El agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Júcar ha bajado esta semana hasta el 45,9 por ciento de su capacidad, desde el 46,9 por ciento de la semana pasada, mientras que en los embalses de la cuenca del Segura ha disminuido del 51,9 por ciento al 50 por ciento.
Los pantanos de la cuenca del Júcar son los que porcentualmente tienen menos agua embalsada, seguidos de los del Tajo y los del Segura. El Júcar almacena 1.531 hectómetros cúbicos y el Segura 571.

La Agencia Estatal de Meteorología considera que para llegar a la situación de sequía deben darse tres circunstancias. La primera, que se produzca una significativa reducción de las lluvias y que los suelos estén secos. Está ya se ha cumplido.

La segunda, en la que cada día se está más cerca, que los embalses alberguen bajos niveles de agua. La última, que se tengan que decretar restricciones.
 

El Congreso, con los votos a favor del PP y de UPyD, aprobó ayer hoy la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modifica algunas de las leyes más destacadas en la materia como las de Agua, Residuos y Derechos de emisión de CO2. En su intervención, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que recordó que el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley, justificó la norma en la necesidad de contar con una legislación clara y sencilla para proteger y gestionar el desarrollo sostenible. En cuanto a la reforma de la Ley de Aguas, el ministro dijo que restablece el principio de unidad de cuenca, como única forma de garantizar una gestión eficiente y solidaria, y descartó «fraccionar» cualquier función que el Estado ejerce en las cuencas intercomunitarias, lo que significa «abandonar el interés político-partidista». El real decreto-ley sustituye el concepto «acuífero sobreexplotado» por el de «masa en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico o químico». Asimismo,  fija «un marco más flexible al utilizar el criterio de media interanual: en situaciones de sequía se permitirá extraer algo más de agua sobre la media, lo que se compensará con una mayor recarga y una menor extracción en los años húmedos. Una suerte de medidas anticíclicas que otorgarán mayores márgenes de gestión en sequía», explicó. Además, «se permite que no solo puedan ceder el aprovechamiento los concesionarios, sino también los titulares de los aprovechamientos temporales de aguas privadas y que la cesión sea irreversible y total», con dos garantías que en la cesión «el organismo de cuenca se reservará un porcentaje y que la cesión no puede suponer aumentar la superficie regada».

Valencia-Mucho tienen que cambiar las previsiones para que no se inicie un periodo de sequía. La cabecera del Júcar y del Cabriel tienen peores datos que en 2006 y 2007. Esto quiere decir que se están batiendo mínimos históricos   La campaña de riegos de este año será tranquila, porque se parte de una buena situación y porque se están registrando buenos datos en Tous gracias a las aportaciones que se están produciendo en Contreras.

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, hacía esta advertencia y, a renglón seguido, acometía una reinvindcación histórica. Terminar el plan de modernización de regadíos, que sigue incompleto tres años después de la fecha prevista de finalización. Estas obras son fundamentales para conseguir ahorros de agua.
La crisis ha rematado la voluntad de las Administraciones por poner en marcha este plan, que sólo en el término que afecta a la Acequia Real del Júcar abarca  20.500 hectáreas de cultivo.

Valero de Palma exigió que al menos se finalicen aquellos cuya inversión restante es mínima. El caso más llamativo es de el cuatro sectores que tienen la obra más importante finalizada de los que sólo resta la red de distribución para que conecte con las parcelas. Faltan unos pocos metros para que se produzca esta conexión, pero la empresa a la que la Conselleria de Agricultura encargó las obras, la constructora Luján, ha paralizado las obras y parece ser que no tiene la intención de ponerlas en marcha hasta que se le pague lo adeudado, unos 500.000 euros.

La Conselleria de Agricultura admitió ayer el avanzado estado de las obras y también su paralización por la falta de pagos. Fuentes oficiales aseguraron que trabajan para conseguir la financiación necesaria, aunque la situación económica es complicada.

Desde la empresa concesionaria prefirieron no hacer declaraciones al respecto. De la finalización de estas infraestructuras dependen más de 3.600 regantes.

A estos sectores, hay que añadir otro paquete de obras que se encuentran todavía en un estado más tardío de ejecución. Se trata de siete sectores cuya competencia de ejecución se reparte entre la Generalitat y el Ministerio de Agricultura. Requiere una inversión de 12 millones de euros, aunque USUJ está revisando los proyectos para  reducir su coste. Supondrían un ahorro de siete millones de metros cúbicos al año. En marcha se encuentran ocho sectores.

Urgencia
– No se ahorra el agua, objetivo de que la modernización de regadíos se declarara de interés público
– Se deterioran las instalaciones ejecutadas y que no se ponen en uso. Hay riesgo de vandalismo.
-Los regantes no entienden que las obras estén tan avanzadas y no se invierta lo poco que falta.

MURCIA- Uno de los principales objetivos que se marcó el Gobierno presidido por Mariano Rajoy era el de articular una política hidrológica que pusiera fin a uno de los problemas endémicos que históricamente presentó España, el de la sequía y el reparto equitativo del agua para que todas las regiones gozaran de este elemento. El propósito de Rajoy venía además refrendado por la Constitución, ya que el texto de 1978 recoge al Estado como el único órgano que tiene competencias para decidir sobre el reparto territorial del agua.
Abanderado por esta convicción, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció el pasado 1 de febrero en el marco de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, el diseño y posterior puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico que se articularía en base al uso de trasvases y tendría en la solidaridad su principal punto de actuación. De esta forma, la intención del ministro es iniciar en breve una ronda de contactos con todas las comunidades para alcanzar una postura común que sea respetada por todas las regiones.
Cañete buscará el consenso, algo de lo que históricamente ha adolecido nuestro país en materia de política hidrológica. Uno de los principales polos antitrasvasistas de España se situaba en la cuenca del Ebro dentro de los territorios de Aragón y Cataluña. En ambas regiones la incidencia nacionalista alejaba la posibilidad de que se aceptara el trasvase de agua desde una cuenca excedentaria como la del Ebro hacia una deficitaria desde el punto de vista estructural como la del Segura.
Precisamente en territorio aragonés es donde se ubica en la actualidad el principal escollo para que la idea planificada por Cañete se lleve a buen término. Históricamente este territorio siempre se ha mostrado reticente para aceptar el trasvase de agua procedente de la cuenca del Ebro. De esta manera, el apoyó que ofreció al plan hidrológico ideado por el socialista José Borrel en la década de los 90 durante el mandato de Felipe González, se encontró supeditado a la construcción de las obras contempladas en el Pacto del Agua que tenían como objetivo garantizar la existencia de agua dentro de la cuenca cedente garantizando una reserva estratégica que oscilaría entre los 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para que Aragón prestara su apoyo al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ideado por el presidente José María Aznar, por lo que mantuvo su oposición a la iniciativa. Ahora el Gobierno de Aragón vuelve a poner sobre la mesa de negociación la necesidad de ejecutar las obras del Pacto del Agua. De esta manera, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno Rudi, Modesto Lobón, anunció que durante la próxima reunión que mantendrá con el ministro Cañete  le planteará la necesidad de que Aragón cuente con un decreto de medidas contra la sequía, así como la construcción urgente de las obras incluidas en el mencionado Pacto.
Desde las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel se tiene clara la hoja de ruta que se va a seguir durante el periodo de negociación con el Gobierno. De hecho, Rudi ha avisado que dentro de la propuesta de Cañete no se puede contemplar la inclusión del trasvase del Ebro, como sucedía en el caso del diseñado por Aznar. Por tanto, Aragón puede tener la llave para que el nuevo plan hidrológico de Cañete se pueda llevar a cabo sin caer en los mismos problemas que han imposibilitado que el acuerdo en materia de agua haya sido posible hasta el momento. Ahora llega el momento de que se imponga el consenso por encima de otro aspecto.

MURCIA-La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó ayer un nuevo desembalse para la Región de Murcia para el próximo semestre de 228 hectómetros cúbicos (38 hectómetros al mes como máximo para abastecimiento y riego), un total de doce hectómetros menos de los que pedía el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). No obstante, su presidente, José Manuel Claver, se mostró satisfecho con lo acordado, porque aseguró que son suficientes para atender las demandas de los próximos seis meses. De esta forma, se atiende la petición para el próximo semestre, aunque a partir de ahora la Comisión de Explotación podrá revisar las condiciones, por si han cambiado, cada tres meses. De momento, se cubren las necesidades de los regantes murcianos con 228 hectómetros cúbicos, el máximo que permiten las reglas de explotación, cuya distribución será de 54,1 para abastecimientos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 5 para las poblaciones de Almería y 168,9 para los riegos de las zonas servidas con aguas del acueducto Tajo-Segura.

Sin embargo, el acuerdo con respecto a los precios no fue unánime en la Comisión de Explotación, ya que se aprobó la rebaja de la tarifa de agua del trasvase en cinco céntimos, pero las de peaje aumentarán. «La conducción de agua del Segura por el post-trasvase suben en aproximadamente un sesenta por ciento, llegando prácticamente a 8,9 céntimos, por lo que hemos mostrado nuestra disconformidad, de tal forma que hemos anunciado que no nos queda otro remedio que recurrir esta medida, cuando se produzca la aprobación por el Consejo de Ministros», explicó el presidente del Scrats. Y es que la tarifa de peaje afecta al abastecimiento y encarece el recibo del agua, de ahí el desacuerdo de los regantes murcianos.

Asimismo, la Comisión de Explotación del Tajo-Segura programará quincenalmente la demanda y el volumen de agua disponible que se mantendrá en los embalses de Entrepeñas y Buendía, desde donde se trasvasará en función de la demanda que los usuarios realizarán cada quince días a través de su petición a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). «El agua se servirá en función de estas demandas reales y se controlará por parte de la CHS y, una vez que pase el período de vigencia de esta decisión, emitirá un informe sobre las programaciones que se hayan llevado a cabo, así como sobre los usos y la utilización del agua», argumentó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Polémica sobre el agua
Por otro lado, el tema hidrológico provocó ayer un enfrentamiento en el PSRM, ya que el diputado regional Manuel Soler afirmó que la desalinización no es la única solución y que no hay que retrasar los trasvases, en respuesta a las declaraciones que realizó Carme Chacón durante su visita a Murcia, en las que apostó por la desalación para cubrir las necesidades hídricas de Murcia.

También como era de esperar, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, aseveró que el trasvase aprobado por la Comisión es «inadmisible», dadas las «limitadísimas» reservas de los embalses de la cabecera. Mientras que la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, aseguró que la Junta estará «vigilante» en el tema del agua y «hará en su momento lo que considere que legalmente tiene que hacer para defender los intereses de todos los regantes».

El Gobierno regional presentará el próximo lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que éste descompone el principio de unidad de cuenca y otorga a regiones como Andalucía competencias que realmente son estatales en materia de control y vigilancia de los ríos.

Así lo dio ayer a conocer el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, quien rechazó que el control de las aguas que ahora tiene el Estado pase a manos de las comunidades autónomas que así lo han incluido en sus estatutos de autonomía. «Los ríos deben ser gestionados por el Gobierno central», insistió el titular de Agua, quien a principios del pasado mes de octubre, tras reunirse con los regantes del Tajo-Segura, destacó el compromiso del Ejecutivo murciano de asumir la petición de éstos y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas.

En este sentido, el responsable autonómico aseguró ayer que lo que piden los regantes murcianos es compartido en su integridad por el Gobierno regional, a entender que el agua «es un recurso de todos los españoles». Al mismo tiempo que apuntó que debe seguir siendo gestionado en su totalidad por el Estado español y no por la región por la que pase el agua.

No obstante, Antonio Cerdá expresó su confianza de que finalmente no sea necesario esperar a una resolución del Tribunal Constitucional porque se derogue el texto por el nuevo Gobierno que salió el domingo de las urnas.

De esta manera, la Comunidad actuará en la misma línea que lo ha hecho la Comunidad Valenciana, después de que las Cortes Valencianas aprobaran interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa misma disposición del Decreto-Ley que modifica la normativa hidrológica, en tanto que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) instó ayer a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava, a adoptar la misma medida en el plazo de tres meses.

La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y candidata a la presidencia regional, María Dolores de Cospedal, señaló ayer que le gustaría seguir siendo secretaria general del PP y presidenta de los castellano-manchegos,ya que esta doble condición le permitirá gestionar «mucho mejor» la política hidráulica de lo que el PSOE lo ha hecho hasta ahora, «que lleva treinta años gobernando y no ha hecho nada».

Murcia-Asimismo, señaló que en el caso de que estuviese al frente de ambos cargos, el tema del agua no le va a generar ningún enfrentamiento con la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
«Me lo va a permitir porque afortunadamente si el PP gana las elecciones generales, que va a ganar, tendremos otra vez un plan nacional de agua, actualizado al día de hoy, que garantice el agua a España y a Castilla-La Mancha», remarcó Cospedal, a lo que añadió que «como ha dicho Mariano Rajoy, la política hídrica será nacional y no de enfrentamiento entre las comunidades, puesto que «se pueden defender los intereses de Castilla-La Mancha defendiendo los intereses de todos los españoles».
Por su parte, el vicepresidente tercero y consejero de Agua de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, insistió ayer en que «la solución a la problemática en los regadíos de Castilla-La Mancha y de toda España, provocada por el desgobierno Zapatero, pasa por la elaboración de un plan hidrológico nacional que soluciones los enfrentamientos entre las diferentes comunidades autónomas que ha provocado el Gobierno central». A su juicio, la «despolítica» del ejecutivo de José Rodríguez Zapatero en materia hídrica «comenzó con la derogación del trasvase del Ebro, siguió con la modificación del Júcar-Vinalopó y del Tajo-Segura».

Murcia -Asimismo, el titular del ramo aseveró que ya se ha presentado un recurso administrativo contra el Esquema de Temas Importantes (ETI) del Plan de Cuenca del Tajo, porque según aseguró el consejero, éste «no ha corregido los errores» que perjudican a la Región, sino que sólo se han reformulado. Y es que al parecer, los castellano-manchegos no cesan en su empeño de acabar con el trasvase Tajo-Segura. De hecho, la portavoz  regional, Isabel Rodríguez, destacó ayer la diferencia que existe entre trasvasar agua a Murcia y realizar el proyecto de la Tubería a la Llanura Manchega, porque según afirmó, no se sabe para los fines que se usan en la Región de Murcia, mientras que Castilla-La Mancha la utilizará para el abastecimiento humano.

http://www.larazon.es/noticia/5007-los-regantes-piden-que-se-cambie-el-estatuto-para-proteger-el-jucar

Si se fragmenta la cuenca, los manchegos tendrán más poder que los valencianos

Los regantes piden que se cambie el Estatuto para proteger el Júcar

Los usuarios solicitan que la Generalitat no tenga que asumir los ríos que nacen y mueren en la Comunitat.

28 Enero 11 – – A. Martí

VALENCIA- El Estatuto de la Comunitat Valenciana establece que la Generalitat debe asumir la gestión de los ríos que nacen y mueren en la Comunitat, denominadas cuencas intracomunitarias. Hasta el momento,  ningún Gobierno autonómico ha ejercido este derecho.

La cuestión no tendría mayor relevancia si no fuese por la existencia de una sentencia de 2004 del Tribunal Supremo- que responde a la impugnación de una orden del Ministerio de Ambiente realizada por la Fundación para el Progreso de Albacete- que obliga a la Generalitat a que asuma el gobierno de estos ríos. De ahí, la urgencia de que se modifique el  Estatuto y se recoja que la Generalitat puede gestionar estos ríos, en lugar de que aparezca como una obligación.

Albacete tiene interés en que el Gobierno autonómico ejerza su derecho, porque de esta manera saldrían de la cuenca del Júcar las poblaciones afectadas por estos ríos, tales como las dos Marinas, la zona del río Serpis (Gandia y Oliva) y L’ Alacantí.

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, explicó que esto supondría que la Comunitat Valenciana perdería peso en los órganos de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), puesto que éstos se otorgan en función de la población y el territorio que posee cada autonomía dentro la cuenca. En la actualidad, de los 20 representantes de las Comunidades  en los órganos de Gobierno de la CHJ, once son de la valenciana, mayoría que perdería en favor de Castilla- La Mancha. Ésta aumentaría  su influencia y «el Júcar sería de la ciudad de Albacete». Valero de Palma insistió en que Valencia, su área metropolitana y Sagunt se abastecen del Júcar.

La petición, que suscribe también la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat  Valenciana, se ha entregado por escrito a los grupos parlamentarios, aunque no han recibido respuesta.

Avanzar en el nuevo plan
El hecho de que la Generalitat tenga que asumir las competencias de sus ríos también mantiene paralizada la aprobación del nuevo plan de cuenca del Júcar. El Supremo le obliga a asumir estas competencias, lo que cambiaría la demarcación de la cuenca del Júcar, y no puede haber un plan si no se sabe qué territorio debe regular. En cualquier caso, a USUJ tampoco le convence el borrador del mismo. Reduce la dotación para los usuarios del Júcar a 435 hectómetros cúbicos al año. En la actualidad disponen de 725. La CHJ justifica esta disminución alegando a los ahorros que se consiguen con la modernización de regadíos, aún por concluir.