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La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo delTribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentaron elAyuntamiento de Albacete y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) contra la sentencia de 19 de febrero de 2010, que declaró ajustados a derecho los acuerdos que obligaban a la ciudad a pagar por el agua utilizada del pantano de Alarcón cuando estaba por debajo de la curva de reserva debido a la sequía que hubo en el año 2005.
La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) reclamaba algo más de un millón de euros alConsistorio albaceteño por el agua utilizada entre los años 2005 y 2006, y aunque la sentencia delSupremo hace referencia al primero de estos años, «la demanda de 2006 no tardará en salir y, en total, el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 1,2 millones de euros, más las costas», confirmaron desde la Jcrmo.
El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Albacete y la Jrcmo en el Supremo se construye sobre varios motivos, uno de ellos reprochando a la sentencia que no haya resuelto sobre la legalidad del convenio suscrito entre la Administración General del Estado y la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, algo a lo que elSupremo responde que «no puede pronunciarse sobre la legalidad del convenio porque no ha sido objeto de impugnación directa en el recurso contencioso administrativo, y  tampoco podría ser objeto de impugnación indirecta porque carece de carácter normativo». Asimismo, el Tribunal Supremo recuerda que la Ley de Aguas dispone que, con carácter temporal, se podrá condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional y cuando se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización. «Esta indemnización se determinará mediante acuerdo y sólo cuando no se alcance el acuerdo, la determinación de su cuantía corresponderá al organismo de cuenca, como ha sucedido en este caso».
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El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) no ha admitido a trámite dos reclamaciones interpuestas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la gestión de recursos hídricos del Segura.
Concretamente la primera -que no ha admitido  porque se presentó fuera de plazo- se refiere al acuerdo de la Comisión Permanente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de enero de 2009 sobre medidas excepcionales de gestión de los recursos hídricos del Segura. En esta Comisión se aprobó el mantenimiento de la suspensión general de las extracciones de aguas subterráneas hasta asegurar los niveles piezométricos compatibles con las necesidades previsibles del año 2008-2009, aunque, «dada la buena recuperación que está teniendo el acuífero -de la Vega Media y Baja del Segura-, se podrán mantener algunos sondeos en funcionamiento de forma selectiva para ayudar al mantenimiento de los caudales mínimos en el río Segura». El levantamiento selectivo de la suspensión, de forma total o parcial, se atribuía a la Comisaría de Aguas de la cuenca.
 El segundo recurso rechazado  intentaba impugnar el convenio de encomienda de gestión suscrito en mayo de 2009 entre la CHS y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para la explotación de 24 sondeos y el aprovechamiento de las aguas extraídas para riego.
El TSJRM desestima el recurso porque no se trata de «ninguna concesión del uso privativo de 30 hectómetros cúbicos para riego directamente»,  sino de una «encomienda de la gestión para una correcta explotación de los recursos hídricos subterráneos de la cuenca hidrográfica».

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El plan hidrológico del Tajo verá la luz una vez sea ratificado por el Consejo de Ministros y «supondrá un grandísimo avance» tal y como manifestó ayer la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, tras la celebración del Consejo Nacional del Agua celebrado en Madrid y presidido por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.  La demarcación propuesta por el ministerio contó con el respaldo de la amplia mayoría de los representantes en el consejo y recibió 73 votos a favor frente a los 5 que obtuvo en contra.
El ministerio contempla una inversión de más de 6.100 millones de euros hasta 2027, a financiar por todas las administraciones, para asegurar los abastecimientos urbano-industriales de la cuenca y lograr que el 92% de las masas de agua de la demarcación alcancen el buen estado ecológico en dicha fecha. La consejera de fomento destacó que «garantiza la reserva estratégica duplicando la del plan vigente» (se pasará de 240 hectómetros cúbicos a 400 en Entrepeñas y Buendía). Resaltó que «por fin se haya logrado que Talavera de la Reina tenga asegurado un caudal mínimo de diez metros cúbicos por segundo».
Ayer también se aprobó el Plan del Segura, acompañado de 3.600 millones de euros de inversión. De esta forma, el actual ejecutivo ha aprobado en estos dos años 13 planes de cuenca y según ha anunciado Arias Cañete el proceso de planificación se completará en los primeros meses del próximo ejercicio. Para culminar la demarcación de todas las cuencas de España resta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los planes del Tajo, el Segura y el Ebro, más la tramitación de los planes hidrológicos del Júcar y de las Islas Canarias.
El ministro señaló que España lleva retraso en la planificación, ya que la Unión Europea dio de plazo hasta 2009 para organizar las demarcaciones, momento en el que tan sólo Cataluña contaba con un plan de cuenca aprobado. Arias Cañete afirmó que una vez se complete la planificación hidrológica se promoverá desde el ministerio un Pacto Nacional del Agua que garantice el suministro en cantidad y calidad suficientes en toda España. Los objetivos del acuerdo se verán plasmados en un nuevo Plan Hidrológico Nacional.
La consejera de Fomento considera que existe un clima de colaboración y que las disputas entre comunidades por el agua podrían pasar a la historia y como prueba apunta «al alto grado de consenso alcanzado» en el Consejo Nacional del Agua, que cuenta con «una representación muy plural».

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El Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una iniciativa parlamentaria en las Cortes regionales encaminada a buscar alternativas y soluciones al incremento en el coste de la energía que afecta a las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha. Así lo anunció ayer el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, minutos antes de participar en el V Congreso regional de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha (UPA).
«Vamos a plantear que se estudien tarifas específicas para el sector agrario, y que se revisen los módulos que se apliquen a los agricultores en el IRPF, para que la rentabilidad de las explotaciones agrarias se ajuste al incremento de los costes de estas tarifas», explicó.
Guijarro señaló que este incremento de las tarifas energéticas «está haciendo que muchas explotaciones agrarias pierdan su viabilidad», por lo que insistió en que van a trasladar esta propuesta al Parlamento regional para atender, así, una de las demandas del sector.
Asimismo, aseguró que van a estar en «constante» contacto con estas organizaciones agrarias frente a la «falta de diálogo» que tiene el Gobierno regional con las mismas «de cara al futuro».

reestructuración de viñedo. Asimismo, el portavoz socialista criticó medidas como la convocatoria de ayudas para la reestructuración del viñedo, que tienen «una reducción brutal». «A pesar de la propaganda del Gobierno regional, no hay garantía de que se vayan a percibir los fondos y donde, sin contar con el sector, se ha marginando de manera importante a la variedad más representativa de Castilla-La Mancha, la variedad airén».

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Llega el final del año y es momento de balances. Como viene siendo habitual por estas fechas, Asaja Castilla-La Mancha reúne a toda su Junta Directiva para analizar cómo ha ido el año y cuáles son las expectativas para el próximo.
El presidente regional de la organización agraria, Fernando Villena, comenzó el balance afirmando que «el año agronómico ha sido excelente», ya que destacó que no se han producido grandes desastres por heladas, las lluvias han sido poco usuales y, en general, no ha habido excesivo pedrisco. Por ello, indicó que ciertas producciones han alcanzado un importante nivel, como es el caso del cereal -que ha tenido un mejor año con respecto al anterior- y el vino -que va a alcanzar cotas de récord-.
Sin embargo, Villena reconoció que hay cosas que no han mejorado a lo largo de este año que termina, y en este sentido señaló que la comercialización sigue siendo la asignatura pendiente y que se está avanzando poco en este aspecto, puesto que «seguimos esperando que vengan a comprarnos» y se hace necesario ‘vender’ nuestros productos dentro y fuera de nuestras fronteras.
De todas maneras, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha quiso dejar claro que el sector está pasando dificultades a pesar de que se esté comportando positivamente en el marco de la crisis y manteniéndose en buenas cifras pese a la delicada situación.
A pesar de los pocos medios de los que dispone la organización agraria, Villena aseguró que se sienten la organización más representativa de los agricultores y compuesta por personas del sector. A este respecto, manifestó que «no se nos está reconociendo el servicio que prestamos a la sociedad», sobre todo en las zonas rurales, pero a pesar de todo Asaja no cesa en su empeño y continuará defendiendo al sector.  

PAC y ganadería. Por otro lado, a las puertas de una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), Villena manifestó que «parece ser que no va a arreglar ninguna cosa de las desarregladas desde el año 2000», y tampoco va a satisfacer la expectativa que tenía Asaja en relación al deseo de que se equiparen las ayudas.
Por último, Villena alertó de que la ganadería se está enfrentando a l problema que acarrea la sequía, que está haciendo «un daño tremendo» por la dificultad que conlleva para alimentar al ganado, de manera que los ganaderos están teniendo que comprar la alimentación y la paja se está empezando a cotizar a altos precios.
En cuanto al 2014, tanto el presidente como el secretario regional, José María Fresneda, coincidieron en que entre los retos más importantes se encuentra la aplicación de la PAC, el desarrollo rural, la reforma del código penal y asegurar el agua suficiente para las explotaciones agrarias y ganaderas.

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Se puede decir más alto, pero no más claro. Lluis Torró, parlamentario autonómico y portavoz de Esquerra Unida del País Valenciá (EUPV) en las Cortes de la comunidad vecina, ha pedido la eliminación del regadío en las provincias de Albacete y Cuenca.
Las palabras literales de Torró,  recogidas en un comunicado oficial que se puede leer, en valenciano, en la web de la coalición, son: «o se acaba definitivamente con los regadíos de la Mancha Oriental, o se está condenando a morir al río Júcar».

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El catedrático e investigador en recursos hídricos de la Fundación Botín afirmó en el Ateneo Albacetense que, «en vez de pedir "agua para todos", habría que pedir beneficios para todos»

Las guerras del agua en España finalizarán el día que el usuario final pague todo o, al menos, la mayor parte del coste del recurso, tal y como marca la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Este fue uno de los argumentos que expuso ayer en el Ateneo Albacetense el director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, Ramón Llamas, como parte de la conferencia Las Guerras del Agua no han Existido.
Llamas puso, como ejemplo, el del Trasvase Tajo-Segura y el de las tarifas, establecidas por ley, que pagan los regantes de la cuenca baja del Segura por el uso del recurso y que, en su opinión, «no responde a la realidad».

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La presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, destacó ayer que el Pacto del Tajo «garantiza la prioridad de la cuenca cedente sobre la cuenca cesionaria, y garantiza los derechos de nuestros agricultores, industrias y consumidores, el futuro de nuestra región, que tantas veces ha sido castigada en materia de agua». La líder regional advirtió que el acuerdo histórico ya se había alcanzado hace unos días, y va a permitir «tener por fin un plan sobre la Demarcación del Tajo, una regulación del trasvase Tajo-Segura que dé seguridad jurídica a todas las partes implicadas, que garantice que Castilla-La Mancha va a tener agua en cantidad y en calidad suficiente para hoy y para todos sus desarrollos posteriores».
Cospedal valoró que fue «un gran acuerdo para construir» de nada menos que cinco comunidades, que va a permitir que se deje de hacer política con el agua. Desde este momento, advirtió, «lo que se va a hacer es trabajar para que el agua sea de la mejor calidad y que tengamos el agua que necesitamos, que es lo que garantiza el acuerdo». Pero más allá, «el agua va a dejar de ser un tema político y un tema de discusión en campañas electorales, para ser un instrumento de creación de riqueza y de creación de empleo, que es de lo que se trata».

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El Pacto del Tajo tiene ya una foto para la historia. El presidente del Gobierno recibió ayer en el palacio de La Moncloa a representantes de las cinco comunidades autónomas implicadas en el acuerdo que Rajoy definió como «histórico» y que, a su juicio, «es el mejor ejemplo de que no hay ninguna materia cuya complejidad resulte insuperable si se aborda a través de un diálogo franco, constructivo y dotado de lealtad institucional y compromiso con los ciudadanos».
Fue un breve acto en el que además del presidente del Gobierno y del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, estuvieron presentes la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, el de Madrid, Ignacio González y, por Extremadura, el consejero de Fomento, Víctor del Moral, ya que José Antonio Monago no pudo acudir.
Según Rajoy, que fue el único que tomó la palabra, este Acuerdo de Planificación Hidrográfica de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar, ha sido posible gracias al «diálogo, la voluntad de pacto y el sentido común» de los responsables de las comunidades implicadas.  «Todos estamos llamados a ser solidarios porque todos recibimos la solidaridad de los demás», sentenció.

Seguridad jurídica. El presidente del Gobierno destacó también que el acuerdo «otorga seguridad jurídica al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura al elevar a rango de ley sus reglas de explotación». De esta manera se «elimina la discrecionalidad» y se le protege de «oportunismos en la toma de decisiones» que a partir de ahora serán «tasadas y objetivas y basadas en criterios puramente técnicos».
Además señaló cuáles son las normas básicas de funcionamiento del trasvase, que garantizan «la preferencia de la cuenca cedente, que podrá disponer de todo el agua que necesite, sin limitación alguna para su natural desarrollo cubriendo las necesidades de abastecimiento y de riego de sus territorios». Las cuencas receptoras, añadió, podrán utilizar el agua trasvasada «para complementar sus necesidades».
El acuerdo, que está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental que llegó al Congreso el pasado 15 de octubre, no debe ser, a juicio del presidente «un hito puntual» sino que «se enmarca dentro de la nueva política nacional del agua» que se fundamenta, dijo, en «los principios de solidaridad y sostenibilidad» tanto ambiental como económica y social.
Rajoy destacó la «muestra de solidaridad y capacidad de cooperación» de las Comunidades de Regantes en este acuerdo, «los principales interesados en que el agua llegue en cantidad y calidad suficientes allí donde se necesite».

publicación. La escenificación del acuerdo coincidió con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de  la Ley Ambiental que incluye los acuerdos del Memorándum del Tajo que regulan el trasvase Tajo-Segura, acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental, y que somete a los proyectos de ‘fracking’ a evaluación de impacto ambiental. La Ley, que entra hoy en vigor, incorpora el Memorándum que da rango de ley al trasvase Tajo-Segura.

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La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a nueve personas e imputado a otras dos más como presuntas autoras de 49 robos con fuerza en las cosas cometidos en explotaciones agrícolas en las provincias de Ciudad Real y Albacete. Los robos fueron cometidos 36 en la provincia de Ciudad Real y 13 en la de Albacete y, durante la operación, se han intervenido todo tipo de efectos, tales como alternadores, 1.800 kilos de plomo, 1.750 kilos de cobre, 1.400 kilos de aluminio y 300 kilos de latón, así como 100 cajas de plástico procedentes de explotaciones agrarias para el almacenaje de frutas y verduras. La valoración de los efectos intervenidos, junto con los daños ocasionados para efectuar los robos, estaría cerca de los 900.000 euros, informaron desde la Delegación del Gobierno.

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