El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la convocatoria de tres importantes líneas de ayudas para el sector agrario, que inyectarán al campo castellano-manchego más de 745 millones este año. Un dinero que procede en su mayor parte de fondos de la Unión Europea y que beneficiarán a unos 160.000 agricultores y ganaderos.La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, fue la encargada de presentar estas tres grandes líneas de ayuda para el mundo rural, donde destaca la partida para hacer frente al pago único de la Política Agraria Común (PAC), dotada con 640 millones para este ejercicio. Un paquete de ayudas directas al agricultor al que habría que añadir 40 millones más para sectores como el algodón, la remolacha azucarera, los frutos de cáscara, la prima por vaca nodriza, la rotación de secano, las leguminosas o el fomento de la calidad del tabaco, entre otros.El consejo de Gobierno también dio ayer su visto bueno a la convocatoria de ayudas agroalimentarias, dotadas para este año con 60 millones. Destaca en este paquete la apuesta regional por la agricultura ecológica, que se llevaría 54,9 millones. No hay que olvidar que Castilla-La Mancha es en estos momentos la primera comunidad en producción ecológica, destacando sobre todo en vino y aceite. Se estima que este dinero llegará a más de 6.800 beneficiarios.El resto de ayudas para medidas agroambientales atienden a las razas autóctonas puras en peligro de extinción, la apicultura, los sistemas de extensivo en secano, la lucha contra la erosión en cultivos leñosos, la conservación del hábitat en el Parque Nacional de Cabañeros, la atención a las aves esteparias, la integración medioambiental del viñedo de secano o las prácticas agroambientales del girasol de secano.También se dio ayer el visto bueno a la convocatoria de ayudas para fomentar el pastoreo de ovino y caprino, que se llegarán hasta los 6.500 euros por solicitante.El plazo para optar a estas ayudas agrarias se abre el próximo 17 de febrero y finalizará el 15 de mayo, según confirmó Soriano.máxima celeridad. Asimismo, la consejera destacó ayer el compromiso de su departamento por «acelerar» al máximo la trámitación de estas subvenciones. Además, recordó que por segundo año se contará con las ‘Entidades Colaboradoras de Gestión’, que no sólo recogerán las solicitudes de ayudas, sino que también podrán resolver algunas incidencias con el fin de facilitar la gestión a los productores y propiciar el pronto cobro de la ayuda.Y también destacó que miles de agricultores y ganaderos ya han adelantado sus trámites gracias a la iniciativa de borrador de la PAC, que funciona como el borrador de la declaración de la renta para aquellos beneficiarios cuyos expedientes no sufren variaciones de una campaña a otra.

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que próximamente se realizarán «importantes reformas estructurales de carácter normativo», entre las que figura la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua urbana, con el que se pretende regular de manera conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua de uso urbano. Durante la inauguración de la jornada «La gestión del agua en España. Presente y retos de futuro», el ministro añadió que en los próximos meses se reformará el texto refundido de la Ley de Aguas de modo que establezca un marco económico financiero para dotar de «recursos suficientes» al conjunto del sistema del agua en España.
Para ello, explicó que el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo para analizar las necesidades de la financiación del sector del agua y para revisar el actual régimen económico-financiero del agua, sobre todo teniendo en cuenta las fuentes no convencionales, que son la reutilización y la desalación.
Así, añadió que las conclusiones que extraiga ese grupo servirán para sentar las bases con las que «garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sector en el marco de un sistema nacional del agua y ha añadido que esto, en definitiva «desembocará» en la futura reforma de la Ley de Aguas.
El ministro repasó la situación de la política de aguas, de la planificación hidrológica y de las deficiencias e «incumplimientos» de España con la Unión Europea en esta materia y, sobre todo, en depuración de aguas. En este contexto, ha apuntado las necesidades de inversión actuales y futuras y el presupuesto del Gobierno para este año.
Respecto al anteproyecto de Ley relativo al ciclo integral del agua urbana, Arias Cañete justificó su necesidad en que su uso es necesario que haya «transparencia, claridad y seguridad» tanto para los usuarios como para los gestores, «sean después públicos o privados».
Por ello, subrayó que quiere tramitar dicho anteproyecto con la máxima participación y transparencia y contando con la colaboración de comunidades autónomas, entidades locales, consumidores y usuarios.
Asimismo, estima que el gran pacto del agua dará origen a una política hidráulica de largo plazo y ha puesto de ejemplo el acuerdo alcanzado «muy laboriosamente» entre las comunidades dependientes del Tajo y del Segura que da seguridad jurídica al elevar a rango de ley las reglas de explotación, librando la gestión de la «discrecionalidad de decisiones políticas a veces arbitrarias».
Finalmente, vaticinó que la nueva política de aguas se caracterizará por abordar la gestión del sistema nacional del agua e incluirá todas las necesidades con las soluciones técnicas viables económicamente. «Lo cual nos va a llevar a impulsar importantes reformas estructurales de carácter normativo», concluyó el ministro.

«Hay que integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento»

Arias Cañete manifestó que en materia de política hidráulica «lo responsable» es diseñar como integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento «de una forma sensata», teniendo en cuenta hasta dónde pueden llegar los usuarios, programar transiciones de un sistema a otro y buscando ámbitos colaboración. «Solo podremos trabajar con éxito si buscamos consensos y logramos acuerdos. Hay que contar con un respaldo social, territorial y político que permita construir un gran pacto nacional del agua».

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El mapa de los diferentes sistemas que forman parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)ya no solo de color verde, porque, poco a poco, la han ido saliendo manchas de colores amarillos y anaranjados,
Esto significa que ya hay sistemas y subsistemas que se encuentran en situación alerta o prealerta por sequía. Y algunas de ellas están en Castilla-La Mancha, de acuerdo al último informe del Plan de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía (PES) dado a conocer recientemente por el organismo de cuenca.

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La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, dio a conocer las alegaciones que el Ayuntamiento de la ciudad presentará al borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes, en las que solicitará que se elimine la referencia que se hace al Convenio de Alarcón y la no aplicación de éste, al mismo tiempo que pedirá la revisión del acuerdo, «teniendo siempre en consideración que esta ciudad debe ser parte firmante del mismo». Asimismo, la concejala dijo que en las alegaciones también establecen la necesaria garantía del abastecimiento a la ciudad y a su área de influencia y se posicionan en contra de cualquier tipo de gravamen, canon o tarifa que se pueda establecer distinto del que con carácter general se indica en la Ley de Aguas destinado a la conservación, mantenimiento y amortización de las infraestructuras hidráulicas utilizadas por los beneficiarios de las mismas. Insistió en que elConsistorio está en contra de cualquier tarifa que se pudiera imponer al Ayuntamiento en momentos de sequía y recordó que, como ya han manifestado en reiteradas ocasiones, la sentencia delSupremo que obliga a la institución municipal a pagar, aunque es legal, «no es justa».
En las alegaciones al Plan del Júcar, el Consistorio albaceteño también dispone protección contra las inundaciones en las áreas habitables y solicita, dada la urgencia y la necesidad de las infraestructuras que persiguen evitar las inundaciones, la reducción del plazo establecido en el Plan, que se alarga hasta el año 2022, proponiendo su ejecución en el más pronto ejercicio presupuestario. En este sentido, también piden que se incluyan medidas de adecuación del Canal de María Cristina para evitar la inundación provocada por el río Balazote, reseñó González de la Aleja.
El Ayuntamiento de Albacete también solicita la modernización de los regadíos con la puesta en marcha de las infraestructuras de la sustitución de bombeos, entendiendo que «tienen una finalidad ambiental y de interés general».
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Las alegaciones formuladas por elAyuntamiento de la capital albaceteña al borrador delPlan Hidrológico del Júcar se aprobarán en un PlenoExtraordinario, que se celebrará mañana jueves a partir de las seis de la tarde, justo un día antes de que expire el plazo para la presentación de éstas. Así lo manifestó la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de laAleja, quien recordó que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, se reunió con los colectivos afectados el pasado 16 de enero en el despacho de Alcaldía, donde pudieron debatir y consensuar posturas, y reseñó que ya se les ha remitido a todos el documento definitivo. La concejala aseguró que las alegaciones formuladas han sido fruto de las sugerencias y consideraciones remitidas por los colectivos afectados.
Pese a que las alegaciones delAyuntamiento van en una dirección similar a las de la Mesa delAgua -formada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Asaja, UPA, el Centro Regional de Estudios del Agua, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), la Unión de Consumidores, CCOO, UGT, IU y PSOE-, la concejala explicó que votaron en contra de la moción que los grupos municipales de la oposición presentaron en el pasado Pleno Ordinario de enero, la cual incluía las demandas de los colectivos que integran esta Mesa, porque «contenía cosas que no eran legales, como por ejemplo la referencia que hacían al tema de la demarcación». En este sentido, Rosa González de la Aleja explicó que no se puede definir la demarcación porque hay dos cuestiones de ilegalidad que se planteraron y que elTribunal Supremo dictó en contra.
Preguntada por los periodistas sobre el recorrido que tendrán las alegaciones delAyuntamiento de la ciudad, en cuanto a que el Gobierno central y los de Albacete y Valencia están gobernados por el Partido Popular, Rosa González de la Aleja declaró que «por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y delAyuntamiento de la ciudad estamos apoyando a Albacete y su abastecimiento, y trabajando en esa línea creo que se están defendiendo de manera correcta los intereses del agua de la ciudad».
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Mantenimiento del presupuesto,  mantenimiento del apoyo a sectores que corrían riesgo de quedarse excluidos y respaldo preferente a los agricultores y ganaderos que de verdad viven del campo. Estos son los tres motivos por los que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, hizo ayer una valoración positiva del acuerdo de la semana pasada entre las autonomías sobre aplicación de la nueva PAC y del que dio cuenta ayer en rueda de prensa, en la Delegación de la Junta en Albacete para informar sobre los resultados de la negociación sobre la aplicación de la Política Agraria Común en España.
De acuerdo a los datos aportados por la consejera, la ‘ficha financiera’ de la nueva PACpara la Albacete es de 909 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la Política Agraria Comúnaún vigente. Pero esta vez hay una condición nueva: que al menos el 20 por ciento de sus ingresos agrarios procedan de la venta de productos agrícolas o ganaderos, «con lo que se evita que personas o entidades ajenas a la actividad agraria perciban ayudas, o que el cien por cien de los ingresos de una explotación sean ayudas».
Por último, destacó que, gracias al mantenimiento de las llamadas ‘ayudas acopladas’,  unos 10.918 beneficiarios albacetenses mantendrán unas ayudas que, en la versión inicial de la nueva PAC, iban a perder.
En lo tocante a la obligación de  acreditar que, al menos, el 20 por ciento de los ingresos procedan de ventas de productos agrícolas o ganaderos y, a preguntas de los medios, la consejera estimó que hay unos 7.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha que deberán justificar «si son agricultores activos de verdad», por lo que se  les pedirá que acrediten si entran o, no, dentro de esta categoría.
No obstante, Soriano puntualizó que se trata de una cifra aproximada «porque habrá quién podrá acreditarlo, y quién no, por lo que la cifra podría variar». En todo caso, avanzó que la aplicación de esta medida evitará que, en el futuro, haya entidades deportivas, empresas de transporte y, en general, personas físicas o jurídicas ni vinculadas al campo que cobren de la PAC.
Durante su comparecencia, Soriano señaló que, cuando se hizo cargo de la Consejería, en lo tocante a las negociaciones de la PAC, lo que se encontró fue «un desastre total, porque el texto que se había negociado bajo los gobiernos de Zapatero y Barreda dejaba al campo, especialmente a la ganadería, en una situación auténticamente desastrosa», de forma que, en muchos aspectos, hubo que negociar casi desde cero.
De acuerdo a sus cálculos, de haber prosperado las propuestas  que había sobre la mesa, había numerosos perceptores de ayudas que hubiesen debido conformarse «con el 50 por ciento de las ayudas que venían percibiendo», lo que hubiese abocado al cierre a numerosas explotaciones de la región.

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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, anunció ayer que el Ayuntamiento ha recurrido el pago de las liquidaciones giradas por los regantes valencianos e Iberdrola por utilizar el agua del Convenio de Alarcón época de sequía, concretamente, en los ejercicios de 2005 y 2006. Cabe recordar que la sentencia de Tribunal Supremo, notificada el pasado 5 de diciembre, establece la legalidad del acuerdo adoptado en el Convenio de Alarcón y fundamenta su decisión en que este Convenio nunca fue recurrido, siendo además una sentencia firme, según informó el Ayuntamiento capitalino.
No obstante, la primer edil albacetense insistió en que la misma es «totalmente injusta y contraria a los intereses de los albaceteños», aludiendo a que sus esfuerzos estarían centrados en trabajar para rebatir esta cuestión hasta la última instancia.
Así las cosas, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pusieron a estudiar el asunto y ahora han abordado una nueva estrategia frente a las cantidades que se reclaman por los regantes valencianos ya que El equipo de Gobierno se ha opuesto formalmente frente a esta liquidación que suponen 1.200.000 euros a las arcas municipales. En concreto el Ayuntamiento de Albacete alegará para su defensa la inadmisibilidad de la cuestión por defectos de forma y la prescripción en el ejercicio de la acción de cobro por parte de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), acción de cobro que debían haber ejercitado en el plazo de cuatro años desde que se notificó la liquidación.

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Desde Izquierda Unida no están muy sastisfechos con los resultados del acuerdo de la PAC. El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ni siquiera se felicitó ayer por la incorporación de la figura del agricultor activo, un requisito nuevo que obliga a los perceptores a justificar que al menos el 20% de sus ingresos proviene del campo. Se supone que esta medida evitará que se cuelen aquellos que tienen terrenos, pero que realmente no se dedican a la agricultura o a la ganadería. Según IU no será así porque ese 20% se queda corto. «Creemos que es muy bajo y claramente insuficiente», apostilló ayer Martínez.
El responsable del partido en la región reconoció que «parece que se ha hecho algo, que se ha cambiado algo», pero advierte de que en la práctica «la distribución de las ayudas directas de la PAC va a seguir siendo de forma preferente para aquellos que no cultivan o no viven de la ganadería, que no viven del campo». Según los cálculos que hace IU, un tercio de los 140.000 perceptores de ayudas de la PAC no se ganan el pan con lo que da la tierra.
Martínez dijo que el acuerdo de la Política Agrícola Común también es «decepcionante» por otros motivos. Criticó que Bruselas no ha aprovechado la ocasión para introducir mecanismos de regulación del mercado para evitar que la producción acabe «supeditada» a los «intereses de las multinacionales». IU critica que la PAC tampoco «aborda el problema de los precios agrícolas» y recuerda «cuántas manifestaciones, ruedas de prensa y reuniones hacen los agricultores reivindicando precios justos para sus productos y denunciando que los de muchos de esos productos están por debajo de los costes».
El dirigente de Izquierda Unida se desmarcó de las valoraciones basadas solo en las cifras de millones que llegarán a la región. En su opinión, esta nueva PAC«ha sido una gran oportunidad perdida para regular los fondos agrícolas europeos de tal forma que se piense en una agricultura diferente, sostenible, ambiental y que prime al agricultor que vive de la agricultura y el desarrollo de las zonas rurales».

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El reparto de los fondos europeos de la Política Agrícola Común dejará en Castilla-La Mancha 6.700 millones de euros, lo que da una media de 957 millones cada año desde 2014 a 2020. Es lo que ha quedado fijado tras el acuerdo que se cerró ayer entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. La consejera de Agricultura, que estuvo por la mañana ultimando las negociaciones en Madrid y regresó por la tarde a Toledo, se mostró contenta con la cantidad de euros que vendrá al campo de la región: «Me siento muy satisfecha de cómo ha quedado».
No ocultó que las negociaciones han sido duras y es que hasta última hora no se cerraron algunos acuerdos que afectaban a la región. En general, Soriano destacó que esos 6.700 millones de euros «van a permitir que podamos mantener la renta de agricultores y ganaderos». Una parte muy importante de esa cantidad es la que va a subvenciones directas a los productores del campo: 5.600 millones. A esa cifra hay que sumar 1.147 millones de euros del programa de desarrollo rural, donde incluso se ha incrementado la partida en 4 millones en comparación con lo que había antes. Puede que el incremento no parezca mucho, pero Soriano recordó que hay regiones que han perdido dinero en este nuevo acuerdo de la PAC. Comentó que hay alguna autonomía que dejará de percibir 200 millones.
Una de las novedades de la PAC viene con la definición de agricultor activo. A partir de ahora sólo podrán recibir ayudas los que certifiquen que al menos un 20% de su renta depende del campo. De esta forma, dejarán de percibir ayudas los que no producen. «Por vez primera las ayudas de la PAC aseguran que vayan a los agricultores y ganaderos activos», expuso, «la gran novedad de este modelo es que por vez primera aquí quien cobre ayudas tiene que demostrar que tiene agricultura».
En el caso de la ganadería, especificó que se obligará a que la superficie de pasto tengan carga ganadera; por ejemplo, que por cada cinco hectáreas haya al menos una vaca. Soriano recordó que «en el momento actual había algunos ganaderos que estaban percibiendo ayudas sin tener ganadería».
Sobre otras ‘amenazas’ como la incorporación de nuevas hectáreas, Soriano certificó que esto no supondrá que los agricultores vayan a perder renta. «Hemos garantizado que mantengan los mismos fondos que actualmente», apuntó. También señaló que vigilarán que el nuevo reparto por comarcas no suponga «grandes trasvases de unos agricultores a otros».

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La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, lanzó un mensaje de «tranquilidad y optimismo» de cara a la recta final de las negociaciones sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España. A su juicio, «gracias al trabajo realizado vamos por el buen camino».
Así se lo trasladó ayer a los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas de la región, con quienes se reunió para informarles de las conclusiones de los Grupos de Alto Nivel -conformados por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas- creados para abordar las diferentes cuestiones que aún quedan pendientes para concretar el ‘modelo español’ de la PAC 2014-2020. Con estos documentos sobre la mesa, el ministro de Agricultura y los consejeros del ramo tratarán de cerrar mañana, martes, la negociación.
Entre los temas aún abiertos quedan los fondos para cada región del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020; el reparto por sectores de los fondos acoplados del conocido como ‘sobre nacional’; la delimitación de las ‘comarcas agrarias’ y de agricultor activo, o cuáles serán las zonas con limitaciones naturales, ya sea por lejanía, alta montaña u otros motivos, que podrán recibir ayudas durante los próximos 7 años, entre otros.
La consejera explicó que el trabajo realizado por la Consejería ha posibilitado que las conclusiones de los Grupos de Alto Nivel sean «positivas» para la región, ya que atienden «buena parte de las demandas» que el Gobierno regional y las organizaciones agrarias y cooperativas consensuaron en verano antes de la constitución de los Grupos. Además, reiteró que «el objetivo principal es que Castilla-La Mancha mantenga el mismo presupuesto».

‘Agricultor activo’.  Soriano reconoció que el principal punto de disensión es el referido a la figura de ‘agricultor o ganadero activo’ -que será quien pueda recibir ayudas-, que es a su vez el asunto en el que mayores divergencias hay entre las propias comunidades autónomas, ya que hay diferentes propuestas sobre la mesa.
Sobre este asunto, la titular de Agricultura explicó que alguna organización agraria quiere que se considere ‘activo’ a aquellos que están dados de alta como agricultores y ganaderos en la Seguridad Social o a aquellos que perciban un porcentaje alto de sus ingresos del campo.
 En este aspecto, la consejera avanzó que la definición que mejor atiende los intereses de las decenas de miles de agricultores y ganaderos de la región es la de ‘agricultura activa’, que conlleva que las ayudas sean para aquellos que mantienen sus explotaciones activas, generando riqueza y empleo.

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