La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha resaltado este martes el valor de la apuesta realizada por el MARM para el desarrollo de un regadío sostenible, capaz de compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones y la mejora de la calidad de vida en el medio rural con la eficiencia hídrica y energética.

   Durante su intervención en la inauguración del II Congreso Agricultura y Regadío», organizado por la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que se celebra en Sevilla, la ministra ha señalado que con esta apuesta se refuerza la competitividad de las producciones, de las empresas agrarias, reduciendo el consumo de agua por hectárea, añadiendo que «las nuevas infraestructuras son ahorradoras netas de agua, lo cual significa un especial beneficio en cuencas deficitarias como las de Andalucía».

   Tras destacar la importancia que el regadío tiene para la agricultura, el sistema alimentario, el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo rural, Aguilar ha resaltado el esfuerzo realizado por el MARM con importantes actuaciones, fundamentalmente en modernización y transformación de regadíos. Con ello, «se ha conseguido que si hace unos años se destinaba al regadío el 80 por ciento de la demanda total de agua, hoy esta demanda se haya reducido en un 20 por ciento».

   En este sentido, Aguilar ha recordado que el Ministerio ha venido desarrollando este trabajo a través del Plan Nacional de Regadíos, acelerado después con el Plan de Choque, y con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las comunidades de regantes, habiéndose actuado en más de 1,4 millones de hectáreas, con una inversión pública de 2.345 millones de euros.

   En concreto en Andalucía, la ministra ha señalado que la inversión del MARM desde 2004 ha permitido lograr un ahorro de agua de 168 hectómetros cúbicos al año. «Estos resultados, ha indicado Rosa Aguilar, se deben a un esfuerzo común de los regantes, de las Administraciones central y autonómica y de las empresas que han innovado y desarrollado la tecnología más adecuada para estas modernizaciones».

   En el marco de este compromiso del MARM y para garantizar el futuro para el regadío, Aguilar ha explicado que se está trabajando en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Comunidades de regantes para perfilar la Estrategia Nacional para Modernización y Sostenibilidad de Regadíos horizonte 2015.

   «A través de esta estrategia, se impulsa la colaboración público privada para fomentar el ahorro de agua, la transferencia de tecnología, el uso de recursos no convencionales y la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de riego, interviniendo sobre más de 860.000 hectáreas, lo que supondrá un beneficio económico y también medioambiental», ha explicado.

   En su intervención, Aguilar ha destacado el papel determinante que desempeñan los regantes y sus comunidades en materia de gestión medioambiental de suelos y agua, tanto en la reducción y control de la contaminación difusa como en la recuperación y protección de acuíferos y otros recursos naturales, como la biodiversidad, hábitats y paisajes, así como en la reducción de procesos de erosión y desertización, resaltando

muy especialmente el esfuerzo que los agricultores están realizando en materia ambiental en sus explotaciones.

SINGULARIDAD DEL AGUA

   Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz trillo, ha recordado que en 2005 se transfirió a Andalucía la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, la cuenca del Mediterráneo y luego la Atlántica.

   Asimismo, ha señalado que la reclamación de las competencias del Guadalquivir, así como las anteriores, nace de la voluntad de demostrar que Andalucía es capaz de prestar «un servicio público de calidad» desde la proximidad. De igual manera, se entendía que «el agua para Andalucía tiene una clara singularidad» tanto geográfica e hidrológica como económica y social.

   En este sentido, ha afirmado que de aquí nace la idea de administrar «el agua con vocación de hacerlo con justicia», en un doble sentido, en cuanto a la administración de un recurso «muy escaso en Andalucía» y «sobre todo desde el punto de vista social».

   «Entendemos que tocaba hacer esa gestión desde Andalucía para lograr un recurso que sea de todos», y por eso nació la Ley de Aguas, que está impregnada por la sostenibilidad y que trata asuntos tan importantes como los bancos públicos de agua, el reparto y la tutela de derechos que genera el agua y el Observatorio Andaluz del Agua.

APOSTAR POR EL AGRICULTOR ACTIVO

   Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha reclamado que la Política Agraria Común (PAC) debe apostar por el agricultor activo y las explotaciones productivas, de maneara que «la reforma no penalice la agricultura de regadío». Asimismo, ha pedido mecanismos de regulación de mercado.

   «Si hay una diferencia entre la reforma 1992 y la de 2000 es que entonces teníamos precios porque había mecanismo de gestión de mercado y hoy no tenemos mecanismos y prácticamente no tenemos precios», ha subrayado. A esto ha añadido que el 80 por ciento de la renta de los agricultores viene de la producción.

   Además, ha señalado que se necesita una PAC con un segundo pilar que apueste por la modernización de los regadíos, porque «hay que seguir compitiendo en los mercados», ya que, el 60 por ciento de la producción final agraria la produce el regadío.

   Por último, ha destacado que UPA va a «seguir peleando» para que en el futuro inmediato el Guadalquivir se gestione «desde Andalucía por andaluces» porque es «un recurso imprescindible en el desarrollo económico de Andalucía y del medio rural».

   Por su parte, el presidente de Areda, Marcelo Morales, ha señalado la importancia de esta asociación dentro del regadío andaluz, ya que ha duplicado el número de hectáreas desde el I congreso de Areda. De manera que cuenta en la actualidad con 315 comunidades, más de 207.000 hectáreas repartidas por toda Andalucía.

   Según ha detallado, «sin regadío son impensables las explotaciones agroalimentarias» siendo «el agua sinónimo de riqueza y prosperidad y siendo vital para fijar la población».

   Por último, ha reclamado que la PAC apueste por agricultores con explotaciones productivas, como «son el regadío» y que establezca mecanismos de gestión de mercado.

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Moren, ha asegurado este martes que la disminución de las reservas hidráulicas registrada en los últimos meses no es «dramática», aunque sí ha considerado necesario vigilar los casos en los que se ha declarado una situación de prealerta.

   Se trata de una cuestión, según explicó, en la que hay que ser «prudentes» y recordó que España ha vivido situaciones «mucho peores» en otros momentos, por lo que actualmente no es necesario adoptar las medidas que se han requerido en otras épocas.

   No obstante, ha insistido en que el Ministerio está «vigilante» ante la evolución de los casos en los que se ha declarado la prealerta, aunque apuntó que si en los próximo días el país registra precipitaciones la situación en dichas zonas se normalizaría «sin ningún problema».

   En el caso de que continúe el nivel de prealerta y empore la situación, se podrían en funcionamiento las medidas adecuadas. «De lo que se trata es de tener muy controladas las cosas y saber lo que hay que hacer en cada momento», ha recalcado.

   En este contexto, ha recordado la experiencia que se vivió en el país entre los años 2004 y 2008 por la sequía y señaló que en cada una de las cuencas hay planes especiales en los que se establecen las medidas que resultan necesaria en función de los indicadores.

   Marta Moren ha realizado estas declaraciones en el Parador San Marcos de León, donde se celebra el I Congreso Ibérico ‘RestauraRíos’, donde expertos internacionales de España, Portugal, Alemania, Suiza, Francia, Noruega, México y Estados Unidos analizan diferentes políticas y experiencias de restauración de ríos y protección frente a inundaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, modificando así otro Real Decreto anterior, del 8 de mayo de 1987, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Se da así cumplimiento a las atribuciones que le otorga el texto refundido de la Ley de Aguas y demás normativa vigente.

   La regulación del Consejo del Agua de la demarcación en dicha Ley introduce significativas modificaciones, incorporando entre las nuevas funciones la de promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador. Además, incluye entre los nuevos vocales a representantes de las entidades locales, de los servicios periféricos de costas, autoridades portuarias y capitanías marítimas, y de asociaciones y organizaciones en defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.

   Por otro lado, el Real Decreto establece que el número y distribución de los representantes autonómicos en el Consejo debe efectuarse en función del número de comunidades autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, con un mínimo de un representante por cada Comunidad Autónoma, en este caso Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

   Estos criterios se han aplicado considerando la superficie y la población con igual ponderación y teniendo también en cuenta, en todo caso, que el número total de vocales del Consejo no dificulte su operatividad.

   El plazo para la constitución efectiva del Consejo del Agua de la demarcación será de tres meses y, hasta entonces, seguirá existiendo y ejerciendo sus competencias el Consejo del Agua de la cuenca. Posteriormente a la constitución del Consejo, la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana deberá constituirse en un plazo no superior a un mes.

   El funcionamiento y constitución del Consejo del Agua de la demarcación regulado en este Real Decreto no supondrá incremento alguno del gasto público, y se atenderá con los recursos personales y materiales existentes en la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

   Respecto al ámbito territorial, el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, modifica el Real Decreto de 8 de mayo de 1987, por el que se definían los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

   Con esto se pretende ajustar el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ya que se vio afectado por el Real el Real Decreto de 23 de diciembre de 2005, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico, esto es las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, al incluir en dicho traspaso las cuencas hidrográficas de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y las inter-cuencas de vertido directo al atlántico.

   Este Real Decreto ha sido informado favorablemente por el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que participan las comunidades autónomas y los sectores afectados.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha «que trabaje para la derogación del trasvase Tajo-Segura, que tanto daño ha hecho, hace y continuará haciendo», después de que a su juicio en este año hidrológico se haya trasvasado «toda el agua posible hacia el río Segura» pese a que el año hidrológico de éste río «ha sido sobresaliente».  

   La Plataforma ha informado en nota de prensa que este «ciclo excepcional» en el río Segura «no ha servido en absoluto» para que el ministerio de Medio Ambiente realizase una gestión comedida de la cabecera del Tajo, pese a que el agua trasvasada «no ha sido utilizada en muchos de los casos», existiendo a fecha 30 de septiembre «reconocidos» 103,235 hm3 del Tajo almacenados en los embalses del Segura.

   Esta cantidad representa para la Plataforma «agua trasvasada en exceso» por no estar empleada que supone un 28,36 por ciento de lo trasvasado, «sin contar lo guardado en balsas y pequeños embalses repartidos por el denominado postrasvase».

   En esta línea, han denunciado «la mala gestión de la cabecera del Tajo, que condena a muerte al tramo medio entre Aranjuez (Madrid) y Talavera de la Reina, donde el río este año, como muchos desde que comenzó a operar el trasvase Tajo-Segura, no ha tenido prácticamente caudal circulante en muchos tramos».

   Por ello, han pedido la revisión inmediata de la Regla de Explotación del Trasvase, aseverando que «se ha perdido la oportunidad de aprovechar este último ciclo húmedo para subir los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de los 1.500 hectómetros».

   «Desde la Plataforma exigimos cordura y altura de miras a la Administración central, que aparece interesada en trasvasar cuanta más agua mejor antes de que quede vigente el nuevo Plan de cuenca», añade la nota, en la que además

Los sindicatos CCOO y UGT reclaman un debate sobre las competencias y el ejercicio de las facultades asociadas a la gestión del agua entre las distintas Administraciones que sea «sosegado, riguroso técnica y jurídicamente, democrático y participativo», al considerar «improvisada e inoportuna» la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas.

   Así, critican la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobada por el Gobierno vía Real Decreto-Ley y que ha sido recientemente ratificada en el Parlamento.

   A su juicio, con esta modificación se transfieren las competencias de la gestión de concesiones de agua y de policía del dominio público hidráulico a aquellas comunidades que lo han incorporado en sus estatutos de autonomía. En ese sentido, critican que recurrir al mecanismo Real Decreto-Ley para aprobar una modificación legislativa «sólo se justifica por razones de urgencia y excepcionalidad, circunstancias que no se justifican ni motivan en este caso».

   Además, ambas organizaciones sindicales opinan que la gestión del agua en España ha sido y es causa de «numerosos» conflictos sociales, económicos, ambientales y políticos. Por ello, subrayan que abordar los desafíos que entraña la gestión sostenible de los recursos hídricos en la sociedad del siglo XXI exige la modernización y reforma de la actual administración del agua, adecuar los organismos, gestores y estructuras que la conforman al actual marco constitucional y pluri-competencial en materia de aguas.

   Asimismo, denuncian que la modificación introducida «ha hurtado el preceptivo y necesario debate social y político» respecto a su contenido, objeto y oportunidad en los órganos consultivos establecidos a tal efecto, tanto el Consejo Nacional del Agua como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

   «Con esta modificación legislativa, lejos de contribuir a mejorar la gestión eficaz de los recursos hídricos, se añade conflictividad en un aspecto muy relevante de la gestión sostenible del agua: la distribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas», insisten CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

   Finalmente, exponen que, en su opinión, la cuenca hidrográfica es el ámbito para la gestión integral, sostenible, democrática y participativa, por lo que la concurrencia de distintas Administraciones públicas «exige» un sistema de distribución de competencias y una coordinación estable y eficaz de las distintas autoridades competentes para asegurar una adecuada gestión del dominio público hidráulico.

El acuífero de la zona piloto de La Mancha Oriental, en la cuenca del Júcar, se recargó por encima de los 1.500 hectómetros cúbicos frente a la caída a 90 hectómetros de 2011, según los datos del Proyecto Europeo Sirius que ha ofrecido el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y coordinador del proyecto, Alfonso Calera.

   Según ha destacado Calera en su intervención, «esto nos indica que han sido dos años de grandes contrastes, típicos del clima mediterráneo y este tipo de herramientas nos van ayudar a hacer una mejor planificación hidrológica», ha informado la UCLM en nota de prensa.

   El profesor ha explicado que durante 2010 y 2011 y a través de una herramienta informática llamada ‘Spider’, se pudo evaluar el crecimiento de los cultivos con casi 60 imágenes de satélite que han servido para calcular el balance de agua, cuanto consumen los cultivos y cuanta precipitación se infiltra.

   El objetivo se ha centrado en estudiar dos factores fundamentales, por una parte cuales son las demandas y por otra cuales son las recargas. «Vamos a poner en conocimiento de los usuarios estos datos para su discusión y que nos están señalando que la planificación hidrológica tiene que ser a medio plazo, multianual», ha indicado Calera.

   También han intervenido en la presentación de esta jornada, la  coordinadora del proyecto, Anna Osann, el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Joaquín Andreu, y el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte.

MEJORES GESTORES

   Precisamente, este último se ha referido a la utilidad de estas herramientas, afirmando que «las previsiones son que el conocimiento nos haga ser mejores gestores, porque gestionar por intuición es muy peligroso, unas veces se acierta y otras no, pero cuando se gestiona con un buen conocimiento es mucho más fácil tomar decisiones, para eso sirven estas herramientas, que si no las tuviéramos las tendríamos que inventar».

   Respecto a los datos del Acuífero de la Mancha Oriental durante 2010 y 2011, el presidente de la JCRMO ha dicho ser consciente de que este fenómeno es cíclico, con tres años buenos y otros tantos malos. «Lo que hay que hacer es gestionar para minimizar el efecto en  los años peores y que no sean tan dramáticos», ha señalado.

   También ha afirmando que «ahora en el pantano de Alarcón hay casi 700 hectómetros y en Contreras 400, y respecto al acuífero ha dicho que «ha tenido unas subidas que servirán para afrontar los tres próximos años en caso de sequía». En la actualidad la JCRMO ha aumentado sus competencias sobre aguas superficiales y territorio, representando a más de 14.000 regantes.

   Belmonte ha reslatado la propuesta que llevaba la programación sobre el exceso de  la fertilización en los cultivos, afirmando estar convencido de que se ha fertilizado de más, «teniendo en cuenta que ese nitrógeno que se usa de más es el que baja al acuífero».

   «Hay que fertilizar sólo cuando sea necesario», ha indicado,  resaltando que la Política Agraria Común (PAC) debía de «insistir más» en las buenas prácticas agrícolas, con rotaciones de cultivos y análisis de suelo obligatorios para que el agricultor sepa lo que necesita ese cultivo que acaba  de implantar. «Creo que estamos en el buen camino», ha dicho.

FERTILIZACIÓN

   Dentro del programa también han intervenido el ingeniero agrónomo, Vicente Bodas, que ha hablado de estimación de cosecha utilizando el satélite y perspectivas sobre fertilización; y  Miguel Fernández Mejuto, de la Diputación de Alicante, que ha abordado el manejo  integrado de un sistema de explotación mediante AQUATOOL –una herramienta informática– y ha tratado el caso de la Marina Baja.

   El acuífero de La Mancha Oriental es zona piloto en España, junto con la Marina Baja de Alicante, del proyecto Sirius, cuyos de investigación en España son el Instituto de Desarrollo Regional y Centro Regional del Agua de la UCLM, el Instituto de Ingeniería del Agua y Medioambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, el departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha anunciado este jueves que los principales usuarios de agua votarán «de forma unánime en contra» de los planes hidrológicos de cuenca en los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas y en el Consejo Nacional del Agua (CNA) en protesta por la cesión de competencias sobre la gestión de las cuencas a las comunidades autónomas.

   Además, ha señalado que la organización está estudiando denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por romper el principio de unidad de gestión que recoge la Directiva Marco de Aguas.

   La decisión ha sido anunciada durante el acto de homenaje a Joaquín Costa por el centenario de su muerte. Del Campo ha dicho que esta decisión viene después de haber agotado todas las vías de diálogo y acercamiento al Ministerio de Medio Ambiente y comunidades autónomas, así como a portavoces de grupos parlamentarios y de los principales partidos políticos, incluidos Gobierno y oposición.

   Asimismo, FENACORE explica que el detonante de la determinación ha sido la reciente convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a las comunidades autónomas del Dominio Público Hidráulico, saltándose los procesos ordinarios de aprobación legislativa y obviando las sentencias del Constitucional y el Supremo sobre la cesión de competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

   En ese sentido, del Campo añade que la justificación del voto negativo de los regantes reside en el «profundo desconocimiento que la Administración Central ha demostrado tener del concepto de Confederación Hidrográfica» y de los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión que deben inspirar el proceso de planificación hidrológica, el cual debe regirse por criterios comunes «si quieren evitarse intereses localistas y guerras del agua».

   Por eso, ha precisado que la federación comenzará en estos días las gestiones para tratar de hacer extensivo este voto negativo a todos los usuarios implicados en el proceso de planificación, así como a las organizaciones medioambientales y asociaciones agrarias beligerantes, manifestando abiertamente el rechazo a la ruptura del principio de unidad de gestión de cuenca.

   De hecho, ha agregado que una paralización de los planes de cuenca conllevaría nuevas sanciones por parte de Bruselas por incumplir los plazos fijados y que, además, impediría la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional ya que estos planes han de coordinarse con criterios localistas basados en los intereses de los que tienen el agua más cerca.

   Respecto a la demanda en Bruselas, Del Campo ha manifestado que FENACORE está estudiando la posibilidad de presentar en Bruselas una denuncia contra el Gobierno de España por atentar contra «el espíritu y la letra de la Directiva Marco de Aguas) que reconoce el principio de participación de los usuarios en los procesos de planificación y políticas relacionadas con el agua, así como los criterios de gestión por cuencas hidrográficas.

   «Si la Administración no está dispuesta cumplir la Constitución, la Directiva Marco de Aguas y la Ley de Aguas, sometiéndose al principio de legalidad y, en su lugar, actúa saltándose la legislación nacional e internacional para hacer valer las diferentes reformas estatuarias a cualquier precio, estamos destruyendo las bases del Estado de Derecho, y esto es muy grave», ha expresado.

   Finalmente, ha advertido de que con la reciente delegación de competencias sobre el dominio público hidráulico a la Junta de Andalucía se están duplicando las administraciones hidráulicas y los gastos «sólo por caprichos políticos».

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha afirmado este jueves que la modernización de regadíos y el buen uso del agua deben estar contenidos en la futura Política Agrícola Común (PAC). Puxeu ha clausurado un acto de homenaje a Joaquín Costa en Madrid, informa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

   El acto ha sido organizado por Riegos del Alto Aragón, el Canal de Aragón y Cataluña, la Cámara Agraria Provincial del Alto Aragón

y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

   Puxeu ha señalado que la PAC debe comprometerse con una adecuada gestión de dos recursos escasos como son el agua y el suelo. De este modo, la agricultura del futuro tiene que dar respuesta a la creciente demanda de alimentos de calidad.

   Para ello, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua ha incidido en la importancia del uso de las nuevas tecnologías de gestión del agua, que permiten un mayor ahorro de agua y una mayor eficiencia energética en un sector, como el agrario, que es el primer usuarios de recursos hídricos.

   En este sentido, ha recalcado que el 55 por ciento de la producción agraria de España se hace en el 55 por ciento del territorio.

   Josep Puxeu ha hecho hincapié en que la gestión de los recursos hídricos en España no está reñida con su modernización, como se ha demostrado con un exponente de sostenibilidad de la actividad agraria como es la agricultura de regadío, cuya normativa va más allá de las exigencias básicas y está basada en la eficiencia energética.

La reserva hidráulica se encuentra al 63,2 por ciento de su capacidad total, con 35.115 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada, lo que representa una disminución de 485 hm3, un 0,9 por ciento, con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

   Concretamente, las variaciones afectan al Ebro, que ha perdido 154 hm3, mientras que la Cuenca Mediterránea Andaluza se mantiene respecto a la pasada semana. Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 60,1 litros por metro cuadrado.

   Por ámbitos, Galicia Costa se encuentra al 50; Miño-Sil, al 55,7;

Cantábrico, 53,4; Cuencas internas del País Vasco, al 61,9; Duero, al 62,6; Tajo, al 57,6; Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 77,8; Cuenca Atlántica Andaluza, al 80,7; Guadalquivir, al 76,5; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 68,1; Segura, al 60,1; Júcar, al 49,4; Ebro, al 45,5; y las cuencas internas de Cataluña, al 75,7.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, cree que el Gobierno central «responde» y este jueves se ha dado «un paso extraordinariamente importante» para la región después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley de 2011 por el que se modifica la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

   En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Aguilar cree que así se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reserva a la comunidad las competencias de la cuenca del Guadalquivir en territorio andaluz. «Debíamos dar una respuesta en positivo cediendo las competencias que son posibles en el marco estatutario, de la Ley de Aguas y la directiva comunitaria», ha dicho.

   De este modo, la región pueda gestionar las competencias de dominio público hidráulico, al tiempo que «la disposición adicional mantiene la unidad de cuenca, es fiel a la directiva comunitaria europea del agua y está en el contexto de lo que definía la Ley de Aguas», aclara la ministra.

   Así, defiende que después de la sentencia del TC «había que responder y se ha respondido en lo más y lo mejor a través de esta disposición adicional», algo para lo que se ha trabajado en la comisión bilateral con la Junta y «consecuencia del trabajo es la disposición», celebra Aguilar.

   Entretanto, ha destacado que «el Gobierno de España ha mantenido con la Junta una postura de colaboración plena y lealtad institucional para solucionar este tema y vamos a seguir trabajando en el camino».