El déficit de agua estructural que sufre la Comunidad de Valencia y la Región de Murcia han hecho que estas dos comunidades autónomas estén realizando un esfuerzo inversor muy importante en depuración, reutilización y desalación.

La Comunidad de Valencia reutiliza más del 50% de las aguas depuradas (225 hectómetros cúbicos al año), y dispone de 443 estaciones depuradoras de aguas residuales en funcionamiento. Y la Región de Murcia reutiliza el 100% del recurso recuperado tras eliminar los elementos contaminantes mediante un tratamiento de depuración.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, para analizar la política del agua en el levante español y las futuras actuaciones en desalación, depuración y reutilización que se van a llevar a cabo, organiza por tercer año consecutivo el encuentro ‘Gestión del agua en la Comunidad de Valencia y la Región de Murcia’. Patrocinado por Aguas de Valencia, el foro tendrá lugar el próximo 15 de junio en Valencia y en él se darán cita los máximos representantes del sector.

El esfuerzo inversor de ambas comunidades no cesa. La Comunidad Valenciana acaba de anunciar el Plan 100×75, con el que se construirán 36 nuevas EDARS y se remodelarán 29, con una inversión de 150 millones de euros. Además, está elaborando el futuro Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas.

El Gobierno regional de Murcia tiene como objetivo completar la red de saneamiento y depuración con los núcleos de población diseminados a través de una amplia red de colectores, que supondrá más de 200 kilómetros de tuberías en 15 municipios de la región.

«Los recursos hídricos constituyen una nueva fuente de riqueza indiscutible, sobre todo, en la cuenca mediterránea. Su limitación requiere de especialistas que optimicen su gestión, tanto en lo concerniente a producción y distribución como a todos los procesos necesarios para su posterior reutilización», destacan desde el grupo Aguas De Valencia.

Aguas de Valencia ha desarrollado la desnitrificación de agua potable y la lectura de contadores on line

Actualmente, esta empresa garantiza el abastecimiento de agua a más de dos millones de personas gracias a su implantación en más de 350 municipios, distribuidos en ocho comunidades autónomas: Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco.

Recientemente, además, Aguas de Valencia ha logrado con éxito distintas iniciativas, pioneras en España, que aportan nuevas soluciones para la gestión sostenible del agua. Entre ellas, cabe destacar los importantes esfuerzos que ha llevado a cabo para aumentar los rendimientos hídricos de los municipios, el control de vertidos, etcétera. Así como el desarrollo, por vez primera en este país, de la desnitrificación de agua potable o la lectura de contadores on line, desde un mismo centro de operaciones.

Aguas de Valencia construyó, en 2005, la primera planta desnitrificadora de España, empleando la electrodiálisis reversible, para asegurar el abastecimiento de agua potable de gran calidad a todo el municipio de Gandia. En total, actualmente gestiona en la Comunidad Valenciana seis plantas desnitrificadoras y dos desaladoras, mientras que en Cataluña ostenta la titularidad de una planta desnitrificadora.

Otro de los proyectos con el que esta empresa ha mejorado la gestión del agua en España, ha sido el diseño de una nueva aplicación tecnológica para centralizar la telelectura de los contadores que gestiona desde su centro de operaciones, en Vara de Quart (Valencia). De esta manera, el personal técnico de la empresa con un ordenador podrá recibir, a través de la señal por GPRS, los datos de los cientos de miles de contadores particulares de los municipios abastecidos por esta empresa.

La optimización energética de las EDARS redunda en un ahorro en los costes de mantenimiento, haciéndola más sostenible y respetuosa con el medio ambiente

Ante todo se impone la necesidad de perseguir el ahorro energético, la minimización de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y el desarrollo y aplicación de energías de origen alternativo a las convencionales.

Existen 443 EDARS (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) en servico, cuyo coste de explotación asciende a 160 millones de euros anuales, El coste energético supone el 35% de los costes de explotación, siendo estos de 56 millones de euros anuales. La optimización energética de las EDARS redunda en un ahorro en los costes de mantenimiento, haciéndola más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Por primera vez en la historia, las tres grandes organizaciones agrarias irán de la mano en una manifestación de carácter nacional que afecta a todas las ramas de actividad del campo.

Será el sábado, 21 de noviembre, en Madrid, en protesta por la ‘ruina’ que ha generado la crisis. Nunca se había producido un paro agrario general en toda España apoyado por todas las asociaciones. Ocurrirá el viernes y el sábado, a instancias de tres asociaciones que han aparcado diferencias para unir fuerzas: Coag, Asaja y Upa.

Les une la lucha contra el Gobierno para exigir ayuda. Y no caminarán solos. Les acompañarán 40.000 miembros de la federación nacional de comunidades de regantes (Fenacore) y la patronal de cooperativas agroalimentarias, que suma más de tres mil empresas y más de un millón de socios.

«Los agricultores y ganaderos se están arruinando. Es una auténtica debacle», asegura Pedro Barato, presidente de la organización agraria Asaja y vicepresidente de CEOE. Barato anticipa que «los ánimos están muy caldeados», por lo que se barrunta una manifestación tensa. El sábado, a las 11.00 horas, se darán cita en Madrid decenas de miles de campesinos, que exigirán, desde la Puerta de Alcalá hasta la puerta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, «soluciones» a su «ruina total». Los organizadores esperan «alrededor de 100.000» asistentes, a los que precederán decenas de tractores.

La jornada previa, el viernes 20, se llevará a cabo un paro general inédito en el sector agroalimentario, en el que el sector productor y cooperativo protestará por la situación de extrema dificultad por la que pasan todas las producciones y cultivos. Eso sí, «hay abastecimientos que serán difíciles de parar, como los de leche y otros alimentos perecederos», aclara Miguel López, secretario general de Coag. «Pero no llevaremos comida a los mercados», agrega. Además, habrá tractoradas, concentraciones y actos informativos por toda España.

La problemática del campo en los últimos tiempos puede resumirse en una sola frase: «falta de rentabilidad de las explotaciones», coinciden las asociaciones convocantes. Todos los sectores están en crisis, «desde el lácteo hasta el cerealista pasando por el vino, frutas y hortalizas, ovino y porcino», entre otros. La grave crisis que atraviesa el sector tiene su origen en el hundimiento de los precios que cobran agricultores y ganaderos por sus productos, a lo que se suma el elevado encarecimiento de los costes de producción.

Desde 2003 a 2008 se ha producido un fuerte incremento de los costes de la producción agraria (34,3%), que ya representan un 86% de la renta agraria final. A la par, la evolución del precio cobrado por agricultores y ganaderos se ha desmoronado. En el último año, los importes de la venta en origen de algunos productos han llegado a caer hasta un 60% (ver información gráfica).

Además, la renta agraria real total de los agricultores ha caído un 26%, según los datos del Ministerio, lo que se debe también a la pérdida de 124.000 empleos en dicho periodo. Dato este último que pone de manifiesto la agonía del sector rural.

«Es injusto e insostenible que el precio de nuestros productos esté por debajo de los costes de producción», clama Miguel López, secretario general de Coag. «Y si no, ¿cómo puede ser que un litro de agua sea más caro que un litro de leche? ¿Es que no se dan cuenta de que la distribución está abusando de nosotros?», se pregunta.

En infinidad de casos, y el lácteo es de los más flagrantes, las explotaciones agrarias tienen que vender productos por debajo del precio que les ha costado producirlo, según los datos del sector. Eso es «insostenible a todas luces. La distribución está manteniendo márgenes aunque haya bajado precios, a costa de pagarnos cada vez menos, pero como esto siga así no va a quedar títere con cabeza», opina López.

«La economía agraria es primaria, pero es el inicio de la cadena económica. Es estratégica», señala López. Algo en lo que coincide Pedro Barato: «El Gobierno tiene que darnos soluciones, porque somos estratégicos». El sábado tratarán de que la ministra del Medio Rural, Elena Espinosa, les reciba. Le pedirán una reducción del IVA de los principales insumos agrarios, del 16% al 7%, así como otro alza de un punto del IVA que repercuten agricultores y ganaderos, adicional al que contemplan los Presupuestos Generales del Estado.

El anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes, era receptivo hacia esa medida, y ultimaba una lista de productos que usan los agricultores a los que reducir el IVA, pero el gabinete actual no muestra la misma disposición.

La histórica reivindicación de un gasóleo profesional libre del pago del Impuesto Especial de Hidrocarburos tendrá fuerza en la manifestación del sábado, pese a que se ha ampliado la devolución de dicho tributo con carácter indefinido.

«La economía agraria es primaria, pero es el inicio de la cadena. Es estratégica», dicen los agricultores

Además, el campo pide medidas que controlen la «opacidad» de los mercados agroalimentarios. «Entregamos nuestras mercancías y no sabemos cuándo y cuánto vamos a cobrar», proclama el presidente de Asaja. Los campesinos demandarán, asimismo, una línea de financiación del ICO y facilidades en las refinanciaciones de deuda. Lo que aseguran no pedir es subvenciones directas. «Estamos cansados de que se nos diga que nos dan muchas ayudas, y que estamos subvencionados. Nosotros lo que queremos es que se nos pagase en origen lo adecuado», subraya el secretario general de Coag. «No hay otro sector que esté tan mal».

«No estamos en contra del mercado, sino de que el mercado destruya un interés general como es la alimentación. A la banca la salvan, y el dinero no se come, así que…», apunta López, sardónico. «No queremos más dinero ni más ayudas, sino que se establezcan mecanismos de control institucional, porque somos un sector que sirve el interés general, la alimentación. Otros países como Francia han respondido. Sarkozy ha puesto más de 1.500 millones para el sector», agrega.

Los regantes solicitarán al Ejecutivo la puesta en marcha de un paquete de medidas destinadas a aliviar el fuerte encarecimiento de las tarifas eléctricas para el regadío. «En los últimos tres años, la factura eléctrica ha experimentado un incremento medio cercano al 70%, llegando a superar en algunos casos el 100%», afirma el presidente Fenacore, Andrés del Campo.

«No hay duda, el campo es una ruina2, apostilla, lacónico, Miguel López.

El Rey da su apoyo al aceite de oliva y elogia su calidad
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de Borbón recibió en la tarde del lunes, en audiencia oficial, a los representantes de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, en la residencia real de La Zarzuela. Los representantes de todos los agentes implicados en la producción, elaboración y comercialización del aceite de oliva español trasladaron al jefe del Estado la importancia que tiene este producto en la cultura de nuestro país, tanto como en la economía y en el ámbito rural.

Don Juan Carlos elogió la calidad del aceite de oliva que se elabora en España y agradeció la selección de aceites que le entregaron los responsables de la organización. Durante su intervención, el presidente de la interprofesional, Pedro Barato, reconoció el apoyo prestado por el monarca y se refirió al peso específico que el sector aceitero tiene tanto en el campo como en la economía española. El apoyo del Rey toma vital importancia ahora que el Gobierno ha descartado impulsar un plan de reconversión para el sector del olivar, como pide el PP.

Andris Piebalgs, comisario de Energía, aprovechó ayer su visita a Madrid por el Congreso Mundial del Petróleo para reunirse con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y exigirle un calendario concreto de apertura del mercado.

Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía, pasó ayer fugazmente por el XIX Congreso Mundial del Petróleo en Madrid, donde tuvo oportunidad de saludar a decenas de altos ejecutivos de la industria petroquímica. Pero en su apretada agenda tenía una cita más acuciante: reunirse, por la tarde, con el nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián. Es la primera entrevista de Piebalgs con Sebastián, que se estrenó en su cargo hace escasamente tres meses.

Fuentes cercanas a Piebalgs aseguran que el asunto prioritario que quería tratar el comisario europeo con el ministro es  conocer de primera mano los planes del Gobierno español con respecto a la liberalización total de las tarifas eléctricas. Legalmente, las tarifas de alta tensión se liberalizan hoy.

La alta tensión es la que usa la gran industria, que se queja de la subida que supondrá la liberalización, un efecto que también podría producirse cuando se liberalicen las tarifas domésticas, o de baja tensión. Es aquí donde Piebalgs entiende que España tiene su gran problema.

Una directiva de 2003  obligaba a todos los países a liberalizar totalmente las tarifas eléctricas a partir de julio de 2007. España, como algún otro países del arco mediterráneo (Francia y Portugal) no ha cumplido con ese calendario, y lo que es peor, el Gobierno parece anclado en la regulación.

Para el tercer trimestre del año las tarifas seguirán reguladas. El Gobierno ha propuesto una subida media de la luz del 5,6%. Es decir, los precios siguen determinándose a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). España, entre otros procedimientos de infracción, ya tiene uno abierto por no liberalizar totalmente los precios.

Este expediente podría desembocar en sanciones y finalmente en una denuncia en el Tribunal de Luxemburgo. Los colaboradores de Piebalgs explican que el comisario es consciente de que una liberalización de la noche a la mañana de los precios, artificialmente bajos en España, sería inasumible socialmente, porque implicaría subidas drásticas en el recibo de la luz.

Bruselas está dispuesta a asumir que España proponga una liberalización progresiva. Pero ésta tiene que ser concreta y con un calendario específico, precisamente lo que no se ha establecido hasta ahora. El anterior ministro de Industria, Joan Clos, hizo caso omiso al planteamiento de Bruselas, explican desde el gabinete de Piebalgs. Piebalgs quiere un calendario concreto que además no sea muy dilatado en el tiempo.

Sebastián se enfrenta a una decisión política de enorme magnitud. La Comisión Nacional de Energía (CNE) considera que la subida del tercer trimestre no es suficiente. Sebastián ha asegurado que en el cuarto trimestre no habrá más subidas. A partir del 1 de enero, por tanto, sólo queda o liberalizar precios o subir las tarifas de nuevo vía BOE.

Por otra aparte, Neelie Kroes, comisaria de Competencia, durante su comparecencia en la Comisión Nacional de Competencia, ayer, dijo que los temas principales que se deben abordar son los cárteles, informa J.M.López. “En Bruselas intentamos abordar esto porque es una manzana podrida en la caja que perjudica a los buenos”. Merece la pena “investigar a fondo la energía”, dijo Kroes, porque en este sector no se están siguiendo las normas de la Competencia.

Más renovables, más rápido
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprovechó su comparecencia en el WPC para instar a la UE a diseñar un “abanico de medidas” para reducir el consumo de crudo, que, en su opinión, implicaría un adelanto en la estrategia comunitaria de conseguir que el 20% de la energía primaria en 2020 provenga de fuentes renovables, ya que resulta “insostenible” que países como España consuman 400 millones de barriles de crudo al año, porque provoca un déficit de 15.000 millones en la balanza comercial. 

Desde Dinamarca, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se desmarcó de un posible debate nuclear en su partido, al afirmar que “si no decidimos hacer el esfuerzo por las renovables y  aceptamos la nuclear, no haremos el esfuerzo por la energía del  futuro”.

El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando dejar la reforma de la Ley de Aguas para la próxima legislatura, en el caso de que el PSOE vuelva a recibir la confianza de los ciudadanos para gobernar del país.

La batalla autonómica por la gestión de los recursos hidrológicos, la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas y las deficiencias de los planes que han presentado las distintas cuencas al departamento ministerial que dirige Cristina Narbona, son las principales causas que baraja Medio Ambiente para no modificar, de momento, la legislación vigente con un proyecto que, inicialmente, debería introducir tasas que garanticen la recuperación de los costes en infraestructuras, evitar la fragmentación territorial y aumentar las sanciones por el uso abusivo y el fraude del agua.Así se puso de manifiesto en la última reunión que mantuvieron representantes del Ejecutivo y los usuarios profesionales del agua el pasado 24 de abril en Madrid. Al encuentro asistieron el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, y el director general del Agua, Jaime Palop, ambos cargos dependientes de Medio Ambiente; así como el secretario general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, y el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por parte de los usuarios profesionales comparecieron representantes de las distintas organizaciones agrarias y el máximo responsable de las federaciones de regantes (Fenacore), Andrés del Campo.A pesar de la intención inicial de Narbona de aprovechar la reforma para recuperar la denominada “ecotasa agrícola” –un sistema que penaliza el consumo de agua para regadío–, Gobierno y usuarios parecen haber acercado posturas respecto a la entrada en vigor del canon que grava los “servicios de gestión, control e inspección de los usos del agua”. La intención de Narbona es dejar para 2010 esta modificación, ya que, a su juicio, la reforma legislativa debe acometerse “con el mayor consenso posible”. Fuentes de los usuarios profesionales del agua que estuvieron presentes en la última reunión de la pasada semana con los responsables ministeriales, explicaron a este diario que “el tono del encuentro fue bueno, de diálogo y consenso”, y que “hay muchas probabilidades de que la reforma se deje para después de esta legislatura, porque Medio Ambiente quiere dar prioridad a los planes hidrológicos de cuenca”.Precisamente, los agricultores habían denunciado que los planes de sequía presentados al Gobierno incumplen la ley, al no hacer referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar los perjuicios que ocasionan estos proyectos hidrográficos en las explotaciones de regadío. Bien es cierto que en el momento más crudo del debate en el seno del Consejo Nacional del Agua, al final del primer trimestre de este año, la ausencia de lluvias era notable, aunque ahora la mayoría de embalses están en buenos niveles de capacidad. Aun así, las previsiones de Medio Ambiente revelan que España seguirá teniendo problemas de sequía en el futuro, por lo que las confederaciones de los ríos deberán incluir las medidas compensatorias para la restricción de los caudales en los planes enviados al Gobierno.La sobrevaloración de los recursos, junto con el aumento de la demanda por el reconocimiento legal de los nuevos usos –como, por ejemplo, el turístico– podría ocasionar problemas de suministro. Por otra parte, los usuarios profesionales consideran que las reformas estatutarias ponen de manifiesto la preocupación de las regiones para hacer más efectiva su participación en la gestión del agua asumiendo competencias estatales que no les corresponden, en lugar de gestionar la demanda.

El aumento de los precios de la electricidad ha disparado los gastos operativos de esas instalaciones, que eliminan la sal del agua del mar a través de un proceso de intenso consumo de energía.

Medio Ambiente, que es la propietaria de las desaladora aunque paga un canon a las empresas privadas por su gestión, ha pedido ayuda al Ministerio de Industria para sobrellevar esa carga.

Según fuentes cercanas a las conversaciones entre los dos ministerios, el departamento que dirige Cristina Narbona ha pedido al de Joan Clos que la factura eléctrica financie a las desaladoras, ya que tiene problemas para trasladar a los regantes el aumento del coste del agua. Responsables de ambas administraciones se reunieron para tratar el asunto al final de diciembre.

Según las mismas fuentes, Industria ha rechazado la propuesta, ya que considera que esa iniciativa va contra su deseo de que la tarifa de la luz refleje fielmente los costes del servicio eléctrico, y no asuma otras cargas.
Sin embargo, Medio Ambiente podría insistir con su idea, ya que el coste eléctrico de las desaladoras se va a disparar por la entrada en servicio de nuevas plantas y por el aumento de precios de la luz (un 4,3% de media en 2007).

Fuentes de Medio Ambiente afirmaron ayer que no existe ningún plan o propuesta para cargar el coste del agua desalada en la factura eléctrica. “Lo normal es que se aplique sobre la tarifa de los consumidores de agua”, reconocen en Medio Ambiente. En el Ministerio de Industria, no realizaron ningún comentario sobre el asunto.

En medios próximos a las empresas que gestionan las desaladoras se indica que “desde hace tiempo se habla de la posibilidad de que Medio Ambiente cuente con un apoyo con cargo a la tarifa eléctrica”. Constructoras como Acciona, ACS y FCC son los principales operadores de ese tipo de plantas.

Dos son las vías para que la factura eléctrica asuma esa carga. Una opción es instaurar un recargo en la tarifa (un porcentaje sobre la factura de los 25 millones de consumidores españoles), que Medio Ambiente utilizaría para pagar a los suministradores de las desaladoras.

Otra fórmula, que fuentes del sector eléctrico ven más factible, es que se establezca una tarifa especial para las desaladoras, similar a la que pagan algunas grandes indutrias del acero o el cemento. En este caso, el coste que no asumiera Medio Ambiente al pagar ese precio se repartiría entre el resto de tarifas. Según diversos cálculos, el coste eléctrico de un metro cúbico de agua desalada asciende a 0,25 euros.

Ahora mismo, las plantas en España producen alrededor de 500 hectómetros cúbicos, por lo que su factura de la luz ascendería a unos 125 millones de euros. Pero, en los próximos años, el volumen de agua del mar tratada en las desaladoras ascenderá a los 800 hectómetros cúbicos, por lo que el gasto eléctrico podría superar a los 200 millones de euros anuales. Medio Ambiente será el tercer mayor cliente eléctrico de España, por detrás del ferrocarril y las plantas de aluminio de Inespal.

El Ministerio de Industria cree que la factura eléctrica no puede soportar más costes. En 2007, alcanzarán los 25.000 millones, según previsiones de ese departamento. Sin embargo, los ingresos previstos por la facturación a los clientes se situará en menos de 22.000 millones, por lo que se generará un déficit de 3.100 millones, según Industria.

Otra alternativa para Medio Ambiente es convocar un concurso entre las eléctricas para adjudicar su suministro al mejor postor y lograr alguna rebaja.