­La Unió alerta de que tras la reforma energética del Ministerio de Industria, que entró en vigor el pasado mes de agosto, la electricidad en los pozos de riego se ha encarecido de media más de un 100% para los regantes de la Comunidad Valenciana, cifra que se suma al aumento registrado durante los últimos años desde que desaparecieron las tarifas especiales para el riego agrario.
«Teniendo en cuenta que el gasto eléctrico representa aproximadamente ya más del 30% de los costes del sector agrario es muy importante reducirlo, aunque las complicaciones para ello cada vez son más importantes y así se resta competitividad a la agricultura de regadío», según advierte el sindicato La Unió. Desde que el Gobierno central suprimió las tarifas especiales para riego en 2008, la factura eléctrica para los regantes de la Comunidad no ha parado de subir mientras los precios que perciben por sus producciones han bajado o se han estancado.
La nueva reforma del Gobierno revisa los peajes de transporte y distribución de la electricidad que actualmente pagan los regadíos, que se caracterizan por tener una alta potencia contratada y un consumo muy desigual que varía notablemente según la época del año. La uva de mesa es un claro ejemplo. Las tarifas de alta tensión han registrado un incremento importante del término de potencia cuando éste representa más de la cuarta parte de la factura eléctrica. Por su parte, la tarifa que grava el consumo se ha reducido con los nuevos peajes, pero apenas beneficia a los regantes pues su impacto real en factura sólo se aprecia sensiblemente durante los meses de julio y agosto, que son los más intensivos en riego y, por tanto, de mayor consumo energético.
Ha subido mucho el precio del término de potencia pero el del kilovatio, a pesar de bajar, no lo ha hecho en la misma proporción.

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 La Comunidad Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura aprobó ayer por unanimidad en una reunión de su Junta de Gobierno, solicitar la dimisión del jefe de Planificación de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Bernardo López. El acuerdo se toma como consecuencia de los postulados que está defendiendo el responsable del Tajo de cara a las modificaciones a debatir de la Ley de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en cuanto a disminuir los caudales a trasvasar al Levante Español, según el portavoz de la entidad de regantes, Ángel Urbina.
En esos momentos la Ley fija un máximo trasvasable anual desde el Tajo al Segura de 600 hectómetros cúbicos (hm3), siempre que se den las condiciones adecuadas para ello en base a la cantidad de agua embalsada. De este agua, 400 hm3 tiene como destino el riego de los campos de Alicante, Murcia y Almería.
Según Urbina, las propuestas del jefe de plantificación rebajarían los caudales a recibir dejándolos en 175 hm3, y afectaría en caso de ser finalmente aprobada, a 20.000 regantes y 35.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Alicante. «Bernardo López que llegó a la CHT de la mano del PSOE y el PP lo mantiene, es el enemigo público número uno de los regantes del trasvase; solo se preocupa de abastecer el Canal de Isabel II de Madrid y su entorno» indicó Urbina que apostilló que «es vergonzoso, no se puede consentir y estamos muy preocupados porque están jugando con mucho dinero, con muchos puestos de trabajo y con una actividad como es la agricultura que está tirando de la economía de la Comunidad, y los políticas apenas nos defienden».
A su parecer, si se recortan los caudales de Tajo, «el sector agrícola del sudeste español estaría en peligro». Ante esta situación, el portavoz de los regantes, exige de nuevo al Gobierno Valenciano que, «de manera urgente» forme una comisión multidisciplinar para analizar y valorar los planes hidrológicos, en proceso de elaboración, de las tres cuencas, Segura, Tajo y Júcar, que son las que mayor incidencia tiene en el territorio provincial. Además, reclama de los responsables políticos valencianos que intervengan ante el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para poner fin a la «incertidumbre continua que sufrimos los agricultores de la provincia y para que explique por qué nos quieren dejar sin agua».
Y advirtió que «o interviene el Consell o haremos lo que tengamos que hacer». En este sentido, recordó que hace un año se celebraron las elecciones generales pero «no notamos un cambio en la política del agua (con respecto del PSOE al PP)».