El Diario Oficial de la región ha publicado la entrada en vigor del Plan de Ordenación de las Extracciones del Acuífero de la Mancha Occidental, que tiene como objetivos lograr un balance equilibrado de los recursos hídricos disponibles y lograr la progresiva recuperación de los niveles
piezométricos.

Según este anuncio, el plazo de vigencia del plan se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2015 ó, en su defecto, el que se establezca en la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del
Guadiana.

El volumen máximo de agua que se puede extraer cada año no podrá superar la cifra de recursos disponibles de 200 hectómetros cúbicos para riego y 30 hectómetros cúbicos para abastecimiento, uso industrial y uso ganadero, tal y como también se establece en el Plan Especial del Alto Guadiana y en coherencia con el Plan Hidrológico de cuenca.

En caso de regadío, el volumen máximo para utilizar cada año por aprovechamiento será el resultante de multiplicar la superficie inscrita por una dotación unitaria que no podrá superar la cuantía de 2.000 metros cúbicos por hectárea para cultivos herbáceos y 1.500 para cultivos leñosos, salvo que el título concesional establezca una dotación menor.

A los efectos del ordenamiento efectivo de los derechos de agua reconocidos, el plan establece que no se podrán acumular en uno o varios aprovechamientos los volúmenes de agua que en aplicación del régimen de explotación le corresponden al titular de derechos de uso del agua inscritos en el Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas.

Además, especifica que debe entenderse por acumulación de recursos la concentración en uno o varios aprovechamientos de un término municipal de los recursos hidráulicos que como consecuencia de la aplicación del régimen anual de explotación le correspondan a un titular de derechos de uso del agua.

El plan recoge que la forma de adquirir nuevos derechos sobre el uso privativo de las aguas será con cargo a los derechos recuperados a través del Centro de Intercambio de Derechos de Uso del Agua y cedidos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana.

Además, entre otras cuestiones, el plan regula las autorizaciones relacionadas con las captaciones y su régimen de aprovechamiento y modificaciones de características, de tal forma que especifica que las limpiezas de pozos requerirán autorización administrativa y sólo podrán realizarse en aquellos que cuenten con derechos inscritos o autorizados.

El Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha el portal «El agua en tiempo real» que permite consultar al momento las precipitaciones que están cayendo sobre Cataluña y estimar los efectos que estas lluvias pueden tener tanto por posibles inundaciones como en las crecidas de los ríos.

La web, desarrollada por el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y la Agencia Catalana del Agua (ACA), combina los datos precisos que aportan las 165 estaciones pluviométricas automáticas -que aportan información actualizada de las lluvias cada cinco minutos- y de los cuatro radares meteorológicos existentes en Cataluña, que ofrecen una estimación de las precipitaciones.

En la web -accesible desde el portal del ACA-, el SMC incluye también los registros de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en un futuro incorporará los de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Con todos estos datos, se genera un mapa de campo de lluvias combinado que permite además estimar el caudal de los ríos y prevenir los efectos de posibles avenidas, unos datos esenciales para la labor de los equipos de emergencia como el CECAT (centro de coordinación de emergencias de Cataluña), los ayuntamientos, que están obligados a presentar planes de emergencia, pero también para las empresas que tienen su actividad al aire libre.

Para ello, la web además de los datos del día y de la lluvia caída, ofrece una mapa con una proyección de la evolución de las precipitaciones (de unas dos horas), y un mapa de avisos con información sobre el agua de lluvia acumulada en las últimas doce horas, así como el caudal de los ríos (con un gama de colores que indica los riesgos, desde la normalidad del azul hasta el color rojo, que identifican situaciones que requieren medidas preventivas).

Asimismo, la web tiene un apartado para facilitar las labores de riego y un uso eficiente de este recurso, ya que informa a los agricultores sobre las precipitaciones.

En este apartado se muestra una animación de los próximos siete días con un código de colores con el que se recomienda regar, no regar o hacerlo con moderación, sobre cada una de las comarcas de Cataluña, ha explicado hoy en la presentación de la web el jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la ACA, Jordi Pastor.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha explicado que se trata de una iniciativa pionera en toda Europa y que se trata de una herramienta muy potente que permite a la Generalitat «sacar pecho» tanto en las tareas de predicción como de prevención.

La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente acoge la segunda jornada de trabajo del proyecto «Noviwam», (Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions), una acción de carácter internacional que lidera la Administración andaluza cuyo fin es mejorar la gestión del agua en regiones mediterráneas y del sur de Europa.
El objetivo principal de «Noviwam» pasa por el apoyo a la cooperación internacional entre los cinco países orientada hacia la investigación en gestión de recursos hídricos con el fin de incrementar las inversiones en I+D+i para esos asuntos y optimizar la gestión y el uso de los resultados de los mismos, explicó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado.
Por otro lado, cuenta también con diversos objetivos generales entre los que destacan: la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos de las regiones que permita el acercamiento al cumplimiento de los aspectos ambientales y socioeconómicos de la Directiva Marco de Aguas; la mejora y uso compartido de las infraestructuras de I+D+i existentes para la realización de proyectos de investigación de primera línea así como la optimización de sus fondos estructurales.
Este proyecto está financiado por el VII Programa Marco Europeo dentro del programa de Capacidades Regionales del Conocimiento y cuenta con la participación de 19 administraciones públicas, organismos de investigación y empresas procedentes de cinco países: España, Francia, Portugal, Albania y Chipre.
La coordinación recae en manos de la Agencia Andaluza del Agua que, junto a la Fundación CENTA, CIT Andalucía, las Universidades de Granada y Córdoba y Ayesa, constituyen el grupo de socios españoles en el proyecto, que tiene una duración prevista de tres años.
El director gerente de la Agencia Andaluza el Agua, Juan Paniagua, destacó hoy en la apertura de las sesiones de trabajo «el nivel de confianza» que las autoridades comunitarias han demostrado hacia Andalucía al situarla al frente de un proyecto que «prestigia a la comunidad» y da muestra de «lo bien posicionada que se halla» en el contexto de los países de su entorno.
El avance en las políticas económicas y científicas, fundamentalmente, mediante estrategias de investigación otra de las tareas que se han impuesto los países participantes en este proyecto, así como la mejora de los mecanismos existentes para la transferencia de conocimientos entre regiones.
Además se pretende abordar el establecimiento de lazos duraderos entre las distintas regiones, y la concienciación de autoridades gestoras, agentes sociales y económicos y ciudadanía en general, sobre la problemática en la gestión del agua y sus posibles soluciones.
Paniagua reseñó que el desarrollo de las I+D+i «es también el desarrollo de estructuras que harán viable nuestro futuro, un aspecto donde resulta de vital interés el agua, por su importancia como factor de desarrollo social, asó como la gestión integral del recurso bajo la perspectiva de la Directiva Marco».
El director gerente de la Agencia Andaluza del Agua puso de relieve cómo el avance en I+D+i juega un papel destacado para el Ejecutivo andaluz como motor de desarrollo ante situaciones económicas complicadas, por lo que «si el desarrollo de las acciones de I+D+i es el camino presente y futuro, en el caso del agua, pasa por una gestión integral de la cuenca así como por tomar en consideración los factores que inciden en la misma al tiempo que compartimos los conocimientos con otros socios europeos».

Con las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía rebosantes de agua, puesto que almacenan algo más del doble que el año pasado, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, pidió ayer al Gobierno central que se cierren los pozos de sequía y las desaladoras  .

«En estos momentos, cuando las reservas son suficientes en Entrepeñas y Buendía, no tiene sentido seguir utilizando los pozos de sequía porque éstos sólo se han de utilizar en períodos de necesidad, pero aquí terminó la sequía a principios de enero», subrayó a LA RAZÓN Cerdá, quien insistió en que «hay que dejar de utilizar los pozos desde el punto de vista medioambiental para preservar los acuíferos», dado que su sobreexplotación es uno de los mayores problemas ambientales de la cuenca del Segura.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulan a día de hoy 1.178 hectómetros cúbicos, por lo que están al 47,62 por ciento de su capacidad total de 2.474 hectómetros. Estos datos son tenidos en cuenta por la Consejería, cuyo titular aseguró que la Región de Murcia podría ahorrar 25 millones de euros si se abasteciera únicamente con el agua del trasvase Tajo-Segura y no de las desaladoras porque el supone un mayor coste económico para los ciudadanos.

«Si tenemos el agua más cara es porque hay un capricho político de que tenemos que abastecernos del agua de las desaladoras, mientras que en la cabecera del Tajo hay agua más que suficiente», así de rotundo lo aseveró el consejero Cerdá a este periódico.

El abastecimiento de los municipios que dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla se complementa a día de hoy con 73 hectómetros cúbicos procedentes del trasvase Tajo-Segura y otros 54 hectómetros cúbicos de las desaladoras. No obstante, el precio que los murcianos tienen que pagar por un metro cúbico de una u otra agua es dispar, ya que el metro cúbico del Tajo-Segura cuesta 0,20 euros, mientras que el de la desaladora es de 0,70 euros. Por lo tanto, si la Región consumiera agua del trasvase en lugar de la desalación se podrían ahorrar 25 millones de euros, es decir, el agua se pagaría entre 10 y 11 céntimos más barata.

Las desaladoras que abastecen a los 2,5 millones de personas que residen en las localidades pertenecientes a la Mancomunidad del Taibilla son las de San Pedro 1, San Pedro 2 y Valedentisco, esta última tan sólo en parte.

Para Cerdá, estas infraestructuras «deberían de cerrar para que venga solamente agua del trasvase porque así se abarataría el precio del agua», además, se podrían reducir las disparatadas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y el enorme coste que supone mantener las desaladoras.

Por otro lado, Cerdá afirmó que, hasta el momento, «no hay borrador ni hay nada» del Plan hidrológico de la cuenca del Segura, a pesar de que la Comisión Europea abrió un procedimiento de sanción a España por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, al no haber presentado aún los planes de cuenca. En este sentido, opinó que la ministra Espinosa «se tenía que haber preocupado mucho antes de que esto estuviera terminado».

El consejero indicó tras una reunión técnica que ahora se está elaborando un esquema de los temas más importantes del citado plan, pero añadió que hasta que no se convoque el Consejo del Agua de la cuenca, que de momento no hay fecha, no se puede discutir nada.

Asimismo, el balance que hace el plan de cuenca fija en 540 y 458 los hectómetros cúbicos que deben de venir del trasvase y desaladoras, respectivamente, pero el consejero del ramo criticó que estos datos «no son correctos y reales».

La ministra de Medio Ambiente ha destacado la reducción de los gases de efecto invernadero en un 7,5% en 2008 con respecto a 2007.

La situación ambiental de España es «satisfactoria» en su conjunto, según la sexta edición del «Perfil Ambiental de España. 2009», presentado por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
En el año 2008 las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 7,5% respecto a las de 2007.
Las reservas de agua embalsada en el año 2009 subieron un 23%, lo que ha dado lugar a una disminución en la producción de agua desalada. Y el consumo de agua continúa bajando en los hogares desde 2007.
La agricultura de regadío ha aumentado en un 28% las superficies que utilizan sistemas de riego localizado en los últimos cinco años. Asimismo, se ha registrado un incremento importante en la superficie dedicada a la agricultura ecológica, así como en el número de operadores.
La generación de residuos urbanos por habitante y los residuos que van al vertedero es menor y mejora la recogida selectiva: la recuperación de papel en los últimos años se ha duplicado (de 56,8% en 2000 a 74,9% en 2008) y la tasa de reciclado de vidrio en 2008 superó el 60%.
El informe revela que se incrementan los gastos de las empresas en protección ambiental. España mantiene en 2008 su segunda posición europea en el número de empresas adheridas al sistema EMAS. Crece el número de empleos verdes, sobre todo los relacionados con energías renovables; se estabiliza la superficie forestal, próxima a los 28 millones de hectáreas; se mantiene la actividad del turismo rural y las visitas a los Parques Nacionales.
Por último, España es uno de los países europeos que menos energía eléctrica consume en el sector residencial, pero su incremento medio anual es superior al de otros países. En el año 2008 volvió a registrarse un repunte de emisiones de CO2 del sector, casi un dos por ciento más que en 2007.

Castilla-La Mancha cuenta desde hoy, con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con un plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones que recoge la estructura organizativa, contempla los procedimientos de coordinación con el plan estatal y los planes interiores y detalla los sistemas de actuación con las administraciones locales.
Además, el PRICAM define los procedimientos de información a la población y especifica los medios y recursos para hacer frente a las emergencias ante las inundaciones, informó la Junta en nota de prensa.
«El plan ha sido muy meditado para que sea eficaz a la ciudadanía y se convierta en una herramienta útil para seguir incrementando la seguridad en Castilla-La Mancha», resaltó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio.
La consejera añadió que «con la aprobación del PRICAM, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades más avanzadas en el desarrollo de planes para prevenir los riesgos y actuar coordinadamente ante las catástrofes».
«Desde el Gobierno del presidente Barreda, estamos trabajando, y este plan es un ejemplo de ello, para seguir incrementando y disponiendo de unos servicios que ofrezcan una atención eficiente y de calidad ante las emergencias», señaló Magdalena Valerio.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El PRICAM, que fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 24 de marzo de 2010, analiza los riesgos ante las avenidas de agua e inundaciones, fenómenos naturales que pueden producir daños personales, materiales y en el medio ambiente.
En su elaboración, se han analizado 1.486 núcleos de población de los 919 municipios de la región, atendiendo a diferentes factores como la peligrosidad (desbordamiento de corrientes fluviales, precipitaciones o rotura de presas), la exposición social (población expuesta, densidad de población, sectores de edad o instalaciones educativas y sanitarias) y la vulnerabilidad (menores de cinco años o mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, vías de comunicación o existencia de zonas adecuadas para la evacuación).
Como consecuencia del análisis, el Plan establece zonas de clasificación por riesgos de inundación. Así, establece la zona A-1, como zona de riesgo alto frecuente, donde las avenidas de agua de 50 años produciría graves daños a núcleos urbanos; la zona A-2, de riesgo alto ocasional, donde las avenidas de agua de cien años produciría graves daños a núcleos urbanos; y la zona A-3, donde las avenidas de aguas de quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos.
También, se fija la zona B, de riesgo significativo, en la que la avenida de cien años produciría impactos en viviendas aisladas; y la zona C, de riesgo bajo, en la que la avenida de agua de quinientos años produciría impactos en viviendas aisladas.
En la Zona A-1 (zona de riesgo alto frecuente), se encuentran 46 núcleos de población en Castilla-La Mancha. Por provincias: en Albacete hay 7; en Ciudad Real, 16; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 4; y en Toledo, 14.
En la Zona A-2 (zona de riesgo alto ocasional), se hallan 371 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 74; en Ciudad Real, 63; en Cuenca, 61; en Guadalajara, 85; y en Toledo, 88.
En la Zona A-3 (zona de riesgo alto excepcional), se encuadran 605 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 153; en Ciudad Real, 55; en Cuenca, 144; en Guadalajara, 136; y en Toledo, 117.
En la Zona B (zona de riesgo significativo), están incluidos 417 núcleos. Por provincias: en Albacete hay 36; en Ciudad Real, 28; en Cuenca, 109; en Guadalajara, 195; y en Toledo, 49.
En la Zona C (zona de riesgo bajo), hay 47. Por provincias: en Albacete hay 1; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 40; y en Toledo, 1.
En el PRICAM, también se establece la estructura, organización y funciones en caso de emergencia por inundaciones: la persona directora del Plan, el Comité Asesor, los centros de coordinación y los distintos grupos de acción (de intervención, de orden, sanitario, logístico y de apoyo técnico.
Asimismo, se recogen las fases y los procedimientos de activación del plan en función del riesgo. Así, se establecen las fases de alerta y emergencia.
La fase de alerta implica el seguimiento específico de la situación y la información tanto de los responsables municipales como de la población.
La fase de emergencia que, en función de la situación, fija tres niveles. En el primero se produce la inundación en zonas localizadas y se emplean medios y recursos disponibles. En el segundo, las inundaciones superan la capacidad de atención de los medios locales o las previsiones de la situación son de agravamiento. En el tercero, se trata de emergencias que, debido a que afectan al interés nacional, son declaradas así por el Ministerio del Interior.
A partir de la aprobación del PRICAM, se procederá a su implantación, promoviendo su contenido entre los municipios de la región para la correspondiente elaboración de los planes municipales de actuación en materia de inundaciones. Asimismo, el plan recoge consejos de autoprotección ante estos riesgos.

OTROS PLANES DE EMERGENCIA

El Plan de emergencia ante el riesgo por inundaciones se suma a otros planes elaborados por el Gobierno regional, y que se encuadran dentro del Sistema Regional de Protección Civil, para hacer frente a las situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente ante la eventualidad de catástrofes y circunstancias adversas .
Estos planes son: el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), que establece la organización y procedimientos de actuación en la emergencia con carácter general; el Plan ante el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM); El Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP); los Planes Especiales de Emergencia Exterior por Riesgo Químico; el Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PETCAM), y el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Además, también se participa en Planes de Emergencia Nuclear, en el grupo de apoyo logístico, y en Planes de Emergencia de Presas, en el comité de implantación.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, que implica una reducción de altos cargos, así como la reordenación del sector público empresarial con el objetivo de incrementar su eficiencia y reducir el déficit público.

El Plan sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado supone la reducción de 32 altos cargos, de los que 8 son directores generales, uno secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general.

En el ámbito de la gestión del agua, éstas son las principales modificaciones:

Direcciones generales que se suprimen:

– Confederación Hidrográfica del Cantábrico

– Miño-Sil

– Segura

– Guadalquivir

– Canales de Taibilla

– Instituto Geológico y Minero de España

– Instituto Español de Oceanografía

Sociedades que se fusionan:

– Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte y Sociedad Estatal Aguas del Duero, que forman AquaNorte.

– Sociedad Estatal Hidroguadiana, Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir y Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo forman AquaSur.

– Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Segura y Aguas del Júcar forman AquaMed.

– Sociedad Estatal SEIASA del Norte absorbe a Sociedad Estatal SEIASA del Nordeste, Sociedad Estatal SEIASA de la Meseta Sur y Sociedad Estatal SEIASA del Sur y Este, y pasa a denominarse Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).

Las últimas prospecciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en los embalses administrados por el organismo de cuenca para determinar la presencia del mejillón cebra mantienen como únicos «focos calientes», con ejemplares adultos de esta especie, los del pantano de Sitjar, en el río Mijares (ampliado ahora hasta su desembocadura) y el embalse de Forata, donde la plaga, que se creía desaparecida, ha vuelto a dar señales de vida.

Sin embargo, los informes de seguimiento realizados por la consultora Tecnoma por el encargo del Ministerio de Medio Ambiente confirman la detección de larvas de mejillón cebra ( los que puede colonizar por completo el río Júcar, el más importante de la demarcación hidrográfica y con conexiones directas con el principal ecosistema de la cuenca: La Albufera de Valencia.

Según los informes remitidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la consultora, el pasado verano fue detectada una larva de mejillón cebra en los filtros de plancton instalados en el embalse de Henchideros, situado al pie del parador nacional de Alarcón. Sin embargo ni en los controles previos de primavera ni posteriormente en otoño se detectaron ejemplares de larvas, lo que aporta un grado muy elevado de incertidumbre.

Además la CHJ confirma que en la campaña de 2008 se observó en el pantano de Alarcón, apenas un par de kilómetros por encima del de Henchideros, «lo que podría ser una larva de esta especie invasora». Sin embargo, ni en Alarcón en 2008 y 2009 ni en Henchideros se han capturado ejemplares adultos en las trampas colocadas por los biólogos.

Los informes concluyen en relación a ambos embalses y al de Ulldecona, donde se detectó una larva en 2008 que «no puede afirmarse que el embalse haya sido objeto de invasión significativa por parte del mejillón cebra» Sin embargo preocupa que el mejillón haya iniciado el descenso hacia el mediterráneo por el Júcar y recomienda extremar la vigilancia y aumentar los controles.

¿Hay mejillón cebra en el Júcar? La incógnita está lejos de resolverse debido a que no se han encontrado conchas de adultos aunque no parecen existir errores en la identificación de las larvas. Todas las muestras recogidas por Tecnoma, son remitidas en condiciones estables al Museo de Ciencias Naturales de Madrid donde son supervisadas por Rafael Araujo, un experto en Malacología que ha trabajado sobre diversas especies invasoras presentes en los ríos españoles. Desde que en 2005 se detectara la presencia de mejillón cebra en el embalse de Sitjar, la CHJ ha ido incrementando los controles sobre los embalses de la cuenca. En la actualidad estos controles afectan a todos los pantanos, incluidos los hidroeléctricos. Cada año se realizan tres prospecciones en primavera, verano y otoño mediante la recogida y filtrado del plancton. Además existen trampas con láminas de metacrilato y cuerdas como las usadas en las bateas para facilitar que se adhieran los mejillones. La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Sant Mateu (Castelló) localizó y propuso para sanción a tres hombres que cazaban sin autorización cabra montesa en un coto de dicha localidad. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado miércoles, cuando la patrulla de la Guardia Civil detectó la presencia de un vehículo todoterreno que se sospechaba estaba implicado en varios hechos anteriores de caza furtiva de cabra hispánica. El turismo ya había sido visto en lugares estratégicos donde es posible divisar y abatir algún macho montés, trofeo de considerable valor económico.

Los agentes llevaban varios días buscando el vehículo y sus ocupantes por las pistas forestales, caminos y sendas colindantes con cotos de los términos municipales de Catí, Xert y Sant Mateu. Finalmente, siguieron su paso por una pista hasta localizarlo estacionado en un camino sin salida dentro de un coto del termino municipal de Sant Mateu.

La Guardia Civil identificó a todos los componentes de la partida, que eran vecinos de Madrid y Sant Mateu. El Seprona propuso denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente a los tres identificados por no tener la autorización para cazar en el coto y a uno de ellos por carecer de licencia de caza. Igualmente se puso en conocimiento de Fiscalía de Medio Ambiente las circunstancias ocurridas por si considerara oportuno iniciar acciones judiciales. En el embalse de Forata no se han detectado larvas en 2009, pero sí individuos adultos en la trampa retirada en la primavera de 2008 y sustituida por otra en la que hasta el pasado otoño no se había instalado ningún mejillón. Los resultados son incongruentes pero parece evidente que hay una población reproductora.

Los principales objetivos de este real decreto, propuesto por el MARM, son prevenir o limitar la contaminación de las aguas subterráneas y establecer los criterios y procedimientos para evaluar su estado químico.
Mediante este real decreto se incorpora la Directiva 2006/188/CE sobre protección de aguas subterráneas, así como algunos apartados relativos a su estado químico del Anexo V de la Directiva Marco del Agua.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, el Real Decreto por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Las aguas subterráneas en España constituyen un recurso natural dotado de un significativo valor estratégico, cuya protección reviste especial interés para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos de ellas dependientes y para el abastecimiento de agua potable.
Este real decreto, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), tiene como principales objetivos prevenir o limitar la contaminación de las aguas subterráneas y establecer los criterios y los procedimientos para evaluar su estado químico. España cuenta con 699 masas de agua subterránea.
En ese sentido, el real decreto establece criterios y medidas específicos para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas, entre los que se incluyen los siguientes:

– Criterios y procedimiento para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas y para el establecimiento de valores de umbral.

– Criterios para determinar toda tendencia significativa y sostenida al aumento de las concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectados en masas de agua subterránea y para definir los puntos de partida de las inversiones de tendencia

– Medidas destinadas a prevenir o limitar las entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua.

Mediante este real decreto se incorpora al Derecho español la Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Asimismo, se incorporan los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas.

EN cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en toda Europa estamos inmersos en la elaboración de los nuevos planes de gestión del agua en unos momentos de grave crisis financiera, económica, social y ecológica, de la que algunos de los principales problemas que afectan al agua son expresión directa. Las presiones que padecen los ecosistemas acuáticos han alcanzado, en muchos casos, un nivel preocupante: buena parte de nuestras aguas presentan un grave deterioro, con el consiguiente empobrecimiento de los servicios que prestan al bienestar humano. El cambio climático ya está manifestándose en perturbaciones del ciclo hidrológico, dando lugar a alteraciones de la calidad y a reducciones significativas de las aportaciones hídricas en las cuencas hidrográficas  .
En estas condiciones, la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos son objetivos ya impostergables, como establece el actual marco legal europeo. Tomarse en serio estos objetivos exige una reorientación de las prioridades de la política del agua, cuyo requisito previo es frenar el deterioro de los ríos y acuíferos. Por este motivo, el planteamiento de los límites del incremento del uso del agua, de la presión sobre los ecosistemas acuáticos, emerge con fuerza como un tema clave en la nueva política del agua y más concretamente en los planes hidrológicos actualmente en elaboración.
Los márgenes de aumento de la eficiencia y de ahorro en los usos urbanos, industriales y agrarios del agua son muy elevados. Uno de los principales retos actuales es aplicar los recursos que se liberan por modernización de sistemas de abastecimiento y riego a la recuperación de la calidad de los ríos y acuíferos, con la consiguiente mejora de los servicios que prestan a las sociedades humanas. Por su parte, las nuevas tecnologías de tratamiento y depuración están permitiendo intensificar procesos de reciclaje e introducir en el ciclo de usos las aguas residuales, salobres y salinas, que aportan nuevos recursos disponibles. Estas tecnologías, sin embargo, no pueden ser una trampa para intensificar el crecimiento y acabar de desconectar el desarrollo territorial de los condicionantes y límites naturales.
Las cuestiones relacionadas con la ética y la equidad adquieren una importancia crucial en los debates sobre el agua. Existe un nivel básico de derecho al agua, el agua vida, el agua que necesitamos para mantener funciones vitales, abastecimientos domésticos básicos y la salud de los ecosistemas. Los niveles y las condiciones del agua vida constituyen el objeto de lo que se entiende por derecho humano al agua, cuya satisfacción no debe condicionarse a criterios de eficiencia o racionalidad económica.
El acceso a una dotación de agua doméstica suficiente tiene y puede ser un derecho garantizado, independientemente de la capacidad de pago de la población. Pero más allá de los recursos necesarios para cubrir las necesidades vitales, las sociedades modernas nos hemos dotado de servicios de abastecimiento y saneamiento domiciliario de cobertura universal, en cuya gestión es necesario aplicar criterios de eficiencia y de responsabilidad ciudadana. En la gestión del agua urbana venimos aceptando como normal y deseable, por ejemplo, la idea de la tarificación progresiva: los que más consumen pagan más por unidad consumida. Por otra parte, la buena administración y la eficiencia no están reñidas con la gestión pública. Por el contrario, el mantenimiento de estos criterios de buena administración aconseja rechazar la mercantilización y la privatización de estos servicios: la experiencia internacional acumulada recomienda la defensa de modelos de gestión pública eficiente, participativa y bajo control social.
Además de cubrir esas necesidades vitales y esos abastecimientos domésticos, el 90% de los recursos disponibles se usan como un factor de producción en actividades económicas agrícolas, industriales o terciarias. En todos estos casos, el uso del agua requiere responsabilidad y racionalidad económica. Todavía existe un alto nivel de subvención pública para actividades privadas lucrativas, que no deben confundirse con el ámbito de los derechos humanos o ciudadanos. Por no hablar del grave problema del descontrol e ilegalidad que rodea con frecuencia estos usos productivos, sobre todo en lo que se refiere a la extracción de aguas subterráneas y a los vertidos de aguas residuales a los cauces.
Ya hace tiempo que está fuera de cuestión que los problemas del agua son inseparables de los procesos territoriales, urbanísticos, agrario-forestales, industriales y energéticos. Una de las condiciones de partida de los nuevos planes es la de plantear sus diagnósticos y propuestas en directa conexión con los agentes sociales implicados y con las administraciones competentes en todos esos campos. Pero, además, es imprescindible incorporar las dimensiones, culturales, patrimoniales, paisajísticas y de identidad colectiva que implica el agua. Por todo ello, los condicionantes de la conservación de los ecosistemas y los paisajes del agua deben constituir puntos de referencia fundamentales de la política territorial. Los responsables del urbanismo, agricultura, industria, turismo y energía tienen que estar directamente implicados en la elaboración de los nuevos planes, pero los condicionantes del agua deben de respetarse mucho más que hasta ahora lo han sido por estos sectores.
La complejidad, las incertidumbres, la dimensión ética y emocional del agua, los riesgos implicados y la multiplicidad de actores motivan que los enfoques tecnocráticos convencionales sean insuficientes para abordar los problemas del agua: es imprescindible impulsar las visiones integradas, la transparencia y la participación social activa en la producción compartida de conocimiento y en la gestión y la evaluación de los procesos de decisión.