UPA Castilla-La Mancha trasladó este jueves la preocupación que tiene la organización por la evolución que se puede producir este año en el nivel de contratación del seguro agrario, ante un posible encarecimiento por parte del Ministerio, lo que podría hacer disminuir el número de contrataciones.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, acompañado de su secretario en Albacete, Julián Martínez y del técnico de Seguros de UPA Castilla-La Mancha, Pedro González, recordó el daño que han causado las inclemencias meteorológicas este año.

Morcillo señaló que «todos tenemos presentes los efectos que las últimas tormentas han tenido en los cultivos. Hemos visto viñedos en agosto donde solo quedaban los sarmientos pelados, o los maizales donde solo se mantenían en pie las cañas. Fenómenos que por desgracia suelen ser habituales y se repiten todos los años, y ante los que no tenemos más defensa que el seguro. Es más la propia administración ya se encarga de recordarnos que debemos asegurar».

Para UPA, el seguro agrario es una herramienta fundamental en la mayoría de las explotaciones agrarias y ganaderas, aunque la organización «teme» que para el plan 2013 las medidas de ajuste presupuestario, sobre todo por parte del Ministerio de Agricultura supongan «un encarecimiento del seguro, que creemos que va a provocar una caída en el nivel de contratación».

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«Aquí todo el mundo va a tener que respetar los cuatrocientos hectómetros cúbicos porque va as er norma con rango de ley». Así de clara se pronunció ayer la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, que estuvo en Madrid para ratificar el acuerdo del Tajo. La consejera castellano-manchega recordó que muchos de los conflictos entre las comunidades eran «artificiosos» y que «responden al oportunismo político» porque no había seguridad jurídica.
García de la Calzada destacó que «esta norma ya tiene un marco estable» con el que se tendrá que dar además información puntual de «por qué se trasvasa, cuándo se trasvasa, cuánto se trasvasa, y a dónde van esos recursos en la cuenca receptora» apuntó satisfecha. Incidió en que de esta forma se objetivan las condiciones de los trasvases y se evitan decisiones discrecionales, de manera que la nueva planificación fija por ley las necesidades de cada región.Se acabaron pues los oportunismos políticos sin el rigor técnico necesario insistió, y eso «no es que beneficie a Levante o a Murcia, es que beneficia a Castilla-La Mancha, beneficia a Madrid y beneficia a España».
Explicó que Castilla-La Mancha tenía especial interés en este avance en la planificación hidrológica no por capricho, sino por una «verdadera necesidad» de ordenar este asunto sobre todo en las cuencas más conflictivas como las del Tajo, el Segura y el Júcar.
En relación al Plan de Cuenca del Tajo, García de la Calzada expresó que «Castilla-La Mancha necesitaba un Plan Hidrológico que atendiera a sus necesidades presentes y futuras, para que jamás la falta de agua sea una dificultad a la hora de crecer en nuestra tierra».
La consejera recordó que el borrador del Plan de Cuenca garantiza el caudal mínimo de diez metros cúbicos por segundo en Talavera de la Reina. Apuntó que hasta ese momento era «la gran olvidada» en la planificación hidrológica. La titular de Fomento subrayó que la reforma es coherente con el principio de solidaridad interterritorial en España. «Castilla La Mancha se suma, se ha sumado y se seguirá sumando al sentido de Estado del Gobierno de España», manifestó.

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El Gobierno y las cinco comunidades dependientes de la cuenca hidrográfica del Tajo han acordado las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, por las que, «en función de las existencias conjuntas» en Entrepeñas y Buendía, a principios de cada mes se acordarán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico.
En total, según el acuerdo del ‘Memorandum del Tajo’, se establece que se repartirá un máximo de hasta 600 hectómetros cúbicos de agua trasvasada al Segura y hasta 50 hectómetros cúbicos al Guadiana. Así se desprende de las nueve enmiendas de adición al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental presentadas por el grupo parlamentario popular con el objetivo de incluir en la normativa el pacto al que han llegado las cinco comunidades autónomas dependientes de esta cuenca con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
De acuerdo con estas enmiendas, los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de Real Decreto con el objetivo de adecuar «de forma flexible» las magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y para contar con instrumentos «ágiles» para adaptarse a los posibles efectos de alteración hidrológica como los inducidos por el cambio climático.
Para ello, propone modificar parcialmente el artículo 72 de la Ley de Aguas con el fin de «flexibilizar» el régimen jurídico sin perjuicio de la regulación específica de cada uno de los trasvases.

EN FUNCIÓN DE ESCENARIOS.  Concretamente, los volúmenes se fijarán en función de distintos niveles. El primero de ellos se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.500 hectómetros cúbicos o bien, cuando las aportaciones conjuntas entrantes en estos embalses en los últimos 12 meses igualen o superen los 1.000 hectómetros cúbicos. En este caso, se permitirá un trasvase mensual de 68 hectómetros cúbicos hasta el máximo anual.
El nivel 2 permitirá que el órgano competente autorice un trasvase mensual de 38 hectómetros cúbicos. Esta situación se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.500 hectómetros cúbicos (pero sin llegar a situación excepcional) y las aportaciones conjuntas de los últimos doce meses no lleguen a 1.000 hectómetros cúbicos.
Por otro lado, el nivel 3 se aplicará cuando la situación hidrológica sea «excepcional», lo que se considerará cuando las existencias conjuntas de ambos embalses no superen a principios de mes los valores que fije el Plan hidrológico del Tajo en vigor.
En este momento, el Gobierno, mediante real decreto, establecerá un trasvase máximo mensual que el órgano competente autorizará «discrecionalmente y de forma motivada» con el objetivo de dar mayor estabilidad interanual a los suministros. Será el ministro, además, quien tenga atribuidas las competencias en materia de agua, cuando concurra las condiciones del nivel 3.
El último de los niveles, el cuarto, establece que «no cabe aprobar trasvase alguno» cuando las existencias conjuntas sean inferiores a 400 hectómetros cúbicos. Según esta enmienda, el sistema se explotará de modo que la reserva se mantenga, preferentemente, en los embalses de cabecera. No obstante, otra enmienda de adición señala que este volumen mínimo será revisable conforme a las variaciones que experimenten las demandas, de acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad, garantizando en todo momento el desarrollo natural de la cuenca cedente. Entre 2005 y 2012 se han trasvasado del Tajo al Segura un total de 2.104 hectómetros cúbicos.
Asimismo, si una vez finalizado el año hidrológico no se ha consumido por parte de la cuenca receptora el agua cuyo trasvase haya sido autorizado, el trasvase será objeto de nueva distribución y se considerará como recurso aprovechable para los usos del trasvase del siguiente año hidrológico.
Por otro lado, se propone una enmienda de adición a la disposición final segunda que implica que si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales generados se distribuirán en un 30 por ciento para abastecimientos de la provincia de Almería y un 70 por ciento para regadíos.
Al mismo tiempo, se agrega otra disposición adicional al proyecto de Ley por la que las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional que permitan el trasvase Tajo-Segura se acometerán «con carácter de urgencia».
Para incorporar el pacto del Tajo a la Ley, se incorpora otra disposición adicional por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas en lo relativo al uso de las infraestructuras de interconexión de los distintos territorios y por la que el régimen económico y financiero de estas transacciones se establecerá en normas singulares que regulen el régimen de explotación de éstas. En todo caso, la autorización de cesiones de agua «no podrán alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases».
Por último, las enmiendas de adición establecen que el nuevo nivel de referencia planteado como mínimo para poder realizar trasvases en la cabecera del Tajo se alcanzará «a lo sumo en cinco años» a razón de 32 hectómetros cúbicos anuales.
Finalmente, el PP plantea derogar la disposición adicional primera de la Ley 11/2005 por su «manifiesta inviabilidad técnica» ya que el intercambio de caudales «no es posible» por las redes de distribución de los recursos trasvasados y porque los o convencionales no se superponen ni proporcionan la cobertura necesaria para el intercambio de agua. Esto se justifica en que el régimen jurídico de los recursos trasvasados y los no convencionales es distinto, al igual que su régimen económico.

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Ha costado «muchos dolores de cabeza» pero se ha conseguido lo que durante años parecía imposible. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha logrado poner de acuerdo a cinco comunidades autónomas tradicionalmente enfrentadas en el asunto del agua. El pacto se escenificó en  la reunión de ayer a la que asistieron los consejeros del ramo de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. Un acuerdo con el que Castilla-La Mancha tendrá garantizado el abastecimiento de agua gracias a que casi se duplica la reserva de agua en los embalses de cabecera, de 240 a 400 Hm3, reserva por debajo de la cual no se podrá trasvasar nada. Además se establece la prioridad en las cuencas cedentes sobre las receptoras, es decir, que sólo se trasvasará agua siempre y cuando la región tenga garantizado su abastecimiento. En el caso del Tajo a su paso por ciudades como Toledo o Talavera de la Reina, el caudal mínimo será de 10 metros cúbicos por segundo, como confirmó la consejera a este diario. Y todo ello estará regulado por ley.

El acuerdo tendrá una cobertura jurídica ya que será elevado al Consejo Nacional del Agua para que tenga «rango de ley». Para eso, y según informó el ministro Miguel Arias Cañete, el Grupo Parlamentario Popular presentó en la noche del pasado martes, varias enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en la que se plasman los contenidos fundamentales del acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a «las garantías fundamentales de las cuencas cedentes, las garantías y la eliminación de discrecionalidad en actuaciones de las cuencas receptoras y en una actuación de regular las relaciones en materia de agua desde el rigor, la transparencia o la información recíproca», dijo el ministro asegurando que de esta forma se acababa con hacer «política con minúscula que pueda interferir entre las normales relaciones entre los territorios».

Esta reforma establecerá una nueva planificación hidrológica nacional que empezará a negociarse cuando se hayan completado todos los planes de cuenca pendientes en el país, que serán llevados al Consejo de Ministros en el mes de noviembre salvo los planes del Tajo y del Segura, que serán informados en sus respectivos consejos a finales de año y el del Júcar, que se irá a los primeros meses de 2014. Tres cuencas especialmente complejas con las que «hemos tenido largas noches de insomnio», aseguró Arias Cañete.

Un plan hidrológico que parte de este primer acuerdo con el que se terminan los enfrentamientos entre comunidades utilizando el agua como munición. «Para mi es una satisfacción poner encima de la mesa este acuerdo» dijo el ministro, acuerdo que dará paso al nuevo plan hidrológico nacioanl y que sustituirá al del gobierno socialista que tenía un «plan de desaladoras que ha tenido el recorrido que todo el mundo conoce, con una situación de ineficiencia económica y sobrepasamiento desde el punto de vista presupuestario», señaló el ministro.

Sobre el nuevo plan aseguró que se iniciará con una «hoja en blanco» sobre la mesa y «sin apriorismos políticos», descartando que en este momento se contemple cualquier trasvase sobre el Tajo medio. «En este momento tenemos un plan del Tajo que es el que es y en este momento no estamos contemplando nada», confirmó Arias Cañete.

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Desde finales del año pasado, por el cauce del río Don Juan, a su paso por Balazote y La Herrera, han pasado 98 hectómetros cúbicos de agua, según datos recopilados por la estaciones de aforo de la Confederación del Júcar (CHJ).
El dato lo daba a conocer ayer el alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, quien detallaba que el cauce ha estado siempre lleno, a veces a casi a rebosar, de agua desde el invierno pasado, a causa de las abundantes «y continuas» lluvias.

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La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha se ha acogido al adelanto del 50% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del próximo año agrario, que comienza el 16 de octubre, lo que supondrá un anticipo que rondará los 300 millones de euros. Tradicionalmente la Junta se ha adherido a esta opción de adelantar parte de los pagos de las ayudas de la PAC, una posibilidad que Bruselas ha dado estos años de crisis para aliviar la situación económica del campo.
En concreto, la Consejería ha comunicado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) –organismo pagador en España- que el ingreso se realizará el próximo 25 de octubre, fecha en la que se abonarán las ayudas a unos 118.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
El Gobierno regional ya avanzó su intención de adelantar las ayudas una vez que el Comité de Pagos de la Unión Europea dio el visto bueno al anticipo de los pagos directos de la PAC del año 2013. El objetivo que se persigue con esta medida es que los fondos lleguen de forma rápida a los productores de Castilla-La Mancha.
El pasado año la Consejería de Agricultura también anticipó el 50% de las ayudas en el mes de octubre. De esta forma, antes de finales de diciembre ya había abonado el 95% de las ayudas directas a las que tienen derecho los agricultores y ganaderos de la región, es decir, en apenas dos meses y medio de campaña.

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La Confederación Hidrográfica del Júcar prevé que las inundaciones causarán daños económicos por casi 50 millones de euros a lo largo de la próxima década solo en la provincia de Albacete.
Así consta en su nueva cartografía de zonas inundables, que salió ayer a exposición pública, por un plazo de tres meses, y que define las áreas de riesgo potencial significativo de inundación.
En nuestra provincia, la CHJ define tres áreas que ya son bien conocidas, el río Valdemembra, el Canal de María Cristina y la Rambla de las Hoyuelas, en  Almansa.
Lo interesante del estudio es que los técnicos responsables del estudio han estimado la dimensión de los daños potenciales en tres escenarios: dentro de 10, dentro 100 y dentro de 500 años.
En una década, la previsión del organismo de cuenca es que las inundaciones hayan causado, en 10 años, daños por valor de algo más de 48 millones de euros.
La superficie afectada, entre las tres zonas indicadas, será de unos 10 millones de metros cuadrados. El número de habitantes en las zonas de potencial riesgo y que, potencialmente, podrán verse afectados por las aguas será de  algo menos de 500 personas.

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La Mesa del Xúquer, plataforma en la que se integran grupos ecologistas, sindicatos, regantes y ayuntamientos de la comarca valenciana de La Ribera, está dispuesta a acudir ante la Unión Europea para bloquear la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, que el Gobierno quiere tener en vigor para 2014.
Tras una reciente reunión, celebrada en Sueca (Valencia) esta plataforma explicó los motivos por los que rechaza «frontalmente» el contenido de la PHCJrevisado. Y, entre ellos,  están las asignaciones de agua a la Mancha Oriental y al abastecimiento de la ciudad de Albacete, la mayor capital de la comunidad de Castilla-La Mancha.
Según su portavoz, Paco Sanz, «el nuevo Plan deja al Júcar igual, o peor, que en 1998 -señaló- porque da alas al lobby del agua de Alicante y legaliza la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental», cuyo territorio comprende gran parte de las provincias de Albacete y Cuenca.

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Recientemente se presentó en Tarazona de la Mancha, durante el seminario ‘Figuras y alternativas de protección para los espacios fluviales’, el estudio de la conectividad fluvial en el río Júcar elaborado por expertos de la Universidad Politécnica de Valencia «cuyos objetivos han sido la localizar obstáculos artificiales y evaluar los efectos potenciales sobre la conectividad, en relación a la movilidad de los peces», según explican desde la Asociación para del Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro.
De acuerdo al estudio, los obstáculos artificiales tienen un gran impacto sobre las especies piscícolas autóctonas del río Júcar y contribuyen a la expansión de las especies exóticas. Esta cuestión fue puesta de manifiesto en otro estudio también realizado por la UPV en el río Júcar aguas abajo del embalse de Alarcón en 2009, que determinó que las poblaciones de especies autóctonas del Júcar, principalmente el barbo, representan un 18 por ciento frente al 82 de las especies exóticas, principalmente gobio, alburno y percasol. Igualmente reveló que las poblaciones de barbo se encuentran en declive, de manera que si las condiciones de gran alteración del hábitat continúan, el barbo podría desaparecer de este río, como ya pasó con la loina o madrilla del Júcar.

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La presidenta fue clara: no hay más dinero y, por tanto, el Gobierno, un año más, se ve obligado a fijar prioridades. En 2014, estas prioridades serán las infraestructuras, el campo, las exportaciones y un sector con una «especial sensibilidad» como es la mujer víctima de malos tratos.
Por ello, estas partidas son las que suben en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para el próximo ejercicio y así lo dio a conocer ayer María Dolores Cospedal en el Palacio de Fuensalida.
«Habrá subidas en Fomento, en Agricultura, para el Instituto de Promoción Exterior (IPEX), para la Agencia del Agua y para el Instituto de la Mujer, «asuntos todos ellos de especial importancia para Castilla-La Mancha».
Se trata, añadió, de sectores «estratégicos para el mantenimiento y de creación de infraestructuras, para impulsar la actividad agrícola, las exportaciones y las inversiones extranjeras».

sube lo destinado a investigación científica. Además, la jefa del Ejecutivo regional, que compareció puntual a la rueda de prensa acompañada por todo su equipo de Gobierno, resaltó que aumentan un 5,8% los gastos en inversión productiva, se apuesta por la internacionalización con un 10% más y sube un 11% lo destinado a investigación científica.

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