El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reconocido que «las ha pasado canutas» con la planificación de varios ríos españoles, pendiente desde 2009, durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

«Yo creía que era más fácil esto de los ríos porque las he pasado canutas con el Guadalquivir, con el Tajo, con el Ebro, con el Duero, con el Segura y con el Júcar y no es nada fácil», ha admitido Arias Cañete, preguntado por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, quien le había cuestionado concretamente por el plan del Júcar.

A este respecto, ha señalado que el Júcar está siendo «el río más difícil de regular» porque, entre otros puntos, hay que conciliar los intereses de tres comunidades autónomas.

«Cuando se hizo el Júcar se establecieron caudales de agua que no existían para conseguir acuerdos políticos y a mí me gusta hacer planes sobre bases sólidas. Estoy agotando el diálogo y espero que en julio seamos capaces de acabarlo para empezar la información pública. Ése es mi deseo», ha subrayado.

Con ello, ha indicado que se ha avanzado «mucho» en la planificación de los ríos y, de hecho, ya se ha empezado con la segunda planificación del Júcar, hasta 2015, a pesar del «retraso» con la primera.

«Hasta que no tenga todos los ríos regulados y, conociendo los caudales disponibles, no puedo hacer el plan hidrológico nacional. Así que el primer interesado en acelerar todos los ríos soy yo. No voy a hacer mucho amigos en este país, pero espero hacerlo con racionalidad«, ha agregado.
 

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El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido al Gobierno autonómico que solicite a las confederaciones hidrográficas del Ebro, el Júcar y el Tajo la inscripción de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos en sus Registros de Aguas a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón en la forma que administrativamente corresponda. 

La iniciativa, una proposición no de ley presentada por el PAR, ha sido apoyada por este grupo, así como por el PP y el PSOE, sumando 53 votos, mientras que CHA e IU la han votado en contra, con un total de ocho votos negativos.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha recordado las diferentes normativas y leyes que recogen esa reserva hídrica, como el Estatuto de Autonomía, la ley del Plan Hidrológico Nacional, la ley de Ordenación y Participación en la gestión del agua, así como las Bases de la política del agua de Aragón.

Sin embargo, «a pesar de estar en tantas leyes, no se ha dado cumplimiento» y «hoy por hoy» esos 6.550 hectómetros cúbicos «no están registrados a favor de la Comunidad autónoma».

El diputado ha defendido la «oportunidad» de esta iniciativa porque «todavía está abierto el plazo de alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro», para considerar que es la mejor manera «de evitar cualquier trasvase».

El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha explicado que los recursos del territorio aragonés que se aportan a la cuenca del Ebro están en torno a los 6.550 hectómetros cúbicos, de los que entre abastecimientos, industria, agricultura y ganadería se utilizan, a través de un régimen de concesiones, unos 4.000.

No obstante, «a penas 400 ó 450 hectómetros podrían suministrarse de forma continua sin las obras de regulación de agua, que hacen función de depósito y almacén» por lo que ha considerado necesario garantizar esa reserva hídrica para el «desarrollo» de la Comunidad.

El diputado del PSOE, Alfonso Vicente, ha estimado que «es más importante inscribir» esa reserva que «la cantidad» que se solicita para «avanzar en la autogestión del agua», mientras que respecto a la cifra ha apuntado que aparece en el Estatuto de Autonomía y también en el anteproyecto del Plan de Demarcación del Ebro, y ha subrayado que el Tribunal Constitucional (TC) «ha confirmado que hubiera una reserva» en el Estatuto aragonés.

El diputado del PSOE, Joaquín Palacín, ha mencionado también al TC, que señaló en junio de 2011 que «los artículos del Estatuto en materia hídrica no obligan para nada al Estado», que es «quien al final decide» y «la reserva hídrica no existe como tal» porque debe ser «la planificación hidrológica quien la fije», para considerar que el cálculo de los 6.550 hectómetros cúbicos «no es ni muy científico, ni técnico».

El diputado de IU, Miguel Aso, ha defendido «garantizar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía» como algo «prioritario», pero ha estimado que en él no se asegura la cifra señalada ya que la supedita «a la planificación hidrológica», y sí asegura «el derecho a disponer de un abastecimiento suficiente en calidad y cantidad», que, a su juicio, «puede ser más agua o menos» de esos 6.550 hectómetros cúbicos.

Regantes y expertos en derecho alertaron ayer del peligro que se cierne sobre el principio de la unidad de las cuencas hidrográficas, tras la reforma legal que atribuye competencias de policía de aguas a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Andalucía, abriendo la puerta al traspaso de más competencias. La jornada informativa de Riegos del Alto Aragón ‘El futuro del regadío en el Valle del Ebro‘, a la que asistieron 400 personas, fue un clamor a favor de mantener las confederaciones hidrográficas, garantes de esa unidad y un modelo copiado en Europa, creadas en 1926 (la del Ebro fue la primera en el mundo).

«El Ebro no tiene pasaporte y no se puede dividir en nueve trozos», advirtió el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, para quien las consecuencias pueden ser «gravísimas». César Trillo aprovechó la presencia tanto del consejero de Agricultura como del secretario de Estado de Medio Rural y Agua para mostrarles su preocupación. Ya ha remitido cartas a los nueve presidentes de las comunidades atravesadas por el Ebro.

Según Trillo, ni PSOE ni PP han expresado claramente su oposición a la división de una gestión que puede resultar fatal cuando se trate de afrontar un desembalse o una sequía. Como ejemplo, citó que Aragón decidiría sobre el desembalse de Mequinenza cuando el 90% de los usuarios están en Cataluña. «En una avenida, que el Ebro tenga que estar gestionado por nueve comunidades puede ser un desastre», declaró. Su colega del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, defendió que debe garantizarse «la igualdad de los usuarios» y dijo que ha sido una reforma «atropellada» contra la que están «todos los regantes en bloque».

Así, la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ya ha anunciado que como medida de protesta no apoyará ningún plan hidrológico de cuenca. Su presidente, el andaluz Andrés del Campo, reprochó a las comunidades autónomas «su apetencia de poder». «Esto traslada la sensación de que el agua ya no es de todos sino del que la tiene más cerca», señaló, y valoró la gestión autonómica del Guadalquivir como «una mala experiencia».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, comprende la preocupación de los usuarios porque, a su juicio, la transferencia «va a dificultar enormemente la gestión del agua» y puede ser «fuente de conflicto». Recordó que fueron los regantes los que en su primer congreso nacional a principios del siglo XX pidieron un organismo de cuenca, ya que antes la política hidráulica estaba en manos de las provincias. «Es volver a la situación anterior de 1926», afirmó. Para hacer efectivo el decreto la comunidad debe pedir la transferencia y pactar unos límites con el Estado. Romeo confía en que el decreto «se aplique con sentido común» y la CHE pueda seguir manteniendo la labor de control y vigilancia.

En la jornada participó también el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Rioja, Antonio Fanlo, para quien la fragmentación de las cuencas es contraria a la Constitución. En su opinión, resulta «sorprendente» que fuerzas políticas de Aragón como el PAR digan que defienden la unidad pero quieran gestionar la reserva hidráulica y reclamen más competencias.

El Gobierno de Aragón, según el consejero de Agricultura, Federico García, no discute la unidad de cuenca, «otra cosa es la encomienda de una función puntual que pueda asumir una comunidad autónoma» de acuerdo con su Estatuto. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aclaró que la reforma legal no interfiere la unidad de cuenca, y justificó el decreto por la necesidad de cumplir con los tres Estatutos.

Por otra parte, Puxeu justificó el retraso del Plan Hidrológico del Ebro por el adelanto electoral. Según el Ministerio, lo más oportuno es que sea el nuevo gobierno el que saque a información pública el borrador, ya concluido.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que «los debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su obligación es desarrollar el programa AGUA -que entre otras medidas promueve la desalación de agua de mar- y resolver «lo antes posible» las carencias que existen en la Valencia y Murcia. Además, subrayó que la actual política del agua cuenta con una financiación europea «que nunca tuvo el trasvase del Ebro».

Narbona respondió así a preguntas de los periodistas sobre la oferta que el dia anterior planteó el portavoz socialista en las Cortes de Valencia, Joan Ignasi Pla, al reelegido presidente de esta Comunidad, el popular Francisco Camps, de apoyar «un trasvase razonable» del Ebro. La relativa coincidencia trasvasista de Pla y Camps fue resaltada ayer por la prensa regional como el renacer de un trasvase derogado por el actual Gobierno socialista.

«Como ministra, mi obligación es desarrollar el programa AGUA y resolver lo antes posible las carencias de agua de calidad que tienen la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia con actuaciones concretas y con inversión concreta», sostuvo Narbona. «Los debates están siempre abiertos, pero mi obligación es hacer lo que estamos haciendo», añadió la ministra tras presidir en Elche la firma de un acuerdo entre Acuamed y la Comunidad de Riegos de Levante para construir una nueva desalinizadora en Alicante.

Posteriormente, en Calpe, la ministra puntualizó que Pla rechazó públicamente el trasvase del Ebro incluido en el anterior Plan Hidrológico Nacional y planteó condiciones «en la aproximación a ese debate. «Pero, como ministra, no estoy en los debates, sino en la respuesta concreta», agregó.

El debate en materia hídrica es «un debate libre sobre el que todo el mundo puede tener sus posiciones», indicó Narbona , quien recordó que la Comisión Europea «ha avalado de manera reiterada la política del agua» que desarrolla el Gobierno español.

«Contamos con financiación europea que nunca tuvo el trasvase del Ebro y con su apoyo ante todo tipo de denuncias por parte de la Generalitat Valenciana» que «se han lanzado ante la instituciones europeas y que éstas han rechazado de manera reiterada».

Narbona dijo que el programa AGUA abarca «todas las formas diferentes de obtención de agua, desde la modernización de los regadíos hasta la gestión de los trasvases del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó», cyo inicio de otras (de este último) se aprobará este viernes, según anunció. Pero sobre todo insistió en que la desalación de agua de mar es «una tecnología que cada vez ofrece mejores resultados y sobre todo es la única que que garantiza agua llueva o no». Por eso tachó de «lamentable que alguna vez se quiera criminalizar la desalación».

Mientras el PP de Alicante criticaba que Narbona «ha renunciiado a comprometerse con la llegada de agua a la Comunidad Valenciana», la organización ecologista WWF/Adena publicaba ayer un informe donde descarta los trasvases por su «elevado coste económico y ambiental» y mostraba su preocupación por la política de varias Comunidades, en especial Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, «que pretenden utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles».

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, defendió ayer los travases como una más entre otras medidas para hacer frente a la sequía mediante la planificación y el control de los recursos.

En declaraciones previas a la jornada técnica «Restricciones para el Regadíos: Planes de Sequía y Caudales Ecológicos», organizada por FENACORE en Madrid, el presidente nacional de los regantes afirmó que la solución a la escasez de lluvias en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases entre cuencas debidamente justificados.

Del Campo -cuya comunidad de base son los regantes del Pantano del Gadalmellato, en Córdoba (cuenca del Guadalquivir)-, también abogó por medidas de gestión de la demanda como modernización de regadíos, bancos públicos del agua, recarga de acuíferos o la reutilización del aguas residuales.

La jornada contó con la asistencia del aragonés César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, quien restó importancia a los postulados trasvasistas del presidente nacional, postulados que no escuchó ayer durante su intervención en la jornada aunque sí ha oído en otras ocasiones. «La Federación Nacional se ha pronunciado varias veces sobre este tema -explicó Trillo en conversacion telefónica-. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, aunque sí hay una mayoría que defiende los trasvases… pero se puede convivir con eso». El representante del Ebro recalcó que «lo que hay entre los regantes es un sentimiento unánime de que hay que incrementar las obras de regulación», si bien reconoció que «también una parte importante del regadío nacional piensa que la solución pasa por los trasvases».

En la junta directiva de la Federación Nacional hay otro representante del Guadalquivir y dos más del Júcar y de la huerta de Murcia (cuenca del Segura). El anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN) -que efectivamente defendió en su día Andrés del Campo-, pretendía llevar agua del Ebro al Júcar, el Segura y también a Almería, cuyos invernaderos forman un mar de plástico visible desde el espacio, y que tiene mucho más cerca el Guadalquivir, navegable en su último tramo.

Más allá de los trasvases, Trillo subrayó que «lo prioritario es que la cuenca (del Ebro) tenga garantía de agua, eso para empezar, y hoy por hoy no la tenemos». En la jornada, expuso un estudio sobre la repercusión de la sequía de 2005 y 2006 en Riegos del Alto Aragón, sistema en el que se estima que los regantes perdieron 60 millones de euros en estos años y las empresas ligadas al sector otros 30.

Pero lo malo a su juicio no es la sequía por falta de lluvias, sino la que provoca la falta de infraestructuras, como ocurre este año, en el que -explica- se han desperdiciado grandes recursos por falta de embalses, entre otras cosas por el retraso de proyectos como Biscarrués. Al igual que el presidente nacional de los regantes, Trillo insistió en que los planes de sequía son «insuficientes», por más que en su caso haya felicitado a los responsables de la Confederación del Ebro por la gestión realizada.

Además, recordó que diversos técnicos sostienen que el cambio climático obligará a incrementar la regulación en un 20 o un 25%, como planteó ayer el profesor de la Universidad de Lérida Antonio Palau incluso para mantener los caudales ecológicos.