La nueva ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se ha comprometido con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, con las que se reunió días atrás, a diseñar una «hoja de ruta» para abordar las prioridades de los agricultores y ganaderos en lo que falta de Legislatura.

Este documento deberá incluir la posición española de cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), proceso que comenzará a andar de forma oficial el próximo día 17, cuando la Comisión Europea presente su comunicación sobre este asunto.

En el transcurso de ese encuentro se analizó la situación actual del sector agrario español. También se abordó lo que sucede con la leche, y los representantes de los agricultores y ganaderos reivindicaron, de forma inmediata, la puesta en marcha del nuevo contrato homologado entre las industrias y los productores.

Plan de choque
En ese encuentro, estos pidieron a la ministra que se reactiven los puntos pendientes del plan de choque anunciado en su día por Zapatero, como el decreto sobre las tarifas eléctricas para riego, la equiparación del IVA ganadero al agrícola o un plan de apoyo para el cooperativismo agrario. En relación con otros asuntos de actualidad, los dirigentes agrarios coincidieron en rechazar la renovación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, que todavía está pendiente de ratificación, y pidieron que si llega a entrar en vigor, se cumpla a rajatabla y no como sucede actualmente.

Mientras tanto, y según los datos aportados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), entre los días 16 y 31 de octubre los organismos pagadores de cada comunidad habían abonado un montante de 1.391,7 millones de euros en concepto de anticipo del pago único por explotación correspondiente a 2010. En Andalucía se habían pagado más de 555 millones; a continuación figuraba Castilla y León con 296 millones, seguida de Castilla-La Mancha con 171 y Extremadura, que había girado a los beneficiarios algo más de 135 millones. El FEGA ha precisado que el dinero transferido en este periodo representa en torno al 40% del total del pago único abonado el ejercicio anterior (campaña 2009-10), que ascendió a 3.443 millones de euros. Desde el 1 de diciembre se podrá transferir el dinero del saldo total del pago único, así como el resto de ayudas directas de la PAC.

Precisamente, la Comisión adoptó el día 5 una decisión en la que reclama a España la devolución de 4,9 millones de fondos agrarios indebidamente gastados. La mayor parte de esa cantidad, unos 4,75 millones, son consecuencia de irregularidades detectadas en el marco de una auditoria financiera. Entre esas irregularidades figuran demoras en los pagos, rebasamiento de los límites financieros, gastos no subvencionables y recuperación de la tasa láctea 2009.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, pretendía pasar por Valencia sin entrar en el tema del agua, al menos de cara a la prensa. Por ello, sólo incluyó en su agenda oficial una reunión con Intercitrus, anuló la que tenía prevista con los usuarios del Vinalopó y  finalmente mantuvo un encuentro, a priori privado, con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.
En todos ellos evitó aclarar cuáles serán los caudales ecológicos de los ríos.  Se limitó a decir que se trata de un proceso complejo, que se está trabajando y que «no se pueden inventar caudales» porque «no hay más agua que la disponible», y apuntó que se conseguirá mejorar el estado de los ríos y los suministros.
Sobre el nuevo plan de cuenca del Júcar, no sólo dijo no saber cuándo se aprobará -según exige la directiva marco debería estar vigente desde marzo de este año- sino que incidió en que la cuenca del Júcar cuenta en la actualidad con un plan con el que se puede seguir trabajando.
Entre otras muchas cuestiones, en los planes de cuenca se delimitan los caudales ecológicos de los ríos, que deben seguir la normativa europea que se encarga de garantizar el buen estado de las masas de agua.
Para el vicepresidente Cotino, detrás de todas estas maniobras existe un pacto de intereses fraguado entre Castilla- La Mancha, Cataluña y Zapatero. Aseguró que el presidente manchego, José María Barreda podrá sacar adelante una Ley del Agua que recoja las aspiraciones que quedaron frustradas en su Estatuto, a cambio de que Cataluña pueda duplicar el caudal ecológico del Ebro en la desembocadura.
Cotino le solicitó a Puxeu que  cree una Autoridad Hídrica Nacional que controle estas situaciones. También le pidió que acometa la limpieza de cauces y barrancos y que apruebe un paquete de medidas para paliar los daños ocasionados por los incendios. Al parecer, Puxeu no se mostró demasiado receptivo.

Tras la paralización del Estatuto de Castilla-La Mancha, muchos decían que la guerra se trasladaría a la redacción del nuevo plan del Júcar. Razón no les faltaba. Las comunidades de regantes que se abastecen de este río, dieron ayer cuenta a la Generalitat de las alegaciones que presentarán al Ministerio de Medio Ambiente del Esquema de Temas Importantes (ETI), documento que puede considerarse borrador del plan definitivo.

El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, Benjamín Aparicio, aseguró que el ETI ha olvidado incluir 40.000 hectáreas de regadío que hoy en día tienen derecho a agua. Están situadas en la comarca del Vinalopó y en el canal Júcar- Turia y deja a la   Comunitat con 261.000 hectáreas con derecho a recibir agua del Júcar. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, confía en que sea un error técnico, porque, de lo contrario, el Gobierno central permitiría que buena parte de la tierra que hoy se cultiva, se convirtiera en un desierto.

Otra de las alegaciones fundamentales de los regantes es la explotación del acuífero de la Mancha Oriental. Afirman que el ETI no contempla un plan de explotación de estas aguas subterráneas, por lo que consideran que el Ministerio de Medio Ambiente no quiere poner orden en este acuífero. Regantes y también asociaciones ecologistas han denunciado en muchas ocasiones que el abuso que se realiza de este acuífero, provoca que el río tenga que aportar agua al mismo, en lugar de al revés, como ocurría en la situación original. Los regantes presumen que hay extracciones incontroladas, por lo que piden que se realice un plan de control o, de lo contrario, solicitarán que se declare sobreexplotado el acuífero. Esto supondría la prohibición total de cualquier extracción, así como la de las actividades que se desarrollan en la superficie.

También echan en falta un balance de las demandas y usos actuales y futuros por cada sistema de explotación y las restricciones derivadas del establecimiento de los caudales ambientales. Del mismo modo, el ETI no recoge las necesidades de los humedales.

Este diario intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El nuevo plan hidrológico de la cuenca del Segura no estará listo en dos meses, plazo marcado por la Comisión Europea para que España presente todos los planes, ya que éstos deberían haber estado terminados el pasado mes de diciembre. El plan del Segura podría estar preparado como mínimo en un año porque todavía quedan por realizar muchos trámites para concretar las necesidades de la cuenca.En la actualidad se está preparando el esquema de temas importantes, que tiene que ser debatido por el Consejo del Agua de la cuenca, que a su vez hará un informe para que éste sea aprobado y sometido a una consulta pública durante seis meses. A continuación, habrá que considerar las alegaciones presentadas y elaborar finalmente el borrador del proyecto del plan hidrológico de la cuenca. «Cumpliendo simplemente los plazos mínimos de los trámites, le queda algo más que un año y eso sería corriendo», aseveró ayer a LA RAZÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, que expresó sus dudas de que se pueda concluir el nuevo plan en esta legislatura autonómica. Claver reconoció que su elaboración es «muy compleja porque tiene muchos trámites y hay que elaborar varios informes», aunque indicó que la resolución de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha dilatado aún más este proceso, ya que éste condicionaba los planes de la cuenca del Tajo y del Segura. «El Estatuto manchego era un tema muy importante porque si se hubiera aprobado habría condicionado los planes del Tajo y Segura», afirmó el presidente de Scrats.Uno de los retos del nuevo plan de cuenca del Segura será fijar el déficit de la cuenca, que según los cálculos de Scrats seguirá siendo  de unos 400 hectómetros cúbicos contando siempre con los 600 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura, aunque tan sólo se desembalsó esta cantidad un año.  Las aportaciones procedentes de la desalación deberán de completar las necesidades de la cuenca, aunque a fecha de hoy tan sólo ha ofrecido 80 de los 458 hectómetros que se pretenden alcanzar en el año 2015.Claver resaltó que se debe cubrir el déficit estructural de la cuenca y añadió que la desalación y las transferencias externas pueden ayudar a resolver este problema.

Sin perder de vista el plan del tajo
Pero la Región no debe de perder de vista el plan de la cuenca del Tajo, que previsiblemente intentará cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al no ver cumplidos los objetivos del Gobierno de José María Barreda de establecer una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de los castellanomanchegos en el Estatuto. Es decir, que la nueva fijación del socialista Barreda será reducir la cantidad trasvasable a la Región de Murcia. Además, Castilla-La Mancha utilizará aumentar los caudales ambientales en distintos puntos del río como arma para intentar cerrar el grifo a Murcia, ya que descenderán los volúmenes oficialmente excedentarios. Por último, el plan deberá dejar abierta la posibilidad de hacer el hipotético trasvase desde el Tajo Medio al Sureste español, por si el Gobierno central le da luz verde y decide su construcción.