El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA) quiere trabajar para alcanzar un Pacto Nacional del Agua cuyo resultado sea la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que cuente con «todas las tecnologías» disponibles y se base en la «solidaridad», según un ‘Informe de situación de la Gestión del Agua en España’ al que ha tenido acceso Europa Press.

   De acuerdo a este informe, elaborado por la secretaría de Estado de Medio Ambiente y que se analizará en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se celebrará este jueves, los objetivos son conseguir un suministro de agua en cantidad y calidad «suficiente» para todo el territorio nacional que garantice «todos los usos» y que contemple una gestión «solidaria entre las distintas regiones» que sea «vertebradora del territorio».

   Además, los criterios prioritarios serán el ahorro y la eficiencia hídrica y energética para lo que se estudiarán «todas las técnicas e infraestructuras» mediante la participación y el diálogo que busque el «consenso» con todos los agentes implicados.

   En el informe de situación, el Ministerio prevé la publicación «en breve plazo» de los planes de la Demarcación del Cantábrico Occidental y de la parte de ámbito estatal de la del Cantábrico oriental, ya que «acaba de terminar el proceso de participación pública, que comenzó el 4 de mayo».

   Concretamente, se prevé la publicación en mayo de 2012 del plan de la Demarcación del Guadiana; en junio, los planes de demarcación del Ebro, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Mientras, en noviembre de 2012 se contempla la publicación del plan de demarcación hidrográfica de Baleares, que ya ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua; los planes del Tajo, Segura y Júcar, que están en una fase «muy avanzada».

   En cuanto a la demarcación del Júcar, el informe reconoce que no ha podido ser aprobado por la autoridad competente porque es necesario que antes se modifique el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

   Por otro lado, el informe se plantea el objetivo de lograr el 100 por 100 de la depuración de las aguas para que desaparezcan los procedimientos sancionadores en curso.

SANCIÓN DE 20 A 50 MILLONES ANUALES

    España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.

   Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.

   Respecto a la condena económica, el informe se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.

   Así, el documento señala que la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de «no menos de 2,3 millones de euros» que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.

   A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando «a marchas forzadas». De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, «ahora» se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.

   Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.

El nuevo secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que desde una «oposición útil» planteará acuerdos autonómicos «en profundidad» al Gobierno regional sobre empleo, agua, financiación de ayuntamientos y «limpieza política».

   Así, ha explicado que planteará un pacto «por el empleo y el crecimiento» que cuente con los agentes sociales y que contemple aspectos como servicios públicos, infraestructuras, promoción empresarial y formación, pero en el que nunca aceptará «que se haga negocio con la salud, porque eso es inmoral».

   En su primer discurso como líder de la formación durante la clausura del X Congreso Regional, García-Page ha abogado también por un acuerdo nacional por el agua «establecido sobre acuerdos regionales», ya que de no ser así «no habría una solución».

   En este sentido ha criticado que sí haya un acuerdo a este respecto en comunidades autónomas como Valencia o Murcia y no ocurra lo mismo en Castilla-La mancha, algo que ha tachado de «bochornoso». «Yo voy a buscar ese acuerdo», ha sentenciado.

    El dirigente socialista ha indicado que pedirá una reunión con la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, para plantear además un acuerdo definitivo «para organizar la financiación de ayuntamientos y marcar los límites de las competencias entre la Junta y las administraciones».

   Otro de los acuerdos que el nuevo PSOE regional pondrá encima de la mesa versará sobre la «limpieza política», ya que a juicio de Page «no se pueden permitir los insultos en política», algo que la gente «agradecerá». «Parece que al PP se les perdonan siempre los insultos», ha afirmado.

EXIGIRÁ QUE LOS ALTOS CARGOS TRIBUTEN EN C-LM

   En su intervención, García-Page ha aseverado que planteará a la Junta que todos los altos cargos de la región paguen sus impuestos en Castilla-La Mancha, para lo que les dará un año de plazo.

   De otro lado, ha hecho una defensa del estado de las autonomías, asegurando que Castilla-La Mancha «le debe absolutamente todo a España y a las Comunidades Autónomas», asegurando que son «el mejor mecanismo para el país», aunque existen «solapamientos de competencias que habrá que corregir».

   «Habrá que armonizar mejor las autonomías pero habrá que creer en ellas, porque realmente significan un ansia de libertad que el PSOE nunca puede perder de vista», ha agregado.

   El nuevo líder de los socialistas castellano-manchegos ha señalado además que en el próximo mes de mayo el PSOE hará un balance del primer año de Gobierno del PP en la región, donde quedará clara «la radiografía de todo lo que nos costó conseguir y lo rápido que se ha echado atrás».

   En este sentido, ha destacado que Castilla-La Macha era «la primera Comunidad Autónoma en crecimiento de la Sanidad y con más inversión en Educación» y ahora es «dónde más se recorta» en estos aspectos. «Si a mí me dicen que eso se hace en solo un año no me lo creo, con lo que nos ha costado».

UNIDAD GRACIAS A BONO Y BARREDA

   El secretario general del PSOE en la región ha calificado el X Congreso como «un éxito desde el punto de vista interno», algo que «muchos esperaban que no lo fuera», pero la unidad con la que sale el partido es «más pétrea, dura y sólida», algo que ha sido posible «por la generosidad de José Bono y José María Barreda».

   El también alcalde de Toledo ha señalado que los socialistas salen de la cita congresual «con la moral bien alta», y se ha comprometido a gestionar el partido «hasta que lleguen las elecciones primarias», ya que la candidatura socialista a la Junta en las próximas autonómicas «dependerá de este proceso», pero hasta entonces la nueva Ejecutiva «llevará al partido en las mejores condiciones y trabajará por los intereses de esta tierra».

La reserva hidráulica se encuentra al 62,4 por ciento de su capacidad total, tras ganar esta semana 204 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, lo que representa el 0,4 por ciento. Así, los embalses albergan 34.705 hectómetros cúbicos de agua embalsada, tras crecer por segunda semana consecutiva, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Así, esta semana la cuenca del Guadiana ha perdido 10 hectómetros cúbicos, frente a la del Duero, que ha acumulado 137 hectómetros cúbicos más. En todo caso, el Ministerio señala que esta semana las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional y que la máxima se ha registrado en Bilbao, donde cayeron 51,5 litros por metro cuadrado.

   Por ámbitos, la reserva se encuentra al 53,7 por ciento en Galicia-Costa; al 51,2 por ciento en Miño-Sil; al 71,8 por ciento en Cantábrico; al 90,5 por ciento en las cuencas internas del País Vasco; al 54,4 por ciento en el Duero; al 51,6 por ciento en la cuenca del Tajo y al 76,3 por ciento en Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura).

   Además, la cuenca atlántica andaluza está al 78,6 por ciento; Guadalquivir, al 76,6 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza, al 68 por ciento; Segura, al 56,5 por ciento; Júcar, al 53 por ciento; Ebro, al 57,7 por ciento, y las cuencas internas de Cataluña, al 78,7 por ciento.

El presidente provincial del PP de Albacete, Marcial Marín, ha asegurado este lunes que Castilla-La Mancha «va a tener un peso importante» en las decisiones que se tomen en materia de agua en el país aunque ha insistido aunque «tendremos mucho que decir» y que la decisión final «siempre se hará desde el consenso y el interés general».

   A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido Marín para valorar el Congreso del PP en Sevilla de este fin de semana, el presidente provincial y también consejero de Educación, Cultura y Deportes ha añadido que será la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, «la responsable nacional de la nueva Ejecutiva del PP en materia de Agricultura y de Agua».

   Marín se ha mostrado «seguro» de que Cospedal, Soriano «y todos los que forman el Comité Ejecutivo del PP buscarán la mejor solución para el interés general de España» y ha insistido en que la presidenta regional «siempre ha dicho que todo lo que sea bueno para España será bueno para Castilla-La Mancha». En cualquier caso, ha concluido Marín, «siempre tomaremos decisiones consensuadas con todas las regiones

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, ha calificado este miércoles de «positivo» el nuevo Plan de Regadíos y la Ley de Desarrollo del Medio Rural que esta mañana ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

    Así lo ha asegurado Del Campo a los medios tras reunirse con el ministro y representantes de las distintas cuencas hidrológicas en la sede ministerial. Allí ha valorado la buena disposición del ministro en los temas tratados y ha asegurado que la modernización de los regadíos servirá para utilizar el agua con una «mayor eficiencia» y «beneficiará» tanto a los regantes como al resto de la sociedad.

    El ministro ha anunciado que su departamento diseñará un Plan Nacional de Regadíos, que se plasmará en un «nuevo Plan Hidrológico Nacional», que garantice el suministro de agua en «calidad y cantidad suficiente», de forma «integral y solidaria» en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como las del mantenimiento de los ecosistemas.

    Además, Arias Cañete ha asegurado que se mejorará la coordinación de las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas y que se revisarán «todos» los planes de demarcación hidrográfica, al tiempo que se potenciará la reutilización y la depuración con el objetivo de cumplir con la normativa europea.

    «Nosotros vamos a prestar nuestra máxima colaboración», ha asegurado no sin antes denunciar el «uso político» que se hace «desde algunas Comunidades Autónomas» de la gestión del agua. «La peor contaminación no es la contaminación difusa de los agricultores sino la política», ha dicho.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

    Asimismo, el presidente de Fenacore ha subrayado la necesidad de aprobar los planes hidrológicos de cuenca para así poder realizar un Plan Hidrológico Nacional, al tiempo que ha informado de que el ministro va a estudiar la derogación del artículo de la Ley de Aguas por el que se cedía agua a «Cataluña, Aragón y la zona del Guadalquivir» ya que, a su juicio, «no se puede compartir la Comisaría del agua entre la Administración central y las autonomías».

    «El ministro nos ha dicho que lo va a estudiar y que lo va a solucionar y eso es muy positivo ya que la derogación de este artículo evitará conflictos entre las Comunidades Autónomas, las provincias y de los usuarios», ha recalcado.

    Por otra parte, durante la reunión se ha abordado el coste de las tarifas eléctricas. Un tema que para los regantes es «muy importante» ya que, según ha comentado, la potencia máxima contratada sólo se utiliza durante los meses de riego y se les exige contratar una cuota anual. En este sentido, ha explicado que el pago fijo se ha encarecido un 450 por ciento en un año y ha informado de que, por ello, se le ha propuesto al ministro que el agricultor sea el que pague por potencia consumida y no contratada.

    Asimismo, ha sugerido que se les aplique el IVA reducido como ya funciona en otros países como Italia y que, incluso, en España ya se aprobó en el Parlamento y en el Senado durante la pasada legislatura. Por ello, se ha mostrado confiado en que se dé prioridad a las autoridades para la instalación de energías renovables que cubran el autoconsumo de las comunidades de regantes.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete comparecerá este miércoles, a petición propia, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, a partir de las 11.00 horas, para explicar cuáles serán sus planes al frente de este departamento durante la legislatura. Concretamente precisará las líneas generales de la «reforma en profundidad» de la Ley de Costas o el Pacto Nacional del Agua.

   Según ha adelantado Arias Cañete en anteriores ocasiones, esta revisión de la Ley de Costas tiene por objetivo armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales.

   «Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental», destacó el ministro en la toma de posesión de altos cargos de Medio Ambiente, donde aseguró que «es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental».

UN PACTO POR EL AGUA

   Tal y como prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura en el Congreso, el Ejecutivo tiene entre sus planes acometer un pacto nacional del agua, que Arias Cañete debe desarrollar.

   Se trata de un plan que, para Arias Cañete debe asegurar el «abastecimiento de calidad» y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua, mediante el uso de agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y «otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente» de los recursos hídricos superficiales, base actual del suministro.

   Además, el ministro agregó que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones medioambientales y la simplificación de los trámites administrativos, respetando «escrupulosamente» las exigencias medioambientales.

   Asimismo, manifestó que entre las «improntas» de su gestión estará impulsar el concepto de que la actividad del hombre y el medio ambiente son conceptos «compatibles» que tiene que constituirse en «instrumentos aliados de progreso». Por ello, subrayó que quiere encontrar un punto de encuentro de todos los actores implicados en el medio ambiente, desde administraciones, entidades privadas y, por supuesto, las organizaciones ecologistas.

   Durante la tercera semana de enero, el ministro recibió a las principales organizaciones ecologistas, a las que prometió un «clima de diálogo abierto» y permanente y han fijado que se encontrarán cada 45 días aproximadamente, según explicaron a Europa Press representantes de las ONG ambientales al término de la reunión.

 El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete comparecerá, a petición propia, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso el próximo 1 de febrero, a las 11.00 horas, para explicar cuáles serán sus planes al frente de este departamento durante la legislatura y, concretamente para precisar las líneas generales de la «reforma en profundidad» de la Ley de Costas o el Pacto Nacional del Agua que ha anunciado en una de sus primeras intervenciones públicas.

   Según ha adelantado Arias Cañete en anteriores ocasiones, esta revisión de la Ley de Costas tiene por objetivo armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales.

   «Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental», destacó el ministro en la toma de posesión de altos cargos de Medio Ambiente, donde aseguró que «es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental».

UN PACTO POR EL AGUA

   Tal y como prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura en el Congreso, el Ejecutivo tiene entre sus planes acometer un pacto nacional del agua, que Arias Cañete debe desarrollar.

   Se trata de un plan que, para Arias Cañete debe asegurar el «abastecimiento de calidad» y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua, mediante el uso de agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y «otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente» de los recursos hídricos superficiales, base actual del suministro.

   Además, el ministro agregó que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones medioambientales y la simplificación de los trámites administrativos, respetando «escrupulosamente» las exigencias medioambientales.

   Asimismo, manifestó que entre las «improntas» de su gestión estará impulsar el concepto de que la actividad del hombre y el medio ambiente son conceptos «compatibles» que tiene que constituirse en «instrumentos aliados de progreso». Por ello, subrayó que quiere encontrar un punto de encuentro de todos los actores implicados en el medio ambiente, desde administraciones, entidades privadas y, por supuesto, las organizaciones ecologistas.

   Durante la tercera semana de enero, el ministro recibió a las principales organizaciones ecologistas, a las que ha prometido un «clima de diálogo abierto» y permanente y han fijado que se encontrarán cada 45 días aproximadamente, según explicaron a Europa Press representantes de las ONG ambientales al término de la reunión.

 Los resultados del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) 2011, elaborados por la organización Transparencia Internacional España, ponen de evidencia que, aunque la transparencia en los organismos que gestionan el agua en España «ha mejorado», ésta «sigue siendo insuficiente».

   En este caso, se han evaluado los mismos catorce organismos que el año anterior: nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias Autonómicas del Agua. De entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una puntuación de 80 sobre 100, ha sido la mejor valorada, habiendo quedado en segundo lugar la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una puntuación de 78,1.

   Cabe destacar, además, la sustancial mejora de organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo. En contra, los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otra.

   En cualquier caso, los responsables del estudio advierten de que «cabe destacar que el nivel medio de transparencia mostrado por el conjunto de los organismos de cuenca evaluados ha sido superior al que obtuvieron en el Índice de 2010, habiendo obtenido una discreta nota media general de 59,6, frente a la de 51,2 del año anterior».

   «Analizando las distintas Áreas de transparencia se pone de manifiesto que los agujeros negros de información para el conjunto de organismos se siguen produciendo principalmente en las áreas de Gestión del Agua y en su Transparencia Económicofinanciera», apostilla el texto.

   Por el contrario, la información relativa a los propios Organismos, así como a los procesos de Planificación, está en la mayoría de los casos bastante bien cubierta. En cuanto a la información relativa a la Relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de Contratos y licitaciones, son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar.

   El Índice de Transparencia también afirma que existen algunas asignaturas pendientes con carácter general, dado que en la mayor parte de los organismos no se facilita información sobre las siguientes materias: actas de las reuniones de los Consejos del Agua, liquidaciones a la finalización de las Obras, actualizaciones de los Registros de usos y concesiones de aguas.

   En cualquier caso, ha destacado el importante nivel de colaboración que la generalidad de los Organismos evaluados ha prestado a TI-España en el proceso de evaluación, revisando los cuestionarios enviados por esta organización y apartando información complementaria para la elaboración de este Índice de Transparencia.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha asegurado que el Ejecutivo interpondrá las acciones judiciales que considere «oportunas» si el último trasvase al Levante, aprobado por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura el pasado viernes, no se ajusta a derecho.

   De este modo se ha pronunciado Esteban, a preguntas de los medios, durante la tradicional rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, sobre si los servicios jurídicos de la Junta van a presentar un recurso contra el trasvase aprobado el pasado viernes.

   Esteban ha asegurado que el deber del Gobierno regional es velar por que se cumpla la legalidad no solo en materia hidráulica sino en general, y que por ello si la decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura no se ajusta a derecho interpondrá las acciones oportunas, en legítima defensa de los intereses de los castellano-manchegos.

   Dicho esto, Esteban ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por la planificación hidrológica nacional, que reconozca la prioridad de la cuenca cedente y permita satisfacer las necesidades que en materia de agua tiene la región, eso sí, con «consenso» interterritorial.

El diputado regional del PSOE Fernando Mora ha asegurado que su partido no consentirá «para nada» un trasvase del Tajo-Medio, tal y como está reclamando la Región de Murcia, porque es «intolerable».

   A preguntas de los medios, Mora ha afirmado que los socialistas de Castilla-La Mancha van a seguir manteniendo esa postura «frente a quien sea», en defensa de los intereses de Toledo y de Castilla-La Mancha.

   Según ha apuntado, un trasvase del Tajo-Medio es «intolerable» y no hay más que ir al Tajo-Medio, ha recalcado, para «ver lo que hay ahí» y «precisamente allí no sobra agua, para nada».

   De este modo ha recordado el informe que hizo la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) sobre el plan de Cuenca, que desestima la posibilidad futura de trasvases, y ha insistido en que el trasvase del Tajo es «inviable» y de eso «no se están dando cuenta los murcianos».

   Dicho esto, ha pedido a los murcianos que se busquen otra alternativa al trasvase Tajo-Segura y ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se dé cuenta de que este trasvase es «inviable».

   Así, ha criticado a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, por decir que «el tema del agua no debía de ser una cuestión del debate político». «¡Pero cómo no va a ser una cuestión del debate político, pero esta señora a qué se dedica!», ha exclamado.

   A su entender, Soriano no quiere que el agua entre en el debate político para no «enemistarse» con «sus compañeros de Murcia».

ÚLTIMO TRASVASE

   Por su parte, la parlamentaria Milagros Tolón ha lamentado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal, en materia de agua, «no sabe, no contesta» y ha apuntado que el trasvase del Tajo al Segura es el «gran ausente» del discurso de Cospedal.

   A su juicio, al Gobierno regional no le interesa defender la región porque cree que esto supone un «conflicto político».