José Antonio Gato, Rafael Romeo, Eduardo Alvarado, Juan José Moragues y Mercedes Rodríguez han sido destituidos como presidentes de la Confederaciones Hidrográficas del del Duero, Ebro, Guadiana, Júcar y Tajo.
Así lo publicaba este sábado el Boletín Oficial del Estado a propuesta de Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El agua subterránea por su naturaleza aparece dispersa por grandes áreas geográficas, es de fácil acceso y por lo general de buena calidad y su aprovechamiento no requiere grandes inversiones económicas. Estas características han sido la causa de que su explotación se haya realizado de forma individual principalmente por la iniciativa privada, pero sumando en conjunto un gran volumen de recurso de agua, que hoy día casi satisface el treinta por ciento de las demandas de nuestro país.
Este uso masivo de los recursos de agua subterránea y la ausencia de una vertebración del sector ha sido en buena parte la causa de que la administración del agua no consiga llevar a efecto una buena gestión de este recurso.
El nudo gordiano de la vertebración, lo constituyen las comunidades de usuarios de masas de agua subterráneas. Esta figura que se inspira en las comunidades que agrupan a los beneficiarios del aprovechamiento de canales y otras obras hidráulicas, de tradición centenaria en nuestro país, se introdujo para las aguas subterráneas, en la Ley de Aguas de 1985, con carácter de constitución obligatoria para los acuíferos sobreexplotados. Siendo, inicialmente, su introducción obligada por la administración, muy limitada. Sin embargo en los primeros años de nuestro siglo empezaron a constituirse espontáneamente comunidades de usuarios de aguas subterráneas e incluso a agruparse en asociaciones. No obstante, aún son insuficientes y el marco normativo en que se desenvuelven es insuficiente para desarrollar todo su potencial para contribuir a una mejor gestión de los acuíferos.
Otro elemento necesario para la vertebración del sector es la profesionalización. La formación de hidrogeólogos se realiza a partir de ingenieros y licenciados de diversas titulaciones que cursaban estudios de postgrado en esta disciplina. De los tres principales cursos de postgrado existentes en las décadas de los años 70 y 80, hoy solo permanece uno.
Y la enseñanza reglada de hidrogeología en escuelas y facultades, me atrevería a calificarla de residual. A esto hay que añadir que la nueva problemática en la gestión del agua subterránea requiere otros muchos expertos de otras titulaciones, economía, derecho, medioambiente, etc.
Mas grave aún, son las carencias entre las empresas constructoras de pozos de captación. En el sector no existen grandes empresas constructoras que manejen grandes recurso. Es un sector servido por pequeñas y medianas empresas, muchas de ámbito familiar de gran solvencia profesional y técnica, pero invadido por el intrusismo con escasa o nula formación, responsables en muchos casos, de graves perjuicios a los acuíferos por malas prácticas.
En resumen, si se pretende un gestión adecuada de los recursos de agua subterránea en nuestro país, en necesaria la vertebración del sector en lo social, con el fomento a la constitución y operatividad de las Comunidades de usuarios de agua subterránea. En lo científico-técnico, estableciendo un cuadro de profesionales especializados. En lo tecnológico, ordenando el subsector de constructores de captaciones de agua subterránea.
subido por Administrador 31. enero 2012 08:51
de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
http://www.dina-mar.es/file.axd?file=2012%2f1%2fDIRECTIVA-2011-92-CE.pdf
La nueva directiva contempla los proyectos de “recarga artificial” de acuíferos en sus anexos I y II estableciendo un límite para la Evaluación obligatoria de 10 hm3 como módulo interanual, en los siguientes términos:
Anexo I. 11). EIA obligatoria según el artículo 4, apartado 1.
“Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 millones de metros cúbicos”.
Anexo II. 10) proyectos de infraestructura, apartado l). EIA a determinar según cada estado miembro (Art. 4.2.).
l) «Proyectos de extracción de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos no incluidos en el anexo I.”
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Recursos de agua subterránea, gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, recarga de acuíferos…son tópicos continuamente repetidos por responsables de las políticas de agua en nuestro país desde que las aguas subterráneas se integraron en el dominio público del agua, por la Ley de 1985.
En estos 26 años ha habido un aprovechamiento masivo de estas aguas debido principalmente a la iniciativa privada. Son decenas de miles las hectáreas de nuevos regadíos que se han implementado con este recurso, a pesar de que existen grandes lagunas en el conocimiento de muchos acuíferos y verdaderos agujeros negros en su gestión; que ha abocado, en no pocos casos a situaciones indeseables.
Cuando he planteado estas cuestiones a muchos responsables políticos, han terminado reconociendo, unos que las aguas subterráneas son las hermanas pobres, otros que son las huérfanas de las políticas de aguas. Sin embargo siguen presentes en la retorica de todos.
No voy a glosar aquí el importante papel que desempeñan las aguas subterráneas como recurso, en el medio ambiente y la cultura tradicional.
Las aguas subterráneas tienen aun un largo camino por recorrer en nuestro país, pero son necesarias: investigación, innovación tecnológica y financiación y sobre todo un marco normativo adecuado, que la legislación actual no satisface.
En el año 2005, por invitación del entonces Director General de Aguas, D. Jaime Palop, se constituyo un Grupo de trabajo en aguas subterráneas independiente, formado por personas procedentes de centros de investigación, comunidades de usuarios, empresarios, asociaciones profesionales y profesores universitarios.
Este Grupo de trabajo recibió el encargo de analizar la práctica de la gestión del agua y mediante la consulta al mayor número posible de colectivos implicados en las aguas subterráneas, proponer medidas conducentes a la mejor gestión de este recurso. De forma que la propuesta de reforma tuviera una amplia base social que recogiera las aspiraciones, opiniones y estudios de los colectivos involucrados: usuarios de diversos sectores, profesionales, técnicos, asociaciones que velan por el medioambiente, administraciones, etc.
Los trabajos realizados durante tres años se coordinaron desde la Universidad Autónoma de Madrid, por considerársela terreno neutral, aunque se conto en todo momento con el apoyo inestimable del personal de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.
Se realizaron 18 reuniones técnicas, 23 reuniones de convocatoria libre en 7 ciudades diferentes, información en Web y debate permanentes de diferentes borradores en on line. Con la participación de más de 900 personas interesadas, de regantes, usuarios diversos, organizaciones agrarias, sindicatos, profesionales de diversas titulaciones, centros de investigación, universidades, etc.
El resultado, filtrado jurídicamente por dos catedráticos en Derecho Administrativo expertos en legislación de agua, fue un gran número de propuestas que se presentaron a la Dirección General, estructurada en propuestas articuladas de reforma a la Ley de agua, propuestas de modificación del Reglamento de Dominio Público hidráulico, Guía de propuestas generales de actuación y Acciones de acompañamiento.
De las propuestas presentadas, la de reforma de la Ley de aguas, paso por el Consejo Nacional del Agua y a continuación a perderse en un cajón de los despachos ministeriales. Algunos aspectos de las propuestas de modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, fueron recogidos en su última modificación y nunca más se supo de las iniciativas y propuestas restantes. Esto ha motivado un fuerte sentido de frustración en los centenares de personas que participaron con sus ideas y perdiéndose una vez más la oportunidad de mejorar la gestión de las aguas subterráneas.
Desde aquí pido a los nuevos responsables de las políticas de agua que desempolven la documentación citada, la analicen, modifiquen lo que consideren debe ser modificado y den un paso decidido para contribuir a mejorar la gestión del agua subterránea, que constituye la mitad oculta del ciclo natural del agua y si no se gestiona bien esta mitad nunca tendremos una buena gestión del agua en España.
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(CSIC) Un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado las tendencias en los caudales de 187 cuencas fluviales de la Península Ibérica entre 1945 y 2005. Los resultados obtenidos muestran un descenso generalizado de los caudales anuales, de invierno y de primavera en la mayor parte de las cuencas ibéricas. En algunos casos puntuales, el caudal ha disminuido en más de un 3% respecto a la media anual de los últimos 60 años. La investigación, publicada en la revista Journal of Hydrology, señala el cambio climático como una de las posibles causas del descenso.
“El descenso generalizado de los caudales podría asociarse a la disminución de las lluvias y al aumento térmico observados en las últimas décadas, ya que la tendencia negativa se ha observado tanto en los tramos de ríos regulados como en los no regulados. Es más, el proceso podría acelerarse durante el siglo XXI de acuerdo a las proyecciones climáticas de los actuales modelos de cambio climático para la Península Ibérica”, explica el investigador del CSIC Sergio Vicente, del Instituto Pirenaico de Ecología.
Además del cambio climático, existen otras posibles causas para este fenómeno. ”Se apunta a que los cambios en los usos y cubiertas del suelo también están jugando un papel importante en la disminución del caudal de las cuencas ibéricas. El abandono generalizado de campos de cultivo y de pastos en las zonas de montaña durante la segunda mitad del siglo XX, así como la colonización de estas áreas por parte de matorrales y bosques, hace que aumente la infiltración, intercepción y evapotranspiración directa por parte de la vegetación, lo que disminuye la generación de escorrentía y las aportaciones a los ríos”, añade Vicente.
La expansión de las superficies irrigadas, que implican un mayor consumo de agua en zonas donde la evaporación directa y la transpiración de los cultivos son altas, el aumento de la demanda de agua para el abastecimiento de poblaciones, el mayor gasto de agua por habitante y el incremento del consumo hídrico por parte de las actividades industriales y turísticas son otras de las posibles causas que a las que apunta el estud
La tónica negativa que describe el estudio no afecta a todos los ríos ibéricos por igual. Según los datos recogidos, en la cuenca del Segura y en un tramo de la del Guadiana el descenso anual del caudal ha sido superior al 3% anual respecto a la media de la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, en el resto del Guadiana, el Júcar y la primera mirad del Tajo, el descenso anual se ha situado entre el 1% y el 3% anual respecto a la media.
De forma estacional, en primavera cerca de la mitad de la cuenca del Guadalquivir y más de un cuarto de la del Guadiana han bajado su caudal en más de un 3% anual respecto al valor medio; mientras que en otoño y en invierno zonas de Galicia, Norte de Castilla y León, baja cuenca del Tajo, este de Andalucía y nordeste de Madrid aumentaron la cantidad de agua de sus ríos entre un 1% y un 3% respecto a la media hídrica durante dichas estaciones.
“Las zonas donde el caudal ha aumentado están influidas principalmente por dos factores: un cambio en el régimen de precipitaciones, traducido en un cierto aumento de las lluvias en Otoño, y cambios en el régimen fluvial como consecuencia de la regulación de las cuencas mediante embalses”, apunta el investigador del CSIC.
Según esta investigación, desde 1945 se han producido “importantes cambios” en los regímenes fluviales. “Se ha comprobado que la regulación hídrica, mediante presas y embalses, no afecta al signo de las tendencias encontradas, pues éstas son negativas de forma generalizada, pero sí a la magnitud de los cambios, dado que son las cuencas más reguladas las que presentan los descensos más marcados. Además, durante el invierno baja el caudal de los ríos porque los embalses almacenan agua para satisfacer las demandas estivales, lo que genera grandes diferencias estacionales”, concluye Vicente.
J. Lorenzo-Lacruz, S.M. Vicente-Serrano, J.I. López-Moreno, E. Morán-Tejeda, J. Zabalza. Recent trends in Iberian streamflows (1945–2005). Journal of Hydrology. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2011.11.023
DESCARGAR INTERVENCIÓN ÍNTEGRA:
http://www.marm.es/es/prensa/12.02.01%20Intervenci%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n_tcm7-190339.pdf
Ofrecemos en este artículo la Intervención íntegra en materia de agua del Ministro Miguel Arias Cañete en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrada el pasado 1 de febrero de 2012.
Arias Cañete comienza con un repaso por la herencia recibida y continúa con un avance de las políticas que se aplicarán en esta nueva legislatura.
En el caso del agua, recurso escaso y por tanto de vital importancia para España, según lo establecido por la Directiva Marco del Agua se debería haber terminado en diciembre de 2009 el proceso de planificación hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas.
Para España, se han definido 25 Demarcaciones: 13 intra-comunitarias, cuya planificación es competencia de las Comunidades Autónomas; 9 inter-comunitarias, en las que la responsabilidad planificadora es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Ceuta y Melilla. En total 25 planes, de los cuales sólo se ha culminado hasta la fecha 1 de las cuencas intracomunitarias (Cataluña).
Por este motivo, la Comisión Europea ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento en dos puntos relevantes: plazo de aprobación y realización de un proceso de participación pública. La probable sentencia condenatoria supondrá una sanción económica. Es, por tanto, un hecho lamentable que en estos momentos seamos el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, y que la no aprobación de tales planes pueda llegar a comprometer inversiones realizadas con Fondos Europeos o del Banco Europeo de Inversiones, en materia de agua.
En segundo lugar, Señorías, el sistema de desaladoras, que sustentaba el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a todo lo largo de la costa mediterránea. El plan inicial suponía la construcción de 51 instalaciones, de las cuales únicamente 17 se encuentran en explotación y 15 en construcción.
Este plan ha implicado ya una inversión de 1.664M€, y precisará de otros 762M€ adicionales si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas, con lo cual la inversión total será de 2.426M€. Es más, las desaladoras actualmente operativas únicamente producen 111,56 hectómetros cúbicos de agua desalada, lo que supone apenas un 16,45% del total de 678,18 hectómetros cúbicos que deberían estarse produciendo. El coste de producción por m3 (1,1 €/m3 aprox.) es, en el caso del regadío, uso previsto en el plan de desaladoras, muy superior a lo que puede soportar el usuario (0,30 €/m3 máximo), y, por tanto, genera una cadena de subvenciones encubiertas para hacer viable su uso. Es más, algunas de las desaladoras (ya terminadas) ni siquiera pueden entrar en servicio al 100% por carecer de licencias, faltar la conexión a la red de agua potable u otras razones.
Es cierto que la técnica de desalación se ha demostrado muy útil es medios muy áridos, cercanos a la costa o a aguas salobres y con bajos aportes hídricos, pero no lo es menos que resulta insostenible ambientalmente como base del abastecimiento por su alto consumo energético y los efluentes de alta concentración salina que genera.
Por otra parte, les informo también de que el Reino de España tiene dos expedientes sancionadores abiertos por incumplimiento de la Directiva 91/207/CEE que hace referencia a la calidad de las aguas mediante depuración. Las actuaciones en esta materia aparecen recogidas en el denominado Plan Nacional de Calidad de las Aguas, cuya ejecución está tan retrasada que ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: el Exp. 2004/2037 de depuración de aguas residuales urbanas en Zonas Normales y el Exp. 2002/2123 de depuración de aguas residuales urbanas en Zonas Sensibles.
En el primero de estos expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos (de más de 15.000 habitantes equivalentes), de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse. Respecto del segundo, es preciso que dentro de las llamadas Zonas Sensibles se construyan 39 instalaciones depuradoras para minimizar posibles daños de los efluentes urbanos en áreas de calidad ambiental que limitan a núcleos de población.
Finalmente, en materia de depuración se ha recibido, además, de la Comisión un requerimiento de información sobre aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, con deficiencias en el cumplimiento de la Directiva.
La cantidad de núcleos afectados asciende a 912 entre deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración. Por el alto volumen de inconsistencias estamos ante el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.
En relación con las Sociedades de Aguas, que fueron creadas para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz, en la actualidad operan 4: Acuanorte, Acuasur, Acuaebro y Acuamed. Todas presentan idéntico funcionamiento y objeto, distinguiéndose por su ámbito territorial.
Estas sociedades fueron creadas con el objeto de realizar inversiones solicitadas mediante encomienda de gestión por el Ministerio y financiarse con recursos propios (aportaciones de capital del Departamento), fondos de la UE (FEDER y Fondos de Cohesión) y reversiones de los usuarios. El problema es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaben las obras. Hemos comprobado que en alguna sociedad se han realizado inversiones por encima de los recursos propios (más de 4.000 M€, contando únicamente con 1.6252 M€) y sin disponer de los ingresos debidos a las otras fuentes de financiación.
Esto supone dejar a la sociedad técnicamente en estado de insolvencia, con la necesidad de 800 M€ en financiación para poder terminar y poner en explotación las inversiones. En cuanto al Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado mediante el Real Decreto 13/2008, fijaba una serie de inversiones para la comarca del Alto Guadiana que han generado expectativas incumplidas en la zona. El Plan proponía unas inversiones de más de 2.800 M€ para el periodo 2008-2015 y de más de 2400 M€ en el periodo 2016- 2027.
Necesitamos reordenar el uso sostenible del acuífero 23 y afrontar la modificación de los usos de las explotaciones de aguas subterráneas existentes, pero mediante actuaciones eficaces, que sean coherentes con disponibilidad presupuestaria existente. La promesa incumplida, contenida en dicho Plan, de regularizar 8.000 pozos ilegales ha supuesto otra desilusión para los agricultores de la zona, que dificultará la ordenación hidráulica del Alto Guadiana.
Esta situación se ve, además, agravada por la firma de convenios por cuantías elevadas (más de 200 M€) sin la correspondiente reserva presupuestaria por parte de los organismos de cuenca responsables.
La política y gestión del agua tendrá, como finalidad prioritaria, garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional. Y el suministro debe entenderse de modo integral, considerando tanto las necesidades humanas como las propias del mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua. Al mismo tiempo, el agua supone un elemento vertebrador territorial, y como tal necesita de la gestión solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de las distintas regiones españolas.
Este carácter integral y vertebrador exige una gestión unificada y coordinada. En este sentido es necesario marcar una relación jerárquica clara entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua. Tenemos que mejorar la coordinación legal, económica y de planificación entre la DG del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades de Aguas. Por ello, es necesario dejar claro el reparto de responsabilidades, de modo que los actuales Presidentes de las distintas Confederaciones Hidrográficas tendrán consideración de subdirectores generales, dependientes del Secretario de Estado y del Director General del Agua.
Asimismo, las Sociedades de Aguas revisarán las encomiendas de gestión recibidas en el pasado y necesitarán de la aprobación de la DG del Agua en sus nuevas inversiones y cuentas anuales.
En materia de legislación y normativa de aguas, abordaremos de forma rápida algunos aspectos que en la actual Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico han quedado desfasados e impiden una toma de decisiones eficaz.
Las modificaciones que se proponen quieren dejar claro que la función de policía del Dominio Público Hidráulico es competencia estatal, sin perjuicio de la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas frente a las sanciones por procedimientos infractores en materia de agua. Asimismo, se establecerá un sistema de cálculo de sanciones sobre afecciones al Dominio Público Hidráulico claro y preciso, con el rango normativo apropiado y que evite la inseguridad y posible arbitrariedad.
Con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el acuerdo y apoyo solidario de todas las Comunidades Autónomas, abordaremos el Pacto Nacional del Agua. Este pacto será de larga duración y tendrá un carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Y resultado de este Pacto Nacional será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos del Pacto y materialice sus objetivos.
Este nuevo Plan Hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes. Propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la eficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con actual déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso.
Finalmente, deberemos explorar la creación de mercados transparentes con los derechos del agua ya existentes. El uso sostenible del agua exige alcanzar un 100% de la depuración de las aguas. Este objetivo supondrá el cumplimiento de la Directiva 91/271 y, en consecuencia la desaparición de los procedimientos sancionadores actualmente en curso.
Para ello se ejecutarán 23 actuaciones (depuradoras o colectores) en ciudades grandes en Zonas denominadas Normales, 39 actuaciones (principalmente depuradoras) en Zonas Ambientalmente Sensibles y actuaciones en gran parte de las más de 912 aglomeraciones menores.
Las infraestructuras de saneamiento son, por tanto, la inversión prioritaria en la Dirección General del Agua, hasta conseguir este objetivo. La situación actual, con fuertes limitaciones presupuestarias, nos exige una mayor coordinación entre los entes inversores y una adecuada priorización de las inversiones. La depuración combinada con la reutilización supone una oportunidad para generar nuevos recursos hídricos. Nos proponemos aumentar el volumen empleado actualmente hasta llegar a 650 hm3/año de agua reutilizada.
La sustitución de agua fresca por reciclada conllevará una mejora de calidad del caudal circulante y asegurará el mantenimiento de los caudales ecológicos y humedales. En los cursos bajos se dispondrá del uso del agua reciclada como aporte complementario al caudal disponible.
Como dije al principio, la Directiva Marco del Agua preveía que en 2009 todos los Estados Miembros habrían elaborado y aprobado los planes de cuenca para cada una de las Demarcaciones de los Estados Miembro. Los largos procedimientos de información pública y las negociaciones y mala coordinación entre los distintos actores del territorio (regantes, sindicatos, asociaciones de usuarios, distintos niveles de gobierno en materia de aguas, etc) han llevado a una situación de lentitud e inoperancia.
La nueva estructura de gestión y decisión, más coordinada, entre la DG del Agua y las Confederaciones Hidrográficas redundará en una agilización y finalización de los planes. Es nuestra competencia la elaboración y tramitación de los planes de cuencas intercomunitarias, mientras que las Comunidades Autónomas elaboran los de las cuencas intra-comunitarias. Pues bien, nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los Planes de Demarcación Hidrográfica inter-comunitarios (9 planes), en el mínimo tiempo posible, (septiembre de 2013) e apoyar a las CCAA en la redacción y aprobación de los planes que están bajo su competencia y responsabilidad.
Un caso particular será el del Plan Especial del Alto Guadiana. La responsabilidad de la gestión ordenada del acuífero 23 y el mantenimiento sostenible de la actividad y los ecosistemas en la región nos exigen actuar de forma consciente, sin generar falsas expectativas y rindiendo resultados concretos.
Por ese motivo, procederemos a derogar el Plan existente y a plantear uno nuevo, adecuado a las disponibilidades presupuestarias reales y que tome en cuenta las necesidades sociales, regularizando las extracciones subterráneas en conformidad con la capacidad de recarga del acuífero y fomentando el uso sostenible del agua.
Será responsable del desarrollo de este nuevo Plan Especial del Alto Guadiana la Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por encima de ella, la Dirección General del Agua.