El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha mostrado su satisfacción por la aprobación por el Consejo Nacional del Agua de los planes de gestión de las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana y las del Cantábrico Occidental y Oriental.

Del Campo, en declaraciones a Efeagro, ha explicado que su apoyo a los cuatro planes hidrológicos en la votación del Consejo del Agua ayer se debe a que «se habían consensuado con los usuarios y porque, en general, incorporan la mayor parte de las alegaciones presentadas».

Ha reconocido que ayer mantuvo discrepancias con la Junta de Andalucía, «que votó en contra del plan del Guadalquivir porque quería limitar a las comunidades de regantes de mayor tamaño una dotación máxima para los cultivos que consideramos insuficiente».

«Paradójicamente -ha precisado- esa limitación no existía para las comunidades de regantes de menos de 2.500 hectáreas, lo que resulta incomprensible e irracional cuando las necesidades de los cultivos sólo dependen del suelo y el clima, y no de la mayor o menor superficie de la zona regable».

Ha lamentado que «la Junta no haya contado con los usuarios del agua» pese a que la totalidad de ellos, «tanto de riegos como de abastecimientos a poblaciones industriales y para otros usos», apoyaron el Plan del Guadalquivir en el Consejo de esa cuenca cuando se sometió a votación el pasado mes de octubre, mientras que el Ejecutivo andaluz se abstuvo.

Fenacore, que representa a cerca de 600.000 regantes en España, «siempre apoyará el interés general y no el interés localista en la distribución del agua», ha sentenciado el presidente de Fenacore.

Según la información facilitada por Del Campo, el plan del Guadalquivir obtuvo ayer 68 votos a favor, seis en contra -entre ellos el de la Junta de Andalucía- y cinco abstenciones.

El del Guadiana salió adelante con 65 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones: el del Cantábrico Occidental consiguió 65 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, y el del Cantábrico Oriental registró 64 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones.

Según del Campo, para 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tenía previsto en principio dar luz verde a un nuevo Plan Hidrológico Nacional, pero ha apuntado que cree que esta medida no se producirá hasta que no se aprueben los planes de gestión de cuenca que faltan, «que son las más importantes».

Entre estas cuencas, «todas intercomunitarias y algunas con problemas de demarcación y caudales ecológicos», ha mencionado la del Ebro, en la que participan nueve comunidades autónomas; la del Duero; la del Tajo -en la que está presente Portugal- y la del Júcar y Segura, que depende de trasvases del Tajo.

«Los regantes queremos un Plan Nacional cuanto antes y con criterios puramente técnicos que persigan el interés general y no la política localista que ocasiona conflictos y, por tanto, retrasos en la planificación hidrológica de cualquier país con carácter general», ha resaltado.

A su juicio, en España «hay agua, pero mal distribuida», por lo que «es necesario que continúen las obras de regulación, sobre todo por las necesidades ante un cambio climático que propicia lluvias torrenciales y periodos de sequía más amplios.

El Consejo Nacional del Agua aprobó ayer los planes de gestión de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las del Cantábrico Occidental y Oriental, por lo que ya son diez, de dieciséis, las demarcaciones hidrográficas españolas que cuentan con planificación hidrológica.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha presidido el Consejo, ha destacado la intención del Gobierno de garantizar, en toda España, un suministro de agua integral, de calidad, en cantidad suficiente y solidario, según un comunicado distribuido por su gabinete de prensa.

Arias Cañete, añade la nota, ha recalcado «el esfuerzo que está haciendo el Gobierno» para aprobar durante 2013 los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado, las intercomunitarias, según se comprometió con la Unión Europea, que las esperaba listas en 2009, y para «impulsar» los de las cuencas intracomunitarias, responsabilidad de las comunidades autónomas.

España cuenta con siete demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (con sus aguas en una sola autonomía) y nueve intercomunitarias (con aguas en más de una autonomía), además de planes ejecutivos para Ceuta y Melilla.

Además de los planes de gestión aprobados, que debe ratificar el Gobierno antes de que acabe el año, ya tienen documento rector las demarcaciones Galicia-Costa, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate, las mediterráneas andaluzas y el Miño-Sil, aprobadas en junio, y el Distrito Fluvial de Cataluña, de anterior elaboración.

El Consejo Nacional del Agua también recibió el borrador del proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 849/1986 sobre el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La modificación pretende regular el registro de la administración hidráulica y establecer criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico, infracciones y sanciones.

La Comisión Europea ha admitido a trámite la queja presentada por la Plataforma en Defensa del Tajo de Talavera de la Reina e Izquierda Unida de Castilla-La Mancha por el mal estado del río, según ha confirmado hoy a Efe uno de los portavoces, Miguel Ángel Sánchez.

Sánchez ha dicho que la queja ha progresado «sin ningún problema», y ha indicado que espera poder acudir de nuevo a Bruselas a defender la petición en próximas fechas, quizá en noviembre.

Una delegación de la plataforma y de IU regional entregó personalmente el pasado 18 de junio una queja al jefe de la Secretaría de la Comisión de Peticiones, David Lowe, con abundante documentación en la que ponían de manifiesto que España incumple tres normativas europeas relacionadas con la calidad de las aguas, la depuración de vertidos y la conservación de hábitats protegidos.

La admisión a trámite de esta petición llega después de que este mes de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya condenado a España por incumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, pues el Plan de Cuenca del Tajo tenía que estar listo en diciembre de 2009, tal y como exige la Directiva Marco Europea del Agua.

Según ha aseverado Sánchez, «Europa está viendo que algo raro está pasando en España», donde, ha añadido, «las cosas se están haciendo mal».

Ha comunicado que independientemente de esta queja, la plataforma está ultimando un escrito donde se plasman «graves incumplimientos» con el Tajo y ha indicado que el eurodiputado portugués e integrante de la Comisión de Medio Ambiente Joao Ferreira, con el que se reunieron en junio, ha planteado algunas preguntas ante la Comisión relativas al retraso del plan de cuenca del Tajo.

Sánchez ha indicado que el plan de cuenca será estudiado y analizado con gran detenimiento, por lo que espera que su contenido sea respetuoso con la normativa vigente y favorable a los intereses del Tajo y su cuenca, de lo contrario, no descartan además de las alegaciones, recursos judiciales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, es el que sufre un mayor ajuste en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, al recortar su gasto un 25,4 %, según figura en las referencias del Consejo de Ministros celebrado hoy.

A continuación, se sitúan el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con un recorte del 21,3 %, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el 17,2 %.

En sentido contrario, el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad experimenta un incremento del 28,6 % y el de Ministerio de Empleo y Seguridad Social aumenta el 13,7 %.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto con los ministros Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía, Luis de Guindos, han presentado unos Presupuestos en los que las pensiones, las becas y los intereses de la deuda son las únicas partidas que se incrementan.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reiterado su intención de impulsar una política de aguas “racional, moderna, eficiente y sostenible”, a pesar de las dificultades del actual contexto de restricción presupuestaria. El ministro ha lamentado que “en los momentos de gran bonanza económica no hubiéramos tenido una planificación suficientemente racional y sostenible”. Pero ahora, ha añadido el ministro, “desde la dificultad, podemos superar la falta de recursos presupuestarios con esfuerzo, trabajo e imaginación”.

Arias Cañete hacía estas manifestaciones durante la toma de posesión de Liana Ardiles López, como nueva directora general del Agua, en un acto al que también han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, el subsecretario del Ministerio, y los secretarios generales de Agricultura y Alimentación, y de Pesca.

En su intervención, Arias Cañete ha indicado que la nueva directora general tiene muchos retos por delante, como es, en primer lugar, terminar con los Planes de demarcación de todas las demarcaciones hidrográficas. En este sentido, el ministro ha expresado su voluntad de que esta cuestión se resuelva de una manera ágil, aunque es consciente de que la tarea “no es fácil”.

A partir de ahí, el ministro ha apuntado que, a mediados de 2013, “tendremos que lanzar ese nuevo Pacto Nacional del Agua, que acompaña al nuevo Plan Hidrológico Nacional”. Además, Arias Cañete ha señalado que habrá que poner en marcha un Plan de modernización de regadíos, “que tiene que ir acompasado con los planes de demarcación y con el nuevo Plan Hidrológico Nacional”.

Nacida en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), Liana Ardiles es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y Master de Hidrología General y Aplicada del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Inició su actividad profesional en 1997 en la Dirección General del Agua, en el área de Seguridad de Presas, y entre los años 2005 a 2010 fue responsable de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en donde fue responsable del desarrollo de proyectos y direcciones de obras y la explotación de las infraestructuras. En la actualidad, desempeñaba el cargo de jefe de la unidad de apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.

El País

María Dolores de Cospedal afirma que en España «hay agua para todos», aunque hay que distribuirla, y lo que hace falta es un Gobierno «valiente» con una política hidráulica nacional «aplicada a todo el mundo».

Se trataría, por tanto, de una cuestión de localización que se resolvería con criterios de eficiencia hidráulica y sensatez legislativa. España es un ejemplo paradigmático de desequilibrio hídrico, por lo que se hace necesaria una política hidrológica que optimice un recurso tan preciado como el agua, la cual habrá de hacerse, forzosamente, en el marco de una política europea de aguas que quizá no ha valorado adecuadamente las peculiaridades hídricas de cada Estado miembro, centrándose únicamente en criterios de calidad y despreciando los de cantidad.

Pero en cualquier caso, para que pueda obedecer a los criterios de eficiencia y sensatez antes expuestos, dicha política española de aguas deberá estar, paradójicamente, despolitizada.

La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, que agrupa a comunidades de regantes y a los ayuntamientos del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, da un nuevo impulso a su reivindicación sobre el proyecto original del trasvase. Dos años después de que las obras de la canalización desde Cullera se diesen por terminadas, y en pleno rescate del agua en el discurso reivindicativo del Consell, los hipotéticos beneficiarios de la transferencia -que aún rehúsan de su caudal por su calidad- han encontrado una posible vía de entendimiento con los nuevos responsables del Ministerio de Medio Ambiente, del Partido Popular, para reconducir la obra y aceptar el agua. ¿Con qué fórmula? Regresando al pasado: la recuperación del trasvase desde la toma de Cortes de Pallás, que está construida y sin uso. Los usuarios, con el apoyo y mediación del Consell, ya han trasladado al ministerio una solicitud oficiosa para que se autorice la ejecución de tres de los siete tramos originales de la canalización que el PSOE descartó tras su llegada a La Moncloa.

Su construcción no conllevaría costes adicionales para la Administración. La petición, presentada hace poco más de un mes ante el director general del Agua saliente, Juan Urbano (el viernes fue sustituido por Liana Ardiles en Consejo de Ministros), la Junta Central incluye el compromiso firme de asumir la financiación de las obras con recursos propios. Se calcula que los tres tramos pendientes -el dos, el tres y parte del cuatro- podrían suponer un desembolso de entre 50 y 60 millones que los usuarios cubrirían con un crédito. Fue lo que hicieron en 2001, cuando cerraron un préstamo sindicado con cinco entidades financieras, al firmar el convenio con Medio Ambiente por el que quedaban obligados a aportar 75 millones en la ejecución del trasvase original.

Así, si el departamento de Arias Cañete diese su beneplácito, los receptores del agua (regantes y ayuntamientos) sólo tendrían que repercutir el coste de las obras en las tarifas para amortizar el crédito. Y no supondría ningún quebradero de cabeza. Según la Junta Central, el precio del metro cúbico seguiría siendo más barato que con el trasvase actual, desde el Azud de la Marquesa, en Cullera, en el que la tarifa se multiplica por los costes energéticos que requiere su elevación.

Ese es, de hecho, el motivo fundamental de su insistencia en la toma inicial. Pese a que llegaron a proponer una toma alternativa sólo unos kilómetros aguas arriba, en Antella, los usuarios mantienen ahora -con el PP otra vez en la Generalitat y en el Gobierno central- que sólo desde Cortes de Pallás se podría obtener agua a un precio asequible y de calidad, apta para regadío y abastecimiento. Dos condiciones que, sostienen, no se cumLos usuarios han decidido aceptar ahora esos recursos al considerar que los dos años que el agua ha permanecido expuesta al sol han eliminado los coliformes y fitosanitarios detectados en sus análisis previos.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, comprobó el pasado jueves el correcto funcionamiento de las pruebas del enganche entre el embalse y el postrasvase (una obra competencia del Consell). Un día después, Alberto Fabra, volvía a tomar la bandera de la reivindicación del agua en la escuela de verano del PP. plen con el trasvase actual, desde Cullera, donde llega el agua de rechazo de 42 depuradoras. Los usuarios alegan además que con su propuesta el caudal de Cortes de Pallás llegaría en año y medio. Y mantienen que la conducción actual, con un coste de 400 millones, se aprovecharía para garantizar el caudal ecológico en el bajo Júcar.

1998- El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico del Júcar en el que se incluye el trasvase al Vinalopó como obra de interés general.
2001- Nace el Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluye la inversión para ejecutar el Júcar-Vinalopó. Se firma el convenio de financiación con la Junta Central y se fija el reparto del agua: 45 hectómetros para regadíos y 35 para abastecimientos.
2002- Aznar y Olivas (PP) colocan la primera piedra en Cortes de Pallás y se ponen en marcha las obras de los siete tramos.
2005- La ministra Narbona (PSOE) cambia el proyecto y desplaza la toma hasta Cullera. El nuevo trazado mantiene tres tramos del original. Se rompe el convenio con los usuarios.
2010- Finalizan las obras y el agua llega hasta el embalse de Villena, donde se almacenan hasta 12 hectómetros que nadie usa.

En el marco del proyecto de desarrollo para el sureste de Anatolia, región oriental de Turquía, una delegación de 25 expertos turcos ha visitado hoy la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El grupo, compuesto por representantes estatales, comunidades de regantes, universidades, cooperativas de agricultores y técnicos, ha visitado la Confederación Hidrogáfica del Júcar, siendo recibido por los miembros de la Oficina de Planificación Hidrológica y del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC).

Este encuentro en Valencia es fruto del esfuerzo conjunto de la CHJ y de la REMOC para compartir su trabajo, sus avances y conocimientos con organismos de otros países.

La Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC: www.remoc.org), cuya Secretaría Técnica Permanente tiene su sede en la CHJ, es una organización que promueve la gestión integrada de los recursos hídricos en la región Mediterránea, fomenta la transferencia de conocimientos entre los organismos de cuenca de todo el Mediterráneo y organiza eventos de formación para sus expertos.

El Gobierno firmará mañana un préstamo de 350 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para cubrir las necesidades de financiación de la sociedad Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed), con lo que se garantizará la finalización de todas las obras previstas en diversas cuencas.

Este acuerdo lo rubricará mañana el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y la vicepresidenta del CEI, Magdalena Álvarez.

El préstamo, según ha informado el departamento de Arias Cañete en la convocatoria de prensa, garantiza la finalización de todas las obras previstas que afectan a las cuencas del Ebro, Júcar, Segura, Mediterránea andaluza y las cuencas internas de Cataluña.

Las actuaciones incluyen acciones prioritarias en materia de reutilización de aguas residuales, plantas desaladoras, recuperación ambiental y prevención de inundaciones.

Asimismo, gestión del agua con conexiones entre plantas de tratamiento y medidas para la mejora de la eficiencia en el riego