La Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod¹, junto a José Eduardo Torres², presidente de la Asociación Nacional de Riegos³ y Drenajes ha dado la bienvenida a todos los asistentes del XXX Congreso de Riegos y Drenajes⁴ que se está celebrando en la ciudad de Albacete.

La primera jornada del Congreso, ha comenzado con una conferencia inaugural sobre el regadío y las nuevas tecnologías.

Carmen Bayod ha dicho que se trata de un congreso de amplía tradición en nuestro país si hablamos de agua y de riegos. Temas muy interesantes donde debe de primar la solidaridad interterritorial y la unidad nacional.

El agua es un bien escaso, y nos encontramos en una de las zonas del país con más problemas de sequia, siendo pocos los años en los que no tenemos problemas de abastecimiento y escasez, en cuanto la climatología deja de ser benévola, por estas y otras muchas razones es muy grato para esta ciudad acoger un congreso donde se habla de agua, de la economía del regadío y su modernización, de los derechos de uso, la calidad del agua, todos asuntos muy interesantes que se están debatiendo en este magnífico Congreso.

La alcaldesa también ha dicho a los congresistas que guarden tiempo para visitar nuestra ciudad, recorrer sus calles, de disfrutar de nuestros caldos y nuestra gastronomía, de nuestras gentes, de nuestro empeño por avanzar y ser cada día un poco mejores.

El campus de Albacete acogerá, del 12 al 14 de junio, la XXX edición del Congreso Nacional¹ de Riegos en el que se darán a conocer las nuevas tecnologías al alcance de los regantes y los avances e innovaciones que se han registrado en el sector para una mejor gestión y optimización del uso del agua de riego que ayuden a hacer más competitivo el sector del regadío español. Más de 160 asistentes se darán cita en esta nueva edición promovida por la Universidad de Castilla-La Mancha² (UCLM) a través de la Escuela Técnico Superior³ de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) y el Centro Regional de Estudios del Agua⁴ (CREA), junto con la Asociación Española de Riegos⁵ y Drenajes (AERYD).

Se trata de un Congreso con amplia tradición, que se organiza anualmente en distintos lugares de España. En este foro de encuentro y reflexión, investigadores, técnicos, usuarios y fabricantes del sector intercambian ideas y líneas de trabajo para posibles colaboraciones, y asisten a la presentación de novedades en el ámbito de las tecnologías, desarrollos y resultados de investigación.

La inauguración tendrá lugar el martes, día 12, en el salón de actos del edificio Polivalente y estará presidida por el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado. Momentos después el subdirector general de Regadíos del Ministerio de Agricultura⁶, Alimentación y Medio Ambiente⁷ (MAGRAMA), Joaquín Rodríguez Chaparro⁸ impartirá la conferencia inaugural “El regadío y las nuevas tecnologías”. El resto de las sesiones se celebrarán en la ETSIA.

A lo largo de estas tres jornadas, en la que participarán especialistas e investigadores de toda España, se tratarán temas asociados a economía del regadío y su modernización, legislación del agua y derechos de uso; el riego con aguas de baja calidad o de fuentes no convencionales (depuradas, desaladas, etc.) y sus efectos sobre el suelo, los cultivos y el medio ambiente; o a la agrohidrología ligada a los efectos del clima o a las actuaciones y mecanismos para afrontar la escasez de agua.

Las sesiones del miércoles, día 13, durante las cuales se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la AERYD, concluirán por la tarde con una mesa redonda moderada por el profesor de la UCLM y director del CREA, José María Tarjuelo⁹, bajo el título “Las nuevas tecnologías para el diseño y gestión del riego al alcance del usuario”.

El programa del jueves estará protagonizado por visitas a las zonas regables de la Tedera en Tobarra y de Balazote- La Herrera con la toma de agua del acueducto Tajo-Segura que se ha construido para uso de la SAT La Herrera. También está prevista una visita a la estación lisimétrica que el Centro de Investigación del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete¹⁰ (ITAP) tiene en la Finca de las Tiesas.

Los congresistas participantes, además de su interés en los trabajos de investigación y los debates técnicos, podrán conocer las peculiaridades de la agricultura de regadío de Castilla-La Mancha, y en especial de la provincia de Albacete.

El evento cuenta con la colaboración de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Albacete, la Confederación Hidrográfica del Júcar¹¹, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España¹² (FENACORE), la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes y Globalcaja junto con la Fundación Caja¹³ Rural de Albacete.

De igual forma participan empresas como Tubular Group¹⁴, Molecor¹⁵, Hidroten¹⁶, Contazara¹⁷, Intia¹⁸, Xilem¹⁹, Regaber²⁰ y Bodegas Iniesta²¹.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha solicitado a la consejería de Agricultura una implicación “directa” con los agricultores que este lunes se vieron afectados por la fuerte tormenta de granizo que afectó a viñedos de la zona de La Manchuela en la provincia de Albacete.

Desde la organización agraria han reclamado la puesta en marcha “de manera urgente e inmediata” de una serie de ayudas “semejantes a las que se han llevado a cabo en órdenes anteriores”, ya que “la intensa granizada pone en jaque a cientos de explotaciones de viñedo y en estos momentos se debe ver más que nunca la apuesta de la Consejería por la agricultura de la región”, ha informado UPA en nota de prensa.

Según la Asociación, el pedrisco ha afectado “a una zona amplia de unas 3.000 hectáreas de viña en los términos municipales de Cenizate, Navas de Jonquera, Golosalvo y Ledaña”, y el porcentaje de daño “se ha establecido entre el 80 y el cien por cien”.

Según UPA, “habría que revisar las condiciones para la contratación del seguro en esta comarca, pues resulta muy caro y es anormalmente bajo el porcentaje de aseguramiento con respecto a otras zonas productoras”.

Para paliar esta situación y tras el análisis realizado por UPA, “las medidas necesarias serían la publicación de una línea de ayuda para los cultivos afectados, la exención en las cuotas de la Seguridad Social de los agricultores a título principal y exenciones en el pago de impuestos como el IBI”.

Por otro lado, UPA ha pedido ayudas directas a los agricultores afectados por estos daños “para la reparación tanto de sus cultivos como de las infraestructuras existentes en sus explotaciones y la apertura de líneas de créditos con condiciones económicas preferentes, incluyendo periodos de carencia para agricultores afectados”.

La Unión de Pequeños Agricultores reclama además ayudas a las cooperativas de las zonas afectas “para hacer frente a los gastos fijos que tienen que afrontar” y una serie de ayudas “destinadas a las exenciones en el pago de las amortizaciones de las cooperativas existentes en los municipios afectados”.

“Los daños ocasionados por la tremenda tromba de agua y granizo han provocado la desolación a cientos de familias, que después de unos años muy duros donde la uva no tenía precio, tenían este año puestas todas sus esperanzas en las buenas perspectivas de mercado que hace presagiar para esta campaña un precio aceptable”, agrega la nota.

La portavoz de Medio Ambiente¹ del GPS asegura que además relaja la protección del patrimonio natural y vacía la Ley de residuos y suelos

Leire Pajín², portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista³ (GPS) ha asegurado, durante el debate del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de medio ambiente, que nada “fragmenta más el principio de unidad de cuenca que la encubierta privatización del agua que el Gobierno pretende llevar a cabo con esta modificación normativa”. Asimismo, Pajín ha señalado que la norma no cumple los requisitos constitucionales para calificarla de urgente y ha solicitado la retirada del decreto y la apertura de un proceso de negociación con las fuerzas parlamentarias, la Comunidades Autónomas y las organizaciones ambientales.

La portavoz socialista ha indicado el decreto va contra la línea de flotación de la Directiva Marco del Agua que fija unos objetivos que pasan por la prevención frente al deterioro y la protección de los ecosistemas, la promoción de los usos sostenibles, la reducción de la contaminación de las aguas subterráneas y la reparación de los efectos que producen inundaciones y sequías. “El decreto ignora todos estos aspectos y va dirigido a contentar a los propietarios de suelos con concesiones de aguas que se verán beneficiados por la revalorización de sus propiedades”, ha señalado Paj

Alto Guadiana

Para ilustrar esta pulsión privatizadora del decreto, Leire Pajín ha enumerado algunos ejemplos: la norma abre la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de aguas subterráneas y con las excepciones a la recuperación de costes relacionados con la gestión para determinados usos.

Y ha subrayado el caso del Alto Guadiana que dispone de un plan especial que incluye el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La finalidad del plan es la recuperación de estos ecosistemas y se quiebra con la reforma “al permitir que todos los derechos de de usos de agua sean objeto de intercambio entre particulares, acabando con la reserva del 70% que debían dedicarse a la recuperación de los humedales que contemplaba hasta ahora el PEAG y olvidando que existen muchas más concesiones de uso.

Patrimonio natural y residuos

Por otra parte, Leire Pajín, que no se ha mostrado contraria a la simplificación y agilización de las normas ambientales, ha aludido a que esta iniciativa del Gobierno “más que simplificar la normativa ambiental, pretende flexibilizar o hacer desaparecer las garantías que constituyen su propia esencia. Así sucede con la protección del patrimonio natural que, bajo la apariencia de unificar figuras protectoras y los mecanismos de planificación, late la intención de relajar la protección que reciben los espacios protegidos y la Red Natura 2000”.

Asimismo, la diputada socialista ha señalado que el decreto supone una voladura controlada del Sistema de Depósito⁴, Devolución y Retorno (SDDR) y vacía de contenido la Ley de residuos y suelos. “El contenido del decreto contradice los principios de prevención y fomento de reutilización que estableció la ley al establecen el carácter voluntario del SDDR” y ha pronosticado que además de los efectos medioambientales tendrá efectos negativos en la creación de empleo e incrementará el gasto que realizan las administraciones públicas.

A consecuencia de ello, España podría pagar una multa de 50 millones de euros

Desde hace dos años, y a consecuencia de las desastrosas políticas hidráulicas aplicadas por los gobiernos socialistas, Bruselas tiene marcada en rojo a España. Y es que lo que se ha hecho en nuestro país en materia de agua constituye la mayor metedura de pata y un claro ejemplo de lo que nunca debería hacerse.

Nuestros vecinos europeos lo saben y ahora pretenden castigar a España por esta mala gestión y nuestra falta de previsión. Tanto es así, que es muy seguro que los españoles tengamos que pagar una multa de 50 millones de euros, una cifra nada desdeñable a la que vamos a tener que hacer frente por esa conducta irresponsable y derrochadora que caracteriza a los gobiernos socialistas y que también aplicaron a un tema tan serio e importante como es el agua.

Sin duda, esa más que probable multa supondrá un nuevo mazazo a la economía española que podría haberse evitado, pero también refleja la nefasta gestión de nuestros gobernantes en los últimos años que, lejos de apostar por una política hidráulica responsable y por un Plan Hidrológico Nacional serio y riguroso, decidieron ponerse del lado del despilfarro y llevar a cabo millonarias inversiones en la construcción de desaladoras que no han servido para nada y que incluso no se han finalizado.

Esa mala gestión en el tema del agua, el enorme gasto realizado, la falta de previsión y el hecho de que aún haya 39 ciudades sin depuradoras a pesar de la elevadísima inversión realizada, han hecho que Bruselas haya puesto en el punto de mira a España y que no esté nada satisfecha con lo que se ha hecho en nuestro país.

Pero es que no sólo la Unión Europea¹ está poniendo ‘peros’ a la gestión de las políticas hidráulicas en España, también aquí somos conscientes del resultado de esas fraudulentas políticas que lo único que consiguieron fue la derogación de un Plan Hidrológico Nacional cuya principal infraestructura era el Trasvase del Ebro, una infraestructura que hubiera ayudado a levantar las hipotecas que tenemos los castellano-manchegos con el trasvase Tajo-Segura, aparte de proporcionar recursos con mejoras de cuencas y depuradoras de agua. Tras esa derogación, el gobierno socialista paralizó proyectos iniciados, como el trasvase Júcar-Vinalopó, cuyo trazado fue rediseñado por la ministra Cristina Narbona² cuando estaba a medio hacer provocando que la inversión se disparase hasta los 320 millones de euros, ese encarecimiento de la infraestructura triplicará el coste del agua para los usuarios.

Es uno de los ‘frutos’ de ese plan, denominado AGUA que fue aprobado por Zapatero en 2004, que también nos dejó desaladoras a medio construir o funcionando bajo mínimos debido al enorme coste que supone desalar el agua del mar.

Y todo esto teniendo en cuenta que en España hay agua suficiente, lo único que hay que hacer es saber gestionarla y llevarla de donde sobra hasta donde falta. Por eso, las comunidades de regantes están instando al gobierno a que paralice las desaladoras en construcción y que ese dinero se utilice en obras hidráulicas más eficientes.

Es urgente en España poner de acuerdo a las cuencas hidrográficas, los partidos políticos, y las autonomías para hacer un pacto del agua y zanjar, de una vez, las guerras regionales y la utilización política del agua que ha hecho el PSOE, que nos ha llevado al caos actual.

Ya llegamos tarde, porque las obras hidrológicas no se improvisan de la noche a la mañana y porque hemos perdido los últimos años malgastando múltiples recursos. Pero, más vale tarde que nunca, por la cuenta que nos trae a todos.

Ángel Exojo Sánchez-Cruzado³

Viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real

La Alcaldesa de Albacete Carmen Bayod¹ ha recibido en la mañana de hoy la visita de la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar² Mª Ángeles Ureña Guillem³.

Con motivo del reciente nombramiento de Ureña como nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Alcaldesa ha mantenido una primera reunión para tratar distintos asuntos relacionados con nuestra ciudad.

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/presidenta_hidrografica_jucar_urena-115597-1.html

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina¹, ha señalado que el nuevo Plan Nacional de Regadíos² “permitirá garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional, mediante la consecución de un Pacto Nacional del Agua”. Entre las prioridades de actuación del nuevo Plan destaca “el impulso de una gestión integral del agua de riego, que incorpore acciones de mejora de la eficiencia energética y de implantación de energías renovables”.

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación ha planteado la apuesta del Ministerio por “un nuevo Plan Nacional de Regadíos circunscrito en una en una nueva política del agua basada en el pacto y no en la confrontación entre los diferentes actores”. Una propuesta planteada ya por el Ministro ante la Comisión de Agricultura del Congreso, cuyas ventajas ha analizado hoy García Tejerina en la inauguración de la XIV Jornada Técnica sobre “Coste energético y producción de energía en Comunidades de Regantes” organizada por FENACORE.

La secretaria general ha explicado como el nuevo Plan Nacional de Regadíos “permitirá garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional, mediante la consecución de un Pacto Nacional del Agua, de larga duración que tendrá un carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional”.

“Ese Pacto Nacional -ha añadido Isabel García Tejerina³– tendrá como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional⁴ que contemple los acuerdos del Pacto y materialice sus objetivos, teniendo en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes”.

Ahondando en el contenido de ese Plan Hidrológico Nacional, la secretaria general ha indicado que “propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la eficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con actual déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso”.

García Tejerina también ha expuesto la importancia de las nuevas propuestas en relación con el reto de la energía y los costes. La responsable del ministerio ha señalado que “dentro de las prioridades de actuación, que se reflejarán en el nuevo Plan Nacional de Regadíos, se impulsarán las actuaciones que hagan una gestión integral del agua de riego, que incorporen acciones de mejora de la eficiencia energética y de implantación de energías renovables, y que mantengan y mejoren la competitividad del regadío y de la agroindustria dependiente”.

García Tejerina ha finalizado su exposición reiterando el apoyo del Departamento al sector del regadío, “que realiza un gran esfuerzo por modernizarse”, destacando su contribución al desarrollo rural de España “ya que es clave para el sector agroalimentario y juega un papel decisivo como gestor de los recursos naturales como el agua y el suelo, como vigilante del patrimonio rural, incluidos los aspectos ambientales y culturales y, en particular, como factor de equilibrio territorial y poblacional”.

El ministro de Agricultura, Alimentación¹ y Medio Ambiente², Miguel Arias Cañete³, ha calificado este martes de “nefasta” la herencia recibida en política de aguas y ha explicado que el panorama “es, cuando menos, preocupante”. “La situación nos ha obligado a hacer una profunda reflexión y replantearnos las políticas desarrolladas por el anterior gobierno, para empezar a diseñar medidas adecuadas y eficientes”, ha añadido.

En una interpelación urgente de Joan Sabaté, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, Arias Cañete ha manifestado que “particularmente preocupante es el sistema de las desaladoras, que estaba llamado a sustentar el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a lo largo de la costa mediterránea”.

El ministro ha recordado cómo el plan de desaladoras suponía la construcción de 51 instalaciones. “En este momento 17 están en explotación y 15 en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros y, en estos momentos, precisamos de otros 762 millones de euros más, si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas. La inversión total sería de 2.426 millones”, ha desgranado, para añadir que las 17 desaladoras operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, un 16,45 por ciento del total de los 678 hectómetros cúbicos que tenían que estar produciendo en la actualidad.

En cuanto a uno de los usos básicos del agua desalada previsto en el plan, el regadío, Arias Cañete ha explicado que el coste de producción por metro cúbico es “muy superior a lo que pueden soportar los costos del sector agrario”; -1,1 euros/metro cúbico-, frente a los 0,30 euros/metro cúbico como máxi

Expedientes sancionadores

En cuanto al incumplimiento de la Directiva 91/271 sobre depuración de aguas residuales, la herencia no es mejor. Arias Cañete ha recordado que las actuaciones del anterior Gobierno en esta materia están recogidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. “Su ejecución está tan retrasada que ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: uno por depuración de aguas residuales en zonas clasificadas por la Directiva como normales, y, otro, en zonas clasificadas como sensibles”, ha explicado el ministro.

Arias Cañete ha desgranado como en el primero de estos expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes y de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse. En cuanto al segundo, el ministro ha informado que piden que España construya 39 instalaciones depuradoras para minimizar los daños de efluentes urbanos en áreas con una calidad ambiental que requieren de su clasificación como zonas sensibles.

Por último en materia de depuración, Arias Cañete ha avanzado que España se encuentra a las puertas de otro expediente sancionador después de que la Comisión haya enviado a España requerimientos de información por la deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración en 912 aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes.

Problemas financieros de las sociedades de aguas

En cuanto a los entes dependientes del Ministerio de Agricultura⁴, Alimentación y Medio Ambiente⁵ encargados de la gestión del agua en España, en particular las sociedades de agua, Arias Cañete ha vuelto a calificar la situación de “preocupante”.

Estas sociedades de aguas se crearon para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz mediante encomienda de gestión y financiación con recursos propios, aportaciones de capital del Ministerio, fondos de la Unión Europea⁶, reversiones de los usuarios en forma de cánones y a través de las tarifas por el uso de las infraestructuras.

“El problema -ha explicado Arias Cañete- es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaban las obras y, en alguna sociedad, se han realizado inversiones por encima de los recursos propios; más de 4.000 millones de euros, contando con 1.652 millones de euros y sin disponer de los ingresos de otras fuentes de financiación”. “Todo esto supone dejar a las sociedades en una situación que el derecho mercantil tipifica con toda nitidez. En este momento, se necesitan, a corto plazo, 800 millones de euros de financiación para poner en explotación algunas inversiones”, ha añadido.

Planificación hidrológica

Para el ministro Arias Cañete, otro aspecto preocupante ha sido el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que se debería haber terminado en diciembre de 2009, según la Directiva Marco del Agua.

El ministro ha explicado que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, en las que la responsabilidad planificadora es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña.

“Los demás planes todavía no están aprobados. Por ese motivo, la Comisión Europea⁷ ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo⁸ por incumplimiento en dos puntos relevantes: el plazo de aprobación y la realización de un proceso de participación pública”, ha explicado.

En este momento, Arias Cañete ha recordado como España es el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. “Si hubiera una sentencia condenatoria, tendríamos sanciones económicas. La no aprobación de tales planes puede llegar incluso a comprometer inversiones realizadas con los Fondos Europeos⁹ o con fondos del Banco Europeo de Inversiones¹⁰ en materia de agua”, ha dicho.

“El anterior Gobierno no fue capaz de poner de acuerdo a todos estos actores y desbloquear la situación que actualmente vive la planificación hidrológica, tanto en España en general, como en las demarcaciones del Tajo, Júcar y Segura en particular”, ha añadido.

“Nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los planes de demarcación hidrográfica intercomunitarios en el mínimo plazo posible. Queremos tenerlos, si puede ser, antes de que termine el año 2013. Nuestra intención es apoyar a las comunidades autónomas en la redacción y aprobación de sus planes”, ha aclarado Arias Cañete.

El ministro ha avanzado que el proceso de planificación se desarrollará en el marco del Pacto Nacional del Agua que se ha planteado, “con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el apoyo solidario de todas las comunidades autónomas”.

“Este pacto será de larga duración, tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Resultado del mismo será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional¹¹ que contemplará los acuerdos del pacto y materializará sus objetivos, recogiendo el trabajo desarrollado durante la aprobación de los planes de cada una de las 25 demarcaciones existentes en España”, ha manifestado.

Depuración y reutilización

Arias Cañete ha señalado como otro de los grandes retos del Ministerio el impulso de “la reutilización del agua depurada” en España hasta alcanzar el volumen de 650 hectómetros cúbicos/año de agua reutilizada, pero sin olvidar el empleo de trasvases.

En este sentido, Arias Cañete recuerda que los trasvases ya se emplean en la actualidad para garantizar el abastecimiento y dar de beber a miles de personas en España, “por lo que no puede suponer motivo de alarma para nadie”.

Así las cosas, el ministro ha recordado como ejemplos significativos de trasvases en España el Acueducto Tajo-Segura, garantía del agua que se bebe en Albacete, Murcia, Alicante o Almería; el trasvase Negratín-Almanzora, y todos los del Ebro de los que se benefician cántabros y vascos (Ebro-Besaya, Alto de Tornos, desde el Cerneja, Cerneja -Ordunte, Zadorra -Arratia, Alzania – Oria).

También ha mencionado el trasvase Júcar-Vinalopó, construido por el Gobierno anterior, pero que todavía no ha entrado en funcionamiento, y los que se realizan desde la cuenca del Guadiana a las Cuencas Atlánticas Andaluzas para garantía de Huelva y Sevilla. Cataluña cuenta con los trasvases de Siurana-Riudecanyes para el abastecimiento de Reus, donde se trasvasan anualmente hasta 5 hectómetros cúbicos al año, y el trasvase del Ebro al Campo de Tarragona, donde se transfirieren hasta 70 hectómetros cúbicos al año, estando autorizados hasta 120.

“La realización de trasvases entre cuencas en España -ha concluido el ministro- es una práctica común y una solución satisfactoria para garantizar el agua que beben los españoles. Se regula con una norma de ámbito estatal: El Plan Hidrológico Nacional, acordado entre todos y que establece todo tipo de garantías, especialmente ambientales, y en todas las cuencas afectadas”.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada¹, ha asegurado hoy ante el Pleno de las Cortes Regionales, que con la participación activa del Gobierno regional “y también con la de toda nuestra sociedad civil, las demandas en materia hidrológica de nuestra Comunidad van a ser impulsadas y defendidas por el Estado, dentro de un marco normativo infinitamente más seguro, eficaz y de aplicación en todo el territorio nacional”.

De esta manera se ha expresado la titular de Fomento en referencia a la iniciativa del Grupo Popular de retirar la Proposición de Ley relativa al agua de Castilla-La Mancha, presentada por el anterior Ejecutivo regional.

Marta García² de la Calzada ha subrayado que las circunstancias que daban aliento a esta Proposición de Ley han desaparecido, dado que “los objetivos contenidos en ella van a estar salvaguardados en los nuevos planes de demarcación que se están elaborando en el nuevo Plan Hidrológico Nacional³, que va a garantizar las necesidades hídricas de nuestra región, siendo beneficioso para Castilla-La Mancha y para nuestro país”.

“El nuevo Gobierno nacional, en apenas un mes tras su toma de posesión, se ha comprometido a alcanzar un Pacto Nacional del Agua que supere el fracaso de 2005 y el desacierto de una política hidráulica que no benefició a Castilla-La Mancha. Y, lo que es más importante, se abre la puerta al espíritu de consenso de 2001”, ha recalcado la consejera.

La titular de Fomento ha recordado ante el Pleno de la Cámara que el Plan Hidrológico⁴ Nacional de 2005, que supuso la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional de 2001 a instancias del Partido Socialista⁵, “dejó a Castilla-La Mancha huérfana en cesión de agua y dejó a la cuenca del Tajo como única cuenca cedente en todo el territorio nacional”.

Además, Marta García ha criticado que “la filosofía del Plan de 2005 era que las necesidades del sureste español se atendieran exclusivamente con aguas del Tajo y de las aguas procedentes de desaladoras que, por decenas, se iban a construir en el litoral mediterráneo”.

“De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento y a un nivel de capacidad del 16 por ciento, 15 están todavía en construcción, y el resto de las previstas están en trámites”, ha enumerado la consejera.

Además, para llevar a cabo este plan, Marta García ha detallado que la inversión ha sido de 1.664 millones de euros, “siendo necesario llegar a la cantidad de 2.420 millones de euros para poder finalizarlo, a lo que hay que sumar el alto coste energético y medioambiental de estas instalaciones”.

Por todo ello, la responsable de Fomento ha calificado el citado Plan Hidrológico del año 2005 como un fracaso. “Y así también lo debieron entender los miembros del Partido Socialista, porque inmediatamente iniciaron una catarata de iniciativas administrativas, judiciales y legislativas de escaso resultado, que revela no tanto la firme defensa de los intereses de los castellano-manchegos, sino un reconocimiento de su error al haber respaldado el Plan de 2005, y una rectificación por la vía inadecuada”.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal¹, ha considerado “una gran noticia” tener un ministro de Agricultura y Medio Ambiente² “que tiene bien claro que España debe tener un Plan Hidrológico Nacional”.

Asimismo, ha valorado que “es un ministro que dice que ese plan debe partir del principio de unidad de cuenca, de preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora, tanto para fines presentes como futuros, y contemple además el principio de solidaridad territorial, porque en España hay agua para todos, pero está mal repartida, es una mejor noticia”.

Así se ha pronunciado la presidenta Cospedal a preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y los máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la región, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.

En este mismo contexto, María Dolores Cospedal ha subrayado que el Gobierno regional que ella preside siempre ha apostado por un Plan Hidrológico Nacional, desechando las posturas anteriores, basadas en el enfrentamiento entre comunidades autónomas entre sí, sin que ello supusiera ningún beneficio para las mismas.