Europa Press

El PSOE y CiU defenderán el miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso sendas proposiciones no de ley para pedir al Gobierno que cree contratos de suministro eléctrico de temporada para los regantes, de modo que se pueda garantizar la competitividad de este tipo de explotaciones agrícolas, muy afectadas por el incremento del precio de la luz de los últimos años.

En su iniciativa, que recoge Europa Press, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación «muy preocupante» de «pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta.

«El incremento de la tarifa eléctrica de regadío es el mayor problema con el que se encuentra la agricultura española en estos momentos», señala el diputado toledano, advirtiendo de que «de cara al verano, miles de agricultores se debaten sobre si regar o dejar en secano sus tierras, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo».

El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación muy preocupante de pérdida de competitividad

Y es que, según datos de la Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno les supondrán un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media en la factura del 16%.

Tarifas para regantes

Por eso, el PSOE propone que se fijen unas tarifas eléctricas específicas para los regantes que «se ajusten a las particularidades de consumo estacional» del sector y que sean «más baratas que las actuales». Para ello es necesario evitar que se penalice a estos consumidores a través de un incremento del término de potencia de acceso y que se facture sólo por la potencia real registrada en el contador y no por la potencia teórica contratada.

Además, plantea la necesidad de «fomentar el establecimiento de los contratos de temporada» que permitan a los agricultores de regadío disponer de diferentes potencias según la época del año con un mismo contrato: una mínima para el mantenimiento de los equipos y otra de temporada para los meses de más consumo. En este sentido, sería favorable por ejemplo favorecer las centrales de compra que puedan acordar las asociaciones profesionales.

Por último, pide que las comunidades de regantes disfruten de un tipo de IVA reducido y que se apruebe un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

«El PP tiene la oportunidad de votar medidas contra el tarifazo eléctrico en los regadíos. Exigimos al Gobierno que frene la escalada de la tarifa eléctrica de regadío, porque con el PP los regantes están sufriendo el mayor incremento de la historia de tarifas eléctricas de regadío en lo que supone un nuevo incumplimiento electoral de los ‘populares'», denuncia Alonso.

Regular el autoconsumo

Por su parte, los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

En el texto, que recoge Europa Press, reclaman a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

En concreto, plantean la posibilidad de permitir que la contratación de potencia para el colectivo de regantes sea diferente cada mes o por tramos del año según las necesidades de riego de cada época, y de adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética 

Y es que, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

Graves consecuencias de la regulación

Sin embargo, las últimas normativas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo están «acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética» de las Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, «poniendo en riesgo su vialidad».

«Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma», argumenta CiU, precisando que las auditorías energéticas demuestran una eficiencia adecuada en las explotaciones agrícolas de regadío y que las Comunidades de Regantes ya acuden a las subastas de forma colectiva, obteniendo tarifas de mercado más reducidas.

Sin embargo, pese a que el consumo en el sector agrícola es estacional, con mayores necesidades en determinadas épocas del año, la tarifa estacional regulada existente «no se ajusta» a estas necesidades, por lo que los agricultores «se ven obligados a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto consumo».

Esta situación se ve agravada por la obligación que tienen de «contratar en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual que en el periodo tarifario anterior», lo que sumado al incremento del precio del megavatio hora que han experimentado las tarifas más habituales para el sector ha conllevado «unas alzas no asumibles» en la factura energética de las explotaciones agrícolas.

Todo ello podría provocar un menor consumo de agua que «podría poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes», advierte CiU, que lamenta que los cambios en peajes y primas a las energías renovables hacen que éstas tampoco sean una opción adecuada para este colectivo.

ENLACE A NOTICIA:                                  http://www.iagua.es/noticias/tarifas/14/03/10/psoe-y-ciu-defenderan-los-contratos-electricos-de-temporada-para-regantes-46577

Europa Press

El diputado nacional y coordinador de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España a que adopte «con carácter inmediato» las medidas que establezcan unas tarifas eléctricas para las explotaciones de regadío adaptadas a las particularidades de consumo estacional de este sector.

Unas tarifas más baratas que las actuales, pues en algunos casos «están suponiendo un incremento que llega hasta el 1.000%, con la consecuente pérdida de competitividad y rentabilidad de la agricultura de regadío», ha dicho Alonso.

El parlamentario ha desvelado que ya hay casos en los que los propios agricultores «dudan si continuar con sus explotaciones de regadío o decantarse por la agricultura de secano ante la imposibilidad de seguir asumiendo esos precios desorbitados», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ya hay casos en los que los propios agricultores dudan si continuar con sus explotaciones de regadío

«Lo que queremos con esta propuesta es decirle al Gobierno de Rajoy y del ministro Arias Cañete que tiene que parar este incremento de la tarifa eléctrica, que supone el principal problema que tiene actualmente la agricultura y sus profesionales», ha aseverado.

Alejandro Alonso ha explicado que esta PNL a propuesta del Grupo Socialista se debatirá el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, y «será ahí cuando el PP tenga la oportunidad con su mayoría absoluta de votar esta iniciativa para dar solución a este gravísimo problema».

El diputado socialista ha recordado que «no se está pidiendo nada extraordinario», tan solo que se adapten las tarifas eléctricas que pagan los agricultores de regadío a su consumo estacional», ya que entiende que no es lógico que se les penalice el resto del año por el término fijo de potencia cuando directamente «no consumen nada o apenas nada».

Alonso ha avanzado otras iniciativas complementarias que demandarán al Gobierno, como son la aplicación de un IVA reducido a las comunidades de regantes, establecer medidas para favorecer las centrales de compra con los que abaratar las tarifas eléctricas o fomentar actuaciones que favorezcan el autoconsumo a través de energías como la solar, la eólica o la biomasa.

También en las Cortes de Castilla-La Mancha

Por su parte, el secretario de Agricultura de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real, Pedro Ángel Jiménez, ha anunciado que esta PNL se trasladará también a las Cortes de Castilla-La Mancha, y se pondrán en marcha mociones en todos los ayuntamientos de Ciudad Real, «una provincia y una región a la que a nadie se le escapa que es un sector fundamental».

Una búsqueda de apoyo tanto por parte del Gobierno regional como por de las entidades municipales «dado el calado de este problema que están sufriendo los agricultores actualmente y que está ahogando prácticamente las explotaciones agrarias en nuestra provincia».

Europa Press

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Presidencia, Agricultura, Alimentación y Agua, José Císcar, ha señalado este miércoles que el Gobierno valenciano no está «contento y satisfecho al cien por cien» con el plan hidrológico del Júcar. Por ello, ha indicado que el Consell ha presentado una serie de alegaciones.

José Císcar se ha expresado en estos términos en la sesión de control a los miembros del Consell en el pleno de las Corts, tras una pregunta formulada por el diputado de Compromís Juan Ponce sobre cuál es la posición de la Generalitat ante el proyecto de plan hidrológico de la demarcación del Júcar elaborado por el Gobierno central.

Desde el Consell «no estamos contentos y satisfechos al 100% con todo lo que dice el documento»

Para Juan Ponce, este plan «vuelve a repetir los errores» del plan anterior, «asignando más caudales de los disponibles» y, además, «incumple la Directiva Marco del Agua al no garantizar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas».

El conseller, por su parte, ha destacado que la Generalitat ha «reconocido y valorado el esfuerzo» del Gobierno central para sacar adelante el plan «a partir del diálogo», y ha criticado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «fue incapaz no sólo de aprobarlo, sino también de articular una propuesta mínimamente aceptable».

No obstante, ha señalado que desde el Consell «no estamos contentos y satisfechos al cien por cien con todo lo que dice el documento«, ya que «hay cuestiones en las que hay que continuar trabajando». Por este motivo, ha explicado que la Generalitat presentó en febrero una serie de alegaciones, de forma que su valoración dependerá de si se tienen en cuenta estas alegaciones «en el documento definitivo».

"El agua de las próximas generaciones"

El parlamentario de Compromís ha criticado la «actitud pasiva y débil» del Gobierno valenciano ante el de Madrid. «Parece que aquí esté mandando la señora Cospedal y no el señor Fabra», ha manifestado Ponce, quien ha lamentado que, de este modo, «se están jugando el agua de las próximas generaciones».

José Císcar, en su segunda intervención, ha resaltado: «Lo que estamos haciendo es defender los intereses de los valencianos». Asimismo, ha reconocido que el plan tiene «muchas dificultades» para cumplir con la Directiva Marco del Agua.

ENLACE A NOTICIA: http://www.iagua.es/noticias/planificacion/14/03/05/el-gobierno-valenciano-pone-reparos-al-plan-hidrologico-del-jucar-46376

MAGRAMA

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha defendido hoy la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional.

El MAGRAMA considera infundadas las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental 

El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno.

En consecuencia, no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso.

No vulnera ni el Estatuto ni el principio de reserva de Ley

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.

Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental.

No se abre la puerta a nuevos trasvases

Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.

En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera totalmente infundadas las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla. 

ENLACE A NOTICIA:                                          http://www.iagua.es/noticias/espana/14/03/02/magrama-reitera-que-la-ley-de-evaluacion-ambiental-no-abre-la-puerta-nuevos-trasvases-46142

• Contempla unas inversiones de más de 2.500 millones de euros, entre todas las administraciones, para alcanzar los objetivos propuestos en el programa de medidas.
• Más de 1.100 millones se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales, especialmente en actuaciones de saneamiento y de depuración, y otros 1.100 millones a la satisfacción de las demandas de los usuarios.
• Ya son 14 los planes de cuenca aprobados por el actual Ejecutivo, que concluirá la planificación hidrológica en los próximos meses.

MAGRAMA

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, uno de los más complejos de España por el gran número de comunidades autónomas que atraviesa (9) y por la necesaria coordinación con Francia y Andorra.

El Plan Hidrológico es el elemento básico de gestión de esta demarcación hidrográfica. Tiene como principal objetivo conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marca, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial.

Con el plan del Ebro ya son 14 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo

Con el plan del Ebro ya son 14 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más de dos años. Se trata de los planes hidrológicos de Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que se suma al único aprobado por el anterior Ejecutivo, el del Distrito fluvial de Cataluña, ahora anulado por los tribunales.

En cuanto a los planes pendientes, el Gobierno prevé aprobar próximamente el del Tajo y el del Segura, que ya cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua, así como continuar con la tramitación para aprobar cuanto antes el Plan del Júcar, una vez que ya ha concluido el periodo de información pública.

Plan de medidas

El Plan Hidrológico del Ebro contempla unas inversiones de más de 2.500 millones de euros a financiar por todas las administraciones para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de medidas.

Del total de la inversión, más de 1.100 millones de euros se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales, esencialmente mediante actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas.

El segundo bloque, con casi otros 1.100 millones de euros, se dirige a la satisfacción de las demandas, con acciones preferentemente orientadas a la construcción de nuevas infraestructuras de regulación y la mejora en la atención de los regadíos.

Más de 1.100 millones de euros se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales

Se sitúan, en tercer lugar, la mejora del conocimiento y la gobernanza, con más de 150 millones de euros y, por último, las medidas orientadas a la mitigación de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos (175 millones de euros).

Mejora de las masas de agua y caudales ecológicos

El Plan Hidrológico del Ebro contempla una serie de medidas para mejorar el estado de las masas de agua de la cuenca, con las que pretende incrementar de un 77% a un 86,5 % el número de masas de agua superficial que a finales de 2015 estarán en buen estado.

Por otro lado, el Plan del Ebro establece unos caudales mínimos que se han definido tras un amplio proceso de participación, aplicando criterios científico-técnicos que, además, son coherentes con la realidad física del río y satisfacen todas las exigencias de la normativa de planificación.

Unos caudales ecológicos, cifrados por encima de los 3.000 hectómetros cúbicos anuales, satisfacen las necesidades del Delta y, en gran medida, son factibles de poner en práctica gracias a la existencia del embalse de Mequinenza.

Informes favorables

El Gobierno prevé aprobar próximamente el del Tajo y el del Segura, que ya cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua

El Plan Hidrológico del Ebro recibió el informe favorable del Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de julio de 2013 (con 72 votos a favor y 9 en contra), tras su aprobación por el Consejo del Agua de la Demarcación y el pertinente proceso de participación pública. También ha contado con la aprobación y el informe positivo de los diferentes Ministerios afectados.

En paralelo a la conclusión de este primer ciclo de planificación hidrológica, el Ministerio ya ha iniciado el segundo ciclo, que concluirá en 2015 para acompasar así el ciclo de planificación de España con el del resto de los países miembros de la Unión Europea.

ENLACE A NOTICIA:                                              http://www.iagua.es/noticias/planificacion/14/02/28/el-gobierno-aprueba-el-plan-hidrologico-del-ebro-que-contempla-inversiones-de-mas-de-2500-millon