El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, reiteró ayer ante la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la exigencia de «un Pacto Nacional del Agua con el que logremos un acuerdo que nos una a todos, que a nadie divida, a todos beneficie y a nadie perjudique».
Valcárcel hizo estas declaraciones en la inauguración, junto a Espinosa, de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de Blanca, que han sido financiadas por ambas administraciones.
Ante las preguntas de los periodistas sobre la intención del presidente de Castilla-La Mancha de dividir la cuenca del Segura, Valcárcel aseguró que «de lo único que se trata con este asunto es de enredar más, de abrir la caja de los truenos una vez más», a lo que añadió que «si madrileños, extremeños o portugueses decidieran ahora romper esa unidad en la cuenca del Tajo, e imponer unos criterios desde un territorio frente a otro, resultaría muy peligroso».
Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional destacó que la agricultura murciana es la que menos agua consume de toda España, y apuntó que los regadíos murcianos «son uno de los mejores ejemplos en la gestión y uso eficiente que hacemos de este recurso».
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino Elena Espinosa aseguró que «se seguirá trabajando para que la Cuenca del Segura tenga disponibilidad y calidad de agua», contribuyendo, de este modo, a un modelo de desarrollo económico «más sostenible, duradero y sostenible». No obstante, Espinosa consideró que para ello «es necesaria la coherencia y voluntad de todas las partes implicadas en la gestión del agua», en referencia a las administraciones, usuarios y sector empresarial.
Elementos todos ellos que, según afirmó, «aparecen reflejados en el Plan de Cuenca, que ya ha salido a información pública y que a partir de ese momento tendremos que ir recogiendo las alegaciones que percibamos y conseguir que ese plan sea instrumento eficaz para esta cuenca y dé servicio a agricultores, empresas y ciudadanos».
En cuanto al plan de mejora de los regadíos de Blanca se extiende sobre una superficie regable de 2.600 hectáreas, que se dedican principalmente al cultivo del melocotón, albaricoque, vid y cítricos.
Las obras, que benefician  a 772 agricultores, han contado con una inversión de más de 33 millones de euros, financiados en un 75 por ciento por la Administración central, a raíz de un convenio suscrito en el año 2003, y un 25 por ciento por el Gobierno regional.
 

La plataforma Xúquer Viu denunciará ante la Comisión Europea que el Gobierno no está cumpliendo con los plazos exigidos con la directiva marco para redactar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. De esta manera, este colectivo se adhiere a  la queja de Ecologistas en Acción, que ya ha sido admitida a trámite.
El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, explicó que el retraso en la redacción del plan, que debería haber estado terminado en 2009, está provocando que se sigan desarrollando actuaciones que van contra la nueva directiva en materia de aguas y que, por tanto, no deben estar contemplados en el nuevo plan de cuenca.
Como ejemplo, Sanz puso los cien millones de euros que tiene previsto gastar la Confederación Hidrográfica del Júcar en la substitución de bombeos de la Mancha Oriental. Para Xúquer Viu la solución pasa por declarar el acuífero sobreexplotado, para que se pueda recuperar, tal y como dice la directiva marco.
Trasvase del Júcar
Hoy se abrirá el túnel de la Barxeta, segundo y último túnel de la conducción del trasvase Júcar- Vinalopó. Esta conducción estará finalizada antes del verano, aunque todavía debe resolver varias cuestiones legales para comenzar a funcionar. 

Un millar de regantes, en representación de los 700.000 entidades asociadas a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), reunidos en Tarragona,  aprobaron por unanimidad un manifiesto en el que exigen al Gobierno que apruebe de forma urgente un pacto nacional, que permita al Estado recuperar sus competencias constitucionales sobre las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma. Los regantes ven con mucha preocupación el hecho de que los Estatutos de Autonomía hayan incluido referencias al agua. Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla- La Mancha y también la Comunitat Valenciana se atribuyen en sus Cartas de Autogobierno, en mayor o menor medida, el derecho sobre determinados ríos sin que ésta sea su competencia. De ahí, que los regantes recuerden que es necesario respetar la Constitución, que dice que el Estado es el responsable de  los ríos que atraviesan más de una autonomía.El ejemplo más reciente lo ha protagonizado Cataluña. En el plan para gestionar sus cuencas internas propone cuál debe ser el caudal ecológico del Ebro e incluso quiere hacerse con el control del río Sénia, que actualmente pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar.Con el caudal ecológico que propone la Generalitat de Cataluña, de hasta 406 metros cúbicos por segundo en periodo húmedo, sería imposible ejecutar el trasvase del Ebro. Sin embargo, este mismo plan reconoce que Cataluña no debe abastecerse con más de 70 hectómetros cúbicos de agua desalada al año, puesto que una cantidad mayor resultaría demasiado cara. Así mismo, el plan afirma que, aunque construir el trasvase del Ródano costaría 2.000 millones de euros, frente a los 851 de la desalinizadora de Llobregat, la infraestructura del trasvase tiene más vida útil y menos coste de mantenimiento.

Manifiesto de los regantes
– Respeto a la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas,  organismos de larga tradición en España que integran a los usuarios e interesados en la gestión del agua.
– Se rechaza la invasión de las competencias constitucionales del Estado en materia de aguas realizadas por las últimas reformas de Estatutos de Autonomías.
– Solicitan la aprobación de un Pacto Nacional, que permita al Estado recuperar las competencias que le corresponden según la Constitución.

La Región de Murcia no quiere volver a vivir momentos de incertidumbre con respecto al agua, como los acontecidos recientemente con el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde se ponían en peligro los recursos hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Para ello, la nueva reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia incluirá el derecho al Agua en el apartado de Derechos Ciudadanos, entre otros. Los diputados de los diferentes grupos parlamentarios se reunieron ayer en la ponencia de la Comisión Especial para la reforma del Estatuto para presentar cada uno su propuesta de qué derechos deberían estar reflejados en el texto estatutario.

El diputado del PP Pedro Chico explicó que su formación propone incluir una cláusula general de derechos que haga referencia a los de la Constitución española y de la Unión Europea con el objetivo de que no sea «un Estatuto reglamentista con muchos artículos, como el de Cataluña», así como un epígrafe específico para los derechos sociales, como educación o sanidad, y otro con los principios rectores de las políticas públicas.

Chico indicó que el PP pretende introducir un apartado dedicado en exclusiva al agua y que refleje los principios de solidaridad, igualdad, ecuanimidad y justicia, con el fin de que «no sea objeto de tensiones territoriales», en alusión al Estatuto manchego, que ha sido retirado del Congreso por el desacuerdo entre los dos partidos mayoritarios por la política hídrica.

El diputado popular subrayó que en este momento los grupos parlamentarios están marcando las directrices de un Estatuto «moderno» que perdure en el tiempo y resaltó que en la ponencia existe un «buen ánimo de consenso» entre los mismos.

Por su parte, la diputada socialista Teresa Rosique presentó su propuesta con una treintena de derechos a la vivienda, la sanidad, la educación o a la protección de colectivos desfavorecidos, que también incluye el derecho al agua o a una renta mínima de inserción que «en estos momentos es una utopía en la Región».

Asimismo, el diputado de IU, José Antonio Pujante, señaló que su intención es que se incluya el mayor número de Derechos Ciudadanos posible en su Estatuto, por lo que en su propuesta contiene más de 70 con el fin de avanzar en la calidad de vida y la garantía de los servicios básico a la población de la Región de Murcia.

Valencia- El Ayuntamiento de Albacete sólo pagará el millón de euros que debe a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por las aguas que ha recibido del embalse de Alarcón si lo dice el Tribunal Supremo. El concejal de Medio Ambiente y Sosteniblidad del Consistorio manchego, Ramón Sotos, reconoció que  existe una primera sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar esta cantidad, pero indicó que, como va a ser recurrida, aún cabe otro pronunciamiento por parte del Alto Tribunal.
Les Corts votarán hoy una proposición no de ley presentada por Compromís, en la que instan al Ministerio de Medio Ambiente a que obligue al Ayuntamiento de Albacete a liquidar la deuda que tiene con USUJ. Sin embargo, con toda probabilidad saldrá adelante  una enmienda del PP presentada a la proposición de Compromís, en la que pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para satisfacer los derechos que se le reconocen a los usuarios tradicionales del Júcar. Sin embargo, no nombra expresamente que el Ayuntamiento de Albacete sea el responsable.
Sotos, según recoge La Tribuna de Albacete, critica que un grupo político quiera interferir en un asunto que únicamente compete a los regantes del Júcar. Además, lamentó que los grupos políticos valencianos quieran que «el Ayuntamiento de Albacete, la única capital de provincia que tiene ahora mismo abastecimiento del Júcar, pague por ello, cuando es un derecho que le corresponde».
El convenio de Alarcón, suscrito en 2001 por el Gobierno,  los Ejecutivos autonómicos de la Comunitat y Castilla- La Mancha y los regantes de USUJ, establece que, cuando el embalse se encuentra en reserva, los regantes del Júcar no tomarán agua del mismo, sino que la cederán a los abastecimientos urbanos. A cambio, los Ayuntamientos pagarán a los regantes el coste que   supone sacar el agua de los pozos, extremo que Albacete se niega a cumplir.

El destino de los millones de euros que han pagado los regantes de la Región de Murcia por el agua del trasvase es un misterio, tanto es así que hasta la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, preguntó ayer al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dónde ha ido a parar el dinero que se ha recibido por el trasvase Tajo-Segura porque «en los 30 años del Gobierno socialista en la Región» no se sabe dónde ha revertido.

De Cospedal, que presidió en Toledo la Comisión Regional de Agricultura y Agua del PP de Castilla-La Mancha en la que se analizó los problemas de esta comunidad con sus recursos naturales, se preguntó que dónde y a qué ha destinado Barreda el dinero que se debería haber destinado para crear infraestructuras y resolver el problema del agua en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, cifró recientemente en 254 millones de euros el dinero que han pagado los regantes murcianos por el agua del trasvase Tajo-Segura, de los que, según detalló, «112 han ido a Castilla-La Mancha para obras de carácter finalista en infraestructuras de saneamiento y abastecimiento que no se han cumplido».
La presidenta del PP manchego lamentó que no se hayan resuelto los problemas del agua en Castilla-La Mancha y subrayó que son «cada vez mayores la sequía y la escasez, así como la falta de infraestructuras para la correcta utilización de nuestros recursos hidráulicos».

De Cospedal criticó las «falsas promesas» del PSOE por el «mayor número de sanciones a los agricultores, más sobreexplotación de los acuíferos y mayor riesgo de descatalogación de los humedales» o, del mismo modo, el retraso en la generación de infraestructuras de saneamiento y depuración. Recordó que el PSOE apoyó el Plan Hidrológico Nacional cuando gobernaba el PP y que, sin embargo, los propios diputados socialistas regionales colaboraron a derogarlo, y también que el propio Barreda reconoció a la ministra, Cristina Narbona, que con el nuevo planteamiento 2se resolvían para siempre los problemas del agua para Castilla-La Mancha».

La secretaria general del PP resaltó la diferencia entre «la magnífica propuesta» para tener «agua en calidad y cantidad» y, con ello, «la mejora de la calidad de vida de los castellano-manchegos» o no tener Estatuto «que es lo que ha elegido Barreda».

«Humillante»

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE de Toledo, Emiliano García-Page,  aseguró ayer que le «humilla» políticamente que los dirigentes de la oposición en Castilla-La Mancha hagan planteamientos como los que se vienen haciendo desde Murcia para «defender lo indefendible» en el Estatuto de Autonomía de la región.

En este sentido, señaló que le parece «grave» que la presidenta del PP en Castilla-La Mancha «entre en el mismo juego que los dirigentes murcianos y que reproche a Castilla-La Mancha nuestros planteamientos porque dice que nos pagan el agua» del trasvase Tajo-Segura.

El dirigente socialista dijo que si María Dolores de Cospedal estuviera más tiempo en Castilla-La Mancha «sabría perfectamente lo que significan las compensaciones y donde pueden estar», al tiempo que añadió que lo más importante es que sepa que «para nosotros el agua del río Tajo no tiene precio y que realmente lo que nosotros queremos es el agua».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se comprometió ayer a  presionar al Ayuntamiento de Albacete para que asuma los pagos establecidos en el convenio de Alarcón. El secretario de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, explicó ayer que la CHJ ha reconocido que el Ayuntamiento de Albacete debe pagar a los regantes del Júcar por el agua que utiliza cuando el embalse se encuentra por debajo de la curva de reserva, establecida en el citado acuerdo.
Este pago está pensado para que los regantes del Júcar compensen los costes asociados a extraer aguas de los pozos, puesto que los regantes «ceden» el embalse al abastecimiento urbano, que siempre tiene prioridad, y recurren a la extracción de aguas subterráneas.
 Valero de Palma explicó que el Ayuntamiento de Albacete es el único que no abona esta compensación, ya que los Consistorios del área metropolitana  de Valencia sí que asumen el pago.
El secretario general de USUJ aseguró que el Ayuntamiento de Albacete incumple con esta práctica la Ley de Aguas, a pesar de que incluso el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los regantes del Júcar.
Por otro parte, la CHJ autorizó ayer un ligero incremento en el suministro de recursos a los regadíos tradicionales del Júcar con respecto al año pasado. Para la próxima campaña contarán con 400 hectómetros cúbicos, 50 menos de los que solicitaron.

El presidente Valcárcel afirma que no se va a permitir que «se sustraiga ni una sola gota de agua»

Murcia- «Si hubiera Plan Hidrológico Nacional no habría que tratar este tema porque el problema del agua ya estaría resuelto en toda España», afirmó el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, junto a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, durante un acto celebrado en Guadalajara.
Tras manifestar su deseo de que «haya agua para todos», Rajoy indicó que la intención del PP es la de «hablar y negociar» sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha. «El PP está en un proceso de negociación en el que lo que impera es hablar y seguir negociando», apuntó el presidente nacional del PP, quien planteó que, si finalmente se llega a un acuerdo, «quedarán claras las posturas de todos», resaltó Rajoy.
El PP se abstuvo el pasado jueves en la Comisión Constitucional del Congreso en la votación del informe de la ponencia, aprobado en primera instancia gracias a los votos del PSOE y CiU y que incluye la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo, con el argumento de continuar las negociaciones para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Rajoy recordó que «el PSOE tiene mayoría para aprobar lo que quiera en las Cortes, como ha quedado acreditado, mientras que el PP quiere hablar y negociar, que es lo civilizado». En este sentido, recordó que «el entonces presidente de la Junta (José Bono), aprobó el Plan Hidrológico Nacional, aunque después los diputados del PSOE votaron en el Congreso en contra». Por otro lado, los presidentes autonómicos murciano y valenciano, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, propusieron ayer en Bruselas al Comité de las Regiones que la reforma de la Directiva Marco del Agua incluya el concepto de cantidad en las necesidades de agua para la cuenca Mediterránea con el objetivo de asegurar los trasvases a la Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Valcárcel y Camps, que se reunirán mañana en Murcia para establecer la estrategia para defender sus intereses hídricos de ambos territorios, explicaron que solicitarán que se contemple el concepto de cantidad «como una necesidad esencial para el desarrollo de las regiones mediterráneas». Camps reconoció que ambos gobiernos autonómicos llevan «mucho tiempo trabajando en muchas propuestas y continuamos juntos en la misma decisión de fuerza en la defensa de nuestros intereses de los trasvases» y resaltó la necesidad de ejecutar el trasvase del Ebro y de mantener el trasvase del Tajo al Segura, así como del desarrollo del Trasvase Júcar-Vinalopó.
«No vamos a permitir que se sustraiga ni una sola gota de agua de la que llega a nuestras regiones», subrayó Valcárcel ante el texto propuesto por el PSOE para el Estatuto de Castilla-La Mancha y reiteró que los gobiernos de ambas regiones han defendido un planteamiento «firme y sincero» en defensa del acueducto «frente a la aritmética del votos del PSOE».
El jefe del Ejecutivo murciano remarcó «defendimos y seguiremos defendiendo ahora el trasvase del Tajo a la cuenca del Segura, y también el trasvase del Ebro, y no haremos nada que no sea eso».

La campaña manchega contra la región es «ilegal y vomitiva»
El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, calificó de «ilegal, antidemocrática y vomitiva» la campaña de Castilla-La Mancha «basada en mentiras y difamaciones» hacia la Región de Murcia. Para Cerdá, la campaña iniciada por los municipios ribereños del trasvase Tajo-Segura «está basada en la política del insulto del presidente Barreda» y en las actuaciones «auspiciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para buscar enfrentamientos entre territorios». «Murcia no vacía los pantanos de Castilla-La Mancha, ni tira agua al mar, ni deja de recoger las cosechas que riega. Tampoco regamos con agua del trasvase campos de golf», sentenció el consejero, quien dijo que «para eso tenemos un sistema de depuración que es ejemplo mundial». Cerdá señaló que «no podemos estar permanentemente en el enfrentamiento entre comunidades, como se está facilitando con este tipo de políticas que Rodríguez Zapatero está generando». Cerdá recordó que el agua del trasvase «no nos la regalan», y cifró en 254 millones de euros el dinero pagado por los regantes murcianos, de los que 112 han ido a Castilla-La Mancha para infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, «que no se han cumplido».

El Congreso de los Diputados fue escenario ayer de un tenso derbi que disputaron los partidos políticos con representación en la Cámara, especialmente   PP y PSOE, para debatir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que supondría la muerte del trasvase Tajo-Segura. El encuentro terminó, por el momento, con la victoria de los castellanomanchegos al anotar un importante tanto con la aprobación del texto propuesto por los socialistas, cuyo preámbulo recoge  una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de la comunidad vecina, a la vez que resalta la necesidad de que la Junta participe en «los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista».El PSOE consiguió desbloquear el texto estatutario, que permanecía estancado en el Congreso desde hace más de un año, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), mientras que se abstuvieron PP y ERC-IU-ICV; UPyD, lo rechazó, y PNV no asistió a la ponencia encargada de dictaminar la reforma del Estatuto. De este modo, los socialistas lograron establecer mediante una enmienda transaccional en el preámbulo, que no en el articulado ni en la disposición transitoria, que la comunidad manchega «considera  necesaria una reserva de agua de 4.00 hectómetros para atender las necesidades de la región». Es decir, que aprendieron el truco con el término «nación» en el Estatut de Cataluña, pues no es que Cataluña sea una nación, sino que así lo define el Parlament. En cuanto a la fecha de caducidad en 2015, aunque el texto no lo recoge de forma explícita, sí que se hace referencia de forma indirecta porque se indica que hay que revisar y adaptar el trasvase a los términos medioambientales recogidos en la directiva europea, cuyos objetivos se deben alcanzar antes de 2015.El documento, que se prevé que se debata dentro de dos semanas en la comisión Constitucional del Congreso y posteriormente en el pleno, también señala que la Junta sea informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia que afecte a las cuencas hidrográficas de la Comunidad «a fin de que emita preceptivamente un informe». De este modo, Castilla-La Mancha da un nuevo pasito para conseguir aprobar su texto estatutario, mientras la Región de Murcia y Valencia rechazan de forma unánime el documento y depositan su esperanza en los votos del PP para poner freno al Estatuto y evitar así el fin de la infraestructura hidráulica, tal y como afirmó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. No obstante, el PSOE advirtió que no aceptará un Estatuto que no cuente con el consenso y señaló que lo retirará si no logra.Una cosa que no se termina de entender en la Región es el apoyo de los nacionalistas catalanes al Estatuto, cuando éstos no cuentan con representación en las Cortes de Castilla- La Mancha. El portavoz de CiU en la ponencia, Jordi Xuclá, explicó que su voto positivo perseguía facilitar su avance en la Cámara, si bien advirtió que no apoyará el texto en la comisión Constitucional si no hay un acuerdo de las dos formaciones mayoritarias.En la Región de Murcia se tienen las cosas bien claras califican el texto de «anticonstitucional». Así lo señaló el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, que aseguró que «no puede salir adelante» la propuesta socialista de 4.000 hectómetros cúbicos de reserva para Castilla-La Mancha «porque es anticonstitucional» y garantizó que «utilizará todos los medios para que la propuesta no salga a la luz».Valcárcel indicó que la reserva «ataca los intereses de la Región y supone la muerte por asfixia, el cierre del grifo del trasvase, absolutamente vital para la comunidad y  Alicante y Almería». Para el jefe del Ejecutivo murciano, la oferta socialista «demuestra quién quiere guillotinar el trasvase a través del enfrentamiento y la provocación».Cerdá calificó el texto del PSOE de «un ataque directo al corazón de Murcia» y dijo que lo aprobado en Madrid es el resultado de la política antitrasvasista de Zapatero, que comenzó con la derogación del trasvase del Ebro.  El Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, movilizará a toda la sociedad murciana en una gran manifestación si el PSOE no retira la reserva del Estatuto y modifica profundamente las referencias que ponen en peligro el trasvase.Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, resaltó que el texto es  «inconstitucional» y aseguró que Rodríguez Zapatero «nos mintió en 2007 cuando aseguró que nunca se aprobaría en el Congreso un texto que fuera inconstitucional». Claver resaltó que el texto constituye es «una humillación, un daño gravísimo a nuestra tierra y la muerte inmediata del trasvase Tajo-Segura en caso de aprobarse». Asimismo, el presidente de los regantes subrayó la labor de los partidos regionales aunque ésta, a su juicio, «se diluya a nivel nacional».

Los agricultores se plantean crear un partido político
La indignación de los agricultores es mayúscula, tanto es así que incluso en la provincia de Alicante se plantean promover la creación de un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante». Así lo manifestó ayer el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, quien afirmó que el Tajo-Segura «inicia la cuenta atrás para ser eliminado y la pregunta que se hacen los agricultores y ciudadanos de la provincia de Alicante es de dónde demonios vamos a beber y regar». Para Urbina, el mantenimiento de la reserva hídrica en el prólogo estatutario implica «la muerte» del trasvase. Por otro lado, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) expresó su «enérgico rechazo» a la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos del Tajo, que consideró un «ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos» y añadió que Alicante «no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente».

La Federación Nacional de Regantes no aprueba que los Estatutos de Autonomía sean los que decidan qué reserva hídrica corresponde a cada cuenca hidrográfica. El presidente de esta asociación, Andrés del Campo, confirmó ayer a LA RAZÓN su rechazo a estas pretensiones políticas y, aunque no quiso pronunciarse concretamente sobre el caso de Castilla La Mancha, sí  que se mostró crítico con este tipo de pretensiones que ya se han producido en otros Estatutos como el de Aragón.
La Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) se reunió ayer con carácter extraordinario para mostrar su rechazo a que la Carta Magna de los manchegos recoja una reserva de agua de 6.000 hectómetros cúbicos. El presidente de Fecoreva, José Pascual, calificó de «expolio» el hecho de que  se quiera reservar esta cantidad de agua y aseguró que en la práctica supone dejar a los regantes valencianos sin el embalse de Alarcón y poner en peligro el suministro de toda la ciudad de Valencia.
En este sentido, la alcaldesa Barberá, aseguró que el 80 por ciento del agua que bebe la ciudad, procede del río Júcar, y Alarcón es el embalse de mayor capacidad de todo el sistema. «A esto yo si que lo calificaría de expolio», afirmó Barberá en alusión a la orden ministerial del Gobierno sobre el Cabanyal. La alcaldesa arremetió contra el Ejecutivo central por querer  expropiar «el agua y nuestros derechos. Hasta aquí hemos llegado». Además, aludió a las normas del Tribunal de las Aguas que juzgaba a aquél que regaba con el agua que no le correspondía y sentenció que quien debería sentarse en este banquillo, es el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reclamó que el agua vuelva a ser tratada como un recurso nacional, como la energía. También insistió en la necesidad de recuperar los principios que defendía el Plan Hidrológico Nacional de 2001, que incluía el trasvase del Ebro, porque es el documento que más respaldo ha obtenido hasta el momento.
Camps recordó que los valencianos han cumplido con todos sus compromisos en materia hídrica, incluída la ejecución del trasvase Júcar- Vinalopó.

Alarcón, embalse codiciado
Si se suman todos los recursos que tiene Castilla La Mancha, entre aguas superficiales y subterráneas, se obtiene un total de 5.500 hectómetros cúbicos. Es decir, que si el Estatuto de Autonomía aprobase una reserva de 6.000 hectómetros, aún tendría que recibir aportes externos y, por supuesto, debería quedarse con todos aquellos que están en su territorio, aunque no sean del todo de su propiedad. Alarcón, con una capacidad de 1.118 hectómetros cúbicos también debería quedar en manos exclusivas de los manchegos, a pesar que pertenece a  los usuarios valencianos del Júcar, que pagaron su construcción cuando sólo ellos regaban.