La publicación de un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que alerta de la presencia de pesticidas en el agua del Júcar ha suscitado cierta controversia en la parte manchega de la cuenca. Pero no sobre el ‘qué’, sino sobre el ‘cómo’ y el ‘cuánto’.
Todas las fuentes consultadas, agricultores, investigadores y ecologistas han reconocido el hecho, que la corriente del río arrastra sustancias potencialmente perjudiciales e, incluso, algunas prohibidas por la actual legislación, como pueden ser los organoclorados o los arsenitos.
Pero donde difieren las valoraciones de estas mismas fuentes es en la dimensión del problema. Científicos y agricultores afirman que el fenómeno es una consecuencia de tiempos en los que se usaban cierta clase de productos en la agricultura sin control, algo hoy imposible.
Los ecologistas, por su parte, sostienen lo contrario. Que no solo se siguen usando estas sustancias a gran escala, sino que hay, además, un «mercado negro» de estas sustancias prohibidas, alentado y alimentado por la crisis.
persistencia. Al parecer, todo gira en torno a un concepto denominado persistencia «que es uno de los motivos por los que estas sustancias se prohibieron, una vez que las usas y si, además, las usas en grandes cantidades, pueden pasar muchos años antes de que desaparecen del todo de un ecosistema».
Quien así habla es José Luis Moreno, investigador del CREA (Centro Regional de Estudios del Agua), un organismo con sede en Albacete y dependiente de la Universidad de Castilla-la Mancha, cuyo equipo realizó, hace seis años, un estudio similar sobre la presencia de esta clase de sustancias en el mismo río.
«Las proporciones que hay en el agua no son grandes, no suponen una amenaza inmediata para la salud -explica- pero es lógico que se controlen, especialmente en zonas donde su uso fue amplio antes de que la UE se pusiera muy estricta con ellas, seguirá habiendo lecturas positivas durante mucho tiempo».
De hecho, Moreno señaló que, esta misma semana, tiene previsto realizar una toma de muestras en unas de las mismas zonas en las que el equipo de investigadores de la Politécnica de Valencia cogió las suyas, el paraje de Cuasiermas, entre los términos municipales de Albacete y de Motilleja.
Los puntos en los que se tomaron las muestras de agua y se capturaron peces de distintas especies estaban en el curso del río, a su paso por Cuenca capital y también en la cabecera del río, concretamente en la localidad de Huélamo; el paraje de Cuasiermas, en la linde entre los municipios de Albacete y Motilleja; Jalance, en Valencia, y el Azud de Antella, en la comarca de la Ribera Alta, también en Valencia.
Por su parte, desde Asaja, José Pérez Cuenca no solo se adhería a la misma tesis que el CREA, sino que señalaba que, en los últimos años, el uso de pesticidas, fitosanitarios y abonos artificiales, sustancias potencialmente contaminantes para las aguas subterráneas y superficiales, ha decrecido de forma considerable en esta parte de Castilla-La Mancha. «Han bajado, y mucho, por una razón sencilla, y es la propia crisis -destacó- porque el precio de esta clase de sustancias ha subido tanto, o más, que el precio de la energía, aquellas dosis masivas que se usaron en el pasado hoy serían antieconómicas, nadie se las podría permitir, a menos que se quiera arruinar de forma deliberada».
Además, desde que la Unión Europeaempezó en endurecer su uso, se han vuelto sustancias muy controladas, que solo pueden ser manipuladas y administradas por personal cualificado. «Su uso también está sometido a trazabilidad -puntualizó- de forma que el agricultor debe tener registros y guardar facturas que demuestren la naturaleza y la procedencia de estas sustancias para justificarlo todo si la Administración se lo requiere».
picaresca. Pero, según Ecologistas en Acción, aquí también aparecen la picaresca y la economía sumergida. Y por ahí, afirma Cipriano Escribano, integrante de la organización conservacionista, es por donde se ‘cuelan’ al río las sustancias prohibidas. «Aquí hay un auténtico mercado negro de pesticidas ilegales -afirma- cuyo uso no ha hecho más que crecer con la crisis e, incluso, si solo nos fijamos en los pesticidas legales, su uso ha crecido en La Mancha, sobre todo a raíz de la plantación de grandes superficies de vid al amparo de la reconversión y reestructuración del viñedo, así que los resultados del estudio de la UPV no nos han sorprendido en absoluto».
Escribano recordó que, en 2008, en Valencia, ya hubo una gran controversia, entre el estamento científico y la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre este mismo asunto que, al final, quedó en nada porque hay grandes intereses creados detrás.
«Una parte muy importante de la industria química de este país produce herbicidas, fitosanitarios, pesticidas -recordó el ecologistas- de forma que hay un auténtico lobby al que no le interesa que esto se toque mucho, pero aunque estos productos se dejasen de usar de golpe, hay un efecto a largo plazo que no se puede pasar por alto, esto es una bomba de relojería».
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