidades de financiación porque entonces ya conoceremos el nuevo marco financiero plurianual», ha planteado el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Tras ello, ha agregado que «para planificar hacen falta dos cosas, en primero lugar, conocer los caudales hídricos disponibles, y en segundo lugar, los recursos presupuestarios disponibles». Ha reiterado que «todos esos datos estarán disponibles en 2013» y ha declarado que a partir de ese momento se iniciará «el proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas».

DESALADORAS

   Preguntado por las desaladoras y por la fecha en la que las que están acabadas o en pruebas podrían ponerse en marcha, Miguel Arias Cañete ha afirmado que «las desaladoras se están poniendo en marcha». A este respecto ha indicado que «se están resolviendo problemas de conexión eléctrica» y «buscando tecnologías que abaraten el costo del agua, como la utilización de paneles solares, para conseguir un rendimiento de las desaladoras más razonable y un coste que puedan satisfacer los agricultores».

   Con todo, ha señalado que las obras en las que ha invertido el Gobierno se van a poner en funcionamiento. «Conocen cuál era nuestro modelo de planificación hidrológica, pero somos un Gobierno responsable y si se han hecho inversiones en unas desaladoras estarán en perfecta orden de marcha y en función de la demanda de agua existente. Estarán interconectadas en situaciones de máxima sequía porque son absolutamente necesarias y se pondrán en funcionamiento», ha argumentado al respecto

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha considerado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene voluntad de resolver «de una vez por todas» el problema del agua en España.

   En una entrevista concedida a ‘Onda Regional’, Cerdá ha destacado que el ámbito del agua es un aspecto en el que «tenemos que colaborar todos», y ha insistido en que el agua es un recurso que «tiene que ser gestionado por el Gobierno central, porque es un recurso de todos».

   Así, destaca que «nadie se puede apropiar de ríos, que son del Estado y, por lo tanto, lo tiene que gestionar con la voluntad del ministro».

   A este respecto, ha manifestado que lo primero es «terminar los planes de cuenca que tenían que haber estado terminados en 2009». Así, el ministro ha dicho que tienen que estar terminados antes del 31 de diciembre de 2013.

   «Ahora mismo se está trabajando de una manera silenciosa, pero primero hay que aprobar los planes de cuenca, el del Tajo, el del Júcar y el del Segura», ha añadido Cerdá.

   «Una vez que se haya planificado y conozcamos realmente cuáles son los recursos, cuáles son las demandas y cómo ha variado todo esto respecto al anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN), lo que hay que hacer es actualizarlo y ver cómo han variado los recursos y las demandas para ajustarlos», ha añadido.

  La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobará y enviará previsiblemente este miércoles al Senado el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, dada la mayoría absoluta del PP en el arco parlamentario, que entre otros aspectos centraliza las competencias hidráulicas en materia sancionadora, así como regular las aguas subterráneas.

   Fue a finales de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, ante «el desorden legal» existente en la normativa española. Ya en mayo, el Grupo ‘Popular’ en el Congreso accedió a tramitar la norma como proyecto de ley, para poder incluir las aportaciones y «mejoras» de los grupos parlamentarios en el texto del Gobierno.

   Entre otros puntos, esta ley modificará cuatro leyes vigentes: la Ley de Aguas; la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; de Residuos y suelos contaminados; así como la Ley del Mercado de Valores.

   En materia de Aguas, el Estado recupera la competencia sancionadora (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

   En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en este contexto deban tomarse, la presente ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca.

   Además, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con directivas europeas, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas para «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

   Igualmente, esta ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

   Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

   En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

   En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.

   Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

SUBASTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN

   Finalmente, esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.

   Según los cálculos del Gobierno recogidos en la memoria aneja al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, España podría ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por participar en las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

   Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.

   A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. «No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos», puntualiza.