El portavoz del Partido Popular de Albacete¹, Juan Marcos Molina², ha hecho referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo³ que desestima el recurso de casación que el Ayuntamiento de Albacete presentó contra la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de fecha del 19 de febrero de 2010. Así, ha explicado que la Sentencia del TSJ de CV fijó una compensación a favor de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar por la utilización de agua para el abastecimiento del municipio de Albacete en tiempos de escasez, por debajo de la reserva mínima prevista en el Convenio de Alarcón.

En este sentido, Juan Marcos Molina ha subrayado que la Sentencia “condena al Ayuntamiento de Albacete, y con ello a los ciudadanos de nuestra ciudad, a pagar una indemnización de un millón de euros mas los intereses a los regantes valencianos”, por lo que ha comentado que “se trata de una sentencia injusta”.

Asimismo, el portavoz del PP de Albacete ha manifestado el apoyo del Partido tanto a la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod⁴, como al Gobierno Regional⁵ por luchar y defender los intereses de los albaceteños. En este sentido, Molina ha señalado que el Gobierno municipal ha encargado un estudio a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Albacete para analizar todas las alternativas legales posibles para combatir la citada Sentencia, avanzando que probablemente estará terminado a lo largo de esta semana y que será la propia alcaldesa quien informe de ello.

Con todo, Molina ha informado que “el Tribunal se pronuncia ahora pero el problema lo creó el Partido Socialista⁶ de Bono el 23 de julio de 2001 cuando aplaudió y apadrinó la firma del Convenio de Alarcón”. Así, ha subrayado que la propia STS pone de manifiesto que el origen de la compensación económica a la USUJ está en el Plan Hidrológico del Júcar⁷ del año 1998, vigente en la actualidad.

Según Molina, dicho Plan recoge una reserva de agua para el abastecimiento de Albacete de un metro cúbico por segundo pero supeditaba la utilización del embalse de Alarcón a la firma del convenio específico. “Y ese Convenio se firmó el 23 de julio de 2001 en un acto público presidido por el entonces presidente de la JCCM⁸, José Bono⁹” ha anunciado.

De este modo, el portavoz del PP recuerda que la defensa de los intereses de CLM¹⁰ y Albacete en aquel momento le correspondía al Partido Socialista de Castilla-La Mancha¹¹ y de Albacete y, sin embargo, “firmaron y aplaudieron el Convenio y nos lo presentaron como un hecho histórico. El mismo Convenio que ahora obliga a los albaceteños a pagar más de un millón de euros a los regantes valencianos”.

Así, ha resaltado que el acto administrativo que fija la obligación de pago para Albacete sobre la base del Convenio de Alarcón data del 29 de mayo de 2005, es decir, durante la etapa de Zapatero.

Por todo ello, Juan Marcos Molina ha recalcado que “es rotundamente falso que la obligación de pago para Albacete por el uso del agua del Júcar en tiempos de sequía tenga su origen en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar como quieren hacernos creer desde el Partido Socialista”.

Con respecto a esto, Molina ha reiterado que el nuevo Plan Hidrológico del Júcar “establece, no una reserva, sino una asignación de 24 hectómetros cúbicos al año, es decir, 24.000 millones de litros de agua superficial anuales, con lo que Albacete pasará de tener una expectativa a tener una concesión concreta, lo que sin duda supone un importante avance”.

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El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete¹ Ramón Sotos ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod², que “asuma su responsabilidad” y trabaje para evitar que se apruebe un Plan del Júcar³ que tachan de “injusto” para la ciudad.

“Si se aprueba finalmente el Plan del Júcar, tal y como figura actualmente en su borrador inicial, Carmen Bayod debe asumir su responsabilidad, situarse al frente de la reivindicación y liderar la Mesa del Agua. Es la hora de la política y la alcaldesa no puede continuar rehuyendo su responsabilidad”, ha señalado el edil.

Asimismo, el concejal socialista ha mostrado su preocupación por lo “mucho que estarán disfrutando en la Comunidad Valenciana por la falta de unidad en Albacete para defender nuestro derecho a agua para beber sin tener que pagar sobrecostes ni tarifas extraordinarias”, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Según Sotos, en las últimas declaraciones públicas realizadas por Bayod en relación a este proceso, se “incurrió en numerosas falsedades y aún más imprecisiones, propias de una persona indocumentada”, lo que considera “un lujo que no se puede permitir la alcaldesa de una ciudad como Albacete”.

En este punto, el edil del PSOE ha recordado a Bayod que “es falso que el PSOE y el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono⁴ suscribieran el Convenio de Alarcón, sino que fueron el exministro de Medio Ambiente de Aznar⁵, Jaume Matas, y los regantes de la Acequia Real del Júcar e Iberdrola6

CONTRA EL COBRO DE UN SOBREPRECIO

En respuesta a la acusación de la alcaldesa sobre que “este concejal no hizo nada en 2005”, Sotos ha explicado que, precisamente, “en calidad de representante del Ayuntamiento de Albacete⁷”, él “se opuso a la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar⁸ de cobrar un sobreprecio a la ciudad de Albacete, por el agua que consume en tiempos de sequía”.

“Lo paramos entonces, desde la política, consiguiendo solucionar dos tercios del problema y que Iberdrola renunciara a su pretensión oficial de cobrar a la ciudad 2,1 millones de euros. No pudimos hacer lo mismo con los regantes valencianos y, por eso, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha⁹, después al de la Comunidad Valenciana, finalmente al Supremo y, por último, interpusimos un recurso de Casación ante este Tribunal”, ha indicado.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre el Supremo se pronunció y rechazó este recurso de casación y, en consecuencia, “Albacete tendrá que pagar 1.087.000 euros a los regantes valencianos por el agua que consumió en la sequía de 2005 procedente del Pantano de Alarcón¹⁰”, según ha explicado Sotos.

“Es el momento de que Carmen Bayod se dirija a la presidenta de la región y número dos nacional de su Partido, María Dolores de Cospedal¹¹, y solucionen políticamente este conflicto, que supone una injusticia para Albacete”, ha aseverado el socialista.

Por último, Sotos ha afirmado que “la Mesa del Agua aún espera que Bayod lidere sus reivindicaciones” y conseguir así que el Gobierno de España¹² asuma esos 1,1 millones de euros que reclaman los regantes valencianos y se negocie un nuevo Plan del Júcar con el que se levante¹³ la hipoteca del convenio de Alarcón que aparece en el Plan del Júcar, “que es el que obliga a pagar ese sobreprecio por el agua que consuma la ciudad en tiempos de sequía”.

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En 2013 el apoyo de la Consejería ha fomentado que se aseguren 540.000 hectáreas de cultivos herbáceos extensivos o la producción de 4 millones de animales Los agricultores y ganaderos de la región han percibido 24,2 millones de euros en indemnizaciones por los 63.674 siniestros declarados en 2013

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano¹, ha afirmado que el Gobierno regional va a mantener su firme compromiso y apoyo económico a la contratación de seguros agrarios. Así, ha anunciado unas ayudas del Ejecutivo de Cospedal de 4,4 millones de euros para el Plan 2014, incrementando de esta manera la partida con respecto al pasado año, que se situó en 4,3 millones.

Lo ha avanzado esta mañana en Toledo² a la reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios -a la que ha acudido también el director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)- compuesta por representantes de la Consejería de Agricultura³, las organizaciones agrarias, cooperativas, Agroseguro, ENESA, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Soriano ha afirmado que los seguros agrarios “son la forma más efectiva de evitar graves pérdidas a los productores y garantizar su renta” y, por eso, en el Plan 2013 -que se extiende hasta mediados del año 2014- la Consejería de Agricultura ha mantenido la cofinanciación en todas las líneas e incluso la ha ampliado en otras, como las ganaderas.

De cara al Plan 2014, la titular de Agricultura refrenda el compromiso del Gobierno de María Dolores Cospedal⁴ con los seguros agrarios, con la aportación de 4,4 millones en un contexto de fuertes reducciones cuando no eliminación de las ayudas en el resto de comunidades autónomas, lo que le ha valido el reconocimiento del sector agrario regional.

Alto nivel de contratación en el Plan 2013

María Luisa Soriano ha avanzado algunas cifras del Plan 2013, como que en ganadería se han asegurado las producciones de más de 4 millones de animales, o que el Seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres ha dado cobertura hasta el momento a 16 millones de cabezas de ganado, cantidad que se espera duplicará al final del ejercicio.

En las líneas agrícolas, ha destacado las casi 540.000 hectáreas aseguradas de cultivos herbáceos extensivos, las 100.000 hectáreas de uva de vinificación o las más de 1.500 hectáreas de frutales, así como las 1.050 pólizas contratadas en hortalizas.

24,2 millones en compensaciones económicas

La consejera de Agricultura ha subrayado que la contratación de seguros ha permitido que en 2013 los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha percibiesen más de 24,2 millones de euros en indemnizaciones por los siniestros que sufrieron sus explotaciones o su ganado.

Los sectores que han recibido mayores indemnizaciones han sido la uva de vinificación, con 9,4 millones; los cereales de invierno, con 3,8 millones; el brócoli y la lechuga, con 1,1 millones; y la ganadería, con 1 millón de euros.

Estas indemnizaciones fueron el resultado de las pérdidas provocadas por 63.674 siniestros declarados en 2013 en la región, que han afectado a 170.235 hectáreas y a 48.308 animales.

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Los balances del pasado ejercicio 2013 se detienen, esta vez, en el ámbito de la Agricultura y la Ganadería de Castilla-la Mancha. Para ello, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca les ofrece la siguiente entrevista realizada, vía telefónica, al secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos -UPA- en nuestra región. Julián Morcillo¹ arroja los principales detalles de lo que el pasado ejercicio ha significado para el sector agrícola y ganadero, refiriéndose a cuestiones tan importantes como los precios, las nuevas leyes, la nueva Política Agraria Comunitaria -PAC- o el siempre polémico asunto del agua. Una interesante conversación que les invitamos a escuchar, al completo y cuando deseen, a través del archivo de audio enlazado a este texto.