El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, ha asegurado que técnicamente es viable construir un trasvase desde el Ebro o el Tajo-Medio a la Región de Murcia.

   Desde su experiencia como ingeniero, Sevilla ha puntualizado que técnicamente son viables «la mayor parte de las infraestructuras que podamos concebir». «La humanidad está llena de obras tan grandes como éstas», ha señalado.

   Al respecto, no ha dudado en afirmar que «es una de las posibilidades y lo que Murcia necesita es que llegue agua, ya que tenemos el mismo derecho que el resto de los españoles y europeos a tener agua».

   En una entrevista concedida a Europa Press, ha insistido en que «técnicamente se pueda hacer desde donde sea, en cualquier parte de España o Europa se puede construir una infraestructura que traiga agua a la Región».

   «La solución –dice– es canalizar agua y traerla a Murcia desde allí donde la haya», aunque ha reconocido que pueden existir para ello problemas de coste energético sobrevenidos por los desniveles geográficos que obliga a «una aplicación energética en casi todas las infraestructuras hidráulicas, que son los bombeos, tal como ocurre ahora mismo con el trasvase del Tajo».

   Por contra, el consejero murciano ha subrayado que la desalación «es una supuesta solución que se ha manifestado como no solución, porque lo único que ha hecho es incrementar la cuenta de los gastos de la Administración».

   En su opinión, «nadie puede ahora pensar que va a ser una solución al problema del agua por cuanto resulta excesivamente cara y no proporciona el nivel de satisfacción que necesitamos los murcianos».

El portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, no se ha mostrado este lunes convencido de que presentar recursos judiciales vaya a solucionar el tema de los trasvase de agua desde el Tajo el Levante.

   En una rueda de prensa para hablar sobre la Ley de Autoridad para los profesores, Cañizares se ha manifestado así al ser preguntado sobre si el Gobierno regional va a recurrir el último trasvase que la Comisión de Explotación del trasvase Tajo Segura elevará al Consejo de Ministros.

   El portavoz ‘popular’ ha recordado que el anterior Gobierno regional del PSOE ya recurrió varios trasvases y no se ha solucionado el problema y se está a la espera de la resolución de otros recursos presentado ya por el actual Gobierno del PP.

   En todo caso, Cañizares ha defendido que la voluntad del Gobierno regional es trabajar para dotar a Castilla-La Mancha de la suficiente cantidad de agua y de la suficiente calidad para cubrir sus necesidades.

   Sobre la Ley de Autoridad del Profesorado, que está siendo estudiada por el Consejo Consultivo antes de su paso a las Cortes regionales, ha dicho que se trata de dar un «respaldo social» al profesorado.

   A su juicio, este respaldo social tendrá una repercusión en la mejora de la calidad de la educación en la comunidad autónoma y será una forma de trabajar para reducir los altos índices de fracaso escolar.

El viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, José Molina, ha señalado que el silencio de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en materia de agua «no augura nada bueno para la región y hace temer lo peor» en un momento que considera «clave y que va a definir el futuro del agua en la Comunidad».

   El parlamentario socialista ha recordado que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados la Ley del Agua de Castilla-La Mancha y están también en tramitación la revisión de todos los planes hidrológicos de cuenca de los ríos que pasan la región, añadiendo que «resulta muy preocupante que mientras presidentes como el de Murcia se están moviendo y se han reunido esta misma semana con el ministro de Agricultura Cospedal no esté haciendo nada», ha informado el PSOE en nota de prensa.

   Para el viceportavoz socialista, el presidente murciano, Ramón Valcárcel, ha actuado «rápido en defensa de los intereses de su región», mientras que Cospedal «permanece muda y no dice nada en esta materia para no molestar a sus compañeros de partido, ya que en lo único que está interesada es en intentar revalidar su cargo como secretaria general del PP».

   Por otra parte, se ha mostrado pesimista sobre las posiciones que pueda defender el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ya que «hasta la fecha siempre ha mantenido una posición cercana a las tesis del Levante».

   Molina ha recordado que tanto la Ley del Agua de Castilla-La Mancha como las alegaciones presentadas por el anterior Gobierno regional a los planes de cuenca «defienden los intereses de la región en esta materia y, de aprobarse tal y como las presentó el Gobierno socialista de José María Barreda, hacen imposible el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, se ha despedido de su cargo en la Confederación augurando un año hídrico seco, al afirmar que este periodo ha comenzado con «los embalses llenos y los ríos temblando».

   A preguntas de los medios en la inauguración de las obras en el río Júcar en Cuenca, Moragues ha destacado –a pesar de que los datos de precipitaciones de los últimos meses son similares a los de años anteriores– que las lluvias no han sido normales ya que se han concentrado en la costa y han sido tormentosas.

   De este modo, ha augurado una nueva etapa de sequía porque las zonas del interior donde se encuentran los recursos, como la Serranía, «están muy secas».

DESPEDIDA

   Moragues se ha despedido hoy ante los medios de comunicación de su cargo en la Confederación. Ha confirmado que ya ha pedido el alta en su anterior puesto de trabajo y ha desvinculado esta decisión del cambio político del Gobierno central. Considera que se acaba su etapa y hay que dejar paso a caras nuevas.

   Ha repasado su gestión en el órgano de la que ha destacado la superación de la sequía de los años 2005, 2006 y 2007, problema que se solventó, ha dicho, sin restricciones.

   También ha ensalzado la implantación de la Confederación en todos los territorios que atraviesa el Júcar, ya que antes de su llegada según Moragues, esta institución se vinculaba al Gobierno de la Comunidad Valenciana.

PLAN HIDROLÓGICO

   Preguntado por el proyecto del Plan Hidrológico Nacional anunciado por Mariano Rajoy, Moragues ha asegurado que España ha tenido Plan Hidrológico desde 2001, y sostiene que en la actualidad el plan es el que reformó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

   «Decir que vamos a hacer un gran Plan Hidrológico Nacional es decir que vamos a ver si inventamos una rueda y la hacemos un poco más grande, entonces es una rueda nueva, pero aquí hay un Plan Hidrológico Nacional desde el año 2001», ha concluido.

La Subdirección General de Planificiación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) ha desestimado la autorización de transferir 90 hectómetros cúbicos anuales de agua desde el Ebro a Castellón, tal y como había solicitado la Diputación de esta provincia.

   Asimismo, el Marm también ha desestimado la constitución de un Consorcio de Aguas, «sin perjuicio de que esta solicitud pueda ser planteada en la forma y tiempos previstos en el procedimiento establecido en la normativa vigente para la elaboración y revisión de la planificación hidrológica».

   Dicho departamento gubernamental argumenta su decisión señalando que la dedicación de recursos hídricos de una cuenca hidrográfica para atender determinadas demandas requiere una decisión previa de asignación de recursos dentro de una demarcación hidrográfica, cuando las demandas se sitúan dentro del territorio de la demarcación hidrográfica a la que pertenece dicha cuenca, o de una transferencia de recursos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos, cuando las demandas a atender se sitúan en una demarcación hidrográfica diferente a la de la cuenca hidrográfica de procedencia de los recursos.

   La decisión sobre la asignación de recursos es uno de los contenidos de los planes hidrológicos de demarcación, y se añade que el territorio de la provincia de Castellón queda incluido parte en la Demarcación Hidrográfica del Ebro y parte en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según la delimitación efectuada por el Real Decreto 12512007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

   Según esto, la solicitud de la Diputación Provincial de Castellón de autorización de transferencia hídrica a la provincia de Castellón de 90 hectómetros cúbicos anuales de agua procedente del río Ebro «sin mayor precisión» constituye, de facto, «una solicitud de una decisión híbrida entre una asignación de recursos, propia del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, y una transferencia de recursos entre la Demarcación Hidrográfica del Ebro y la Demarcación Hidrográfica del Jucar, propia del Plan Hidrológico Nacional».

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado presentar un total de 59 alegaciones, a través de la Agencia del Agua, al proyecto reforma del Plan Hidrológico del Guadiana al considerar que, tal y como está planteada por el Ejecutivo central, va «en contra de los intereses» de la Comunidad Autónoma.

   Así lo ha anunciado en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quien ha estado acompañada por el consejero portavoz, Leandro Esteban.

ARGUMENTOS

   Estas alegaciones, según Soriano se presentan en base a varios argumentos como que en esta reforma se reducen «mucho» las asignaciones de agua para el regadío. Concretamente ha señalado que se reduce en 52 por ciento respecto a la dotación actual.

   Otra de las razones por las que el Gobierno regional presenta alegaciones es debido a que los recursos de agua actuales que presenta el Plan «no corresponden con la realidad», ya que los años de pluviometría favorables «no se incluyen en el documento», ha agregado Soriano.

   Además, ha dicho que esta reforma no se corresponde con los usos agrarios que están contemplados actualmente en esta demarcación porque las necesidades para la agricultura «están realizadas a la baja». Así, Soriano ha señalado que el Plan «no contempla» 65.000 hectáreas de regadío de cultivos leñosos que hay en la zona.

   Para el Gobierno regional esta el nuevo Plan Hidrológico tampoco contempla la posibilidad de que haya una gestión de agua participativa entre las comunidades de usuarios, la posibilidad del intercambio de concesiones de agua entre particulares o la posibilidad de aportar recursos hídricos externos.

   A todo ello, la titular de Agricultura ha añadido que el nuevo Plan del Guadiana pretende declarar nuevos acuíferos sobreexplotados, «cuando la experiencia nos dice que el declarar un acuífero sobreexplotado no mejora por sí mismo ni resuelve nada si no se aplican otras medidas», ha agregado.

PLANES DE CUENCA

   Soriano ha aprovechado su comparecencia para calificar del «inadmisible» el retraso que el Gobierno socialista realiza en cuanto a las reformas de los planes hidrológicos de las demarcaciones españolas, que tenían que estar aprobados y enviados a Bruselas desde marzo del 2009.

   «Este retraso nos está perjudicando y mucho porque todavía tenemos zonas que cuando llega el verano se tienen que abastecer con cisternas o donde tenemos un déficit histórico de infraestructuras hidráulicas», ha argumentado.

   Para Soriano, este hecho demuestra que el PSOE «lo que ha hecho en todos estos años en Castilla-La Mancha es demagogia y no ha sabido resolver el problema del agua en la región», al tiempo que ha añadido que los socialistas «callan» ante su Gobierno.

   Por último, la consejera ha esperado que el nuevo Gobierno de España, que tiene «mayor sensibilidad», preste mayor atención al déficit de agua que hay en la región, acepte las alegaciones y lleve a cabo un pacto nacional de agua que garantice en «calidad y calidad» las necesidades de los españoles.

 Las Cortes Valencianas han aprobado la propuesta presentada por el PP para recurrir el Decreto Ley de 26 de agosto de este año por el que el Gobierno central modificó la Ley de Aguas, con el apoyo de los propios ‘populares’ y de Compromís. Por el contrario, los socialistas han votado en contra y EUPV se ha abstenido.

   Desde la oposición, han criticado la intención «electoralista» de los ‘populares’ y han recordado que el Consell presentó otro recurso el pasado viernes porque «calcularon mal los tiempos» para debatir este asunto en el Parlamento valenciano, puesto que se ha discutido tras la celebración de las elecciones generales.

   En esta línea, también han advertido de que sería más rápido que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy derogara la modificación que acudir a los tribunales, como han propuesto el PP. Además, han recordado que los ‘populares’ se abstuvieron en la votación del Decreto Ley.

   El diputado del PP David Serra, por su parte, ha defendido este recurso arremetiendo contra el fondo y las formas del Decreto Ley del Gobierno socialista. Serra ha recordado que esta reforma se aprobó el pasado 26 de agosto y se redactó sin consultar al Consejo Nacional del Agua, cuando se trata de una modificación que afecta a las competencias de las comunidades autónomas sobre las cuencas de los ríos, ha explicado.

   «El Decreto Ley es inconstitucional lo mires por donde lo mires» porque «rompe la directiva marco del agua; incumple la Ley de Agua al afectar a la unidad de cuenca» y también a la «solidaridad» hídrica, ha afirmado.

   El diputado ‘popular’ ha criticado la «falta de diálogo» del Gobierno socialista en la aprobación de este Decreto Ley, cuyo único objetivo, ha dicho, era «salvara los muebles» ante la Junta de Andalucía, a la que se le otorga competencias en la inspección, control y vigilancia de las aguas que pasan por su territorio. Unas competencias a las que también podrían acogerse otras comunidades.

   Serra ha advertido de que, de llevarse adelante la aplicación de la reforma por el Gobierno, «nos encontraríamos con que Aragón sería la que llevaría el control y la protección de las aguas que llegan a la Comunitat por el Túria, Mijares o Palencia». «En un futuro, podría pasar con Castilla-La Mancha o Murcia, las que ejerzan estas competencias, porque podrían tenerlas, sobre las aguas del Júcar o el Segura».

   Así, este recurso trata de «subsanar» el «desaguisado» competencial que ha creado el Gobierno al «romper la unidad de cuenca» entre los territorios. Además, ha insistido en su crítica porque fue aprobado el 26 de agosto y no se consultó al Consejo Nacional del Agua.

"NO TIENE SENTIDO"

   Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha asegurado que el recurso del PP «no tiene sentido» y su finalidad es la de «esconder la renuncia a exigir el trasvase del Ebro» y el «engaño» a los valencianos con el lema ‘agua para todos’. En este sentido, ha recordado que el Decreto Ley se aprobó con la abstención del PP en el Parlamento, lo que considera que es un «doble discurso» de los ‘populares’ porque ahora lo recurren.

   Signes ha defendido que la cuenca como unidad de gestión «no impide que sean diferentes las administraciones que actúen sobre ella, siempre que los objetivos para lograrlos sean definidos por una administración única». En este sentido, criticado que en el PPCV «extienden el concepto de unidad de cuenca hasta el punto de no querer aceptar determinadas competencias».

   Además, ha afirmado que «si los valencianos deciden tener en el estatuto las mismas competencias sobre el agua que Andalucía o Aragón, este decreto lo permitiría, pero el PP no lo quiere».

"PROPAGANDA ELECTORAL"

   Del mismo modo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la interposición de este recurso porque su objetivo era de «propaganda electoral», pero «calcularon mal» las fechas y por eso el Consell tuvo que presentar otro recurso el pasado viernes.

   Torró también ha criticado las formas del Gobierno central a la hora de tramitar este Decreto Ley, sin consultar el Consejo Nacional del Agua y aprobado un 26 de agosto. Pero, es que estos procedimientos «son habituales» en el hacer del Consell, ha denunciado.

   En su opinión, la mejor forma de enmendar esto es que el nuevo Gobierno ‘popular’ lo derogue. «No estamos de acuerdo con el Decreto, pero tampoco con la postura del PP, absolutamente electoralista» y por eso se han abstenido.

   El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha advertido de que si la decisión sobre las cuencas se centra en las CCAA, es «perjudicial» para la Comunitat Valencia por la situación de sus cuencas hidrográfica. Además, ha criticado el uso político que hace el PP del agua.

   En la línea del resto de grupos, ha señalado que el PP «tiene otro camino, que es el legislativo» para modificar este Decreto Ley, «más rápido que el judicial». por ello, «cuando estén en el Gobierno se lo exigiremos», les ha advertido a los ‘populares.

Piden que el nuevo presidente del Gobierno haga "una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura" en cuanto tome posesión

  ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –  

   Los principales colectivos de agricultores, empresarios y regantes de la provincia de Alicante han suscrito un manifiesto «en defensa de del trasvase del Ebro Tajo-Segura» y en el que no renuncian al trasvase del Ebro, al tiempo que han pedido al nuevo presidente del Gobierno un «gran pacto del agua» permanente en el tiempo e indiferente del partido que gobierne.

   Representantes de Asaja Alicante; la Confederación Empresarial de Alicante (Coepa); Riegos de Levante margen izquierda; Riegos de Levante margen derecha; el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela; la Junta Central de Usuarios del Alto Vinalopó, l’Alacantí y consorcio de Aguas de la Marina Baja; y la Comunidad de Regantes de Carrizales y la Junta Central de Usuarios de la Pedrera han constituido un comité de trabajo «imparcial y apolítico, en representación de los intereses agrarios y económicos de la sociedad alicantina».

   Este comité pretende ser «una comisión de seguimiento en materia de recursos hídricos, un lobby que analice en cada momento las repercusiones e impactos económicos del déficit hídrico y que reivindique de manera enérgica y continuada los postulados que siempre se han defendido en materia de agua».

  «Empresarios, regantes, usuarios y agricultores somos los más perjudicados por esta situación de desequilibrio hídrico y consideramos prioritario que nuestras autoridades se pongan a trabajar en los factores que impiden nuestro crecimiento, devolver la confianza a los sectores productivos, pues ahora más que nunca urge recuperar la capacidad de generar empleo», han asegurado.

   Así, han requerido que se «tengan en cuenta, a partir de los estudios técnicos objetivos elaborados, cuales son las necesidades reales de agua, presentes y futuras, en la provincia de Alicante y se reconozca la necesidad de recibir más aportes de agua externos».

   Con esta finalidad han reclamado un «gran pacto del agua, que incluya la interconexión  de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a la circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder Ejecutivo».

   En primer lugar, el manifiesto exige «el mantenimiento del Tajo-Segura en las condiciones actualmente existentes y todo ello en cumplimiento de la legislación vigente». Para ello, piden a «la formación política que llegue al Gobierno a partir del día 20 debe formular, nada más tomar posesión de sus cargos, una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura y su oposición rotunda a los frecuentes ataques que sufre la obra hidráulica».

   En su opinión, «deberá impedir en todo momento que las competencias hídricas pasen a las autonomías, lo que sólo conllevaría potenciar la conflictividad entre territorios y aumentar las injusticias del agua, beneficiando sólo a aquellos en los que nacen los ríos, cuando éstos son de todos los españoles, según establece la Constitución».

DAÑO ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

  «Si se echa el cierre al Tajo-Segura, veremos cómo se degrada una obra de grandes dimensiones, ocasionando un daño irreparable en el entorno, además de ocasionar un daño humano, económico y medioambiental sin precedentes», ha añadido.

   Por ello, han continuado, «debe considerarse y reconocerse expresamente el daño medioambiental y económico que ocasionaría acabar con una obra tan importante como es la del Tajo-Segura». A modo de ver de los regantes, «es obvio que el trasvase es insustituible».

   En cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, han insistido en que la «paralización de las obras por la conducción: solución de Cortes y su sustitución por el nuevo proyecto desde Cullera dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados».

   Desde su punto de vista, «no existen razones fundadas de orden hidrológico, económico y medioambiental, jurídicas, sociales, ni de eficiencia energética, que aconsejen el cambio de toma, más bien al contrario se ha demostrado  la idoneidad de la ‘solución Cortes'».

TRASVASE DEL EBRO

  Los regantes también han insistido en el trasvase del Ebro. «No renunciamos al derogado trasvase del Ebro, pues constituye un pilar fundamental en nuestro propósito de situar la agricultura y al sector agroalimentario de la zona en un motor económico diverso, multifuncional y básico para el conjunto de la economía del país», han manifestado.

   Igualmente, piden una convocatoria urgente de la comisión provincial del agua y han anunciado que trasladarán este manifiesto al nuevo presidente del Gobierno y al nuevo gobierno elegido en las urnas. También se hará llegar el documento al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y a la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al nuevo Gobierno que saldrá de las urnas del próximo 20 de noviembre la recuperación del Ministerio de Agricultura, después de que se integrara en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino en 2008 «pasando de la ignorancia ecologista al fundamentalismo ambientalista».

   Asimismo, con el fin de proteger la competitividad del sector, en crisis por la subida de los costes de producción y la caída de precios, los regantes plantean la necesidad de un escenario energético competitivo que suponga un ahorro significativo con respecto al actual y zanje las continuas especulaciones de subidas tarifarias que se ciernen como una amenaza sobre el campo español. En la actualidad, la luz representa más del 30% de los gastos de producción.

   En su opinión, la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizaría al Ejecutivo entrante la colaboración del sector en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, actualmente paralizada debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial y que hacen inviable la transformación hacia riegos de presión (aspersión y localizado).

   Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria (PAC) sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas.

   «Después de habernos endeudado por cincuenta años para transformar nuestros sistemas de riego y poder producir más y mejores alimentos con menos agua, en línea con las indicaciones de la FAO, solicitamos que se destine parte de los fondos comunitarios orientados al segundo pilar de políticas de desarrollo rural a reforzar la agricultura de regadío sostenible, ya que en general los criterios para asignar estos recursos tienen una base más política que de interés agrícola», señaló el presidente de Fenacore, Andrés del Campo.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha solicitado al gobierno que salga elegido en las elecciones del 20 de noviembre la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que garantice la coordinación de todos los planes de cuenca de acuerdo a los intereses generales de los usuarios, impulsando la construcción sostenible de obras de regulación y trasvases intercuencas.

   Por otra parte, insta al nuevo Gobierno a proseguir con la línea iniciada con la devolución de competencias del Guadalquivir, de manera que «sea única y exclusivamente el Estado responsable político de aguas como rigen los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara la Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

   En esa línea, el programa de la Federación pide el establecimiento de un Pacto Nacional que garantice la recuperación de todas las competencias por parte de las confederaciones hidrográficas cedidas a las distintas comunidades, «para evitar el derroche de recursos económicos y la descoordinación en la gestión del agua».

   Esta petición de los regantes se enmarca dentro de un programa más extenso de propuestas dirigidas a las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones, con el fin de garantizar la actividad de un sector estratégico para la economía española.

   Otra de las propuestas de la Federación se centra en la recuperación del Ministerio de Agricultura, «después de que en 2008 el sector quedara relegado a un segundo plano con la integración de los asuntos agrarios en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino».

   Por otra parte, plantean al nuevo Gobierno «la necesidad de un escenario energético competitivo» para la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, paralizada «debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial».

   Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas «encaminadas a establecer un pago fijo por hectárea en lugar de incentivar la producción/productividad».