La subida de los precios de la luz en los últimos años y el desarrollo de sistemas de abastecimiento eléctrico alternativo a las grandes eléctricas, como por ejemplo las placas fotovoltaicas para particulares, está provocando miles de cancelaciones en los contratos tradicionales de suministro.

Así se refleja en los datos que periódicamente publica el regulador energético. Antes, estas funciones recaían en la Comisión de Energía, y ahora, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según las últimas estadísticas del boletín de indicadores energéticos elaborado por la CNMC, el pasado año el mercado eléctrico en España cerró con un total de 27,584 millones de contratos de suministro eléctrico.

De esa cifra 25,76 millones estaban en la península y el resto eran contratos de suministro extrapeninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). Esos datos son sensiblemente más bajas que las de 2012, cuando en España se llegaron a registrar un máximo histórico de 27,917 millones de contratos eléctricos.

El volumen de clientes nunca dejó de subir en los últimos años, a pesar de la crisis económica y el pinchazo del boom inmobiliario, el gran motor del crecimiento de las nuevas instalaciones eléctricas. La desaparición de la burbuja inmobiliaria solo ralentizó el crecimiento.

Así, y según datos históricos de los boletines estadísticos del regulador, en 2006 en España había 25,189 millones de contratos eléctricos. En 2007 aumentaron en casi un millón, hasta los 26,13 millones.

En 2008, el crecimiento se empezó a ralentizar, y el volumen de conexiones aumentó en 600.000, hasta 26,79 millones. En 2009, el enfriamiento inmobiliario ya era muy evidente, y el aumento de conexiones eléctricas apenas llegó a las 100.000. Ese año se alcanzaron los 26,88 millones de contratos.

Momento caótico

Entre 2010, 2011 y 2012, el aumento anual en el volumen de contratos también fue muy limitado, hasta que en 2012 se alcanzó un récord en el número de conexiones a partir del cual el mercado ha empezado a retroceder. El fenómeno coincide con un momento especialmente caótico en el sector eléctrico, con una reforma normativa que ha revolucionado el mercado y ha provocado grandes desbarajustes en los precios de la luz.

El último episodio en este sentido se produjo la pasada Navidad, cuando el Gobierno intervino los precios eléctricos para evitar que las tarifas se dispararan más del 11%. Después de fijar un precio provisional, ahora las eléctricas tienen que devolver dinero por ser una tarifa excesiva. Con todo, los usuarios tienen la sensación de que el recibo se ha disparado en los últimos años.

Autoabastecimiento

Sin contar los últimos ajustes, el precio medio ha subido más del 70% entre 2003 y 2013. Está habiendo colectivos muy activos que animan a los usuarios a abandonar los contratos tradicionales de suministro y buscar alternativas, como la denominada generación distribuida, que consiste en el autoabastecimiento.

Cada usuario produce su propia electricidad con fuentes como las placas fotovoltaicas o pequeñas turbinas eólicas. Estas instalaciones de renovables han bajado considerablemente de precio y la inversión para su puesta en marcha a pequeña escala es accesible a particulares, sobre todo en el campo.

Los sistemas de fotovoltaicas para bombeo en plantaciones de regadío están creciendo como la espuma. Desde las asociaciones agrarias y de regantes se anima a los agricultores a pasarse a este sistema.

ENLACE A NOTICIA: http://www.expansion.com/2014/05/27/empresas/1401220995.html

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago de las facturas por la crisis. Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.

Bruselas pide a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago de las facturas por la crisis. Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.

Bruselas pide a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com

Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso

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La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno central a mediados del pasado mes de julio continúa preocupando a los regantes extremeños pues supondrá un aumento de los costes en un 15% aproximadamente. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, mantuvo ayer una reunión con los responsables de las federaciones de regantes del Guadiana y del Tajo, en la que abordaron las tarifas eléctricas que se aplicarán en el sector tras la reforma eléctrica del Ministerio de Industria, según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa. Según ha manifestado el Consejero, las nuevas tarifas hacen que la situación del sector “sea insostenible”, más aún cuando los regantes han hecho “un enorme esfuerzo” por la modernización de sus explotaciones para ahorrar agua y energía; y con esta reforma del Ejecutivo central “rieguen o no rieguen le penalizan de la misma forma con esta subida de tarifas”. Echávarri ha mostrado su apoyo al sector y ha señalado que trasladará sus reivindicaciones tanto al Ministerio de Industria, autor de la reforma, como al de Agricultura. Además, ha explicado que la próxima semana presentará en el Parlamento regional una propuesta “con el objetivo de que todos los grupos reivindiquemos y apoyemos a un sector que no pide esto por capricho, sino que es un sector que ha hecho un gran esfuerzo y que no pueden marcar los precios en sus productos, sino que les vienen marcados”. La nueva reforma energética prevé la aplicación de un modelo de ‘tarifa plana’ en el que se aumenta el peso de los costes fijos (potencia) en detrimento de los costes variables (consumo), de forma que el pago de la factura dependería en menor medida del consumo real. Esto perjudicaría especialmente a un sector de gran importancia en la comunidad autónoma extremeña, como es el caso de los regantes.

Agricultura trasladará las quejas de los regantes extremeños contra el nuevo modelo de tarifa eléctrica,Extremadura.-Economía y empresa Expansión.com

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno central a mediados del pasado mes de julio continúa preocupando a los regantes extremeños pues supondrá un aumento de los costes en un 15% aproximadamente.

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, mantuvo ayer una reunión con los responsables de las federaciones de regantes del Guadiana y del Tajo, en la que abordaron las tarifas eléctricas que se aplicarán en el sector tras la reforma eléctrica del Ministerio de Industria, según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Según ha manifestado el Consejero, las nuevas tarifas hacen que la situación del sector “sea insostenible”, más aún cuando los regantes han hecho “un enorme esfuerzo” por la modernización de sus explotaciones para ahorrar agua y energía; y con esta reforma del Ejecutivo central “rieguen o no rieguen le penalizan de la misma forma con esta subida de tarifas”.

Echávarri ha mostrado su apoyo al sector y ha señalado que trasladará sus reivindicaciones tanto al Ministerio de Industria, autor de la reforma, como al de Agricultura.

Además, ha explicado que la próxima semana presentará en el Parlamento regional una propuesta “con el objetivo de que todos los grupos reivindiquemos y apoyemos a un sector que no pide esto por capricho, sino que es un sector que ha hecho un gran esfuerzo y que no pueden marcar los precios en sus productos, sino que les vienen marcados”.

La nueva reforma energética prevé la aplicación de un modelo de ‘tarifa plana’ en el que se aumenta el peso de los costes fijos (potencia) en detrimento de los costes variables (consumo), de forma que el pago de la factura dependería en menor medida del consumo real. Esto perjudicaría especialmente a un sector de gran importancia en la comunidad autónoma extremeña, como es el caso de los regantes.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.expansion.com/2013/08/30/extremadura/1377865169.html

El precio del agua va a subir al menos un 50%. Los compromisos con la Unión Europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua obligarán a repercutir en los usuarios el coste de las inversiones que hay que acometer en los próximos años. Play Selecciona, copia y pega este código: El Ejecutivo licitará obras público-privadas de depuración por valor de 10.000 millones de euros en los próximos siete años (de 2014 hasta 2021), según aseguró a EXPANSIÓN Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y serán los usuarios los que paguen, en la tarifa del agua, tanto el servicio como el coste de implantación y amortización de las obras. En el marco de las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó que en los dos últimos años «se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración», y confió en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014». Este año, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas, ideado en la primera legislatura del anterior Gobierno para dar cumplimiento a la directiva. · Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt

El precio del agua subirá un 50% por las nuevas inversiones hídricas,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com

El precio del agua va a subir al menos un 50%. Los compromisos con la Unión Europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua obligarán a repercutir en los usuarios el coste de las inversiones que hay que acometer en los próximos años. Play Selecciona, copia y pega este código: El Ejecutivo licitará obras público-privadas de depuración por valor de 10.000 millones de euros en los próximos siete años (de 2014 hasta 2021), según aseguró a EXPANSIÓN Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y serán los usuarios los que paguen, en la tarifa del agua, tanto el servicio como el coste de implantación y amortización de las obras. En el marco de las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó que en los dos últimos años «se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración», y confió en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014». Este año, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas, ideado en la primera legislatura del anterior Gobierno para dar cumplimiento a la directiva. · Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt

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El precio del agua va a subir al menos un 50%. Los compromisos con la Unión Europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua obligarán a repercutir en los usuarios el coste de las inversiones que hay que acometer en los próximos años. Play Selecciona, copia y pega este código: El Ejecutivo licitará obras público-privadas de depuración por valor de 10.000 millones de euros en los próximos siete años (de 2014 hasta 2021), según aseguró a EXPANSIÓN Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y serán los usuarios los que paguen, en la tarifa del agua, tanto el servicio como el coste de implantación y amortización de las obras. En el marco de las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó que en los dos últimos años «se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración», y confió en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014». Este año, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas, ideado en la primera legislatura del anterior Gobierno para dar cumplimiento a la directiva. · Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt El precio del agua subirá un 50% por las nuevas inversiones hídricas,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com

El precio del agua subirá un 50% por las nuevas inversiones hídricas,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com

El precio del agua va a subir al menos un 50%. Los compromisos con la Unión Europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua obligarán a repercutir en los usuarios el coste de las inversiones que hay que acometer en los próximos años.

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El Ejecutivo licitará obras público-privadas de depuración por valor de 10.000 millones de euros en los próximos siete años (de 2014 hasta 2021), según aseguró a EXPANSIÓN Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y serán los usuarios los que paguen, en la tarifa del agua, tanto el servicio como el coste de implantación y amortización de las obras. En el marco de las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó que en los dos últimos años «se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración», y confió en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014». Este año, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas, ideado en la primera legislatura del anterior Gobierno para dar cumplimiento a la directiva.

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http://www.expansion.com/2013/06/25/economia/1372154532.html

La Comisión Europea se plantea suprimir el tipo reducido del IVA -que en España es del 10%- para el agua, la energía, la gestión de residuos y la vivienda por considerar que su aplicación contradice los «objetivos estratégicos» de la UE de reducir el consumo de estos recursos por motivos medioambientales.

«Los Estados miembros necesitan nuevas fuentes de ingresos, mientras que las empresas quieren sistemas fiscales más simples con costes de conformidad menos elevados. Hoy nos planteamos la cuestión de saber si algunos tipos reducidos de IVA aportan los resultados previstos o si crean más problemas de los que resuelven», ha dicho el comisario de Presupuestos, Algirdas Semeta.

En el caso del agua, Bruselas plantea que los objetivos sociales que en principio tenía el tipo reducido del IVA podrían lograrse mejor mediante políticas sociales nacionales dirigidas a los grupos más vulnerables. Para la energía, la Comisión cree que el IVA reducido contradice el objetivo de fomentar el ahorro energético y favorece a las fuentes más contaminantes.

Lo mismo ocurre con la gestión de residuos, donde el IVA reducido no tiene en cuenta la jerarquía fijada por la UE, que da prioridad al reciclaje frente a la incineración o disposición en vertederos. En el caso de la vivienda, Bruselas plantea que este tipo se aplique sólo a las que cumplan las exigencias comunitarias máximas en materia de ahorro energético.

El Ejecutivo comunitario asegura en todo caso que todavía no hay ninguna decisión tomada y ha abierto una consulta pública, que concluirá el 3 de enero de 2013, para que todos los interesados le hagan llegar su opinión antes de plantear sus propuestas definitivas.

La Comisión pregunta también cómo equiparar el IVA de los libros y prensa en papel, que tienen ahora el tipo reducido, al de los libros y la prensa electrónica, a los que en la actualidad se les aplica el tema normal.

el Consejo también dará luz verde a las reformas de la Ley de Aguas y de la Ley de Residuos, dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, que también tratará la protección de espacios naturales y, en concreto, el Parque Nacional de Tablas de Daimiel.

Agua y Medio Ambiente
En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para «contribuir a una gestión más eficaz y coordinada», informa Europa Press.

Entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

La reforma normativa plantearía una gestión que preserve el «principio fundamental de unidad de gestión de cuenca» y permita «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación».

En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, «han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados».

Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.

En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.

El Estado puede asumir temporalmente y con carácter provisional la gestión de las demarcaciones hidrográficas que afecten a las autonomías que todavía no hayan asumido las competencias en materia de cuencas intracomunitarias.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso que presentó la Comunidad de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 125/2007 que fijó el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Esta autonomía sostenía que varias disposiciones eran nulas porque otorgaban competencias al Estado central en la gestión de las cuencas. La tesis manchega se apoyaba en que «la Administración General del Estado carece de competencias en materia de aguas, respecto de las cuencas intracomunitarias, de manera que no puede establecer las demarcaciones hidrográficas cuando se refieren a cuencas hidrográficas cuyas aguas discurren en su integridad por única única comunidad autónoma».

En concreto, Castilla-La Mancha entendía que el Estado podía invadir la gestión de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, correspondientes a Murcia y Comunidad Valencia, respectivamente. De esta forma, la región manchega pretendía ‘sacar’ al Estado de la gestión de ambas zonas.

Pero el Tribunal Supremo ha respaldado la competencia estatal en este caso concreto y lo ha hecho por varias razones. El resultado es que ha puesto sobre la mesa un interesante planteamiento jurídico que puede servir para frenar la guerra del agua.

Tanto Murcia como la Comunidad Valenciana sostenían la legalidad de la norma, porque «también existen cuencas intracomunitarias en Castilla-La Mancha gestionadas por el Estado» y porque «carece de sentido fragmentar la gestión, precisamente en tales demarcaciones». Además, apuntaban que ellas mismas «no tienen el ejercicio efectivo de la competencia sobre las cuencas intracomunitarias».

El Supremo ha aceptado tales planteamientos y ha rechazado las pretensiones de Castilla-La Mancha e, incluso, ha ido más allá para explicar su decisión.
La sentencia, redactada por la magistrada Pilar del Teso Gamella, explica que el decreto introdujo «una nueva noción en nuestro Derecho interno». El motivo es que «la demarcación hidrográfica tiene una sustantividad propia e incluye las cuencas intracomunitarias en el caso de autonomías que no hayan asumido efectivamente la competencia de aguas, al no haberse materializado las transferencias de medios y servicios».

La sentencia precisa que «ahora, la demarcación, como unidad de gestión, como antes lo fue con carácter único la cuenca hidrográfica, ha de permitir una administración equilibrada de los recursos hídricos, en atención al conjunto y trascendencia de los intereses afectados».

El Alto Tribunal insiste en que «la nota de la provisionalidad para fijar las demarcaciones hidrográficas intenta salir al paso de los vacíos que se producirían en la gestión de los recursos hidráulicos». Esto se puede producir «si la Administración General del Estado se inhibe respecto de las cuencas intracomunitarias y las Comunidades Autónomas no han asumido los medios materiales y personales para desempeñar tal servicio».

Y concluye: «La solución contraria haría que se resintiera la racionalidad del sistema, introduciendo una suerte de tajante escisión que bloquearía la gestión del agua y sometería a la misma a una suerte de lenta descomposición».

Estrategia frustrada
Según explica a EXPANSIÓN Rafael Ariño, socio director del despacho Ariño & Villar, «Castilla-La Mancha intentaba evitar la regulación estatal de la cuenca valenciana y murciana intracomunitaria, lo que suponía dejar las competencias sobre la materia en la Confederación Hidrográfica del Júcar y Segura, algo en lo que ambas comunidades estaban de acuerdo». Sin embargo, precisa, «la región de Castilla-La Mancha prefería impedir que tales confederaciones mantuvieran dichas competencias porque considera que podría perjudicarle».

Sin embargo y frente a este último criterio, «el Supremo defiende la libertad de asunción de competencias por parte de las regiones y en tanto no las asuman, el derecho del Estado a regular transitoriamente la materia para evitar un vacío normativo que seguramente buscaba Castilla-La Mancha».