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El Pleno del Congreso, con los votos de PP, UPyD, IU y CHA, ha rechazado la propuesta del PSOE, CiU e ICV, de instar al Gobierno a negociar con la Generalitat catalana el caudal ambiental del tramo final del río Ebro, tal y como han promovido los nacionalistas catalanes.

Esta iniciativa planteaba al Gobierno negociar con Cataluña la determinación del caudal ambiental del Delta del Ebro con el Gobierno catalán, por ser «el más afectado» de la cuenca, respecto a los caudales mínimos fijados. En concreto, ha contado con el voto en contra del PP, UPyD y los diputados de Izquierda Unida, el de la CHA, Foro de Asturias y UPN, por lo que finalmente no ha salido adelante.

Según ha justificado la portavoz del PP en materia de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa de Lara, durante su intervención, la propuesta es «desproporcionada e inviable» y haría «imposible» garantizar ese caudal ecológico del Ebro. A su juicio, de fijarse tal y como propone CiU los caudales se privaría de agua a Aragón y al resto de comunidades autónomas de la demarcación.

Esta iniciativa planteaba al Gobierno negociar con Cataluña la determinación del caudal ambiental del Delta del Ebro con el Gobierno catalán

«No creo que sea lo que pretenden. Además, su propuesta comportaría no abastecer la demanda del Delta», ha remarcado, a la vez que se ha preguntado por que CiU rechaza la propuesta del Plan del Ebro realizada por el Gobierno cuando en el anterior plan se contemplaban 200 hectómetros cúbicos menos que en el nuevo, si lo que quieren es que ese caudal aumente, y la decisión se ha tomado de acuerdo con «más de un centenar de estudios», incluidos los de la Generalitat de Cataluña.

Es más, ha subrayado que el plan del Ebro ha sido respaldado por el Consejo del Agua de la demarcación, por el Consejo Nacional del Agua, organizaciones empresariales y de regantes, entre otros, y define, por primera vez, los caudales ecológicos en aplicación de criterios científicos y técnicos aportados en la anterior legislatura socialista.

Eso sí, ha recordado que España tiene abiertos dos procesos de infracción desde la UE debido a la «inacción» en materia hidrológica del anterior Ejecutivo socialista, dado que la planificación hidrológica debería haber estado finalizada en diciembre de 2009 y de los 25 que tenían que haber estado aprobado sólo el de las Cuencas internas de Cataluña estaba listo cuando Arias Cañete llegó al Ministerio de Medio Ambiente.

Se trata de una proposición no de ley pactada entre PSOE, CiU e ICV, a instancias del diputado nacionalista catalán Martí Barberà, donde se instaba al Gobierno a garantizar que la determinación sobre el caudal ambiental para el tramo final del río Ebro cumpla también la normativa estatal de caudales ecológicos, así como la Directiva marco del Agua de la UE, en base a criterios científicos y garantice el buen estado de las masas de agua.

Asimismo, planteaba que el Congreso de los Diputados instase a publicar los estudios técnicos de base utilizados para establecer el régimen de caudales ecológicos.

El agua es competencia nacional

Entre las diversas críticas que han centrado la intervención de Toni Cantó (UPyD) respecto a esta iniciativa, ha criticado que CiU se empeñe en seguir negociando «de forma bilateral» y gestionar las «cosas de forma poco eficiente» y por su cuenta. «Qué se hace con el Ebro no es sólo asunto suyo, sino de todos los españoles», ha destacado, a la vez que ha recordado que la cuenca del Ebro la conforman nueve comunidades autónomas.

«Lo que solicita CiU es de sentido común, son los más afectados y les vamos a apoyar, más aún vista la transacción en la que se han reflejado inquietudes de otros grupos», ha defendido el diputado del PNV, Joseba Agirretxea.

Mientras, Joan Tardà, de ERC, ha respaldado la propuesta de CiU, PSOE y la Izquierda Plural, al considerar que el Plan del Ebro va a suponer «la muerte del Delta por la regresión y la salinización» y porque no se han tenido en cuenta las alegaciones del Gobierno catalán e instituciones científicas y sólo, en su opinión, han prevalecido los argumentos políticos. «Si Cañete aspira a ser comisario europeo lo tiene muy mal», ha remarcado.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, se ha mostrado favorable a la enmienda transaccional alcanzada entre PSOE, CiU y la Izquierda plural porque, a su juicio, tal y como sucede en la Comunidad Valenciana con el plan del Júcar, los caudales ecológicos según estos planes «son exiguos o inexistentes» y el río se secará en muchos tramos.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.iagua.es/noticias/planificacion/13/12/18/el-pleno-del-congreso-rechaza-que-el-gobierno-negocie-con-cataluna-el-caudal-del-delta-del-ebro–

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El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA), Pedro Barato, ha asegurado este viernes en Ciudad Real que lo que está ocurriendo con las tarifas eléctricas del riego «es un atraco y un robo a mano armada», por lo que ha exigido al Gobierno central, representado por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que se abaraten estas tarifas.

Barato ha considerado intolerable que estas tarifas se hayan incrementado un 475% en dos años

Durante su intervención antes de la comida de hermandad que la organización agraria celebra cada año antes de Navidad, Barato ha considerado intolerable que «estas tarifas se hayan incrementado un 475% en dos años, además de que el agricultor tenga que pagar cuando no riega».

Por este motivo, ha instado al ministro de Agricultura a que apremie al de Industria para que los contratos temporales para este tipo de tarifas «salgan adelante ya»; una petición que ha recibido el aplauso unánime de los centenares de agricultores de la provincia y la región que han asistido al acto.

Respecto a la Política Agraria Comunitaria (PAC), Barato ha pedido a Arias Cañete que se llegue a un acuerdo «en el reparto de un colectivo tan importante en Ciudad Real y Castilla-La Mancha como el de la ganadería extensiva, que no tienen hora, ni aire acondicionado». «Que les lleguen las ayudas que ellos sabrán cómo utilizarlas», ha añadido el presidente de ASAJA.

Peticiones a la Junta

Las otras dos peticiones que ha planteado el presidente nacional de ASAJA durante su discurso han ido dirigidas al Gobierno regional, estando la primera de ellas centrada en el desarrollo rural, sobre el que ha señalado «que quiere que sea de verdad».

«Ya no hay problemas presupuestarios y no se puede perder ni un euro. No puede ser que un ganadero se quede sin cobrar y hay que buscar el dinero para ayudar a nuestros agricultores de donde sea», ha explicado.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de una Interprofesional del Vino porque, bajo su punto de vista, «es imprescindible para que seamos capaces de organizarnos y esa será la única manera de promocionarnos en el mercado».

También en referencia al pacto sobre el Tajo, firmado por cinco comunidades autónomas, Barato ha agradecido que haya sido posible llegar a un acuerdo «porque es mejor el entendimiento que el enfrentamiento», aunque ha aprovechado para reivindicar la regularización de 1.800 pozos que quedan pendientes en la provincia.

«Hay que seguir regando y para tener una agricultura de futuro es necesaria el agua, no para malgastar, sino para generar riqueza y empleo», ha aseverado el presidente nacional de ASAJA, quien también ha destacado los beneficios de la reestructuración del viñedo, afirmando que «no pasa nada por tener una campaña como la que se ha tenido».

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.iagua.es/noticias/agricultura/13/12/15/pedro-barato-lo-que-esta-ocurriendo-con-las-tarifas-electricas-del-riego-es-un-atraco-y-un-robo-ma

El diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha advertido que las tarifas que deben pagar los regantes de Murcia y Valencia por el agua del trasvase se han reducido un 60% desde que gobiernan Rajoy y Cospedal. Así se pone de manifiesto con los precios publicados hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reflejan un abaratamiento del 30% respecto a las del año pasado. «Pero es que las del año pasado ya eran un 28% inferiores a las del 2011. Es decir, que desde que Rajoy y Cospedal gobiernan, a los regantes de Murcia y Valencia cada vez les sale más barata el agua del trasvase», decía.

Molina se pronunciaba de esta manera en Toledo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que avanzaba que el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de recurrir en Bruselas la Ley de Evaluación Ambiental que se aprueba esta tarde en el Congreso con el apoyo del PP y el Plan de Cuenca del Tajo.

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La Plataforma en defensa del Tajo ha presentado una nueva queja ante la Comisión Europea por la aprobación en la Ley de Impacto Ambiental de las modificaciones del trasvase Tajo-Segura «sin evaluar su impacto ambiental, especialmente en la Red Natura 2000». Esta queja se suma a la presentada hace poco más de un mes también por la Plataforma, ya admitida a trámite en Bruselas.

Apenas unas horas después de que finalizase su tramitación en el Senado, la Plataforma ha procedido a formalizar una nueva Queja ante la Comisión Europea por la modificación y nueva regulación que introduce el memorándum del trasvase Tajo-Segura, «torpemente empotrado en la ley de Evaluación de Impacto Ambiental», ha informado la plataforma en nota de prensa.

Desde la Plataforma afirman que con la inclusión del memorándum «por la puerta de atrás de la referida ley, se vulneran los principios básicos de un Estado democrático, se incumple la legislación de aguas acorde con la Directiva Marco de la Unión Europea, y se pasa por encima los impactos que el trasvase tiene (y tendrá de forma acentuada) sobre los espacios de la Red Natura 2000».

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.iagua.es/noticias/trasvases/13/11/24/la-plataforma-del-tajo-afirma-que-la-inclusion-del-memorandum-del-tajo-segura-en-la-ley-de-impacto-m

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El pleno del Senado dará luz verde este jueves, con la mayoría del Grupo Parlamentario Popular y el rechazo del resto de los grupos a la Ley de Evaluación Ambiental, que también incluyó durante su trámite en el Congreso el Memorandum del Tajo, que incluye el trasvase del Tajo al Segura. El texto será remitido de nuevo a la Cámara Baja para su aprobación definitiva el próximo 28 de noviembre.

Los ‘populares’ también han rechazado seis vetos al proyecto, del grupo Mixto, PSOE, Entesa por Progres de Cataluña, CiU, que han sido rechazados. Además, también ha contado con una docena de votos particulares y un total de 453 enmiendas.

El Senado sí ha incorporado dos enmiendas de CiU transaccionadas por el PP

No obstante, el Senado sí ha incorporado dos enmiendas de CiU transaccionadas por el PP, que recogen cuestiones técnicas. Una de ellas autoriza a la Administración central y también a las comunidades autónomas a eximir de evaluación de impacto ambiental a determinados proyectos en aras de la seguridad general, como por ejemplo los centros penitenciarios, o cuando se trate de cuestiones de obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas a consecuencia de acontecimientos catastróficas o bien por obras de emergencia.

La segunda detalla que, además del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las administraciones autonómicas podrán crear los bancos de conservación de la naturaleza así como otorgar títulos ambientales o créditos de conservación.

El texto recoge el Memorandum del Tajo por el que «en función de las existencias conjuntas» en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año hidrológico.

De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto, con el objetivo de adecuar «de forma flexible» las magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar con instrumentos «ágiles» para adaptarse a los posibles efectos de alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.

Los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto

Durante su tramitación en la Cámara Alta, los senadores de todos los grupos han criticado que la norma se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está modificando la Directiva de Evaluación Ambiental en la Unión Europea, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.

Además, han criticado la falta de rigurosidad en las evaluación de impacto ambiental que propone la nueva ley en aras de favorecer simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar beneficios para intereses económicos.

Finalmente, entre las principales críticas los grupos han incidido en la inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo ni se haya podido someter a informe de distintas entidades del Estado.

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