La Federación Nacional de Comunidades de Regantes considera un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular «una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución Española en sus artículos 149 y 45.2».

En este sentido, insistie en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas «con independencia del color y signo del partido que las gobierne» deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso del agua que «sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar ‘guerras’ del agua».

En este marco, la Federación de Regantes advirtie de que «la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas que realizan algunas reformas estatuarias recientes pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas, siguiendo el lema ‘el agua es de todos’, del que España fue pionera y que ha servido de base en Europa para la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

Fenacore estima que la transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico a las comunidades autónomas «debe hacerse en los términos de la legislación de aguas».

En su opinión, la naturaleza de la cuenca hidrográfica «exige una gestión unificada en manos de los organismos de cuenca, en virtud del principio de unidad de gestión de la cuenca y de indivisibilidad de la misma por tramos autonómicos, lo que exige superar las divisiones político-administrativas».

Nuevo sistema ribereño territorial

Además, considera que este «nuevo sistema ribereño territorial» en el que, a través de los estatutos de Autonomía, distintas comunidades «quieren asumir competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren parcialmente por su territorio», puede derivar en un modelo autonómico «insolidario» y en «guerras del agua» entre comunidades autónomas.

En este sentido, apunta que esta confrontación política tiene su reflejo en los recursos que distintas comunidades autónomas, como Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia, anunciaron la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional contra los estatutos de las otras comunidades autónomas por considerar que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua.

De esta forma, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero; Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar; Andalucía reclamaba la gestión exclusiva del río Guadalquivir; Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase.

Gran pacto político del agua

Para superar estas «divisiones político-administrativas», Fenacore aboga por un «gran pacto político» sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de «sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que al margen de ‘guerras’ del agua- garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.

La Federación recuerda que la «contaminación política» del agua causó durante estos últimos años «no sólo desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas sino también un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional».

Por este motivo, considera prioritario impulsar la planificación hidrológica a través de la construcción discriminada de obras de regulación y trasvases intercuencas, así como otras medidas de gestión de la demanda como la modernización de regadíos, la gestión sostenible de los acuíferos o la regeneración de aguas depuradas urbanas que, una vez tratadas, pueden emplearse en los riegos.

LA «ÚLTIMA OPCIÓN» DEL TRASVASE.

   Otra de las propuestas incluidas en el documento es la relativa al agua. El PSOE plantea los trasvases entre cuencas «sólo como última opción», si «resultan viables en términos económicos, ambientales y sociales y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca cedente, que tiene carácter preferente en el uso de sus aguas».

   El agua precisamente fue motivo de enfrentamiento, en el último Comité Federal del PSOE, entre los ‘barones’ de las Comunidades Autónomas afectadas por este problema, especialmente, entre los dirigentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Entre otros motivos, la intención de los manchegos, de acuerdo con el PP, de que su Estatuto de Autonomía ponga fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura.

   Los socialistas explican en el documento que el Gobierno central tiene que garantizar el «interés general» a través de la legislación básica, a través de las confederaciones hidrológicas y de la «concertación» con las Comunidades. «Asimismo –añaden–, todas las administraciones tienen que garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el ejercicio de sus competencias».

   Entre las propuestas que en esta materia se incluyen en el documento, se encuentra la creación de una Conferencia Sectorial del Agua como el foro donde se produzca esa concertación entre Gobierno central y CCAA; también, la participación autonómica en las confederaciones y que los gobiernos regionales asuman algunas «funciones ejecutivas» en la gestión de las cuencas de sus territorios, «de acuerdo con la legislación básica y la planificación hidrológica para cada demarcación».