EUROPA PRESS Xúquer Viu ha denunciado este jueves el «derroche insostenible de agua y dinero» que supone que 12 hectómetros cúbicos de agua «estén pudriéndose en la balsa de San Diego en Villena por la negativa de la Junta de Usuarios del Vinalopó, Marina Baixa y l’Alicantí a utilizarlos para las finalidades previstas» que son «regar los cultivos y cerrar los pozos agrícolas para contrarrestar la sobreexplotación de los acuíferos en el Alt Vinalopó».

Según ha informado la entidad en un comunicado, la razón que ofrecen desde el Vinalopó es que el agua del Júcar «no es buena para regar y para beber». En esta línea, ha recalcado que el trasvase Júcar-Vinalopó «no se hizo para atender demandas urbanas sino como medida para recuperar los acuíferos del Vinalopó mediante la sustitución de extracciones agrícolas de la zona».

«La calidad de las aguas trasvasadas es idónea pra este fin, como lo demuestra el hecho de que esa misma agua se está gastando en la Ribera del Júcar para regar frutales, arroz y también hortalizas en el Perelló o el Mareny».

Para Xúquer Viu, lo que ocurre es que los futuros usuarios del trasvase «no quieren pagar por el agua del Júcar y, al contrario, lo que quieren es hacer negocio con ella: venderla a los ciudadanos para uso de boca a buen precio para que a ellos les salga el agua que gastan casi en balde y, además, facilitar la recalificación de terrenos» para cuando pase la situación y vuelva «un ciclo urbanístico especulativo como el vivido la última década».

«Estos son los verdaderos motivos por los que quieren agua del Júcar con calidad casi potable, y por este motivo, están dejando pudrir el agua trasvasada, para justificar por la vía de los hechos que el agua desde el azud de la Marquesa no es buena y que requiere muchos tratamientos, que incrementan el coste económico a repercutir a los usuarios», ha señalado.

De esta forma, de acuerdo con la entidad, «lo que están buscando es justificar una nueva toma de agua en Antella porque la de la Marquesa no resultaría eficaz». Para la entidad, «estos hechos demuestran que el agua del Júcar realmente no es necesaria para la agricultura del Vinalopó» y por este motivo, Xúquer Viu exige que no se vuelva «a derrochar ni una sola gota más de agua del Júcar enviándola al Vinalopó».

La entidad ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Unión Europea este hecho para que se replantee el destino de los fondos europeos a otras finalidades. «Cuando desde Alicante se dice que no quieren el agua del Júcar porque no tiene la calidad que ellos desean, desde la Ribera les contestamos que si no la quieren, aquí la necesitamos para el Júcar o la Albufera o para atender otras demandas sostenibles como la de abastecer a los pueblos de la Ribera con exceso de nitratos», ha afirmado.

José Pascual Fortea, presidente del Sindicato de Riegos de Sueca, miembro destacado de USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar) , rechazó ayer el «tono» y el «fondo» de las exigencias en torno al trasvase Júcar-Vinalopó manifestadas por Andrés Martínez, en representación de los potenciales usuarios de esta infraestructura, reclamando que el agua del Júcar que llegue al Vinalopó tenga la misma calidad que la que iba a llegar de Cortes de Pallás. «El último en llegar -al Júcar- no puede pretender ser el primero», declaró Fortea. «El trasvase se hizo para llevar sobrantes al Vinalopó y la calidad del agua será, en todo caso, la misma que disfrutan los regantes del Júcar y con la que riegan sus cosechas».
Sobre la posibilidad de que la Junta de Usuarios renuncie a usar aguas del Júcar una vez terminadas las obras, José Pascual dijo que sería una posición «difícil de entender». «Muchos pensaríamos que es que no hay tanta sed como dicen y que en realidad no necesitan el agua. Y es una pena, porque a unos pocos kilómetros, en Orihuela, otros valencianos la necesitan y estarían encantados de quedársela toda».
Por su parte, un portavoz de Xúquer Viu, Francisco Sanz, recordaba que en de julio denunciaron a Europa los últimos «movimientos» en torno al trasvase. «La Comisión Europea ya sabe que el Gobierno está siendo presionado para que destine agua del Júcar para usos urbanos en las zonas costeras, a la especulación en definitiva, olvidando la misión del trasvase», explicó Sanz.

La sociedad pública Aguas del Júcar anunció ayer la adjudicación a la empresa Aquagest del contrato para la puesta en marcha y el mantenimiento durante 18 meses, prorrogables a 4 años, del trasvase Júcar-Vinalopó, que incluye la prueba de carga del embalse de San Diego (Villena). Infraestructura desde la que se repartirá por el Vinalopó y l´Alacantó el caudal que llegue a la provincia desde el Azud de la Marquesa. Según Aguas del Júcar el trasvase podría comenzar a funcionar en 2011.
El anuncio de la adjudicación coincidió con la reunión del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana que califica de «esperpento» que el Ministerio de Medio Ambiente no haya resuelto todavía qué usuarios recibirán el agua, la calidad de la misma y el precio, según denunció Andrés Martínez, presidente de la Junta Central. Por su parte, Cotino anunció que el Consell presentará alegaciones al Plan de Cuenca del Júcar que elimina 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana.

En el periódico Levante del 15 de septiembre de 2009 se recogía un artículo que, bajo el título de «Los nuevos dueños del Júcar» planteaba una de las cuestiones fundamentales que deben de resolverse dentro de la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Júcar el próximo año 2010: la relativa a la distribución de derechos en todos los tramos del río. Simultáneamente, el portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunciaba su propuesta de acelerar la tramitación del Proyecto de Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, mediante la renuncia a que ni en su articulado ni en su preámbulo figurara la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. ¿Qué está ocurriendo en el ámbito de los recursos hídricos que provoca estas reacciones y noticias? ¿Nos afectan en algo a los valencianos y especialmente a los alicantinos?
Es obvio que sí.
Muchas veces, entregados a discusiones locales y a reflexiones maximalistas, perdemos de vista las claves de los procesos de decisión que van a condicionar nuestro futuro. La cuestión es la siguiente: durante el año 2010 va a tener lugar la redacción y aprobación de los Planes de Cuenca de los ríos Júcar y Tajo, entre otros, y las determinaciones que en los mismos se fijen, van a ser claves en los aprovechamientos de sus recursos en el futuro.
Es lógico que los castellano-manchegos traten de influir en el aprovechamientos de los ríos que pasan o nacen sobre su territorio y que traten de maximizar los recursos disponibles para los mismos, con independencia de que esto lo traten de fijar en el Estatuto de Autonomía o, más hábilmente, en los Planes de Cuenca. Como sabemos, los ríos no son sistemas jurídicos estables y, a pesar de que existan derechos sobre los mismos desde tiempo inmemorial, su propia naturaleza hace que tanto los nuevos usuarios como los territorios por los que discurren traten de hacer valer cualquier derecho sobre sus aprovechamientos.
Es obvio que las Comunidades valenciana y murciana, situadas a la cola en el caso del Júcar y receptoras del río Tajo merced al trasvase, sean las más afectadas por estos posibles cambios de sistemas de aprovechamiento, por lo que, cuestiones como la delimitación definitiva de la demarcación del Júcar, con la inclusión o no de las zonas costeras de Alicante, o la determinación de las zonas regables con derechos en los nuevos regadíos de la demarcación del Segura, sean claves en esta discusión.
Lo cierto es que estas cuestiones están siendo tratadas desde un enfoque fundamentalmente político (el «agua para todos») o económico (destacando la alta rentabilidad comparativa del regadío en las zonas costeras en relación con el de Castilla La Mancha), que, con independencia de su mayor o menor certeza, difícilmente pueden ser aceptados por otros territorios.
La explicación es elemental, esos mayores rendimientos se dan en las zonas costeras benefician a los regantes de dichas zonas y, aunque esos mismos rendimientos sean inferiores en Castilla La Mancha, a quienes benefician son a sus propios regantes castellano-manchegos.
Esta situación hace que se tenga que argumentar con mucha mayor consistencia la defensa de los derechos de las zonas costeras que lo que se ha hecho hasta ahora si se pretende que, a escala nacional, se reconozca el valor de nuestras producciones como de interés para toda la nación. Y desde luego, esa batalla debe ganarse con transparencia en la información, como así lo ha entendido la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental que permite conocer sus actuaciones en su página web, mientras que en nuestro territorio apenas se dispone de información detallada de la extensión de nuestros regadíos, las inversiones de mejora realizadas, los ahorros de agua o los Presupuestos de las Comunidades de Regantes. ¿De qué se tiene miedo?

Tampoco habrá reunión mañana. Socialistas y populares han vuelto a retrasar la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha hasta después de las vacaciones de Semana Santa al no lograr avanzar ni un centímetro en un acuerdo sobre el futuro del Tajo-Segura, una conducción vital para el abastecimiento hídrico de Alicante. Por lo pronto, la ponencia que debía empezar a perfilar los términos definitivos del documento tenía que reunirse el 1 de abril pero el encuentro no ha sido incluido en el orden del día. Este nuevo aplazamiento se produce tras las dos manifestaciones convocadas en Elche y Murcia por los regantes y secundadas tanto por el PP valenciano como por el PSPV en las que se reclamaba la continuidad de la conducción a la provincia, que la propuesta del Estatuto manchego -avalada en su día tanto por José María Barreda como por la popular Dolores de Cospedal- pretende suprimir.
Los socialistas ya han advertido que el texto no saldrá adelante si el pacto con el PP se rompe. En ese caso, la reforma estatutaria se retiraría de la tramitación. Hoy por hoy, entre los dos partidos existe un acuerdo casi total y absoluto sobre el 90% del articulado. El problema sigue siendo las referencias al Tajo-Segura, explicaron fuentes conocedoras de los contactos.
En un momento de extrema debilidad del presidente Francisco Camps, implicado por el juez Baltasar Garzón en la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, la secretaria general del PP líder del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha intervenido directamente en los contactos para tratar de salvar el texto -también ha entrado en las conversaciones, aunque de forma muy discreta, el presidente del Congreso, José Bono- con una propuesta que incluiría una referencia en el preámbulo del documento, aunque sería extremadamente ambigua y con escaso valor legal, a la caducidad de la tubería en 2015.

Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad que gestionará su parte territorial de una cuenca hidrográfica intercomunitaria tras el acuerdo suscrito en Sevilla por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el presidente autonómico, Manuel Chaves. En este pacto, el Gobierno cede al ejecutivo andaluz la gestión del río Guadalquivir en el sector que cruza aquella comunidad. Esto supone aproximadamente un 90 por ciento de su cuenca, la cual, sin embargo, también incluye Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Por este último motivo, la medida sienta un complejo precedente, ya que abre la puerta a nuevos traspasos a otras comunidades autónomas.
El traspaso de la gestión del Guadalquivir está previsto en el Estatuto de Autonomía andaluz, pero desde la Generalitat se considera una medida «grave», ya que supone «la ruptura de la planificación hídrica estatal», según la Conselleria de Medio Ambiente y Agua. De hecho, el ejecutivo valenciano no ha planteado hasta la fecha una transferencia similar en el tramo valenciano del Júcar, ya que apuesta por la unidad de cuenca. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad únicamente plantea en esta materia «el derecho al agua de calidad y al aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».
Por otra parte, este traspaso, que ya estaba previsto por las dos administraciones firmantes, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el gobierno autonómico de Extremadura. La firma del pacto con el que se aprueba la transferencia se produce antes de que la más alta instancia judicial del Estado se pronuncie sobre este asunto.
Tras sellar el acuerdo, Chaves declaró ayer que era un «día de fiesta para Andalucía». Por su parte, la ministra Salgado declaró que se trata de «una buena noticia para quienes creemos en el Estado autonómico, porque el respeto y la salvaguarda del interés general no es privativo de la Administración central».
Con el traspaso, la Junta de Andalucía podrá explotar, conservar y establecer el régimen de desembalse de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras de 53 de los 57 embalses de la cuenca del Guadalquivir. Los cuatro excluidos son los de Fresneda, Montoro, Jándula y Pintado, que conserva el Gobierno central, ya que sus aguas abastecen a Castilla-La Mancha y Extremadura.

La multinacional francesa Danone deberá comprar a la Comunidad de Regantes de Villena las 200 hectáreas de regadío que dejarán de explotarse para poder adquirir así los derechos sobre el agua del acuífero -1,2 hm3 al año- que pasarán a la empresa gala, cuya dirección será la que solicite posteriormente al Ministerio de Medio Ambiente el cambio del uso de los caudales de riego a urbano, operación que le permitiría embotellarla bajo la marca Font Vella.

F. J. B., Alicante
En la asamblea de los regantes celebrada el pasado miércoles en Villena éstos acordaron dejar de explotar las doscientas hectáreas con la condición de que Danone sólo utilice en el futuro hasta 0,7 hm3 (700 millones de litros) del 1,2 hm3 de agua que se emplea actualmente para regar las explotaciones agrícolas en estas hectáreas.
El presidente de la Comunidad de Regantes, Andrés Martínez, lamentó ayer el revuelo que ha levantado el anuncio del proyecto de la embotelladora «que no es otra cosa que una operación transparente que se quiere aprovechar políticamente». Martínez, blanco de las críticas del PSOE y el PP tras hacerse público el proyecto, aseguró, por otro lado, que ninguna de las parcelas agrícolas que dejarán de explotarse es de su propiedad.
La Comunidad de Regantes de Villena -1.400 comuneros que trabajan 4.400 hectárea– utilizará los 240.000 euros que recibirá anualmente de la multinacional Danone para pagar la deuda de 18 millones de euros contraída con los bancos tras la modernización de las 10.000 hectáreas de regadío del Alto Vinalopó, proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea y que, entre otros, recibió en 2007 el premio a la mejor obra pública del año por su respecto al medio ambiente.
Paradójicamente, la ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, entregó en junio de 2005, entonces como titular de la cartera de Agricultura, a Andrés Martínez, presidente de los regantes de Villena, una placa en reconocimiento el trabajo desarrollado para llevar a cabo la modernización de los regadíos con la interconexión de todas las redes de distribución del agua y la instalación de riego por goteo. Aquel proyecto obligó a los regantes de Villena a endeudarse por valor de 18 millones que devuelven a razón de 350.000 euros al año hasta 2055.
La operación con Danone representará, prácticamente, el pago de esa deuda a los bancos además de, como ayer recordó Andrés Martínez, dejar de extraer del acuífero alrededor de un millón de metros cúbicos de agua al año.
La Comunidad de Regantes ha acordado con la multinacional francesa propietaria, entre otras de las marcas Font Vella y Lanjarón, la venta de las 200 hectáreas de regadío que dejarán de explotarse (4,5% de la superficie actual en explotación), y que necesitan 1,2 hm3 al año.
El cambio de uso del agua debe ser autorizado por Medio Ambiente en una tramitación que puede durar unos tres años desde que se presente la solicitud.